“Ánimo y gracias por creer en mi inocencia y luchar por mi libertad”, expresa el preso político Alberto Patishtán, ante la cuenta regresiva para conocer la última decisión del poder judicial sobre su inocencia. Desde la designación del magistrado responsable, el 2 de septiembre, no deben pasar más de diez días para saber si terminará la larga cadena de irregularidades que mantiene en prisión a este defensor de los derechos humanos.
El pasado 2 de septiembre, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, designó a su presidente -Freddy Gabriel Celis Fuentes- como responsable de elaborar el proyecto que resolverá la inocencia o culpabilidad de Alberto Patishtán, por lo que el proceso judicial de este profesor tzotzil entró en una etapa decisiva. A partir de esta designación, se fijó un plazo de 10 días hábiles para que Celis Fuentes y los otros dos magistrados que integran el Tribunal, Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Eduardo Zenteno Garduño, sesionen para analizarlo y votarlo por mayoría o aprobarlo por unanimidad. El abogado del caso, Leonel Rivero, Anunció que el caso está enlistado para resolverse el día 12.
Los magistrados tienen la oportunidad histórica de hacer justicia devolviendo la libertad a un hombre inocente, y de regresar un poco de la legitimidad que ha perdido el sistema judicial al cometer y solapar todas las arbitrariedades que se han presentado a lo largo de estos 13 años, en los que Alberto Patishtán ha estado injustamente preso.
La sociedad civil demuestra que la organización para luchar contra la injusticia es posible, y que sólo basta con creer en la inocencia de un hombre para hacer todo lo necesario hasta arrancarlo de las entrañas de la cárcel. Además, se sienta un precedente en la lucha por la libertad de los presos políticos en México, al ser Patishtán un preso de conciencia que despertó la solidaridad en todos los sectores de la sociedad, y al ser un referente para la lucha por la libertad de otras personas que, por motivos políticos, han sido injustamente encarceladas.
10 días para conocer la injusticia
El profesor Alberto Patishtán Gómez es originario de la comunidad de El Bosque, Chiapas. Hasta el momento de su detención, trabajaba para la Secretaría de Servicios Educativos del estado; primero, como director del albergue escolar “Nicolás Bravo” en la comunidad El Azufre, municipio de Huitupán, puesto que desempeñó por dos años. Posteriormente tomó posesión como director de otro albergue, esta vez en la cabecera municipal. A partir de ahí trabajó como educador durante cinco años, tiempo en el que militó en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Por su compromiso político y activa participación, fue integrante del Consejo Central de Lucha en la región norte de Chiapas.
De manera paralela, Alberto era presidente de una organización conocida como Sociedad de Solidaridad Social en El Bosque, cuyo principal objetivo era la construcción de alternativas de economía solidaria a través de proyectos productivos, procesos organizativos y el impulso al trabajo comunitario y la defensa de los derechos humanos. Al mismo tiempo, mantenía una fuerte presencia con sus posiciones críticas en la organización ejidal. Desde ahí cuestionó al gobierno del presidente municipal, Manuel Gómez Ruiz, y la gestión de Ramiro Miceli Maza, diputado local priista. También denunció los malos manejos de los recursos del ayuntamiento, el enriquecimiento ilícito y los abusos de poder de los que eran objeto los habitantes de la región.
Sus denuncias y el reconocimiento de la comunidad a Alberto Patishtán como un líder, hicieron del profesor blanco de diferentes ataques que culminaron con su detención arbitraria, acusado de participar en una emboscada a una camioneta propiedad del ayuntamiento de El Bosque -el 12 de junio del 2000- a la altura de la comunidad Las Limas, en la que resultaron ocho agentes de Seguridad Pública del estado muertos y dos heridos, entre ellos el hijo del presidente municipal.
Según la Procuraduría General de la República, la emboscada fue planeada y en ella participaron, al menos, 10 personas, una de ellas Alberto Patishtán. Esta emboscada formó parte de diversos incidentes de violencia que desde el 2000 tuvieron lugar en El Bosque, a los que los habitantes consideraban como actos represivos en represalia por mostrar abierta simpatía con las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Después de la masacre, el ejército mexicano instaló un campamento con 900 elementos en Simojovel, argumentando que la zona era insegura y que sus labores estaban enfocadas a la protección de la población. Pero la realidad mostró otra cosa, pues en el periodo que el ejercitó estuvo en esta comunidad las denuncias de acoso fueron cotidianas: primero Lázaro Cárdenas, luego Luis Espinoza, Mercedes Isidoro, Yuquín, Berlín y Las Limas. En esta última, el acoso militar provocó el desplazamiento de familias, que ante los abusos de los militares optaron por huir a la montaña.
10 días para entender la estrategia del gobierno
La detención de Patishtán obedeció a una venganza política, aseguran quienes han seguido el caso desde el inicio. A raíz de su participación política, el profesor tzotzil se convirtió en un peligro para las autoridades, que pacientemente esperaron el momento oportuno para acallar su voz. Esta oportunidad tuvo lugar el 19 de junio del año 2000, cuando cuatro hombres vestidos de civil, sin orden de aprehensión, detuvieron al profesor Patishtán cuando se dirigía a su trabajo. Con un día de diferencia, también fue detenido el militante zapatista Salvador López González, quien también fue acusado de participar en la emboscada.
Como es de esperarse (porque aunque uno crea lo contrario, la realidad se empeña en reiterarlo), la detención de Alberto Patishtán se dio de manera violenta. Fue golpeado, humillado, torturado, conducido a un arraigo domiciliario -en el que estuvo cautivo por 30 días- mientras la procuraduría terminaba de confeccionar las pruebas suficientes para inculparlo.
Parte de las vejaciones padecidas consistieron en mantenerlo incomunicado y engañar al pueblo de El Bosque ocultando su paradero. Además, durante su detención y las primeras etapas del proceso jurídico no se consideró su condición de indígena y en sus declaraciones no participó ningún traductor. Por si esto fuera poco, a siete días de la emboscada se le tomó una prueba de rodizonato de sodio, que supuestamente resultó positiva. Se suma la declaración de un testigo que menciona haber visto al profesor poco antes de quedar inconsciente en medio de la emboscada, declaración que fue elaborada después de que el mismo testigo afirmó, en su primera declaración, “no haber reconocido a ningún participante de la emboscada”.
Patishtán ofreció diversas pruebas que daban cuenta no sólo de que no participó en la emboscada, sino de que en los momentos en que ésta ocurrió, él se encontraba en una reunión en el municipio de Huitiupan. Todas estas pruebas fueron rechazadas. La misma suerte corrieron los hermanos Salvador y Manuel López González, quienes abiertamente son simpatizantes zapatistas -originarios de la comunidad Unión Progreso, también del municipio de El Bosque-, y fueron acusados de los mismos delitos. Sin embargo, al no encontrárseles pruebas suficientes ambos fueron liberados.
10 días para mostrar la cadena de agravios
En México la justicia se aplica a discrecionalidad, los procesos penales, dado lo inaudito de su naturaleza, carecen de legitimidad, y la deshonestidad del poder judicial queda de manifiesto cuando salen a la luz las irregularidades en los casos. Desgraciadamente la justicia mexicana no está acostumbrada a recular y mucho menos a reparar los daños causados a los inocentes que encarcela, al contrario, cuando se sabe descubierta y se siente acorralada se da a la tarea de entorpecer los procesos convirtiéndolos en largas cadenas de agravios. Esta cadena de desigualdades, en caso del profesor Alberto Patishtán, comenzó con su detención. Trece años después, aún no encuentra su final.
Pasados los 30 días de su arraigo, Alberto fue trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1, “Cerro Hueco”, en Tuxtla Gutiérrez. Ahí, a pesar de las irregularidades en su caso, se le dictó auto de formal prisión por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lesiones y homicidio calificado, robo, daños y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Las principales pruebas giraron en torno al hijo del presidente municipal, quien cambió su declaración, pareciera, para inculpar al profesor. También tomaron como prueba la libreta de apuntes de Patishtán, en la que las anotaciones para los juegos de basquetbol fueron interpretados como la planeación de la emboscada. Se sumó la prueba de rodizonato de sodio, tomada siete días después de los hechos.
El 18 de marzo del 2002, en el expediente penal número 126/2000, el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito dictó sentencia condenatoria contra el profesor Alberto Patishtán, considerándolo penalmente responsable de los delitos de Lesiones y Homicidio calificado, Robo Calificado y Daños, y Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Se le impuso una pena de 60 años de prisión y multa de mil 745 días de salario mínimo, por un monto total de 57 mil 61 pesos. Amparado en el derecho y argumentado que las pruebas presentadas fueron producto de un montaje, Alberto Patishtán interpuso el recurso de apelación contra la sentencia, pero la respuesta fue la confirmación de la sentencia condenatoria. A partir de ahí, diversos procedimientos -como la solicitud de amparos y presentación de inconformidades- han sido la constante, y la constante de la justicia mexicana ha sido la negación de estos recursos.
El 1 julio de 2004, el preso político fue trasladado del Cereso número 1 al Cereso número14, “El Amate”, recién construido. En este lugar, junto con otros presos políticos, Patishtán creó el grupo conocido como “La Voz del Amate”. Esta organización se dedicó a la defensa de los derechos humanos de los presos y a denunciar las arbitrariedades sufridas por los indígenas en diferentes procesos penales. Esta lucha incansable alcanzó su primera victoria en 2008, con la liberación de la mayoría de sus integrantes.
La lucha por los derechos humanos le ha costado a Patishtán diversos castigos. Por ejemplo, en 2008 fue trasladado por un día al penal de Copaimalá -considerado como un penal de castigo. Después de una huelga de hambre de 21 días, el profesor fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 8 Norponiente, ubicado Guasave, Sinaloa.
Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido al gobierno que garantice atención médica para el profesor, que sufre de glaucoma, enfermedad que le ha avanzado por la escasa atención recibid en los diversos penales en los que ha estado. A la fecha, Alberto Patishtán se encuentra en el Cereso número 5, en San Cristóbal de las Casas, en espera de que la justicia mexicana reconozca que su caso es una larga cadena de agravios y empiece a reparar uno a uno los daños, empezando por otorgarle su libertad.
10 días para la solidaridad
Desde la detención de Patishtán, diversas organizaciones se han solidarizado para elevar la exigencia de libertad del profesor. Los primeros en levantar la voz fueron los compañeros de la comunidad de El Bosque, quienes de manera incansable han luchado por la libertad de su profesor. También se suman los Solidarios de la Voz del Amate, organización que defiende los derechos humanos de los presos, además de organizaciones zapatistas, colectivos estudiantiles, secciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y diversos intelectuales y artistas.
En meses pasados, se sumaron más organizaciones a la exigencia de libertad para el preso tzotzil, de tal suerte que en el mes de junio se conformó el Comité por la Libertad de Alberto Patishtán, cuya primera acción consistió en la construcción de una red amplia de organizaciones y activistas que participan en las diferentes acciones por la libertad del profesor, como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Más de 131, Integrantes de #YoSoy132, #YoSoy132 Académicos, Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior, Jóvenes en Resistencia Alternativa, Comité Estudiantil Metropolitano, Red de Apoyo a la Salud en Acteal, Servicios y Asesoría para la Paz, Ce-Ácatl y Tejiendo Resistencias.
A lo largo de varios meses, el comité, junto con los habitantes de la comunidad de El Bosque, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y los Solidarios de la Voz del Amate, dieron cuenta de las irregularidades en el proceso penal e impulsaron diferentes iniciativas para dar a conocer el caso y para que la sociedad civil reconozca en el profesor Patishtán a un hombre inocente, comprometido con su comunidad y con la educación, defensor de los derechos humanos, y padre que ha sufrido 13 años lejos de sus hijos. En suma, que lo reconozcan como suyo. Al trabajo del comité se sumaron otras voces, como intelectuales, académicos y artistas con distintas iniciativas. Algunos hacen videos, escriben desplegados o acuden hasta el penal en el que se encuentra el profesor, todos con la consigna de que Alberto Patishtán es inocente.
10 días que llegaron en una caravana
Una de las principales acciones impulsadas por el comité fue la caravana por la libertad de Alberto Patishtán. Setenta personas de diferentes organizaciones arribaron a Chiapas el 30 de octubre y regresaron a la ciudad de México el 1 de septiembre. Su tarea principal fue reunirse con el magistrado Freddy Gabriel Celis Fuentes. La caravana visitó al profesor en el Cereso.
En la reunión con el magistrado presidente, las organizaciones sociales expresaron sus inquietudes, en particular sobre la fecha en que sería nombrado el tercer magistrado, responsable de elaborar una propuesta de dictamen. Manifestaron su preocupación por las irregularidades en todo el proceso, pero expresaron su confianza en que la resolución devolverá la libertad a Patishtán. De no ser así, advirtieron, acudirán a instancias internacionales. La respuesta del magistrado presidente fue que él mismo conoce las irregularidades, e instó a las organizaciones a confiar en que los magistrados harán su labor y actuarán conforme a derecho.
Ya en el Cereso, debajo de una lona y en medio de la lluvia, Alberto Patishtán recibió a 40 integrantes de la caravana. Es difícil expresar toda la emoción del momento. Entre lágrimas y sonrisas, la caravana pasó cuatro horas cerca del profesor. Al término de la visita, quedó claro que aquella consigna de entrar a darle ánimos al profesor no se cumplió; el profesor terminó por dar ánimos, con palabras de aliento sobre la lucha y con expresiones cariñosas: “ánimo compas, que acá yo estoy tranquilo, ánimo y gracias por creer en mi inocencia y luchar por mi libertad”. Un día después del arribo de la caravana al Distrito Federal, llegó la noticia sobre la designación de Celis como tercer magistrado.
10 días para tener al profesor libre
Quienes decidimos luchar por la libertad de Alberto Patishtán estamos seguros que vamos a conseguirlo, y que Alberto estará pronto entre nosotros. Quienes hemos decidido trabajar hasta arrancarlo de la cárcel lo hacemos con la plena convicción de su inocencia. Creemos que no es justo que un hombre íntegro como él purgue una condena de 60 años por un delito que no cometió.
Nosotros nos dirigimos a Alberto con la familiaridad de quienes no se conocen, pero se saben compañeros por haber andado juntos el mismo camino. Le dijimos que, al igual que él, estamos comprometidos con la justicia y la transformación de este país. Le dijimos que nos hace falta, que lo necesitamos en la calle marchando, en los foros discutiendo, en las aulas enseñando, en su comunidad participando. Lo necesitamos libre.
