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12 de mayo de 2020
Capitalismo y coronavirus, combinación letal.
Por: Javier Hernández Alpízar / Zapateando.
En la Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria casi vacía, un diálogo entre el cliente y quien le bolea los zapatos: – Aquí en derecho es donde más boleros debe haber. – De hecho, es el único lugar en donde hay. – ¿En serio?, ¿será por qué somos abogados?
Lo que se sabe de los virus es que son información: información genética capaz de engañar a la información genética de las células de seres vivos para hacerlas reproducir el virus en lugar de reproducir su propia vida, lo cual harían las células vivas sanas.
Comenzamos deliberadamente usando términos científicos como “virus”, “información genética” y “células” no porque seamos científicos, somos activistas que defienden la vida y aspiran a lograr para los seres humanos libertad, democracia y justicia, pero sin información y conocimientos científicos no podríamos entender ni comunicar nada claro y veraz sobre lo que está pasando con la pandemia del coronavirus o Covid 19 en el mundo y en México.
Un divulgador científico latinoamericano, Marcelino Cereijido, ha escrito el libro La ciencia como calamidad. Citando a Jean Piaget, un biólogo y estudioso del modo como aprendemos los seres humanos, dice que: “Las personas no entienden lo que ven, ven lo que entienden”. Esto quiere decir que cuando no entendemos algo simplemente no podemos verlo, nos pasa desapercibido. El lenguaje de la ciencia actual es ajeno a la mayoría de los seres humanos en el planeta, incluso en el llamado “primer mundo”. Por eso tenemos incluso presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro que niegan fenómenos patentes ante la vista de cualquier persona medianamente informada como el llamado “cambio climático” o la crisis climática: calentamiento del planeta, derretimiento de los hielos polares, de los glaciares, elevación del nivel del mar, así como la sexta extinción masiva de especies animales y vegetales: de acuerdo con la ONU, en los próximos 30 años se extinguirán un millón de especies, poniendo en riesgo de extinción a la especie humana misma. Incluso la ONU ha estimado que el cambio climático será muchísimo más mortífero que el coronavirus. Y ya está generando miseria, hambre, desplazamientos forzados de población y muertes.
El analfabetismo científico masivo hace que la mayoría de los seres humanos en el planeta sean, respecto a las ciencias, no ciudadanos sino súbditos, no pueden participar en las decisiones no solamente por la falta de democracia, sino porque no pueden entender y así tampoco ver los problemas más graves: cambio climático, extinción masiva de especies, crisis energética. Es decir, vemos las consecuencias, y eso a medias, como pasa con las migraciones masivas de africanos a Europa o de latinoamericanos a Estados Unidos, pero no entendemos lo que está detrás: el agotamiento de recursos para la vida, la miseria, el hambre, el desempleo y la violencia que dejaron siglos de colonialismo capitalista en nuestros países, etcétera. Gobiernos de derecha aprovechan esa ignorancia, así como los miedos y fobias asociados a ellos, para azuzar la fobia a los extranjeros, el racismo y la xenofobia, incluso el fascismo.
Los contactos humanos siempre han promovido la expansión de epidemias. La llegada a América de los conquistadores y colonizadores europeos casi logró extinguir (en algunos lugares, sin el “casi”, como en el Caribe) a las poblaciones indígenas, al menos las redujo dramática y brutalmente. El uso de armas bacteriológicas del siglo XX tiene su antecedente en esa “espontánea” expansión de epidemias como la viruela y el sarampión (que hoy regresa después de creer que lo habíamos erradicado).
La introducción de especies domésticas y otras especies aparejadas a la presencia humana (ratas, moscas, cucarachas y chinches, por ejemplo) en hábitats ajenos, pero sobre todo la explotación de territorios y recursos materiales y energéticos ha ocasionado una pérdida de diversidad en todo el planeta, sacrificada en aras de la ganancia capitalista.
La convivencia de seres humanos en todo el mundo, los viajes y el hacinamiento en grandes ciudades, han propiciado que muchos gérmenes, entre ellos los virus, salgan de los seres vivos que antes parasitaban y lleguen a otros, muchas veces, enfermándolos. El coronavirus es un caso, el más reciente, pero no el único. La humanidad comienza a enfrentar las consecuencias de la globalización, de la presencia planetaria de seres humanos sujetos a un sistema capitalista depredador del medio ambiente y explotador de los seres humanos.
El despojo de sus territorios y recursos de los pueblos indígenas (en México, despojo en marcha con el tren maya, el corredor interoceánico transístmico en Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos, el aeropuerto de Santa Lucía, la nueva refinería en Dos Bocas, el proyecto de las empresas de Alfonso Romo “Sembrando Vida”, los parques eólicos, la megaminería, la entrega del agua a empresas privadas como Constellation Brands en Mexicali, etcétera) no solamente los pagan los pueblos y comunidades con miseria y muerte: el planeta nos pasa la factura con la crisis climática, la crisis energética, la extinción de especies, las grandes migraciones humanas y animales.
Ciencia, detente. Este presidente es inmune al conocimiento.
Para masas enteras despojadas, pauperizadas, militarizadas, arrinconadas detrás de muros físicos y militares (como la Guardia Nacional, patrulla fronteriza extraterritorial de Donald Trump en la frontera sur de México), despojadas de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre ellos el derecho a una educación científica y laica, para estas grandes masas, científicamente analfabetas, no es extraño que estas grandes desgracias aparezcan como signos apocalípticos debidos a fantasmales o demoniacas fuerzas desconocidas. En lugar de identificar al capitalismo como causante de sus dolores y desgracias, identifican al capitalismo como Rey Midas que da riqueza y consumo. En cambio, los males los hacen pensar en falsas causas como el pecado, los extranjeros, las conspiraciones de otros, ajenos y extraños. Incluso en cierta “izquierda” que asume una ideología anticapitalista, pero no un análisis científico de los fenómenos, todo es un complot: si se movilizan los jóvenes contra el cambio climático y la indolencia de los gobiernos, es un “complot del capitalismo verde”; si se movilizan las mujeres contra la violencia patriarcal feminicida, es un “complot para desestabilizar al gobierno”; si hay una pandemia de coronavirus, es un “complot del capitalismo” para ¿subir sus ventas de papel higiénico?
Esta carencia de pensamiento científico, crítico y reflexivo promueve el negacionismo: las amenazas no son reales. El cambio climático es una mentira inventada para detener el avance del desarrollo capitalista; las noticias críticas de AMLO son un “complot de la CIA”; la teoría de la evolución de Darwin es un complot para volver ateos a los jóvenes y así: hay incluso fanáticos que promueven la idea de que la tierra es plana.
A esta era de confusión, mentiras, promoción de la ignorancia y el oscurantismo, de la cual se hacen cómplices, sea por su propia ignorancia o por manipular creencias religiosas de la gente, gobernantes como Bolsonaro, Obrador y Trump, algunos la han llamado la “posverdad”. Pero no es que la verdad haya dejado de existir, lo que pasa es que la ignorancia masiva sobre ciencia actual no deja ver a las personas lo que no entienden.
En el caso de Obrador, su muy estudiado gesto de mostrar amuletos mágicos y religiosos es (como ha señalado A Libre Murrieta en Facebook) un deliberado show mediático para engañar a quienes de por sí van a quedar expuestos al contagio porque no podrán quedarse en casa, ya que viven al día. Es un gesto maquiavélico y criminal de manipulación psicológica de masas.
El anticapitalismo es un claro ejemplo: no cualquier persona entiende el análisis marxista del capital, la mercancía, el dinero, el mercado y la empresa capitalista. El anticapitalismo se antoja imposible, porque vivimos inmersos en un mundo ideologizado en donde el sentido común es que el dinero y las mercancías valen y, por el contrario, los seres humanos y los seres vivos somos desechables.
Sin embargo, el coronavirus es una pandemia real, de verdad ha asolado con enfermedad y muerte en China, en Italia, en España, en Estados Unidos y hoy amenaza a México y a toda América Latina. La principal arma contra el coronavirus o Covid 19 (información genética que se expande perniciosamente) es la información científica, verdadera, no para generar alarmismo sino prevención, cuidado.
Científicos de la UNAM han estado diciendo, a quien quiera escuchar, que el coronavirus es una pandemia porque se contagia ampliamente, aunque solamente un 5% de los contagiados mueren, aproximadamente, pero si por descuido, irresponsabilidad, como ocurrió en China, Italia y Estados Unidos, se contagian más personas, el número de muertes aumenta. Italia ya ha tenido más muertos que China. Corea tomó medidas pronto y ha tenido menos daños que Europa.
Han fallado esos gobiernos por no informar con oportunidad sobre el virus y no tomar medidas sanitarias eficaces. Al final han impuesto medidas extremas, como la militarización en Italia para hacer frente a la pandemia cuando ya estaba muy avanzada. Además han ocultado información: China inició con casos el 1 de diciembre de 2019 y no lo informó a la OMS hasta fines de ese mes y año. Italia pidió ayuda a otros países europeos, y estos países, negando sus pactos como Unión Europea, no la ayudaron. Hoy Trump quiere aprovechar la pandemia y la psicosis social para impulsar su agenda racista y xenófoba contra los migrantes.
Sin embargo, los zapatistas de Chiapas (quienes han tenido desde hace años un acercamiento al pensamiento científico actual, promoviendo que los científicos se acerquen a las comunidades a explicar cómo es y qué es la ciencia y cómo explica los fenómenos naturales y sociales) están aplicando el principio precautorio: si el riesgo puede ser grave, se toman medidas. Han criticado la falta de información veraz, honesta y cabal de parte de los malos gobiernos (y tienen razón, ya vimos cómo esa actitud irresponsable causó tantas desgracias en China, Italia, España y Estados Unidos), pero no asumen una actitud negacionista, sino que cierran sus caracoles y adoptan medidas de higiene como prevención para proteger la salud y la vida de las mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niñas y niños de sus comunidades indígenas zapatistas. Además exhortan a los demás a hacer lo propio. Queremos cambiar el mundo, pero para ello lo primero es seguir vivos. Como el lema de las mujeres en lucha: “Vivas nos queremos”.
La cuarentena, a la cual el gobierno de México no se ha atrevido ni siquiera a llamar por su nombre, implica muchos retos. Quedan más desprotegidos los más pobres, los más desnutridos, los que ya tienen padecimientos previos (crónicos, respiratorios, cardiacos, diabetes, VIH, etc.). Se arriesgan más los trabajadores que ganan cada día para comer: los trabajadores precarizados, mal llamados “informales”, muchos de ellos menores de edad y mujeres o ancianos y ancianas.
El coronavirus se ceba sobre las víctimas del sistema capitalista explotador y depredador, quizá por eso les parece a algunos una medida de limpieza social fascista. Parece un macabro darwinismo social. Quedan expuestos los niños más pobres, para quienes el desayuno escolar es parte de su diaria nutrición y ahora se quedan sin él. O las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia en el hogar y ahora encerrados con su agresor. O las niñas y niños que ante el cierre de las escuelas acompañarán a la calles a sus padres y madres al autoempleo precario de sobrevivencia.
El capitalismo se verá afectado por la ausencia laboral de miles de trabajadores, pues jamás ha logrado, ni con toda su tecnología, dejar de depender del trabajo humano. Sin embargo, el capitalismo siempre externaliza costos: recibirá exenciones de impuestos, despedirá a miles de trabajadores, pedirá apoyos y rescates a los gobiernos, meterá de nuevo las manos en el dinero de todos para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y las desgracias.
Una pandemia como la que está en curso hace evidente que la salud no puede ser una mercancía, sino que debe ser un derecho humano universal, garantizado por el Estado. En países europeos se están viendo forzados a estatizar o nacionalizar temporalmente los hospitales privados para poder atender la emergencia. En México, los hospitales privados han llegado a cobrar hasta miles de pesos por una prueba de laboratorio para el Covid 19. Incluso 3500 o 5000 pesos es demasiado.
¿Quién hará frente a la pandemia: el doctor Simi, que cotidianamente atiende a mucha de la gente más pobre y sin seguro? ¿Un sistema de salud rebasado, desabastecido de medicamentos y hasta de jabón, gasas o papel para hacer carnets? El sistema de salud en México es víctima de más de treinta años de neoliberalismo (que sigue vigente, pese a la demagogia presidencial) y de la ineptitud del actual gobierno, que ha sido incapaz de sanearlo sin dejar desprotegidos a los mexicanos.
Como ante las desgracias ha ocurrido siempre, como en los sismos por ejemplo, la respuesta está en manos de la sociedad. El egoísmo neoliberal, individualista y burgués, nos aísla y nos vuelve vulnerables a todos, pero la solidaridad, la crítica y la lucha organizada nos fortalecen.
El mal gobierno está aprovechando la coyuntura para imponer medidas en favor de las empresas, por ejemplo: otra consulta amañada, esta vez en Mexicali, para imponer la privatización del agua y el despojo en favor de Constellation Brands, así como la cesión a los militares ya no solo del nuevo aeropuerto en Santa Lucía sino incluso el llamado tren “maya”.
Les importan menos las vidas humanas que los negocios de Alfonso Romo, cacique del agua en la zona maya, de Carlos Slim, de Salinas Pliego y de los capitales internacionales.
Por eso concordamos con los zapatistas en que debemos seguir comunicados y en lucha, de nuevos modos o de viejos modos, como podamos: no todos tiene red en casa, trata de marcar el teléfono, de platicar de ventana a ventana y de edificio a edificio. Si tienes internet, mantén enterada a tu red más cercana con información veraz y crítica.
Como los zapatistas, tenemos que tratar de aprender ciencia, de comprender nuestro mundo críticamente, porque como dice Jean Piaget; las personas no entienden lo que ven, ven lo que entienden.
Que los grandes males son resultado del capitalismo lo verán más personas cuando puedan entenderlo. No necesitamos menos sino más y mejor ciencia. Y también conciencia y organización, lucha y alegre rebeldía.
El coronavirus no es una conspiración capitalista, pero sí es muy peligroso porque el capitalismo ha empobrecido y desprotegido a miles de personas en el mundo
En la Facultad de Derecho, Ciudad Universitaria casi vacía, un diálogo entre el cliente y quien le bolea los zapatos: – Aquí en derecho es donde más boleros debe haber. – De hecho, es el único lugar en donde hay. – ¿En serio?, ¿será por qué somos abogados?
Lo que se sabe de los virus es que son información: información genética capaz de engañar a la información genética de las células de seres vivos para hacerlas reproducir el virus en lugar de reproducir su propia vida, lo cual harían las células vivas sanas.
Comenzamos deliberadamente usando términos científicos como “virus”, “información genética” y “células” no porque seamos científicos, somos activistas que defienden la vida y aspiran a lograr para los seres humanos libertad, democracia y justicia, pero sin información y conocimientos científicos no podríamos entender ni comunicar nada claro y veraz sobre lo que está pasando con la pandemia del coronavirus o Covid 19 en el mundo y en México.
Un divulgador científico latinoamericano, Marcelino Cereijido, ha escrito el libro La ciencia como calamidad. Citando a Jean Piaget, un biólogo y estudioso del modo como aprendemos los seres humanos, dice que: “Las personas no entienden lo que ven, ven lo que entienden”. Esto quiere decir que cuando no entendemos algo simplemente no podemos verlo, nos pasa desapercibido. El lenguaje de la ciencia actual es ajeno a la mayoría de los seres humanos en el planeta, incluso en el llamado “primer mundo”. Por eso tenemos incluso presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro que niegan fenómenos patentes ante la vista de cualquier persona medianamente informada como el llamado “cambio climático” o la crisis climática: calentamiento del planeta, derretimiento de los hielos polares, de los glaciares, elevación del nivel del mar, así como la sexta extinción masiva de especies animales y vegetales: de acuerdo con la ONU, en los próximos 30 años se extinguirán un millón de especies, poniendo en riesgo de extinción a la especie humana misma. Incluso la ONU ha estimado que el cambio climático será muchísimo más mortífero que el coronavirus. Y ya está generando miseria, hambre, desplazamientos forzados de población y muertes.
El analfabetismo científico masivo hace que la mayoría de los seres humanos en el planeta sean, respecto a las ciencias, no ciudadanos sino súbditos, no pueden participar en las decisiones no solamente por la falta de democracia, sino porque no pueden entender y así tampoco ver los problemas más graves: cambio climático, extinción masiva de especies, crisis energética. Es decir, vemos las consecuencias, y eso a medias, como pasa con las migraciones masivas de africanos a Europa o de latinoamericanos a Estados Unidos, pero no entendemos lo que está detrás: el agotamiento de recursos para la vida, la miseria, el hambre, el desempleo y la violencia que dejaron siglos de colonialismo capitalista en nuestros países, etcétera. Gobiernos de derecha aprovechan esa ignorancia, así como los miedos y fobias asociados a ellos, para azuzar la fobia a los extranjeros, el racismo y la xenofobia, incluso el fascismo.
Los contactos humanos siempre han promovido la expansión de epidemias. La llegada a América de los conquistadores y colonizadores europeos casi logró extinguir (en algunos lugares, sin el “casi”, como en el Caribe) a las poblaciones indígenas, al menos las redujo dramática y brutalmente. El uso de armas bacteriológicas del siglo XX tiene su antecedente en esa “espontánea” expansión de epidemias como la viruela y el sarampión (que hoy regresa después de creer que lo habíamos erradicado).
La introducción de especies domésticas y otras especies aparejadas a la presencia humana (ratas, moscas, cucarachas y chinches, por ejemplo) en hábitats ajenos, pero sobre todo la explotación de territorios y recursos materiales y energéticos ha ocasionado una pérdida de diversidad en todo el planeta, sacrificada en aras de la ganancia capitalista.
La convivencia de seres humanos en todo el mundo, los viajes y el hacinamiento en grandes ciudades, han propiciado que muchos gérmenes, entre ellos los virus, salgan de los seres vivos que antes parasitaban y lleguen a otros, muchas veces, enfermándolos. El coronavirus es un caso, el más reciente, pero no el único. La humanidad comienza a enfrentar las consecuencias de la globalización, de la presencia planetaria de seres humanos sujetos a un sistema capitalista depredador del medio ambiente y explotador de los seres humanos.
El despojo de sus territorios y recursos de los pueblos indígenas (en México, despojo en marcha con el tren maya, el corredor interoceánico transístmico en Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos, el aeropuerto de Santa Lucía, la nueva refinería en Dos Bocas, el proyecto de las empresas de Alfonso Romo “Sembrando Vida”, los parques eólicos, la megaminería, la entrega del agua a empresas privadas como Constellation Brands en Mexicali, etcétera) no solamente los pagan los pueblos y comunidades con miseria y muerte: el planeta nos pasa la factura con la crisis climática, la crisis energética, la extinción de especies, las grandes migraciones humanas y animales.
Ciencia, detente. Este presidente es inmune al conocimiento.
Para masas enteras despojadas, pauperizadas, militarizadas, arrinconadas detrás de muros físicos y militares (como la Guardia Nacional, patrulla fronteriza extraterritorial de Donald Trump en la frontera sur de México), despojadas de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre ellos el derecho a una educación científica y laica, para estas grandes masas, científicamente analfabetas, no es extraño que estas grandes desgracias aparezcan como signos apocalípticos debidos a fantasmales o demoniacas fuerzas desconocidas. En lugar de identificar al capitalismo como causante de sus dolores y desgracias, identifican al capitalismo como Rey Midas que da riqueza y consumo. En cambio, los males los hacen pensar en falsas causas como el pecado, los extranjeros, las conspiraciones de otros, ajenos y extraños. Incluso en cierta “izquierda” que asume una ideología anticapitalista, pero no un análisis científico de los fenómenos, todo es un complot: si se movilizan los jóvenes contra el cambio climático y la indolencia de los gobiernos, es un “complot del capitalismo verde”; si se movilizan las mujeres contra la violencia patriarcal feminicida, es un “complot para desestabilizar al gobierno”; si hay una pandemia de coronavirus, es un “complot del capitalismo” para ¿subir sus ventas de papel higiénico?
Esta carencia de pensamiento científico, crítico y reflexivo promueve el negacionismo: las amenazas no son reales. El cambio climático es una mentira inventada para detener el avance del desarrollo capitalista; las noticias críticas de AMLO son un “complot de la CIA”; la teoría de la evolución de Darwin es un complot para volver ateos a los jóvenes y así: hay incluso fanáticos que promueven la idea de que la tierra es plana.
A esta era de confusión, mentiras, promoción de la ignorancia y el oscurantismo, de la cual se hacen cómplices, sea por su propia ignorancia o por manipular creencias religiosas de la gente, gobernantes como Bolsonaro, Obrador y Trump, algunos la han llamado la “posverdad”. Pero no es que la verdad haya dejado de existir, lo que pasa es que la ignorancia masiva sobre ciencia actual no deja ver a las personas lo que no entienden.
En el caso de Obrador, su muy estudiado gesto de mostrar amuletos mágicos y religiosos es (como ha señalado A Libre Murrieta en Facebook) un deliberado show mediático para engañar a quienes de por sí van a quedar expuestos al contagio porque no podrán quedarse en casa, ya que viven al día. Es un gesto maquiavélico y criminal de manipulación psicológica de masas.
El anticapitalismo es un claro ejemplo: no cualquier persona entiende el análisis marxista del capital, la mercancía, el dinero, el mercado y la empresa capitalista. El anticapitalismo se antoja imposible, porque vivimos inmersos en un mundo ideologizado en donde el sentido común es que el dinero y las mercancías valen y, por el contrario, los seres humanos y los seres vivos somos desechables.
Sin embargo, el coronavirus es una pandemia real, de verdad ha asolado con enfermedad y muerte en China, en Italia, en España, en Estados Unidos y hoy amenaza a México y a toda América Latina. La principal arma contra el coronavirus o Covid 19 (información genética que se expande perniciosamente) es la información científica, verdadera, no para generar alarmismo sino prevención, cuidado.
Científicos de la UNAM han estado diciendo, a quien quiera escuchar, que el coronavirus es una pandemia porque se contagia ampliamente, aunque solamente un 5% de los contagiados mueren, aproximadamente, pero si por descuido, irresponsabilidad, como ocurrió en China, Italia y Estados Unidos, se contagian más personas, el número de muertes aumenta. Italia ya ha tenido más muertos que China. Corea tomó medidas pronto y ha tenido menos daños que Europa.
Han fallado esos gobiernos por no informar con oportunidad sobre el virus y no tomar medidas sanitarias eficaces. Al final han impuesto medidas extremas, como la militarización en Italia para hacer frente a la pandemia cuando ya estaba muy avanzada. Además han ocultado información: China inició con casos el 1 de diciembre de 2019 y no lo informó a la OMS hasta fines de ese mes y año. Italia pidió ayuda a otros países europeos, y estos países, negando sus pactos como Unión Europea, no la ayudaron. Hoy Trump quiere aprovechar la pandemia y la psicosis social para impulsar su agenda racista y xenófoba contra los migrantes.
Sin embargo, los zapatistas de Chiapas (quienes han tenido desde hace años un acercamiento al pensamiento científico actual, promoviendo que los científicos se acerquen a las comunidades a explicar cómo es y qué es la ciencia y cómo explica los fenómenos naturales y sociales) están aplicando el principio precautorio: si el riesgo puede ser grave, se toman medidas. Han criticado la falta de información veraz, honesta y cabal de parte de los malos gobiernos (y tienen razón, ya vimos cómo esa actitud irresponsable causó tantas desgracias en China, Italia, España y Estados Unidos), pero no asumen una actitud negacionista, sino que cierran sus caracoles y adoptan medidas de higiene como prevención para proteger la salud y la vida de las mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niñas y niños de sus comunidades indígenas zapatistas. Además exhortan a los demás a hacer lo propio. Queremos cambiar el mundo, pero para ello lo primero es seguir vivos. Como el lema de las mujeres en lucha: “Vivas nos queremos”.
La cuarentena, a la cual el gobierno de México no se ha atrevido ni siquiera a llamar por su nombre, implica muchos retos. Quedan más desprotegidos los más pobres, los más desnutridos, los que ya tienen padecimientos previos (crónicos, respiratorios, cardiacos, diabetes, VIH, etc.). Se arriesgan más los trabajadores que ganan cada día para comer: los trabajadores precarizados, mal llamados “informales”, muchos de ellos menores de edad y mujeres o ancianos y ancianas.
El coronavirus se ceba sobre las víctimas del sistema capitalista explotador y depredador, quizá por eso les parece a algunos una medida de limpieza social fascista. Parece un macabro darwinismo social. Quedan expuestos los niños más pobres, para quienes el desayuno escolar es parte de su diaria nutrición y ahora se quedan sin él. O las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia en el hogar y ahora encerrados con su agresor. O las niñas y niños que ante el cierre de las escuelas acompañarán a la calles a sus padres y madres al autoempleo precario de sobrevivencia.
El capitalismo se verá afectado por la ausencia laboral de miles de trabajadores, pues jamás ha logrado, ni con toda su tecnología, dejar de depender del trabajo humano. Sin embargo, el capitalismo siempre externaliza costos: recibirá exenciones de impuestos, despedirá a miles de trabajadores, pedirá apoyos y rescates a los gobiernos, meterá de nuevo las manos en el dinero de todos para privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y las desgracias.
Una pandemia como la que está en curso hace evidente que la salud no puede ser una mercancía, sino que debe ser un derecho humano universal, garantizado por el Estado. En países europeos se están viendo forzados a estatizar o nacionalizar temporalmente los hospitales privados para poder atender la emergencia. En México, los hospitales privados han llegado a cobrar hasta miles de pesos por una prueba de laboratorio para el Covid 19. Incluso 3500 o 5000 pesos es demasiado.
¿Quién hará frente a la pandemia: el doctor Simi, que cotidianamente atiende a mucha de la gente más pobre y sin seguro? ¿Un sistema de salud rebasado, desabastecido de medicamentos y hasta de jabón, gasas o papel para hacer carnets? El sistema de salud en México es víctima de más de treinta años de neoliberalismo (que sigue vigente, pese a la demagogia presidencial) y de la ineptitud del actual gobierno, que ha sido incapaz de sanearlo sin dejar desprotegidos a los mexicanos.
Como ante las desgracias ha ocurrido siempre, como en los sismos por ejemplo, la respuesta está en manos de la sociedad. El egoísmo neoliberal, individualista y burgués, nos aísla y nos vuelve vulnerables a todos, pero la solidaridad, la crítica y la lucha organizada nos fortalecen.
El mal gobierno está aprovechando la coyuntura para imponer medidas en favor de las empresas, por ejemplo: otra consulta amañada, esta vez en Mexicali, para imponer la privatización del agua y el despojo en favor de Constellation Brands, así como la cesión a los militares ya no solo del nuevo aeropuerto en Santa Lucía sino incluso el llamado tren “maya”.
Les importan menos las vidas humanas que los negocios de Alfonso Romo, cacique del agua en la zona maya, de Carlos Slim, de Salinas Pliego y de los capitales internacionales.
Por eso concordamos con los zapatistas en que debemos seguir comunicados y en lucha, de nuevos modos o de viejos modos, como podamos: no todos tiene red en casa, trata de marcar el teléfono, de platicar de ventana a ventana y de edificio a edificio. Si tienes internet, mantén enterada a tu red más cercana con información veraz y crítica.
Como los zapatistas, tenemos que tratar de aprender ciencia, de comprender nuestro mundo críticamente, porque como dice Jean Piaget; las personas no entienden lo que ven, ven lo que entienden.
Que los grandes males son resultado del capitalismo lo verán más personas cuando puedan entenderlo. No necesitamos menos sino más y mejor ciencia. Y también conciencia y organización, lucha y alegre rebeldía.
16 de octubre de 2019
Cachemira: silencio ensordecedor.
Por: Arundhati Roy / Plateforme Altermondialiste.
Traducción: VientoSur.
El ministro indio de Interior ha propuesto al Parlamento la abolición
del artículo 370 de la Constitución india (que establece las
obligaciones legales derivadas del tratado de adhesión). Con el voto en
contra de los partidos de oposición, tanto la cámara alta como la cámara
baja han aprobado la nueva ley, que anula el estatuto particular, junto
con la constitución y la bandera propias de Cachemira. Asimismo, divide
el territorio en dos partes: Jammu y Cachemira, que será administrada
directamente por el Gobierno central de Nueva Delhi (aunque manteniendo
una asamblea legislativa electa, cuyos poderes han quedado notablemente
mermados), y Ladaj, que también será administrado directamente por Nueva
Delhi, pero no tendrá ninguna asamblea legislativa.
En la práctica, los ciudadanos indios ahora pueden comprar tierras e instalarse en Cachemira sin ninguna traba. Inversores indios, como el industrial más rico del país Mukesh Ambani, ya sueñan con poseer esta tierra rica en vastos glaciares, lagos de alta montaña y cinco grandes ríos. La disolución de la entidad jurídica del Estado comporta asimismo la abolición del artículo 35A, que otorgaba a los residentes derechos y privilegios que les permitían controlar su propio territorio. Desde hace tiempo, los cachemiríes temen esta eventualidad. Es una pesadilla recurrente en que se ven arrastrados por una avalancha de indios y convertidos en una especie de palestinos de los territorios ocupados y repoblados con colonos.
Lo más chocante en estos momentos es el silencio mortal de las calles de Cachemira patrulladas y cortadas por barricadas y de sus casi siete millones de personas encerradas, humilladas, espiadas por drones, aisladas del mundo. Esta situación es fruto de una lenta destrucción. Un momento decisivo se produjo en 1987, cuando Nueva Delhi falseó de modo flagrante el resultado de las elecciones en este Estado. En 1989, la reivindicación del derecho de autodeterminación, hasta entonces defendida de manera no violenta, se transformó en una lucha por la libertad. Cientos de miles de personas salieron a la calle para ser abatidas en una masacre tras otra.
El valle de Cachemira fue invadido rápidamente por militantes cachemiríes de ambos lados de la frontera, así como por combatientes extranjeros, entrenados, armados y adoctrinados por Pakistán. De este modo, Cachemira se metió en la tormenta: por un lado, un islam cada vez más radicalizado en Pakistán y Afganistán, completamente extraño a la cultura cachemirí, y por otro, el nacionalismo hindú fanático que se hallaba en pleno ascenso en India.
La primera víctima del levantamiento fue el vínculo secular entre los musulmanes de Cachemira y su pequeña minoría de hindús, conocida localmente con el nombre de pandits. Poco a poco surgió la violencia. Varios pandits fueron asesinados y más de 25.000 se fueron de Cachemira. Veinte años más tarde, miles de ellos malviven en campos de refugiados miserables en la ciudad de Jammu, que los gobiernos de Nueva Delhi perpetúan para mantener a esta población en el limbo y atizar su enfado y la amargura con el fin de alimentar el peligroso relato nacionalista de India con respecto a Cachemira. Hoy, Cachemira es una de las zonas más militarizadas del mundo: allí se han desplegado más de medio millón de soldados. Se calcula que a causa del conflicto han muerto 70.000 personas, entre civiles, militantes y fuerzas de seguridad. Miles de personas están desaparecidas y decenas de miles han sufrido tortura en tugurios instalados por todo el valle como pequeños Abu Ghraib.
En el transcurso de los últimos años, cientos de adolescentes se han quedado ciegos al ser atacados con escopetas de perdigones, la nueva arma de elección de las fuerzas de seguridad. La mayor parte de los militantes que operan hoy en el valle son jóvenes cachemiríes, armados y formados localmente. Actúan a sabiendas de que desde el momento en que toman un arma de fuego, su esperanza de vida se reduce a menos de seis meses. Cada vez que muere un terrorista, los cachemiríes se presentan por decenas de millares para enterrar a un joven, al que veneran como un shaheed, un mártir.
Durante el primer mandato de Narendra Modi como primer ministro de India, esta violencia se exacerbó. En febrero, después de que un kamikaze cachemirí matara a 40 miembros de las fuerzas de seguridad indias, el Gobierno indio lanzó una incursión aérea contra Pakistán, que respondió. Estos dos países son las primeras potencias nucleares del mundo que se han atacado mutuamente con aviones de guerra. Ahora, dos meses después de su reelección, Narendra Modi ha echado una cerilla encendida en un barril de pólvora.
El 15 de agosto, en su discurso del Día de la Independencia, Narendra Modi alardeó desde las murallas del Fuerte Rojo de Delhi de que su Gobierno había hecho realidad finalmente el sueño de hacer de India “una nación, una Constitución”. Pero la misma víspera, grupos rebeldes que operan en varios Estados que se hallan en condiciones precarias en el noreste de India, entre ellos algunos que gozan de un estatuto especial como el antiguo Estado de Jammu y Cachemira, anunciaron un boicot a la fiesta de la Independencia.
Es muy probable que la violencia en Cachemira se extienda a otras partes de India. La utilizarán para inflamar la hostilidad hacia los musulmanes indios, que ya están siendo demonizados, guetizados , empujados hacia lo más bajo de la escala económica y, cada vez más, simplemente linchados. El Estado también aprovechará para atacar a otras personas –militantes, abogados, artistas, estudiantes, intelectuales, periodistas– que han protestado abierta y valerosamente.
La poderosa organización de extrema derecha Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) cuenta con más de 600.000 miembros, entre ellos Narendra Modi y varios de sus ministros. Dispone de una milicia voluntaria, inspirada en la Camisas Negras. Todos los días, la RSS refuerza su control de las instituciones del Estado indio. Se dedica a atacar a intelectuales y universitarios que, según Ram Madhav, secretario general de RSS, deben ser apartados del paisaje académico, cultural e intelectual del país. Con este propósito se ha modificado la Ley de prevención de actividades ilegales, que de por sí ya era draconiana, para incluir en la definición de terrorista a los individuos, y no únicamente a organizaciones. La modificación permite al Gobierno calificar a una persona de terrorista sin seguir el procedimiento regular y sin juicio.
Cuando el mundo observa pasivamente, la arquitectura del fascismo indio se instala a marchas forzadas.
Traducción: VientoSur.
En la práctica, los ciudadanos indios ahora pueden comprar tierras e instalarse en Cachemira sin ninguna traba. Inversores indios, como el industrial más rico del país Mukesh Ambani, ya sueñan con poseer esta tierra rica en vastos glaciares, lagos de alta montaña y cinco grandes ríos. La disolución de la entidad jurídica del Estado comporta asimismo la abolición del artículo 35A, que otorgaba a los residentes derechos y privilegios que les permitían controlar su propio territorio. Desde hace tiempo, los cachemiríes temen esta eventualidad. Es una pesadilla recurrente en que se ven arrastrados por una avalancha de indios y convertidos en una especie de palestinos de los territorios ocupados y repoblados con colonos.
Lo más chocante en estos momentos es el silencio mortal de las calles de Cachemira patrulladas y cortadas por barricadas y de sus casi siete millones de personas encerradas, humilladas, espiadas por drones, aisladas del mundo. Esta situación es fruto de una lenta destrucción. Un momento decisivo se produjo en 1987, cuando Nueva Delhi falseó de modo flagrante el resultado de las elecciones en este Estado. En 1989, la reivindicación del derecho de autodeterminación, hasta entonces defendida de manera no violenta, se transformó en una lucha por la libertad. Cientos de miles de personas salieron a la calle para ser abatidas en una masacre tras otra.
El valle de Cachemira fue invadido rápidamente por militantes cachemiríes de ambos lados de la frontera, así como por combatientes extranjeros, entrenados, armados y adoctrinados por Pakistán. De este modo, Cachemira se metió en la tormenta: por un lado, un islam cada vez más radicalizado en Pakistán y Afganistán, completamente extraño a la cultura cachemirí, y por otro, el nacionalismo hindú fanático que se hallaba en pleno ascenso en India.
La primera víctima del levantamiento fue el vínculo secular entre los musulmanes de Cachemira y su pequeña minoría de hindús, conocida localmente con el nombre de pandits. Poco a poco surgió la violencia. Varios pandits fueron asesinados y más de 25.000 se fueron de Cachemira. Veinte años más tarde, miles de ellos malviven en campos de refugiados miserables en la ciudad de Jammu, que los gobiernos de Nueva Delhi perpetúan para mantener a esta población en el limbo y atizar su enfado y la amargura con el fin de alimentar el peligroso relato nacionalista de India con respecto a Cachemira. Hoy, Cachemira es una de las zonas más militarizadas del mundo: allí se han desplegado más de medio millón de soldados. Se calcula que a causa del conflicto han muerto 70.000 personas, entre civiles, militantes y fuerzas de seguridad. Miles de personas están desaparecidas y decenas de miles han sufrido tortura en tugurios instalados por todo el valle como pequeños Abu Ghraib.
En el transcurso de los últimos años, cientos de adolescentes se han quedado ciegos al ser atacados con escopetas de perdigones, la nueva arma de elección de las fuerzas de seguridad. La mayor parte de los militantes que operan hoy en el valle son jóvenes cachemiríes, armados y formados localmente. Actúan a sabiendas de que desde el momento en que toman un arma de fuego, su esperanza de vida se reduce a menos de seis meses. Cada vez que muere un terrorista, los cachemiríes se presentan por decenas de millares para enterrar a un joven, al que veneran como un shaheed, un mártir.
Durante el primer mandato de Narendra Modi como primer ministro de India, esta violencia se exacerbó. En febrero, después de que un kamikaze cachemirí matara a 40 miembros de las fuerzas de seguridad indias, el Gobierno indio lanzó una incursión aérea contra Pakistán, que respondió. Estos dos países son las primeras potencias nucleares del mundo que se han atacado mutuamente con aviones de guerra. Ahora, dos meses después de su reelección, Narendra Modi ha echado una cerilla encendida en un barril de pólvora.
El 15 de agosto, en su discurso del Día de la Independencia, Narendra Modi alardeó desde las murallas del Fuerte Rojo de Delhi de que su Gobierno había hecho realidad finalmente el sueño de hacer de India “una nación, una Constitución”. Pero la misma víspera, grupos rebeldes que operan en varios Estados que se hallan en condiciones precarias en el noreste de India, entre ellos algunos que gozan de un estatuto especial como el antiguo Estado de Jammu y Cachemira, anunciaron un boicot a la fiesta de la Independencia.
Es muy probable que la violencia en Cachemira se extienda a otras partes de India. La utilizarán para inflamar la hostilidad hacia los musulmanes indios, que ya están siendo demonizados, guetizados , empujados hacia lo más bajo de la escala económica y, cada vez más, simplemente linchados. El Estado también aprovechará para atacar a otras personas –militantes, abogados, artistas, estudiantes, intelectuales, periodistas– que han protestado abierta y valerosamente.
La poderosa organización de extrema derecha Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) cuenta con más de 600.000 miembros, entre ellos Narendra Modi y varios de sus ministros. Dispone de una milicia voluntaria, inspirada en la Camisas Negras. Todos los días, la RSS refuerza su control de las instituciones del Estado indio. Se dedica a atacar a intelectuales y universitarios que, según Ram Madhav, secretario general de RSS, deben ser apartados del paisaje académico, cultural e intelectual del país. Con este propósito se ha modificado la Ley de prevención de actividades ilegales, que de por sí ya era draconiana, para incluir en la definición de terrorista a los individuos, y no únicamente a organizaciones. La modificación permite al Gobierno calificar a una persona de terrorista sin seguir el procedimiento regular y sin juicio.
Cuando el mundo observa pasivamente, la arquitectura del fascismo indio se instala a marchas forzadas.
15 de octubre de 2019
MIRADA ANTROPOLÓGICA | La defensa de las tierras.
Por: Rodrigo Llanes Salazar / Diario de Yucatán.
Junto al despojo de tierras ejidales de los pueblos Yucatán ha surgido también un proceso de defensa de las tierras, el territorio y los recursos naturales de la región.
El pasado sábado 12 de octubre se celebró en la comunidad de Ixil el “Foro por la defensa, recuperación y conservación del territorio maya”. En el documento de invitación al evento se plantea que “las comunidades de la Península de Yucatán estamos siendo arrasadas por megaproyectos inmobiliarios, fotovoltaicos, eólicos, turísticos, de granjas porcícolas y de soya transgénica”.
Asimismo, en la invitación se relata que el ejido de Ixil “estuvo a punto de desaparecer como consecuencia de actos fraudulentos llevados al cabo por especuladores de tierras coludidos con funcionarios públicos, que estuvieron a punto de transformar nuestras tierras ejidales en propiedad privada para entregarlas a los megaproyectos”, particularmente para la construcción de dos parques eólicos.
Gracias al acompañamiento de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Yansa y la Articulación Yucatán, el ejido de Ixil logró recuperar sus tierras. Sin embargo, como reconocen ejidatarios y pobladores de Ixil, el territorio de su pueblo sigue sufriendo amenazas de despojo, particularmente el sitio conocido como “Las Trincheras”, que se ubica al norte del ejido. Legalmente reconocidas como tierras nacionales, Las Trincheras están siendo invadidas por personas externas a la comunidad.
Por estas razones, el ejido de Ixil y las organizaciones que lo acompañan han comenzado a discutir la posibilidad de cambiar su régimen legal de ejido a bienes comunales o comunidad agraria.
Como se explica en el folleto “El régimen de Bienes comunales: una herramienta para la recuperación, defensa y conservación del territorio ancestral de Ixil y otras comunidades mayas”, distribuido en el foro, los Bienes comunales “son los núcleos agrarios que conservaron sus tierras desde épocas coloniales cuyas tierras fueron restituidas, reconocidas o confirmadas por la legislación agraria”.
En teoría, los ejidos fueron creados por medio de la dotación de tierras a un grupo de campesinos por el Estado, mientras que los bienes comunales o comunidades agrarias son aquellas comunidades que lograron demostrar por medio de algún título de propiedad —como los títulos virreinales— que han poseído las tierras desde tiempo atrás, o bien, que fueron desposeídas de sus tierras y que, por tanto, éstas deben ser restituidas.
El folleto antes citado, elaborado por Sergio Oceransky, de Yansa, con aportes de la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera y la abogada Claudia Gómez, explica que en el caso de Yucatán, las comunidades mayas no recibieron títulos colectivos de propiedad en la época de la Corona Española, por lo que, después de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución 1917, las comunidades mayas no pudieron demostrar que habían sido despojadas de sus tierras. Entonces, fueron reconocidas legalmente como ejidos (con dos excepciones, en Progreso y Ticul).
Sin embargo, como han documentado varios estudios, actualmente la figura legal del ejido es insuficiente para proteger las tierras de las comunidades indígenas. Gracias a los cambios a la Ley Agraria, muchas personas externas a los ejidos pueden ser reconocidas como ejidatarios y comprar legal o ilegalmente tierras ejidales que han sido parceladas. A diferencia de las tierras ejidales, las tierras de las comunidades agrarias no pueden ser vendidas.
La Ley Agraria dispone en su Artículo 103 que los ejidos pueden decidir adoptar el régimen de comunidad agraria.
De acuerdo con ejidatarios de Ixil y las organizaciones que los acompañan, el reconocimiento de Ixil como bienes comunales o comunidad agraria permitiría detener el despojo de sus tierras y protegerlas para las generaciones futuras, pero también demandar al gobierno la restitución del territorio donde están Las Trincheras y dar, ahora sí, certidumbre jurídica a los campesinos.
El reconocimiento como comunidad agraria “les blindaría mucho más de posibles despojos futuros”, me comenta Oceransky. Los ejidatarios de Ixil tienen “una base legal sólida para solicitar la restitución de sus tierras. La comunidad lleva años cuidando las tierras, hacen un uso de baja intensidad, sustentable, y hay una identificación con Las Trincheras”, señala.
Cuando ejidatarios de Ixil y las organizaciones comenzaron a discutir la posibilidad del cambio al régimen de bienes comunales, decidieron organizar el foro del 12 de octubre, al que invitaron a varias autoridades federales y estatales, entre ellas al titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, Román Meyer.
Es importante destacar que algunos medios de comunicación han informado de manera errónea que el foro fue organizado por el gobierno, cuando en realidad fue convocado y organizado por el comisariado ejidal de Ixil, como consta en las cartas de invitación que el comisariado ejidal envió a las distintas autoridades federales.
De acuerdo con Oceransky, cuando los empresarios interesados en las tierras de Ixil se enteraron del foro, comenzaron a ejercer más presión sobre los ejidatarios de Ixil.
De acuerdo con dos panelistas que participaron en el foro, al evento asistieron varios ejidatarios de Chocholá, Chablekal, Tecoh, Seyé, entre otros, que recibieron 200 pesos de empresarios para que fueran a denunciar de corrupción al Procurador Agrario.
Fue un intento de boicot, me comenta Oceransky, en el que los empresarios emplearon las tácticas de manipulación de siempre, tratando a los ejidatarios como ganado. Sin embargo, me comenta, cuando los ejidatarios que recibieron pagos para reventar el evento escucharon los mensajes del foro, los recibieron con aplausos.
Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación que cubrieron el evento solo informaron —con errores— sobre esta parte del evento. En la segunda parte del foro se realizaron mesas de trabajo con las autoridades federales, en las que ejidatarios pudieron exponer los problemas de despojo que han sufrido de empresarios y visitadores agrarios. De acuerdo con participantes del Foro, el evento tuvo dos logros importantes.
El primero es que en el Foro participaron representantes de más de 50 ejidos y de tres frentes organizativos en defensa de las tierras de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El segundo es que Luis Hernández, el Procurador Agrario, hizo tres compromisos importantes: 1) que todas las asambleas ejidales en las que se realicen cambios en el destino de tierras requerirán su visto bueno (de modo que se vigilaría que no se lleven al cabo compra-ventas ilegales de tierras); 2) que en 15 días enviaría un equipo jurídico para dar seguimiento a los conflictos por tierras ejidales en Yucatán, y 3) que las denuncias en concreto contra funcionarios de la Procuraduría Agraria se integrarán en expedientes frente al órgano interno de control.
México es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Las disposiciones de esta Convención son obligatorias para el Estado Mexicano.
Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el órgano que se encarga de monitorear el cumplimiento de la Convención, dio a conocer sus observaciones finales sobre los informes que presentó México sobre el cumplimiento de la Convención. Entre estas observaciones se señala que “el Estado no cuenta con mecanismos adecuados para la protección, preservación, reclamación y restitución de las tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas”. Por tanto, el Comité recomienda al Estado mexicano “establecer un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, agrarias y otras instituciones relevantes, que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados”.
El Estado mexicano tiene que cumplir con la recomendación internacional anterior. Pero la historia nos enseña que las presiones desde afuera no son suficientes si no hay presión al interior de los Estados.
Y, por lo menos en Yucatán, las comunidades y ejidos ya se están organizando para hacer efectiva la protección de sus tierras, territorios y recursos.
(Agradezco a Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez, Ivet Reyes y Sergio Oceransky sus aportaciones para este artículo).
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| Foto: Rodrigo Díaz Guzmán / La Jornada Maya. |
Junto al despojo de tierras ejidales de los pueblos Yucatán ha surgido también un proceso de defensa de las tierras, el territorio y los recursos naturales de la región.
El pasado sábado 12 de octubre se celebró en la comunidad de Ixil el “Foro por la defensa, recuperación y conservación del territorio maya”. En el documento de invitación al evento se plantea que “las comunidades de la Península de Yucatán estamos siendo arrasadas por megaproyectos inmobiliarios, fotovoltaicos, eólicos, turísticos, de granjas porcícolas y de soya transgénica”.
Asimismo, en la invitación se relata que el ejido de Ixil “estuvo a punto de desaparecer como consecuencia de actos fraudulentos llevados al cabo por especuladores de tierras coludidos con funcionarios públicos, que estuvieron a punto de transformar nuestras tierras ejidales en propiedad privada para entregarlas a los megaproyectos”, particularmente para la construcción de dos parques eólicos.
Gracias al acompañamiento de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Yansa y la Articulación Yucatán, el ejido de Ixil logró recuperar sus tierras. Sin embargo, como reconocen ejidatarios y pobladores de Ixil, el territorio de su pueblo sigue sufriendo amenazas de despojo, particularmente el sitio conocido como “Las Trincheras”, que se ubica al norte del ejido. Legalmente reconocidas como tierras nacionales, Las Trincheras están siendo invadidas por personas externas a la comunidad.
Por estas razones, el ejido de Ixil y las organizaciones que lo acompañan han comenzado a discutir la posibilidad de cambiar su régimen legal de ejido a bienes comunales o comunidad agraria.
Como se explica en el folleto “El régimen de Bienes comunales: una herramienta para la recuperación, defensa y conservación del territorio ancestral de Ixil y otras comunidades mayas”, distribuido en el foro, los Bienes comunales “son los núcleos agrarios que conservaron sus tierras desde épocas coloniales cuyas tierras fueron restituidas, reconocidas o confirmadas por la legislación agraria”.
En teoría, los ejidos fueron creados por medio de la dotación de tierras a un grupo de campesinos por el Estado, mientras que los bienes comunales o comunidades agrarias son aquellas comunidades que lograron demostrar por medio de algún título de propiedad —como los títulos virreinales— que han poseído las tierras desde tiempo atrás, o bien, que fueron desposeídas de sus tierras y que, por tanto, éstas deben ser restituidas.
El folleto antes citado, elaborado por Sergio Oceransky, de Yansa, con aportes de la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera y la abogada Claudia Gómez, explica que en el caso de Yucatán, las comunidades mayas no recibieron títulos colectivos de propiedad en la época de la Corona Española, por lo que, después de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución 1917, las comunidades mayas no pudieron demostrar que habían sido despojadas de sus tierras. Entonces, fueron reconocidas legalmente como ejidos (con dos excepciones, en Progreso y Ticul).
Sin embargo, como han documentado varios estudios, actualmente la figura legal del ejido es insuficiente para proteger las tierras de las comunidades indígenas. Gracias a los cambios a la Ley Agraria, muchas personas externas a los ejidos pueden ser reconocidas como ejidatarios y comprar legal o ilegalmente tierras ejidales que han sido parceladas. A diferencia de las tierras ejidales, las tierras de las comunidades agrarias no pueden ser vendidas.
La Ley Agraria dispone en su Artículo 103 que los ejidos pueden decidir adoptar el régimen de comunidad agraria.
De acuerdo con ejidatarios de Ixil y las organizaciones que los acompañan, el reconocimiento de Ixil como bienes comunales o comunidad agraria permitiría detener el despojo de sus tierras y protegerlas para las generaciones futuras, pero también demandar al gobierno la restitución del territorio donde están Las Trincheras y dar, ahora sí, certidumbre jurídica a los campesinos.
El reconocimiento como comunidad agraria “les blindaría mucho más de posibles despojos futuros”, me comenta Oceransky. Los ejidatarios de Ixil tienen “una base legal sólida para solicitar la restitución de sus tierras. La comunidad lleva años cuidando las tierras, hacen un uso de baja intensidad, sustentable, y hay una identificación con Las Trincheras”, señala.
Cuando ejidatarios de Ixil y las organizaciones comenzaron a discutir la posibilidad del cambio al régimen de bienes comunales, decidieron organizar el foro del 12 de octubre, al que invitaron a varias autoridades federales y estatales, entre ellas al titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, Román Meyer.
Es importante destacar que algunos medios de comunicación han informado de manera errónea que el foro fue organizado por el gobierno, cuando en realidad fue convocado y organizado por el comisariado ejidal de Ixil, como consta en las cartas de invitación que el comisariado ejidal envió a las distintas autoridades federales.
De acuerdo con Oceransky, cuando los empresarios interesados en las tierras de Ixil se enteraron del foro, comenzaron a ejercer más presión sobre los ejidatarios de Ixil.
De acuerdo con dos panelistas que participaron en el foro, al evento asistieron varios ejidatarios de Chocholá, Chablekal, Tecoh, Seyé, entre otros, que recibieron 200 pesos de empresarios para que fueran a denunciar de corrupción al Procurador Agrario.
Fue un intento de boicot, me comenta Oceransky, en el que los empresarios emplearon las tácticas de manipulación de siempre, tratando a los ejidatarios como ganado. Sin embargo, me comenta, cuando los ejidatarios que recibieron pagos para reventar el evento escucharon los mensajes del foro, los recibieron con aplausos.
Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación que cubrieron el evento solo informaron —con errores— sobre esta parte del evento. En la segunda parte del foro se realizaron mesas de trabajo con las autoridades federales, en las que ejidatarios pudieron exponer los problemas de despojo que han sufrido de empresarios y visitadores agrarios. De acuerdo con participantes del Foro, el evento tuvo dos logros importantes.
El primero es que en el Foro participaron representantes de más de 50 ejidos y de tres frentes organizativos en defensa de las tierras de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El segundo es que Luis Hernández, el Procurador Agrario, hizo tres compromisos importantes: 1) que todas las asambleas ejidales en las que se realicen cambios en el destino de tierras requerirán su visto bueno (de modo que se vigilaría que no se lleven al cabo compra-ventas ilegales de tierras); 2) que en 15 días enviaría un equipo jurídico para dar seguimiento a los conflictos por tierras ejidales en Yucatán, y 3) que las denuncias en concreto contra funcionarios de la Procuraduría Agraria se integrarán en expedientes frente al órgano interno de control.
México es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Las disposiciones de esta Convención son obligatorias para el Estado Mexicano.
Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el órgano que se encarga de monitorear el cumplimiento de la Convención, dio a conocer sus observaciones finales sobre los informes que presentó México sobre el cumplimiento de la Convención. Entre estas observaciones se señala que “el Estado no cuenta con mecanismos adecuados para la protección, preservación, reclamación y restitución de las tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas”. Por tanto, el Comité recomienda al Estado mexicano “establecer un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, agrarias y otras instituciones relevantes, que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados”.
El Estado mexicano tiene que cumplir con la recomendación internacional anterior. Pero la historia nos enseña que las presiones desde afuera no son suficientes si no hay presión al interior de los Estados.
Y, por lo menos en Yucatán, las comunidades y ejidos ya se están organizando para hacer efectiva la protección de sus tierras, territorios y recursos.
(Agradezco a Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez, Ivet Reyes y Sergio Oceransky sus aportaciones para este artículo).
Nada que celebrar, mucho para reflexionar.
Por: María Teresa Jardí / Por Esto!
Como alerta Raúl Zibechi: “…No es posible seguir mejorando la situación
de los sectores populares sin tocar la riqueza y los gobiernos que se
reclamen progresistas no harán otra cosa que profundizar el
extractivismo y el despojo de los pueblos: Andrés Manuel López Obrador y
el posible gobierno de Alberto Fernández, son parte de esta realidad.
El panorama de los próximos años será una sucesión de gobiernos
progresistas y conservadores, con un telón de fondo de vastas
movilizaciones populares. Se trata del fin de la estabilidad, de
cualquier color…”.
Nada que celebrar. Mucho que reflexionar. Todo por escribirse de nuevo.
Que la Tierra se está convirtiendo en páramo se ve incluso desde otros planetas en los que si hubiera vida, lejos de querer colonizarnos, las criaturas que también existieran huirían de los humanos como de la peste.
Nada que celebrar el 12 de octubre. Un día de luto para los pueblos originarios. Nada que celebrar desde el día del mal llamado descubrimiento de un continente que ya existía, poblado por habitantes con avances culturales muy por encima de los que evidenciaron tener los enviados a someter “evangelizando”, mientras otorgaban el permiso para que otros se alzaran como los conquistadores, que nunca se fueron del todo porque el mestizaje en México no se convirtió en orgullo y a la traición se la consideró virtud por los que ni siquiera pueden asumirse del todo criollos ni menos aún españoles o gringos, al costo de haber renunciado a sentir el orgullo de ser que no han perdido los mayas ni los otros pueblos originarios, a pesar de las adversas condiciones de vida prolongadas desde hace ya tantos siglos.
Obligada Jornada Global por la vida y los territorios de los pueblos originarios la convocada por el CNI este 12 de octubre. Jornada de denuncia de la detención ilegal de compañeros ambientalistas. De denuncia de crímenes cometidos en contra de quienes se oponen al despojo.
En recuerdo de lucha de Samir Flores, ejecutado impunemente en tiempos de la 4T, por oponerse a la Temoeléctrica que se quiere seguir construyendo en Morelos, a pesar de haberse ofrecido, para llegar, por parte de AMLO, lo contrario.
Jornada Global por el encarcelamiento impune del compañero mazahua Miguel Peralta, a quien el caciquismo que en MORENA prevalece lo mantiene, presionando al juez, en la cárcel. Compañero en huelga de hambre que puede costarle la vida.
Jornada Global por el envenenamiento de los cenotes que llegan al mar con la siembra permitida de granjas de cerdos maltratados, pero muy bien exportados por sus dueños, invasores del territorio.
El capitalismo lo quiere todo en manos de unos cuantos depredadores que son los dueños de los grandes capitales que hoy, en la Península de Yucatán, lo mismo siembran granjas productoras de cerdos que fotovoltaicas y eólicas, devastando la selva y amenazando a la naturaleza con la construcción del Tren Maya y su siembra de cemento alrededor del mismo, que dará empleo de servidumbre a los que ya solamente les restan pequeños territorios de los muchos que les pertenecían como pueblos originarios, y a los que desechados por similares razones de sus lugares de origen vayan llegando a este campo de concentración para inmigrantes, que como filtro de los yanquis se va convirtiendo a México.
Nada que celebrar. Todo por escribirse de nuevo. Y no sólo aquí. En Ecuador los pueblos originarios que están diciendo no a las condiciones impuestas y aceptadas por otro esbirro del FMI, Lenin Moreno, enfrentan una brutal represión y lo mismo puede decirse del pueblo kurdo destinado a ser desaparecido porque la rebeldía y el no sometimiento se llama hoy “terrorismo”, como antes se llamaba “comunismo” y antes “herejía”.
El terrorismo de Estado en manos de los terroristas encabezados por Trump al servicio de los grandes capitales globales que acaban con el planeta. El enemigo a combatir es el capitalismo. Nada que celebrar. Mucho que reflexionar. Todo por escribirse de nuevo.
Nada que celebrar. Mucho que reflexionar. Todo por escribirse de nuevo.
Que la Tierra se está convirtiendo en páramo se ve incluso desde otros planetas en los que si hubiera vida, lejos de querer colonizarnos, las criaturas que también existieran huirían de los humanos como de la peste.
Nada que celebrar el 12 de octubre. Un día de luto para los pueblos originarios. Nada que celebrar desde el día del mal llamado descubrimiento de un continente que ya existía, poblado por habitantes con avances culturales muy por encima de los que evidenciaron tener los enviados a someter “evangelizando”, mientras otorgaban el permiso para que otros se alzaran como los conquistadores, que nunca se fueron del todo porque el mestizaje en México no se convirtió en orgullo y a la traición se la consideró virtud por los que ni siquiera pueden asumirse del todo criollos ni menos aún españoles o gringos, al costo de haber renunciado a sentir el orgullo de ser que no han perdido los mayas ni los otros pueblos originarios, a pesar de las adversas condiciones de vida prolongadas desde hace ya tantos siglos.
Obligada Jornada Global por la vida y los territorios de los pueblos originarios la convocada por el CNI este 12 de octubre. Jornada de denuncia de la detención ilegal de compañeros ambientalistas. De denuncia de crímenes cometidos en contra de quienes se oponen al despojo.
En recuerdo de lucha de Samir Flores, ejecutado impunemente en tiempos de la 4T, por oponerse a la Temoeléctrica que se quiere seguir construyendo en Morelos, a pesar de haberse ofrecido, para llegar, por parte de AMLO, lo contrario.
Jornada Global por el encarcelamiento impune del compañero mazahua Miguel Peralta, a quien el caciquismo que en MORENA prevalece lo mantiene, presionando al juez, en la cárcel. Compañero en huelga de hambre que puede costarle la vida.
Jornada Global por el envenenamiento de los cenotes que llegan al mar con la siembra permitida de granjas de cerdos maltratados, pero muy bien exportados por sus dueños, invasores del territorio.
El capitalismo lo quiere todo en manos de unos cuantos depredadores que son los dueños de los grandes capitales que hoy, en la Península de Yucatán, lo mismo siembran granjas productoras de cerdos que fotovoltaicas y eólicas, devastando la selva y amenazando a la naturaleza con la construcción del Tren Maya y su siembra de cemento alrededor del mismo, que dará empleo de servidumbre a los que ya solamente les restan pequeños territorios de los muchos que les pertenecían como pueblos originarios, y a los que desechados por similares razones de sus lugares de origen vayan llegando a este campo de concentración para inmigrantes, que como filtro de los yanquis se va convirtiendo a México.
Nada que celebrar. Todo por escribirse de nuevo. Y no sólo aquí. En Ecuador los pueblos originarios que están diciendo no a las condiciones impuestas y aceptadas por otro esbirro del FMI, Lenin Moreno, enfrentan una brutal represión y lo mismo puede decirse del pueblo kurdo destinado a ser desaparecido porque la rebeldía y el no sometimiento se llama hoy “terrorismo”, como antes se llamaba “comunismo” y antes “herejía”.
El terrorismo de Estado en manos de los terroristas encabezados por Trump al servicio de los grandes capitales globales que acaban con el planeta. El enemigo a combatir es el capitalismo. Nada que celebrar. Mucho que reflexionar. Todo por escribirse de nuevo.
6 de octubre de 2019
Ejidatarios de Yaxkukul exigen renovación del Comisariado Ejidal.
Por: Victor Lara Martínez / Por Esto!
Después de manifestarse por espacio de dos horas, ejidatarios de
Yaxkukul firmaron ayer un acuerdo con funcionarios de la Procuraduría
Agraria, instancia a la que acudieron para pedir el cambio de Juan
Bautista Aké al frente del Comisario Ejidal, alegando que éste se niega a
emitir la convocatoria correspondiente pese a que su gestión está por
concluir.
Los ejidatarios señalaron que el comisario ejidal se niega a separarse del cargo, porque no quiere perder la “gallina de los huevos de oro”, en este caso su relación con el ejidatario Rafael Acosta Solís, que forma parte de los 335 que pertenecen a esa comunidad, según una copia de la lista en poder del Registro Agrario Nacional (RAN).
Protesta
Los campesinos del ejido de Yaxkukul llegaron poco después de las 9 de la mañana y se plantaron frente a las oficinas de la Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán para solicitar que las autoridades presionen al Comisariado Ejidal para que emita la convocatoria de la renovación de ese órgano de gobierno.
Tras ser atendido por el encargado de la PA, Felipe de la Cruz Díaz García, acordaron realizar una junta conciliatoria al que serán citados el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, todo ello con la finalidad de acordar los términos de la convocatoria, para el lunes 7 de octubre a las 12 horas.
Por tal motivo, hoy acudirán dos visitadores agrarios a presentar la cita a los representantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, además de que verificarán si existe o no la convocatoria fijada en los estrados correspondientes.
Los campesinos fueron asesorados por el abogado Cuitláhuac Hernández, quien pidió a la autoridad que sean intermediarios entre el comisaría ejidal y consejo de vigilancia, con los campesinos inconformes.
De acuerdo a lo que dijeron, el período de esas autoridades ejidales concluye en este mes de octubre y no han emitido la convocatoria.
Se les informó que la Ley Agraria prevé que, en caso de emitirse la convocatoria y vencerse el período del comisariado, el Consejo de Vigilancia toma el control y tiene 60 días para emitir la convocatoria, que tiene que ser fijada en la casa ejidal y los estrados más importantes del ejido, en caso contrario, bastará que unos 20 ejidatarios regresen y soliciten ante la PA para que esa instancia proceda a emitir la convocatoria correspondiente.
Desfalco
Por otra parte, varios ejidatarios, denunciaron que el Lic. Rafael Acosta Solís es dueño de poco más de 250 hectáreas y ahora quiere apropiarse las otras 250 que todavía posee el ejido de Yaxkukul, lo cual no están dispuestos a permitir.
Los ejidatarios señalaron que el comisario ejidal se niega a separarse del cargo, porque no quiere perder la “gallina de los huevos de oro”, en este caso su relación con el ejidatario Rafael Acosta Solís, que forma parte de los 335 que pertenecen a esa comunidad, según una copia de la lista en poder del Registro Agrario Nacional (RAN).
Protesta
Los campesinos del ejido de Yaxkukul llegaron poco después de las 9 de la mañana y se plantaron frente a las oficinas de la Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán para solicitar que las autoridades presionen al Comisariado Ejidal para que emita la convocatoria de la renovación de ese órgano de gobierno.
Tras ser atendido por el encargado de la PA, Felipe de la Cruz Díaz García, acordaron realizar una junta conciliatoria al que serán citados el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, todo ello con la finalidad de acordar los términos de la convocatoria, para el lunes 7 de octubre a las 12 horas.
Por tal motivo, hoy acudirán dos visitadores agrarios a presentar la cita a los representantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, además de que verificarán si existe o no la convocatoria fijada en los estrados correspondientes.
Los campesinos fueron asesorados por el abogado Cuitláhuac Hernández, quien pidió a la autoridad que sean intermediarios entre el comisaría ejidal y consejo de vigilancia, con los campesinos inconformes.
De acuerdo a lo que dijeron, el período de esas autoridades ejidales concluye en este mes de octubre y no han emitido la convocatoria.
Se les informó que la Ley Agraria prevé que, en caso de emitirse la convocatoria y vencerse el período del comisariado, el Consejo de Vigilancia toma el control y tiene 60 días para emitir la convocatoria, que tiene que ser fijada en la casa ejidal y los estrados más importantes del ejido, en caso contrario, bastará que unos 20 ejidatarios regresen y soliciten ante la PA para que esa instancia proceda a emitir la convocatoria correspondiente.
Desfalco
Por otra parte, varios ejidatarios, denunciaron que el Lic. Rafael Acosta Solís es dueño de poco más de 250 hectáreas y ahora quiere apropiarse las otras 250 que todavía posee el ejido de Yaxkukul, lo cual no están dispuestos a permitir.
4 de octubre de 2019
¿Qué hay realmente detrás de la crisis en Haití?
Por: Keston K Perry / Al-Jazeera.
Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Décadas de neoliberalismo, neocolonialismo y ahora la injusticia climática han llevado a Haití al límite
Desde hace meses Haití se ha visto sacudido por la intensificación de las protestas. Una crisis económica cada vez más profunda y la creciente escasez de combustible y alimentos han enviado a las personas a las calles, exigiendo la renuncia del presidente respaldado por Estados Unidos, Jovenel Moise, quien hasta ahora se ha resistido a renunciar.
La crisis comenzó el año pasado y se vio agravada por los desastres naturales que devastaron repetidamente la nación isleña: los huracanes destruyeron viviendas, la producción de alimentos, medios de subsistencia e infraestructura y una sequía severa agotó los recursos hídricos de la isla.
Si bien los medios internacionales se han centrado en una historia familiar de corrupción y mala gestión, lo que subyace a esta crisis debilitante es mucho más grave: una combinación mortal de neocolonialismo, neoliberalismo e injusticia climática. De hecho, lo que está sucediendo ahora en Haití es extremo y debería asustarnos a todos, ya que presagia lo que podría pasarle al resto del planeta si no tomamos medidas inmediatas.
Petrocaribe y la crisis del combustible
En enero de 2006, Haití se unió al programa de solidaridad venezolano Petrocaribe, que le suministró petróleo en condiciones favorables. El país pudo comprar 60.000 barriles por día a un precio con descuento, con la mitad de los costos reembolsables durante 25 años a una tasa de interés del uno por ciento en efectivo, o a cambio de bienes que Haití exportó.
Se suponía que esto liberaría recursos para iniciativas de desarrollo económico en infraestructura e impulsaría la producción agrícola. Sin embargo, la corrupción a gran escala se tragó miles de millones de dólares de ganancias que el programa reportó al Gbierno, al tiempo que acumuló una deuda creciente con Venezuela.
Con la economía venezolana en ruinas, Caracas tuvo que detener los envíos de petróleo en marzo de 2018, lo que provocó la escasez de combustible en Haití. La crisis se vio agravada por la medida del Gobierno en julio de ese año para eliminar los subsidios a la energía, que aumentó los precios del combustible en más del 50 por ciento.
La decisión fue tomada bajo presión del Fondo Monetario Internacional, que prometió un paquete de préstamos financieros de 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda, y el G20 y las agencias internacionales, que han estado pidiendo el fin de los subsidios de combustible. La medida también reflejó los compromisos de política de Haití en virtud del Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 31 por ciento para 2030.
El corte del suministro de petróleo del programa Petrocaribe también obligó al Gobierno haitiano a recurrir al mercado global, en particular al proveedor de energía con sede en Estados Unidos Novum Energy Corp, para suministrar combustible. A medida que el Gobierno ha caído más en deuda, ahora debiendo unos 130 millones de dólares a los proveedores de combustible, la escasez empeoró.
Subsidios de combustible muy necesarios
Al sucumbir a la presión internacional para recortar los subsidios, el Gobierno haitiano acomodó las agendas extranjeras pero puso en peligro la supervivencia de su propia población. El país produce solo el 0,02 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y, sin embargo, su gente está pagando un precio desproporcionado por cumplir con las normas financieras internacionales y los controles de emisiones.
Los subsidios a los combustibles se incrementaron en solo el 2,2 por ciento del PIB de Haití y fueron una de las formas en que el Gobierno pudo apoyar a los ciudadanos empobrecidos, aun luchando después del terremoto masivo de 2010 y las consecuencias de los desastres naturales anuales.
Después de los recientes huracanes, muchas comunidades quedaron fuera de la red y se ha necesitado mucho combustible para hacer funcionar los generadores de electricidad. La economía del país también ha sido devastada, con la mayoría de las personas empleadas en el sector informal y altamente dependientes de tener acceso a combustible más barato.
De hecho, estos subsidios energéticos estaban brindando el apoyo muy necesario a más de 6 millones de haitianos empobrecidos que viven con 2,41 dólares al día.
Desde mediados de 2018, la crisis ha empeorado progresivamente y, recientemente, las protestas contra el Gobierno se han intensificado.
Para cualquiera que visite Haití hoy está claro que las medidas de austeridad y las fuerzas de "libre mercado" no pueden resolver los problemas de un país que enfrenta los peores efectos del cambio climático, la disfunción del Gobierno, la corrupción de los donantes y una crisis de deuda interminable.
Al mismo tiempo, a pesar de los esfuerzos realizados para desprenderse de los combustibles fósiles y a pesar de estar clasificado entre los tres primeros países más vulnerables al cambio climático, Haití ha tenido problemas con la acción climática. Sus esfuerzos carecen de enfoque y son impulsados principalmente por donantes internacionales.
Por ejemplo, según una investigación que hice el año pasado, el país está luchando para acceder a financiamiento asignado a través de iniciativas globales como el Fondo Verde para el Clima (GCF). Las barreras burocráticas y los criterios onerosos hacen que sea casi imposible para el Gobierno aprovechar estos recursos.
Esto ha impedido que el país construya su resiliencia climática y, ahora, con cada desastre natural que le golpea, tiene que depender de las donaciones a corto plazo de las agencias de ayuda internacional para manejar sus consecuencias.
Neocolonialismo en tiempos de cambio climático .
La crisis haitiana es producto de la combinación tóxica de colonialismo, neoliberalismo y un enfoque injusto para enfrentar el cambio climático.
La degradación ambiental, que se exacerba con cada temporada de sequía y huracán, se remonta al dominio colonial francés sobre Haití cuando se abusó de la tierra y los bosques, lo que hace que grandes extensiones del país sean estériles e infértiles.
Después de que Haití lograse liberarse del dominio colonial francés a principios del siglo XIX, cayó dentro de la creciente esfera de influencia de EE.UU. y no ha podido liberarse desde entonces. Estados Unidos no solo ocupó el país durante casi dos décadas e interfirió reiteradamente en sus asuntos, sino que hoy también está apoyando a un presidente muy impopular cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas.
Al tiempo que evita que el pueblo haitiano responsabilice a sus políticos y combata la corrupción, Washington también ha estado imponiendo políticas neoliberales en el país, lo que ha contribuido a su crisis económica.
El enfoque estadounidense de la economía haitiana ha sido predominantemente extractivo. El país tiene aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses.
Es hora de la justicia climática
Es hora de que el mundo comience a prestar atención a lo que está sucediendo en Haití, porque su crisis ilustra lo que sucederá al resto del mundo si las políticas neoliberales y neocoloniales continúan dominando la economía global.
Los haitianos ahora han despertado con la idea de que la economía de libre mercado al estilo estadounidense solo empeorará su creciente crisis frente al cambio climático y el subdesarrollo. Han estado luchando por su cuenta, totalmente conscientes de que sus élites nacionales no abordarán sus preocupaciones y solo podrán permanecer en el poder debido a la intervención de Estados Unidos.
Hasta este momento, el movimiento internacional de acción climática ha ignorado por completo lo que ha estado sucediendo en Haití. Si bien los llamamientos para un nuevo acuerdo verde global son encomiables, no pueden ignorar la continua injusticia climática que está ocurriendo en lugares como Haití.
Si realmente va a haber un "nuevo" acuerdo, entonces no puede seguir el enfoque paternalista de "sabemos lo que es mejor para usted". Necesita dar cuenta de las realidades en el terreno en el Sur global, de manera que no cause más daño que beneficio.
La transición a un nuevo sistema energético solo puede tener éxito si se reconoce el poder que el Norte global aún tiene sobre el Sur y la necesidad de justicia climática.
La acción climática solo puede generar un statu quo nuevo y sostenible si reconoce la acción y la experiencia de los países en desarrollo y los movimientos indígenas, de la clase trabajadora y campesina, y se basa en este conocimiento.
En Haití, el apoyo debe extenderse a los haitianos negros de la clase trabajadora, que constituyen la mayoría de la población, y satisfacer sus necesidades básicas. Las protestas populares y sus demandas deben ser respaldadas y se debe facilitar un proceso de asunción de responsabilidades.
El país también necesita una importante inversión sin compromisos realizada bajo un escrutinio anticorrupción para ayudar a alejar su economía del extractivismo y la dependencia de la exportación de recursos y ponerla en un camino hacia el desarrollo verde. Solo entonces puede comenzar el proceso de construcción de resiliencia climática bajo el liderazgo de los propios haitianos. De hecho, Haití será la primera gran prueba para el movimiento transnacional de justicia climática. Si no se hace justicia climática con los haitianos, entonces el nuevo acuerdo verde global está condenado al fracaso.
Fuente: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/crisis-haiti-190927092336787.html
Traducido del inglés para Rebelión por J. M.
Décadas de neoliberalismo, neocolonialismo y ahora la injusticia climática han llevado a Haití al límite
Marcha
de haitianos en el área de Cite Soleil de Puerto Príncipe, Haití,
durante una protesta para exigir la renuncia del presidente Jovenel
Moise [ChandanKhanna / AFP]
Desde hace meses Haití se ha visto sacudido por la intensificación de las protestas. Una crisis económica cada vez más profunda y la creciente escasez de combustible y alimentos han enviado a las personas a las calles, exigiendo la renuncia del presidente respaldado por Estados Unidos, Jovenel Moise, quien hasta ahora se ha resistido a renunciar.
La crisis comenzó el año pasado y se vio agravada por los desastres naturales que devastaron repetidamente la nación isleña: los huracanes destruyeron viviendas, la producción de alimentos, medios de subsistencia e infraestructura y una sequía severa agotó los recursos hídricos de la isla.
Si bien los medios internacionales se han centrado en una historia familiar de corrupción y mala gestión, lo que subyace a esta crisis debilitante es mucho más grave: una combinación mortal de neocolonialismo, neoliberalismo e injusticia climática. De hecho, lo que está sucediendo ahora en Haití es extremo y debería asustarnos a todos, ya que presagia lo que podría pasarle al resto del planeta si no tomamos medidas inmediatas.
Petrocaribe y la crisis del combustible
En enero de 2006, Haití se unió al programa de solidaridad venezolano Petrocaribe, que le suministró petróleo en condiciones favorables. El país pudo comprar 60.000 barriles por día a un precio con descuento, con la mitad de los costos reembolsables durante 25 años a una tasa de interés del uno por ciento en efectivo, o a cambio de bienes que Haití exportó.
Se suponía que esto liberaría recursos para iniciativas de desarrollo económico en infraestructura e impulsaría la producción agrícola. Sin embargo, la corrupción a gran escala se tragó miles de millones de dólares de ganancias que el programa reportó al Gbierno, al tiempo que acumuló una deuda creciente con Venezuela.
Con la economía venezolana en ruinas, Caracas tuvo que detener los envíos de petróleo en marzo de 2018, lo que provocó la escasez de combustible en Haití. La crisis se vio agravada por la medida del Gobierno en julio de ese año para eliminar los subsidios a la energía, que aumentó los precios del combustible en más del 50 por ciento.
La decisión fue tomada bajo presión del Fondo Monetario Internacional, que prometió un paquete de préstamos financieros de 96 millones de dólares para ayudar al país a pagar su deuda, y el G20 y las agencias internacionales, que han estado pidiendo el fin de los subsidios de combustible. La medida también reflejó los compromisos de política de Haití en virtud del Acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 31 por ciento para 2030.
El corte del suministro de petróleo del programa Petrocaribe también obligó al Gobierno haitiano a recurrir al mercado global, en particular al proveedor de energía con sede en Estados Unidos Novum Energy Corp, para suministrar combustible. A medida que el Gobierno ha caído más en deuda, ahora debiendo unos 130 millones de dólares a los proveedores de combustible, la escasez empeoró.
Subsidios de combustible muy necesarios
Al sucumbir a la presión internacional para recortar los subsidios, el Gobierno haitiano acomodó las agendas extranjeras pero puso en peligro la supervivencia de su propia población. El país produce solo el 0,02 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y, sin embargo, su gente está pagando un precio desproporcionado por cumplir con las normas financieras internacionales y los controles de emisiones.
Los subsidios a los combustibles se incrementaron en solo el 2,2 por ciento del PIB de Haití y fueron una de las formas en que el Gobierno pudo apoyar a los ciudadanos empobrecidos, aun luchando después del terremoto masivo de 2010 y las consecuencias de los desastres naturales anuales.
Después de los recientes huracanes, muchas comunidades quedaron fuera de la red y se ha necesitado mucho combustible para hacer funcionar los generadores de electricidad. La economía del país también ha sido devastada, con la mayoría de las personas empleadas en el sector informal y altamente dependientes de tener acceso a combustible más barato.
De hecho, estos subsidios energéticos estaban brindando el apoyo muy necesario a más de 6 millones de haitianos empobrecidos que viven con 2,41 dólares al día.
Desde mediados de 2018, la crisis ha empeorado progresivamente y, recientemente, las protestas contra el Gobierno se han intensificado.
Para cualquiera que visite Haití hoy está claro que las medidas de austeridad y las fuerzas de "libre mercado" no pueden resolver los problemas de un país que enfrenta los peores efectos del cambio climático, la disfunción del Gobierno, la corrupción de los donantes y una crisis de deuda interminable.
Al mismo tiempo, a pesar de los esfuerzos realizados para desprenderse de los combustibles fósiles y a pesar de estar clasificado entre los tres primeros países más vulnerables al cambio climático, Haití ha tenido problemas con la acción climática. Sus esfuerzos carecen de enfoque y son impulsados principalmente por donantes internacionales.
Por ejemplo, según una investigación que hice el año pasado, el país está luchando para acceder a financiamiento asignado a través de iniciativas globales como el Fondo Verde para el Clima (GCF). Las barreras burocráticas y los criterios onerosos hacen que sea casi imposible para el Gobierno aprovechar estos recursos.
Esto ha impedido que el país construya su resiliencia climática y, ahora, con cada desastre natural que le golpea, tiene que depender de las donaciones a corto plazo de las agencias de ayuda internacional para manejar sus consecuencias.
Neocolonialismo en tiempos de cambio climático .
La crisis haitiana es producto de la combinación tóxica de colonialismo, neoliberalismo y un enfoque injusto para enfrentar el cambio climático.
La degradación ambiental, que se exacerba con cada temporada de sequía y huracán, se remonta al dominio colonial francés sobre Haití cuando se abusó de la tierra y los bosques, lo que hace que grandes extensiones del país sean estériles e infértiles.
Después de que Haití lograse liberarse del dominio colonial francés a principios del siglo XIX, cayó dentro de la creciente esfera de influencia de EE.UU. y no ha podido liberarse desde entonces. Estados Unidos no solo ocupó el país durante casi dos décadas e interfirió reiteradamente en sus asuntos, sino que hoy también está apoyando a un presidente muy impopular cuya dimisión sigue exigiendo el pueblo en sus protestas masivas.
Al tiempo que evita que el pueblo haitiano responsabilice a sus políticos y combata la corrupción, Washington también ha estado imponiendo políticas neoliberales en el país, lo que ha contribuido a su crisis económica.
El enfoque estadounidense de la economía haitiana ha sido predominantemente extractivo. El país tiene aproximadamente 2.000 millones en depósitos minerales explotados principalmente por corporaciones estadounidenses y canadienses.
Es hora de la justicia climática
Es hora de que el mundo comience a prestar atención a lo que está sucediendo en Haití, porque su crisis ilustra lo que sucederá al resto del mundo si las políticas neoliberales y neocoloniales continúan dominando la economía global.
Los haitianos ahora han despertado con la idea de que la economía de libre mercado al estilo estadounidense solo empeorará su creciente crisis frente al cambio climático y el subdesarrollo. Han estado luchando por su cuenta, totalmente conscientes de que sus élites nacionales no abordarán sus preocupaciones y solo podrán permanecer en el poder debido a la intervención de Estados Unidos.
Hasta este momento, el movimiento internacional de acción climática ha ignorado por completo lo que ha estado sucediendo en Haití. Si bien los llamamientos para un nuevo acuerdo verde global son encomiables, no pueden ignorar la continua injusticia climática que está ocurriendo en lugares como Haití.
Si realmente va a haber un "nuevo" acuerdo, entonces no puede seguir el enfoque paternalista de "sabemos lo que es mejor para usted". Necesita dar cuenta de las realidades en el terreno en el Sur global, de manera que no cause más daño que beneficio.
La transición a un nuevo sistema energético solo puede tener éxito si se reconoce el poder que el Norte global aún tiene sobre el Sur y la necesidad de justicia climática.
La acción climática solo puede generar un statu quo nuevo y sostenible si reconoce la acción y la experiencia de los países en desarrollo y los movimientos indígenas, de la clase trabajadora y campesina, y se basa en este conocimiento.
En Haití, el apoyo debe extenderse a los haitianos negros de la clase trabajadora, que constituyen la mayoría de la población, y satisfacer sus necesidades básicas. Las protestas populares y sus demandas deben ser respaldadas y se debe facilitar un proceso de asunción de responsabilidades.
El país también necesita una importante inversión sin compromisos realizada bajo un escrutinio anticorrupción para ayudar a alejar su economía del extractivismo y la dependencia de la exportación de recursos y ponerla en un camino hacia el desarrollo verde. Solo entonces puede comenzar el proceso de construcción de resiliencia climática bajo el liderazgo de los propios haitianos. De hecho, Haití será la primera gran prueba para el movimiento transnacional de justicia climática. Si no se hace justicia climática con los haitianos, entonces el nuevo acuerdo verde global está condenado al fracaso.
Fuente: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/crisis-haiti-190927092336787.html
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