El general de la noche de Iguala… ¿a Sedena?

Por: Témoris Grecko / Aristegui Noticias.

Desde su intervención en Tlatlaya y en Iguala, el general de División Alejandro Saavedra Hernández no ha dejado de recibir premios ni de acumular poder. Y está entre los dos candidatos punteros para ser secretario de la Defensa Nacional de Andrés Manuel López Obrador, según el diario El Universal, o entre los cinco más aventajados, de acuerdo con la revista Proceso.

La cuarta transformación no está empezando por cambiar las relaciones entre militares y civiles. El presidente electo se reunió con los titulares actuales de Sedena y Semar, el general Cienfuegos y el almirante Soberón, para que le presentaran perfiles de posibles sucesores.

Ambos oficiales son los jefes de las fuerzas armadas más intervencionistas en la vida pública que se recuerde en más de medio siglo, los que más aparecieron en los medios, los que repartieron más advertencias e incluso amenazas… y los que quisieron intervenir en el proceso electoral criticando a uno de los candidatos: a López Obrador.

Sin embargo, México seguirá siendo una anomalía entre los países democráticos, que tienen por norma mantener a los militares bajo el control directo de un civil en el cargo de ministro: aquí volverán a arreglar la sucesión como siempre, entre una cúpula de generales.

SAAVEDRA EN LA NOCHE DE IGUALA

Desde su cuartel en Chilpancingo, como comandante de la 35ª Zona Militar, el general Saavedra fue informado de todo lo que aconteció en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

Sus soldados controlaban los C-4 (centros de control, comando, comunicaciones y cómputo) de las principales ciudades, incluidas Chilpancingo e Iguala, por donde fluían los reportes e imágenes de las cámaras de seguridad, en tiempo real, sobre los movimientos de los estudiantes desde que salieron de la Escuela de Ayotzinapa hasta que fueron atacados en varios puntos de Iguala. Agentes de inteligencia militar estuvieron presentes en estos sitios, y unidades militares recorrieron la ciudad en misiones no aclaradas, hostigando a los alumnos agredidos, ignorando cadáveres y sin intervenir a pesar de que casi medio centenar de jóvenes estaba siendo llevado a la desaparición, y se escapaban los asesinos de seis personas.

El coronel José Rodríguez Pérez, subordinado inmediato del general Saavedra y comandante del 27º Batallón de Infantería del Ejército, que controla todo lo que pasa en Iguala, estuvo enviándole informes a su superior, según documentos integrados en el expediente de la PGR.

En cambio, el Ejército no entregó constancia alguna de las órdenes o comentarios que le giró el general Saavedra al coronel Rodríguez. Tampoco dieron a conocer la evaluación que ambos oficiales hicieron de los hechos en ese momento.



Hasta la fecha, Sedena ha obstaculizado sistemáticamente todas las indagatorias, incluidas las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al que impidió –como a todo el mundo- entrar a los cuarteles o levantar libremente testimonios de militares.

OBSTÁCULO PARA ENCINAS

El general Saavedra estuvo en Tlatlaya. Fue nombrado comandante de la 35ª Zona Militar el 2 de junio de 2014, y el 30 de junio acompañó a sus tropas para proveer seguridad perimetral a las del 102º Batallón en esa localidad, mientras realizaban las maniobras para encubrir la masacre de esa madrugada.

El alcalde de Cocula en ese momento, César Miguel Peñaloza Peñaloza, declaró a la PGR que el general Saavedra le había recomendado a los exmilitares que comandaron a la policía municipal, que tuvo un rol clave en los ataques contra los normalistas.

Nadie ha investigado esa denuncia, de la misma forma en que el general Saavedra jamás ha sido llamado a declarar con respecto a lo ocurrido en la noche de Iguala, a pesar de su posición de responsable militar de la zona.

Por lo contrario, el general Saavedra no ha dejado de recibir premios y ascensos:

El 20 de noviembre de 2014 –el mismo día en que se produjeron manifestaciones de protesta de dimensiones históricas y a sólo 9 semanas de los crímenes de Iguala-, fue promovido de general de Brigada a general de División.

Alejandro Saavedra Hernández

Diez días después, el 30 de noviembre, lo elevaron de comandante de la 35ª Zona Militar a comandante de la IX Región Militar, que abarca todo Guerrero, con lo que lo convirtieron en el hombre fuerte del estado.

El 27 de octubre de 2015, el gobierno de Peña Nieto le otorgó la coordinación de la estrategia federal de seguridad, con lo cual, además de ser el jefe de cada soldado en Guerrero, adquirió poder de decisión sobre prácticamente todas las corporaciones policiacas que actúan ahí: federales, estatales y las de todos los municipios que habían aceptado el mando único.

El antecedente de tal acumulación de poder es el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien después fue a cárcel condenado por narcotráfico. Entonces con el rango de coronel, Acosta Chaparro fue el hombre fuerte de Guerrero cuando el gobernador Rubén Figueroa Figueroa le dio, en 1975, el mando de todas las fuerzas estatales para llevar a cabo la Guerra Sucia en la que desaparecieron más de 1500 personas, con vuelos de la muerte en los que se arrojaba a las víctimas al mar y asesinatos perpetrados por propia mano de Acosta Chaparro.

Mario Arturo Acosta Chaparro

La diferencia es que Acosta Chaparro no tenía cargo de comandancia en el Ejército mientras ejercía funciones civiles. En contraste, el general Saavedra tiene al Ejército bajo su mando total. Y a las fuerzas federales, bajo su “coordinación”.

Si verdaderamente se proponía combatir la violencia, el general Saavedra fracasó. Los homicidios y otros delitos siguieron en acelerado crecimiento hasta que fue removido de la Región Militar, el 28 de noviembre de 2016.

Pero cayó en cama muy blanda: pasó a ser contralor del Ejército y Fuerza Aérea y, el 1º de diciembre de 2017, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Alejandro Encinas, quien ha sido designado para ocupar la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y para asumir la dificilísima tarea de desfazer los entuertos de la administración peñista, empezando por el de Ayotzinapa, podría encontrarse con un obstáculo inmenso dentro del gabinete, con intereses directos que pueden verse afectados si se investiga qué fue lo que verdaderamente pasó en la noche de Iguala, y quiénes tienen responsabilidad en ello.

YA DE PASO, OTRO PREMIADO

En junio de 2014, el general de Brigada José Luis Sánchez León era comandante de la 22ª Zona Militar, y a su cargo el 102º Batallón, cuyas tropas cometieron la masacre de Tlatlaya.

Está en la lista de oficiales que serán ascendidos a general de División.

PROYECTA “MIRAR MORIR” O “NO SE MATA LA VERDAD”

#Ayotzinapa4años

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¿Quién es el destinatario?

La tarde del viernes 20 abril de 2012, Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite llegó al taller mecánico de Lago Trasimeno esquina con Lago Como de la colonia Anáhuac, en la ciudad de México, para recoger un auto Mercedes Benz color arena de colección que había dejado días atrás para su compostura; lo que encontró, a estas alturas quién no lo sabe, fue la muerte.

Sin embargo, aun muerto Acosta Chaparro es de esos personajes que representan como pocos el más triste de los papeles que han jugado las fuerzas armadas en la historia reciente de México: ora cuerpo represivo del Estado y su aparato político, ora cómplice de las redes del crimen organizado; dos entidades, sistema político y crimen organizado, que muchas veces no son sino la misma cosa.

Mucho se ha especulado acerca de las implicaciones del homicidio contra Acosta Chaparro. Sobre todo, amén de saber quién ordenó la ejecución de un general que se retiró con honores y galardonado luego de ser absuelto de los crímenes de lesa humanidad que cometió durante las últimas décadas del siglo pasado y de sus vínculos con el narcotráfico, acerca del mensaje que hay detrás del acto de quitarle la vida al operador estrella del calderonato en materia de seguridad nacional.

¿Quién es el remitente de este mensaje? ¿Quién el destinatario? ¿A quién le preocupaba lo que el ex Brigada Blanca, ex jefe de la policía estatal en Guerrero y Veracruz, ex protector del “Señor de los Cielos” y ex contacto de Calderón con los distintos cárteles de la droga supiera y pudiera contar? ¿A quién le interesa que su asesinato sea investigado con el perfil más bajo y el mutismo más absoluto que sean posibles? ¿Qué piensan en las fuerzas armadas de que, en mitad de una mal llamada “guerra contra el narcotráfico” que las ha expuesto y evidenciado como nunca antes, uno de los suyos, “patriota y abnegado” para unos, “torturador y sanguinario” para otros, “uno de los más cabrones” para todos, haya sido cazado como a un perro rabioso en plena vía pública?

En mayo de 2011, Javier Sicilia emplazó a los partidos políticos para que se deslindaran de los personajes que desde el seno de sus institutos habían sido y siguen siendo cómplices del crimen organizado; los profesionales de la política no sólo hicieron oídos sordos a la demanda del poeta, sino que colocaron a varios de estos sujetos en sus listas de candidatos a elección popular o de representación proporcional.

Por eso, y no por la influencia cienciológica del pseudopacifista hijo de Carlos Salinas de Gortari como asegura Julio Hernández López en su columna “Astillero” (La Jornada, 23/04/12), es que el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad ha dicho que éstas son “las elecciones de la ignominia”, que los partidos políticos nos conminan a votar en realidad por los cárteles de la droga que los tiene copados y, en consecuencia, llama a anular el voto.

Para algunos, la convocatoria al voto nulo o en blanco es un gesto reaccionario y, con disquisiciones legaloides, argumentan que ello significaría, a final de cuentas, votos a favor del sistema que los mismo “anulistas” decimos aborrecer; para otros, quienes vemos que los partidos políticos y sus candidatos no tomaron distancia de los delincuentes que cohabitan en sus entrañas, que entendemos que el crimen organizado es justamente una pieza fundamental del sistema mismo y que en cada nueva declaración observamos la burla y el desprecio propios de la demagogia electorera, votar es, precisamente, votar por ése sistema.

Tres días antes del atentado contra Acosta Chaparro, una capacitadora asistente electoral del IFE, Guadalupe Villanueva, había sido también asesinada por “personas desconocidas”. Estamos hablando, pues, de que dos de los puestos que se encuentran en los extremos del organigrama del sistema político mexicano han sido lacerados. Parecería, entonces, que el mensaje que el crimen organizado ha lanzado a quien quiera y pueda oírlo es que tiene la facultad operativa de controlar todo el aparato del cual el sistema, legal o ilegalmente, echará mano en estas elecciones.

En este escenario, anular o no el propio voto es, con más claridad, una cuestión de principios, un acto moral en medio de la inmoralidad que ya de por sí significa un proceso electoral que continúa como si el país no se estuviera cayendo a pedazos. Serán las condiciones objetivas y subjetivas las que determinarán cuál de las dos posiciones habrá sido la retrógrada; pero, al margen de ello, urge que la sociedad civil, los movimientos populares y las luchas sociales veamos que el mensaje del crimen organizado es también para nosotros y no sólo para sus enemigos en el juego del poder.

Dicho de otra manera, votemos o no votemos, hoy, más que nunca, sociedad, movimientos y luchas debemos articularnos tanto para fortalecer las experiencias autonómicas que sí están respondiendo a la pregunta de cómo darle vuelta a esta página de nuestra historia, cuanto para propiciar el surgimiento de experiencias nuevas; construir otra forma de hacer política (una que no tenga incrustado hasta el tuétano el modus operandi priísta). De lo contrario, el fractal que de suyo es el crimen organizado crecerá hasta carcomer por completo el multimentado tejido social y salir de esta pesadilla será prácticamente imposible.