Por: Sebastián Liera.
Algo delicado y peligroso está pasando tras la lamentable tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo: en las llamadas redes sociales, el linchamiento opinócrata, que se ha vuelto pan de todos los días, está pasando de su inicial deshumanización al juzgar a las víctimas físicas, mortales y no, de la explosión del ducto de gasolina, y ha comenzado a manejar un discurso de descalificación de la defensa y promoción de los derechos humanos mientras, en correspondencia, hace apología de la militarización.
Unas opiniones acusan a una oposición "progresista" (el entrecomillado es suyo) de manifestarse en contra de la militarización del país, pero de exigir en el caso de Tlahuelilpan que el ejército detuviera a quienes desesperados tomaban la gasolina que salía del ducto robándola. Otras, aseguran que si el ejército hubiera actuado a tiempo estas personas no hubieran resultado muertas y/o heridas, pero que de ser así las organizaciones defensoras de derechos humanos hubieran dicho que eso implicaba una violación a los mismos derechos.
En el primer caso asoma una especie de burla por, como me dijeron por ahí, "inconsistencia ideológica", que concluye que lo mejor es dejar de rechazar la militarización del país; en el segundo caso, además de reafirmar que el ejército debió de haber intervenido para impedir el robo de la gasolina, se adelanta un juicio de descalificación de quienes seguramente dirían desde la sociedad civil,que podría haberse hecho de otra forma: quienes defienden los derechos humanos.
El interés de desacreditar a quienes se oponen desde las izquierdas al proyecto de país lopezobradorista y de quienes pretenden desacreditar a lxs defensorxs de los derechos humanos es el mismo: allanar el paso a la militarización. Las razones detrás de esos interés parecen ser diversas: desde quien habla desde la desesperación de sentirse indefenso en un país que se ha caído a pedazos en manos de los capitalistas neoliberales (y por ende criminales) que antecedieron a AMLO en el poder de arriba, hasta quién lo hace porque de suyo siempre ha pensado que lo mejor para una sociedad es acotar las libertades a su mínima expresión y que se erija un imperio de orden, y, en medio, un gran abanico.
El espectro ideológico (y político) de quienes de una u otra manera están pidiendo al ejército en las calles y el silencio de la sociedad civil que exige un alto a la militarización va desde quienes habiendo militado en alguna expresión de las izquierdas ahora han perdido el pensamiento crítico y apoyan ciegamente cualquier iniciativa del gobierno lopezobradorista, así estas sean las mismas e igualmente lesivas que las que implementaron las administraciones, insisto: criminales, anteriores, hasta quienes caminan las derechas más neofascistas y extractivistas, y ríen como hienas salivando en tanto ven al país arder en llamas literalmente.
Detrás de la tragedia en Tlahuelilpan hay una cadena de corrupción que pasa por el crimen organizado, valga la redundancia, priísta incrustado en Pemex con la complicidad de quienes han sido y, gracias a la amnistía de facto lopezobradorista, aún son gobierno. Como jefe del Ejecutivo federal, AMLO está obligado a dejar de lado su discurso y su actuar de conciliación con los grandes delincuentes que han saqueado, explotado, burlado y ensangrentado el país (muchos de ellos, asesores y/o colaboradores suyos), y, ahora, aprobado con su partido la continuidad de la militarización del país.
Lo ocurrido en Tlahuelilpan es un crimen, no un accidente, y los responsables de este crimen siguen en Pemex, en la cúpula charra del sindicato de trabajadores de Pemex o han encontrado curules y puestos en el gobierno de la llamada "4a. Transformación"; si AMLO quiere dar muestras de que en verdad pretende acabar con la corrupción que, hemos visto, es criminal, debe solicitar al poder Judicial el inicio de las investigaciones correspondientes en el deslinde de responsabilidades, lleguen estas hasta donde lleguen; al poder Legislativo, que ofrezca el marco legal para que quienes resulten responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia, y, como Ejecutivo, mandar obedeciendo y no impedir con su discurso moralista que se haga justicia. Ése es el AMLO que quienes votaron por él siendo de izquierdas esperan ver: el que juró acabar con la corrupción y poner coto al crimen organizado.
¿Usar el ejército? Lo ocurrido en Tlahuelilpan demuestra que el ejército no sabe qué hacer en estos casos; lo suyo no es la contención, sino el exterminio, la aniquilación; para eso están formados y entrenados nuestros militares (sí, nuestros); el ejército debe regresar a los cuarteles y como país estamos obligados a abrir una discusión muy seria y rigurosa sobre lo que tenemos que hacer para acabar con el crimen organizado, que, dicho sea de paso, tiene como caldo de cultivo un modo de producción económica criminal que no solo lo cobija: lo creó.
Ése modo de producción económica está en la raíz del problema; sin acabar con él, no se podrá pensar que existen otras formas para vivir que no sea la petrolización de nuestras vidas; sin acabar con él, no se podrá imaginar que esas formas "limpias" no estén por encima del derecho a la alimentación y el respeto a los pueblos originarios; sin acabar con él, no se podrá acorralar a la red criminal de quienes se enriquecen a gran escala con el robo de combustible, porque son los principales socios y accionistas beneficiados por este modo; sin acabar con él, no se pondrá fin a la corrupción de quienes son cómplices de estos criminales en la clase política y el servicio público; sin acabar con él, no serán menos la deshumanización y la estulticia de quienes terminan defendiendo lo indefendible porque están desesperados de tanta burla y muerte; sin acabar con él, no habrá fin a la ignorancia de quienes seguirán perdiendo la vida, legal o ilegalmente, como víctimas y carne de cañón de ése mismo modo de producción, desesperados también, por todas las formas de miseria.
Ése modo de producción económica criminal se llama capitalismo y si el señor presidente decide seguirle dando continuidad y, además, alentar a las voces que le secundan en la militarización del país y en el descrédito a la prensa y la sociedad civil organizada que disiente de su proyecto de país por razones anticapitalistas (que son muy diferentes a quienes lo quieren ver fracasar porque quieren la gerencia de México, S.A. para ellxs, los criminales de siempre); el señor presidente y quienes le aplaudan de los 30 millones que votaron por él, serán igualmente unos criminales.
P.D.1: No será fácil, quizás sea hasta imposible: revertir 90 años de cochinero desde la creación del PNR por Calles no parece una tarea nada fácil; pero, puede comenzarse a hacer: no con leyes punitivas, no con militarización, mucho menos con choremas moralistas así hayan sido escritos por Alfonso Reyes; sino dejando de aliarse con quienes han sido los criminales de siempre, dejando de protegerlos, dejando de callar ante sus crímenes y componendas en todas (todas) sus formas. No se pretende que se deshaga en seis años la red criminal y la ruptura de un entramado social que se ha construido, la primera, y roto, el segundo, sistemáticamente en nueve décadas. No somos ingenuos. La exigencia es de poner fin a la impunidad, y no hay un solo gesto hasta ahora en ése sentido.
P.D.2: De sobra está decir que yo no espero que un capitalista encare al sistema del que es producto; pero, ése es otro tema.
Algo delicado y peligroso está pasando tras la lamentable tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo: en las llamadas redes sociales, el linchamiento opinócrata, que se ha vuelto pan de todos los días, está pasando de su inicial deshumanización al juzgar a las víctimas físicas, mortales y no, de la explosión del ducto de gasolina, y ha comenzado a manejar un discurso de descalificación de la defensa y promoción de los derechos humanos mientras, en correspondencia, hace apología de la militarización.
Unas opiniones acusan a una oposición "progresista" (el entrecomillado es suyo) de manifestarse en contra de la militarización del país, pero de exigir en el caso de Tlahuelilpan que el ejército detuviera a quienes desesperados tomaban la gasolina que salía del ducto robándola. Otras, aseguran que si el ejército hubiera actuado a tiempo estas personas no hubieran resultado muertas y/o heridas, pero que de ser así las organizaciones defensoras de derechos humanos hubieran dicho que eso implicaba una violación a los mismos derechos.
En el primer caso asoma una especie de burla por, como me dijeron por ahí, "inconsistencia ideológica", que concluye que lo mejor es dejar de rechazar la militarización del país; en el segundo caso, además de reafirmar que el ejército debió de haber intervenido para impedir el robo de la gasolina, se adelanta un juicio de descalificación de quienes seguramente dirían desde la sociedad civil,que podría haberse hecho de otra forma: quienes defienden los derechos humanos.
El interés de desacreditar a quienes se oponen desde las izquierdas al proyecto de país lopezobradorista y de quienes pretenden desacreditar a lxs defensorxs de los derechos humanos es el mismo: allanar el paso a la militarización. Las razones detrás de esos interés parecen ser diversas: desde quien habla desde la desesperación de sentirse indefenso en un país que se ha caído a pedazos en manos de los capitalistas neoliberales (y por ende criminales) que antecedieron a AMLO en el poder de arriba, hasta quién lo hace porque de suyo siempre ha pensado que lo mejor para una sociedad es acotar las libertades a su mínima expresión y que se erija un imperio de orden, y, en medio, un gran abanico.
El espectro ideológico (y político) de quienes de una u otra manera están pidiendo al ejército en las calles y el silencio de la sociedad civil que exige un alto a la militarización va desde quienes habiendo militado en alguna expresión de las izquierdas ahora han perdido el pensamiento crítico y apoyan ciegamente cualquier iniciativa del gobierno lopezobradorista, así estas sean las mismas e igualmente lesivas que las que implementaron las administraciones, insisto: criminales, anteriores, hasta quienes caminan las derechas más neofascistas y extractivistas, y ríen como hienas salivando en tanto ven al país arder en llamas literalmente.
Detrás de la tragedia en Tlahuelilpan hay una cadena de corrupción que pasa por el crimen organizado, valga la redundancia, priísta incrustado en Pemex con la complicidad de quienes han sido y, gracias a la amnistía de facto lopezobradorista, aún son gobierno. Como jefe del Ejecutivo federal, AMLO está obligado a dejar de lado su discurso y su actuar de conciliación con los grandes delincuentes que han saqueado, explotado, burlado y ensangrentado el país (muchos de ellos, asesores y/o colaboradores suyos), y, ahora, aprobado con su partido la continuidad de la militarización del país.
Lo ocurrido en Tlahuelilpan es un crimen, no un accidente, y los responsables de este crimen siguen en Pemex, en la cúpula charra del sindicato de trabajadores de Pemex o han encontrado curules y puestos en el gobierno de la llamada "4a. Transformación"; si AMLO quiere dar muestras de que en verdad pretende acabar con la corrupción que, hemos visto, es criminal, debe solicitar al poder Judicial el inicio de las investigaciones correspondientes en el deslinde de responsabilidades, lleguen estas hasta donde lleguen; al poder Legislativo, que ofrezca el marco legal para que quienes resulten responsables de estos crímenes sean llevados a la justicia, y, como Ejecutivo, mandar obedeciendo y no impedir con su discurso moralista que se haga justicia. Ése es el AMLO que quienes votaron por él siendo de izquierdas esperan ver: el que juró acabar con la corrupción y poner coto al crimen organizado.
¿Usar el ejército? Lo ocurrido en Tlahuelilpan demuestra que el ejército no sabe qué hacer en estos casos; lo suyo no es la contención, sino el exterminio, la aniquilación; para eso están formados y entrenados nuestros militares (sí, nuestros); el ejército debe regresar a los cuarteles y como país estamos obligados a abrir una discusión muy seria y rigurosa sobre lo que tenemos que hacer para acabar con el crimen organizado, que, dicho sea de paso, tiene como caldo de cultivo un modo de producción económica criminal que no solo lo cobija: lo creó.
Ése modo de producción económica está en la raíz del problema; sin acabar con él, no se podrá pensar que existen otras formas para vivir que no sea la petrolización de nuestras vidas; sin acabar con él, no se podrá imaginar que esas formas "limpias" no estén por encima del derecho a la alimentación y el respeto a los pueblos originarios; sin acabar con él, no se podrá acorralar a la red criminal de quienes se enriquecen a gran escala con el robo de combustible, porque son los principales socios y accionistas beneficiados por este modo; sin acabar con él, no se pondrá fin a la corrupción de quienes son cómplices de estos criminales en la clase política y el servicio público; sin acabar con él, no serán menos la deshumanización y la estulticia de quienes terminan defendiendo lo indefendible porque están desesperados de tanta burla y muerte; sin acabar con él, no habrá fin a la ignorancia de quienes seguirán perdiendo la vida, legal o ilegalmente, como víctimas y carne de cañón de ése mismo modo de producción, desesperados también, por todas las formas de miseria.
Ése modo de producción económica criminal se llama capitalismo y si el señor presidente decide seguirle dando continuidad y, además, alentar a las voces que le secundan en la militarización del país y en el descrédito a la prensa y la sociedad civil organizada que disiente de su proyecto de país por razones anticapitalistas (que son muy diferentes a quienes lo quieren ver fracasar porque quieren la gerencia de México, S.A. para ellxs, los criminales de siempre); el señor presidente y quienes le aplaudan de los 30 millones que votaron por él, serán igualmente unos criminales.
P.D.1: No será fácil, quizás sea hasta imposible: revertir 90 años de cochinero desde la creación del PNR por Calles no parece una tarea nada fácil; pero, puede comenzarse a hacer: no con leyes punitivas, no con militarización, mucho menos con choremas moralistas así hayan sido escritos por Alfonso Reyes; sino dejando de aliarse con quienes han sido los criminales de siempre, dejando de protegerlos, dejando de callar ante sus crímenes y componendas en todas (todas) sus formas. No se pretende que se deshaga en seis años la red criminal y la ruptura de un entramado social que se ha construido, la primera, y roto, el segundo, sistemáticamente en nueve décadas. No somos ingenuos. La exigencia es de poner fin a la impunidad, y no hay un solo gesto hasta ahora en ése sentido.
P.D.2: De sobra está decir que yo no espero que un capitalista encare al sistema del que es producto; pero, ése es otro tema.
