La necesidad de evaluar a los evaluadores.

Por: Juan Manuel Velázquez Ramírez / La Jornada Michoacán.

Mientras que miles de maestros protestaban en las calles de diferentes ciudades del país, el Senado de la República aprobó la Ley General del Servicio Profesional Docente. Peña Nieto se apunta, así, un triunfo político en su estrategia de implementación de reformas estructurales. Solamente 22 votos en contra recibió esta iniciativa. Con esta ley se pretende regular la evaluación, promoción y permanencia de los docentes frente a grupo. Los funcionarios de gobierno ponen acento en la evaluación. Dicen que con ella se evitará la venta y herencia de plazas en las escuelas. Pero, ¿qué limitaciones tiene esta medida de evaluación del magisterio?

Un gobierno que realmente está preocupado por mejorar la educación no sólo se interesa en evaluar a los maestros. También se preocupa en generar las propuestas teórico-pedagógicas que ayuden a diseñar y poner en práctica nuevos modelos curriculares que permitan realmente colocar a los alumnos en el centro del proceso educativo y a los docentes como facilitadores de los aprendizajes de saberes teóricos, prácticos y valorales reflexivos y críticos. Todos ellos contextualizados en los entornos actuales de globalización, lógica de mercado, multiculturalidad, y sociedad de red y conocimiento. Bajo esta lógica, una evaluación a los maestros no traerá ninguna mejora en la formación de los niños si no se cambia el modelo educativo dominante, que se caracteriza por su verticalismo, autoritarismo e instrumentalismo que prevalece. En este modelo lo que interesa es que los niños repitan, memoricen, obedezcan y se disciplinen. Se trata de preparar a los pequeños bajo la óptica de una educación para el hacer en el trabajo. Lo que interesa en esta visión educativa es que los niños aprendan el saber-hacer, y no el saber-saber para saber-hacer, y así mejorar el saber-saber. Lo que no se toma en cuenta es que en una sociedad del conocimiento lo que se requiere son niños que desde la primaria vayan aprendiendo a producir conocimiento y no solamente utilizarlo para generar artefactos.

Esta evaluación no traerá avances de la educación si, al mismo tiempo, no se destina presupuesto para reforzar la formación de los maestros evaluados. Esta política de evaluación magisterial debe acompañarse de mejoras en las modelos curriculares, que están en la base de la formación de los normalistas en tanto futuros maestros. Debe ser respaldada con recursos económicos y materiales que mejoren los escenarios educativos de aprendizaje de los normalistas. Esta evaluación recién aprobada, se justificaría si las condiciones de formación de los maestros fueran realmente favorables. Que un maestro apruebe o repruebe una evaluación no es un asunto personal, también es político y social. El gobierno busca personalizar en cada maestro la responsabilidad de su formación y los resultados de su evaluación. No todo tiene que ver con el maestro. También interviene la política educativa delineada que ha mostrado su ineficacia.

Esta evaluación a los docentes debería considerar la diversidad de escenarios y condiciones en las que estos se desenvuelven. No es lo mismo dar clases en una escuela que cuenta con las condiciones de ubicación, salón de clases, mobiliario, cantidad de alumnos por grupo y material didáctico de apoyo, que dar clases en una escuela donde el maestro debe hacer un largo recorrido, tener aulas improvisadas, con bancas rotas, grupos de hasta 45 niños, y donde él tiene que llevar sus propios gises y borrador.

El gobierno está haciendo de la evaluación un fin en sí mismo. Ésta no se puede entender y atender más que considerándola como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje global. La evaluación es sólo un momento del conjunto del proceso educativo. Una real evaluación debe partir de definir qué es lo que se quería lograr educativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje para, de esta forma, evaluar la dimensión en que esto se ha conseguido. En este caso ¿cómo se puede evaluar si ni siquiera se tiene claro como materia de evaluación? A esto se puede agregar que la evaluación de los maestros debe estar antecedida de otros exámenes que median en los resultados de la valoración que ellos obtengan. Por ejemplo, antes que a los maestros, se debería evaluar al gobierno y sus políticas educativas y a los directivos normalistas y su gestión institucional.

Por otro lado, si se va a evaluar a los maestros, se les debería dejar claro desde ahora sobre qué aspectos se va a hacer esto, además de dotarles de las condiciones materiales y educativas para favorecer su aprobación, no su reprobación. La verdadera evaluación de los maestros debe tener indicadores claros. Estos deben definirse desde un marco curricular y una política educativa lo suficientemente nítida. Así, esta evaluación no debe resultar de creencias ni juicios propios de funcionarios. Para que los docentes puedan confiar en la evaluación deben creer en sus evaluadores.  Esto no sucede así en las actuales circunstancias. Para que estas evaluaciones a los docentes sean creíbles, deben ser transparentes. Habría que ver si el gobierno estaría en condiciones de contar con la legitimidad suficiente para hacer creíbles los resultados de las evaluaciones que realice. La evaluación docente que el gobierno pretende realizar no puede ser completamente objetiva, como no lo es ninguna evaluación, educativa. Aunque lo que sí debería garantizar es que resulte de juicios especializados y fundamentados, no contaminados política ni sindicalmente. Además de que los criterios de evaluación deben ser claros, fundamentados y de dominio público. Se requiere una evaluación donde no se parta del principio de sospecha de la incapacidad de un maestro, sino de la confianza en su capacidad. Décadas de alianza entre gobierno y sindicato oficial de maestros, de alimentación de una burocracia sindical enorme, y de presencia de corrupción en todos los ámbitos de la esfera institucional educativa, no va a resolverse con una evaluación de maestros. Se necesita una política de limpieza en todos los ámbitos de gobierno: los evaluadores también deberían ser evaluados.

La CNTE, una lucha con resultados.

Por: Manuel Pérez Rocha / La Jornada.

La lucha sigue. Los maestros de la CNTE valoran sus logros, han reafirmado el sentido de sus empeños de más de 30 años, y tienen claro que no han sido inútiles ni les falta justificación ¿Quién puede negar hoy que sus batallas han sido y son necesarias y valerosas respuestas a la antidemocracia y corrupción impuesta en el SNTE por los gobiernos de PRI y PAN? Entre sus logros no está la defenestración de Gordillo, ésta obedeció a la pugna interna de la mafia que controla a este país por encargo de la plutocracia que lo explota. Pero ¿cómo ignorar las valiosas lecciones que nos dan los maestros de la CNTE, ilustradas tan sabiamente por Bernardo Bátiz en estas páginas el pasado sábado 14? ¿Cómo ignorar el despertar de la conciencia de miles de maestros en todo el país que reclaman una verdadera reforma educativa y el respeto a sus derechos laborales básicos?

Entre los logros de la férrea resistencia de la CNTE deberá reconocerse también la cancelación de algunas de las aberraciones pedagógicas y políticas de los gobiernos recientes, entre ellas el Acuerdo por la Calidad Educativa firmado por Gordillo y el gobierno panista, la prueba Enlace, la evaluación universal de los maestros y la Carrera Magisterial, todas ellas hoy reprobadas incluso por el nuevo gobierno, que a los maestros les significaron despidos y otros castigos, y han generado un perjuicio incalculable a la educación de los niños y jóvenes mexicanos (¡tan defendidos por Televisa!); y también está entre sus logros la eliminación de algunas de las absurdas pretensiones draconianas iniciales de las actuales reformas legales. De todos estos estropicios, los gobernantes y los medios a su servicio nada dicen, en cambio satanizan a quienes los han denunciado y combatido.

La lucha sigue porque hay cuestiones con las cuales no se puede transigir, no es asunto de negociar (que es a lo que los políticos corruptos están acostumbrados), no se está pidiendo una prebenda o un beneficio personal o de grupo. Se demanda la derogación de las atropelladas reformas a la Constitución, porque son la base para cancelar derechos laborales básicos de los que dependen la sobrevivencia de cientos de miles de familias y la educación de generaciones enteras. La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), declarada como el corazón de la reforma educativa por el propio gobierno, es una nueva aberración. Lejos de conformar la base de la profesionalización de los maestros, consolida a éstos como empleados (doblegados, según la etimología de esta palabra) de un monstruoso aparato burocrático que desconfía de ellos y los mantiene en permanente y amenazadora vigilancia a través de directores, jefes, inspectores y supervisores, a los cuales ahora se sumarán tutores y evaluadores.

Simplismo, descuido e incoherencia son otros graves defectos que caracterizan a la solución que los actuales gobernantes, asesorados por la OCDE e instigados por Televisa, quieren dar al grave y complejo problema educativo de esta era; hace ya 35 años, Philip Coombs (desde la Unesco, institución cultural ahora eclipsada por la OCDE, cuyo interés son los negocios) advirtió la crisis mundial de la educación. Ejemplo de incoherencia: quienes elaboraron la recién aprobada LGSPD oyeron la insistente demanda de que los maestros trabajen de forma colegiada y que la escuela se constituya en una comunidad de aprendizaje; bien, pues incluyeron en esa ley una declaración al respecto, faltaba más. Pero toda la ley la contradice e impone una fórmula organizacional y administrativa vertical que incluso en el mundo empresarialavanzado ha sido superada hace muchos años.

El maestro Armando Peraza, de la Universidad Pedagógica Nacional, lo expresa en estos términos: La evaluación de los maestros no es la solución, ni siquiera se acerca a ella. Desde la visión de las ciencias de la organización, la calidad pasa por el trabajo en equipo. Estas ciencias destacan la necesidad de impulsar sinergias mediante la creación de condiciones que propicien la consolidación de equipos autogestivos en las escuelas que periódicamente se recompongan para obtener un mejor rendimiento y productividad, generándole amplios beneficios a la organización. El problema educativo requiere una reforma organizacional, no una reforma punitiva como la planteada, que sólo ataca el síntoma y no la enfermedad.

Si los reformadores de nuestro sistema educativo quisieran informarse de lo que están hablando, podrían asomarse, por ejemplo, a los proyectos de comunidades de aprendizaje que en la propia SEP ha elaborado e impulsado, con gran éxito, Gabriel Cámara, doctor en educación por la Universidad de Harvard y asesor de dicha secretaría. Hace unas semanas, en una entrevista que le hizo La Jornada, el doctor Cámara se refirió así respecto de la actual reforma educativa: “Su pobreza se ve en que se centra en la evaluación. Es una reforma superficial. En el terreno laboral se busca tener más control. Se podrán quitar algunos excesos del sistema, como la venta de plazas, pero centrar el cambio en la evaluación está mal. Estados Unidos, de donde copiamos estos modelos, está abandonando la evaluación estandarizada y los modelos de privatización de la educación, como la escuela chárter. Se comprobó que no son mejores que las públicas, pero nosotros vamos con retraso, aún lo queremos imitar. Ese es el riesgo”.

Los propios maestros de la CNTE han elaborado e impulsado varios proyectos pedagógicos en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, a los que me he referido en este espacio, con resultados valiosos, que logran a la vez enriquecer la educación y propiciar el desarrollo profesional del magisterio. Estos esfuerzos han sido ignorados por los autores e impulsores de las reformas actuales. ¿Cómo es posible que en vez de discutir estas cuestiones, el gobierno acuda a los robocops y sus toletes? Es claro que, en vez de escuchar a los maestros, obedece al belicoso presidente de Mexicanos Primero (Televisa), quien con actitud provocadora advirtió: Si no hay turbulencias quiere decir que no estamos haciendo lo suficiente.

La lucha de la CNTE sigue, sus demandas son legítimas, son necesarias, sus resultados son efectivos.

Despojo laboral docente.

Por: Manuel Fuentes Muñiz* / La Jornada.

La apresurada aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) en medio de vallas y cercos policiacos pretende consumar una de las mayores atrocidades en contra de los trabajadores de nuestro país: convertir los derechos laborales magisteriales en un despojo.

Borrar en esa ley conceptos como: trabajador, sindicato, condiciones generales de trabajo, estabilidad en el empleo, bilateralidad y dignidad es la muestra de que en este gobierno se aborrecen los derechos laborales. La sola mención en esa legislación de los tribunales y las leyes del trabajo no basta; es sólo un engaño para justificar la anulación de los derechos sociales para en su lugar imponer el autoritarismo.

En temas como el ingreso, promoción y reconocimiento en el servicio, los docentes ya no tendrán injerencia alguna; serán simples sujetos administrativos, algo así como objetos inertes sin derecho a opinar: calla, obedece y acata será la norma a seguir.

La estabilidad en el empleo ha sido anulada. En la nueva ley cuando la autoridad decida el cese éste se aplicará de inmediato; ya no habrá juicio previo ni resolución de las autoridades laborales para autorizar la separación. Primero se mandará a la calle al docente y luego se investigará por el tribunal laboral si el despido fue correcto. La autoridad patrón dirá:

–Te corro y luego investigamos.

Ya no existirán las actas administrativas con presencia sindical donde la autoridad en su carácter de patrón esté obligada a demostrar cara a cara, con testigos y documentos a la vista, la causal del cese.

En su lugar existirá un procedimiento sumario y privado. En un escrito se le notificarán al afectado las presuntas irregularidades cometidas para que las responda en no más de 10 días y en un plazo igual la autoridad dé a conocer su resolución definitiva. Si a criterio de ésta procede la separación, el docente al instante de la notificación estará impedido de ingresar al centro de trabajo.

El profesor afectado deberá someterse sin remedio, ya en la calle, a la insufrible burocracia de los tribunales laborales durante siete y hasta diez años.

¿De qué servirá a los maestros acudir a los tribunales laborales si antes les fueron cancelados sus derechos básicos de estabilidad en el empleo? Esas instancias de la llamada justicia laboral están carcomidas intencionalmente al no suministrarles el Estado ni recursos económicos ni personal suficiente.

En estos tiempos y con este tipo de legislaciones se pretenden desaparecer los derechos laborales por decreto simple. Que los libros y estudios de derecho laboral sean cosa del pasado. Que en las universidades ya no se enseñe derecho del trabajo, como en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde se pretende desaparecer la especialidad laboral porque no es de utilidad.

En la LGSPD impera la razón de un solo hombre. El secretario de educación pública federal podrá a través de lineamientos imponer criterios hasta a los gobiernos de los estados. Podrá autorizar parámetros e indicadores en el ingreso, promoción, reconocimiento y hasta para la permanencia en el empleo (artículo 7 VII).

Es un engaño de los legisladores mencionar que en la iniciativa se rescató el nombramiento definitivo cuando la permanencia en el empleo de los docentes será menos definitiva que nunca.

La separación de los profesores será discrecional en todo momento. La autoridad determinará las causas, los procedimientos, validará las pruebas acusatorias en contra de un docente y hasta podrá interpretar unilateralmente la LGSPD para estar por encima de cualquier instancia.

Será un jurado de una persona: el mismo patrón acusará y condenará. Ella misma se dirá a sí misma: –yo tengo la razón y yo soy la justicia.

En las 12 causales de separación, previstas en la nueva ley, se otorgan facultades ilimitadas a la autoridad para dar por terminados los efectos del nombramiento siempre sin su responsabilidad. Que haga lo que le plazca, que no tenga contrapesos porque los derechos laborales le estorban.

Debe saberse que los derechos laborales no son concesión de ninguna autoridad; son derechos históricos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Por más que los conspicuos legisladores traten de borrar esos derechos no podrán desaparecer.

El derecho laboral como un derecho social fue creado para lograr salarios decorosos, empleos estables, condiciones de trabajo dignas con respeto a la vida e integridad física y moral. Cuando se llevan acciones legislativas y de gobierno para derogar derechos humanos de cualquier manera es la prueba que vivimos en el autoritarismo.

* Doctor en derecho, miembro de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos

Twitter: @Manuel_FuentesM

Magisterio y reforma educativa: las plazas y la plaza.

Por: Luis Hernández Navarro (@lhan55) / La Jornada.

"Si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza", advirtió el 10 de septiembre de 2012 Claudio X. González, secretario de Educación sin cartera, al entonces presidente electo Enrique Peña Nieto. Su recomendación sintetiza el objetivo central de la ley del servicio profesional (LSPD) recientemente aprobada: quitarle a los maestros sus plazas.

La nueva norma pretende cambiar el modelo de control del magisterio nacional, de uno basado en dirigentes sindicales corruptos estilo Esther Esther Gordillo a otro sustentado en la inseguridad y la precariedad laboral y el fin de la bilateralidad. Donde antes había corporativismo gremial, ahora habrá una combinación de fuerzas del mercado, desregulación laboral y autoritarismo de funcionarios educativos.

Esta modificación no busca prescindir de los liderazgos sindicales corruptos. Menos aún, permitir la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Pretende que los líderes gremiales tengan menos poder, sean más serviles a la autoridad y que los maestros le teman a ésta.

El nuevo modelo de control tiene como objetivo facilitar y permitir la discrecionalidad en la contratación y el despido de los maestros; reducir al mínimo la estabilidad laboral y sus conquistas gremiales; limitar su autonomía en el proceso de enseñanza; imponerle responsabilidades desmedidas; desalentar su organización y resistencia; acabar con el normalismo, y abrirle paso a las escuelas chárter o de concertación (instituciones escolares administradas por la iniciativa privada con dinero público).

La nueva legislación hace retroceder más de 50 años la rueda de los derechos laborales en el país. A partir de ahora, según el transitorio segundo de la LSPD, los maestros deben olvidarse de sus conquistas gremiales. Sin el menor respeto al artículo 14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, barre de un plumazo con los derechos adquiridos en más de cinco décadas de luchas.

A esta operación de despojo de sus derechos se le ha disfrazado de acción en su defensa. Las relaciones de trabajo del magisterio –se dice en el texto– se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley. ¿Y qué dispone la ley?: derogar los derechos adquiridos que se le oponen.

Los problemas que la ley tiene son muchos. Por principio de cuentas, las autoridades educativas encargadas de evaluar la calidad de los maestros carecen de la calidad para hacerlo. Esas autoridades no son especialistas educativos ni pedagogos ni maestros. Son, en la mayoría de los casos, funcionarios ligados a la burocracia federal que administra la Secretaría de Educación Pública y a los gobernadores en los estados. Ellos no son evaluados; rinden cuentas a sus jefes. ¿Podrán garantizar que la educación mejore? Evidentemente no.

La nueva ley pone sobre los hombros de los maestros de banquillo obligaciones desmedidas en la enseñanza que no son, en realidad, competencia suya. Los define como el profesional responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Con ello, los hace responsables de las deficiencias educativas y los sujeta a ser evaluados en áreas en las que no se desempeñan, con la amenaza de ser sancionados.

La nueva normatividad manipula tres conceptos centrales del derecho para precarizar las condiciones de estabilidad en el empleo, una conquista legal que implica asegurar y proteger la permanencia y continuidad del vínculo laboral. Estos conceptos son: permanencia en el servicio, inamovilidad y causales de despido.

Si en su acepción original permanencia quiere decir continuidad no interrumpida de las relaciones laborales, la LSPD amplía el significado del término hasta desvirtuarlo, estableciendo que se trata, tan sólo, del tiempo que el docente dura en su empleo.

Este engaño lingüístico implica la práctica desaparición de la inamovilidad laboral, es decir, que un maestro va a poder ser despedido por razones distintas a las que la ley burocrática establece como causa justificada. De manera tramposa, la nueva norma garantiza la permanencia definitiva en el servicio público siempre y cuando el maestro se sujete a los procesos de evaluación y a programas de capacitación. Reconoce un nombramiento definitivo pero permanentemente condicionado.

Adicionalmente, amplía los motivos para despedir a los maestros, y crea causas genéricas para justificarlo, contrarias a las establecidas en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Establece un procedimiento autoritario que permite la separación del docente sin derecho a audiencia previa.

El principio de bilateralidad, esto es, de la negociación conjunta de las condiciones de trabajo entre la autoridad, los maestros y su organización gremial, se desvanece. Ahora es la autoridad la que, de manera unilateral, fija las reglas del juego, sin que los maestros y su sindicato puedan defenderse.

A contracorriente de la tendencia mundial a la descentralización administrativa y de la federalización educativa en nuestro país, la LSPD nos regresa al centralismo más retrógrado. La nueva legislación autoriza al Ejecutivo a pasar por encima de la soberanía de los estados para imponer lineamientos en el terreno de la enseñanza.

A pesar de que fue votada en nombre de la calidad de la educación, la nueva norma tendrá graves repercusiones en ella. Inevitablemente la deteriorará. Para mejorar el sistema educativo se requiere, entre otras medidas, de profesionalizar al magisterio. Y esto se logra dándole certidumbre, seguridad en el empleo, no reduciendo su estabilidad laboral, facilitando el despido y evaluándolo punitivamente.

El gobierno de Enrique Peña Nieto y los empresarios tienen su ley. A cambio van a perder la tranquilidad. Al aprobarla burlándose de los profesores abrieron una caja de Pandora. Es cierto, despojaron a los maestros de sus plazas, pero no podrán ganar la plaza.

A favor de los profesores, a favor de la desobediencia civil.

Por: Tryno Maldonado / emeequis.

En los últimos días se ha desatado una enconada campaña mediática que pretende diseminar entre la opinión pública falacias y prejuicios reduccionistas contra el magisterio sindicalizado. El más promovido de estos mitos asegura que los profesores se oponen a la iniciativa de reforma educativa de Enrique Peña Nieto porque “no quieren evaluarse” (en concreto, a la Ley General de Servicio Profesional Docente, aprobada por los diputados federales la noche del 1 de septiembre).

Para dar sólo un ejemplo, aquí una broma de mal gusto de esta estrategia contra movimiento magisterial: la fundación Mexicanos Primero, presidida por Claudio X. González, por medio de la cuenta de Twitter de un conductor de Foro TV emprendió una convocatoria para regalar ¡100 boletos de avión y gastos pagados! a los tuiteros que quisieran venir como voluntarios a pasar unos días en Oaxaca, dar clases y reventar la huelga de profesores. Todo esto sin ser evaluados por institución alguna.
Esta estrategia es un ejemplo de los que acompañan de la mano a la campaña de desinformación y desprestigio mediático contra la CNTE realizada por Televisa. Una ironía y una burla. Un profesor zapoteco del CNTE, como uno de mis mejores amigos de la Sierra Sur, muy difícilmente podría pagarse un vuelo de esos 100 con su salario. Los que pretende traernos Televisa no son otra cosa que esquiroles de lujo.

Desde que tengo memoria, he visto a mi madre sacarle horas extra por las noches y madrugadas a su doble jornada laboral (ama de casa y profesora) para estudiar antes de los exámenes de la llamada Carrera Magisterial. La Carrera Magisterial es un programa permanente de evaluación y promoción horizontal para “incentivar y actualizar a los profesores de educación básica”. Y lo tengo muy presente porque esos días eran especialmente tensos en mi casa. Había, entre mis hermanos y yo, un silencio absoluto para que nuestra madre pudiera concentrarse en sus estudios: del resultado de sus exámenes dependería directamente el nivel de su salario. Y hablar de eso es hablar de uno de los 10 peores salarios en México.

Mi madre es profesora sindicalizada. Varios de mis tíos paternos y maternos también. Fue una de mis tías quien, de hecho, me enseñó a leer y a escribir años antes de que entrara en la primaria. Los pocos libros a los que tuve acceso en mi infancia eran los que ella mandaba a pedir por correo a un club de lectura del DF y que ni por asomo se conseguían en la única biblioteca de mi pueblo de 120 mil habitantes. En su casa conocí el Tesoro de la Juventud con clásicos abreviados, la legendaria serie El Volador de Joaquín Mortiz o la colección de los Premios Nobel de Aguilar, por ejemplo. Los maestros en México, contrario a lo que dice la campaña de desprestigio de los medios en su contra, no son unos ignorantes ni unos bárbaros.

En más de un sentido, soy producto de la educación pública de este país. Para bien y para mal. Sin los profesores sindicalizados de mi familia y todos y todas de aquellos quienes recibí clases en cada escuela pública que pisé, sencillamente yo no hubiera podido escribir uno solo de mis libros. Los maestros sindicalizados de México, como también me consta, no son unos holgazanes.

Uno de mis mejores amigos en Oaxaca es profesor del CNTE en la sierra zapoteca de Loxicha, donde nació el EPR. Loxicha es uno de los lugares más marginados y pobres del país, además de haber sido castigado severamente por el ejército en los años noventa por ser cuna de la guerrilla. He acompañado a mi amigo durante las extenuantes caminatas entre veredas lodosas en medio del boscaje del corazón de la sierra, a lo largo de horas, sólo para llegar de su casa a su escuela: un cubo endeble de láminas de aluminio de escasos metros cuadrados apostado en un barranco donde imparte clases a unos 50 niños zapotecos de las rancherías cercanas. Sus alumnos van desde el preescolar hasta el sexto grado de primaria. Todos en el mismo salón. Muchos de ellos llegan caminando descalzos y sin hablar español. Por sus méritos académicos, mi amigo recibió hace poco la prestigiosa beca Ford para cursar una maestría en cualquier universidad del mundo de su elección. Los maestros en México no son unos vándalos.

Los profesores no tienen miedo de ser evaluados. De hecho, a los profesores hace mucho que se les evalúa. El partido hegemónico en el poder durante décadas acondicionó y utilizó al corporativismo sindical de profesores como músculo político, pero jamás se preocupó por prepararlos tan bien para sus labores. Es el mismo PRI que creó a los corporativos sindicales como capital político el que hoy les exige lo que jamás les procuró. Sonará a lugar común, pero es una verdad dura como el basalto: cada profesor en este inmenso país —como mi madre en un municipio de Zacatecas o mi amigo en la sierra de Oaxaca— hace verdaderos milagros para ir al día con los precarios recursos y herramientas que le fueron dados. No es extraño, por tanto, que decidan irse a huelga. Lo extraño es que aún no haya estallado una revolución.

Al contrario de la manera en que las han querido presentar los medios informativos cercanos al poder, las acciones de desobediencia civil llevadas a efecto por los profesores de la CNTE en últimos días en la capital, no son actos vandálicos sin sentido. Las acciones de desobediencia civil no son actos de forajidos que rechazan y niegan pertenecer al Estado. Al contrario. Son actos de ciudadanos que se afirman como tal y se manifiestan como parte de ese mismo Estado para aspirar a mejorarlo en beneficio de un amplio sector de la sociedad, y no sólo en beneficio de una cúpula de poderosos como pretenden las recientes iniciativas de reformas neoliberales.

La población del DF debería abrir los ojos y entender que los problemas de tráfico ocasionados por las manifestaciones del CNTE son, sinceramente, el menor de los problemas e injusticias de este país. La gran lección que nos están dejando los profesores fuera de las aulas es ésta: no acostumbrarnos a la obediencia irreflexiva hacia las instituciones y a las leyes cuando se proponen reformas que atentan contra los intereses del resto de los ciudadanos. Al obedecer a las instituciones como ciudadanos pasivos y sin un ejercicio crítico, estamos en peligro de que —según Sebastián Pilovsky en su prólogo a Desobediencia civil— incluso el hombre o mujer más justos corran el riesgo de convertirse en agentes de la injusticia.

Por la inestabilidad del tejido social y el contexto polarizado del país, se hablaba de que Oaxaca 2006 —el plantón de la CNTE y el posterior surgimiento de la APPO— era el laboratorio de algo que estaba por ocurrir a nivel nacional. Y tal como le sucedió al todavía impune Ulises Ruiz en Oaxaca durante ese año, las protestas realizadas por los profesores de la CNTE se están volviendo el examen más arduo para Peña Nieto en su primer año: el examen del grado de democratización de su gobierno y sus instituciones; no sólo por la opción al uso de la fuerza pública, sino por su capacidad y disposición al diálogo y a la negociación, pues se ha visto que las acciones de desobediencia civil no germinan en contextos de gobiernos despóticos; son acalladas antes de que tengan un eco efectivo en la población, tal como han pretendido varios de los grandes medios informativos cercanos al poder.

El 2006 demostró a los oaxaqueños y al país entero que aquel gobierno del PRI de turno no era precisamente de vocación democrática al emplear la fuerza indiscriminada y la guerra sucia para sofocar el plantón de la CNTE de aquel año. Es la misma Sección 22 de la CNTE la que pone hoy a prueba a Peña Nieto. Esperemos que esta vez no termine en un baño de sangre como aquel.

Aulas llenas.

Por: John M. Ackerman / La Jornada.

Quienes quieren las escuelas vacías y los maestros en la calle no son los valientes profesores que protestan, sino los líderes empresariales, mediáticos y políticos que defienden la contrarreforma educativa de Enrique Peña Nieto. La aprobación del dictamen de la Cámara de Diputados a una nueva Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) dejaría literalmente en la calle, bajo la excusa de salir reprobados en evaluaciones sesgadas y hechas a modo, a una multitud de destacados maestros formados en la docencia, entregados a sus alumnos y comprometidos con el desarrollo nacional. Estaríamos así ante un enorme desperdicio de capital humano que dañaría gravemente al país.

Pero lo más preocupante es que después de esta purga magisterial las aulas pueden quedar vacías. Pocos jóvenes querrán aceptar los bajos salarios y las precarias y anticonstitucionales condiciones laborales incluidas en la LGSPD, sobre todo con la intensidad de la dedicación profesional, emocional y física, y las largas jornadas laborales que se requieren para ser un buen maestro.

Los pocos remplazantes serán individuos de bajo rendimiento sin ninguna otra alternativa laboral. También tendrían que ser personas dispuestas a ser maltratadas por sus superiores, ignoradas por su sindicato y despedidas a la menor provocación. Eso sí, aunque tendrían que abandonar cualquier deseo de experimentar en el aula o fomentar una actitud crítica en sus alumnos, los nuevos tecnócratas de la educación tendrían que ser muy hábiles en el llenado de exámenes de elección múltiple.

Y mientras se buscan nuevos profesores idóneos que ofrezcan una educación supuestamente de calidad, las aulas se mantendrán vacías o atendidas por suplentes sin capacitación o conocimiento especializado alguno. Simultáneamente, los maestros despedidos tendrán que abandonar sus libros escolares y su formación humanística para ir a manejar un taxi, lavar platos en Estados Unidos o engrosar las filas de la delincuencia organizada.

La propuesta de LGSPD es profundamente autoritaria. Los perfiles, parámetros e indicadores para evaluar a los educadores serán desarrollados por la Secretaría de Educación Pública y revisadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin participación alguna de los profesores. Y la aplicación y la calificación de los exámenes estará en manos de funcionarios externos, muy probablemente en alianza con empresas privadas que lucren con este jugoso nuevo negocio.

Quienes conocen mejor los detalles y los retos para ser un buen maestro son los mismos profesores. Ellos tendrían que ser los encargados de proponer los criterios y participar en el proceso de evaluación. Si bien la autoevaluación cuenta con límites claros, la revisión por pares es esencial en cualquier sistema de evaluación democrática e integral. Por ejemplo, no existe razón alguna para diferenciar entre los profesores e investigadores universitarios, quienes somos evaluados rigurosamente cada 3 o 4 años por nuestros pares y no por autoridades al servicio de la clase política, y los maestros de educación básica y medio superior.

Otro grave problema es el enfoque punitivo de la LGSPD. En lugar de apoyar a los maestros a sobresalir en condiciones difíciles, sobre todo en las zonas más abandonadas del país en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, la ley busca castigarlos por las fallas generalizadas del sistema de educación pública. La columna vertebral de la propuesta de ley es el despido automático después de tres exámenes fallidos (el clásico “ three strikes and you’re out”), o de manera inmediata si el maestro se rebela en contra del sistema de evaluación en su conjunto.

Pero para realmente mejorar la calidad educativa, el proceso de evaluación tendría que concebir al maestro como parte de un sistema integral que incluya a la escuela y a las autoridades educativas correspondientes. Cuando un maestro reprueba un examen, reprueba el sistema educativo en su conjunto. La respuesta tendría que ser atender las raíces estructurales del problema en lugar de buscar chivos expiatorios y castigosejemplares. Y si se trata de facilitar despidos, muchas veces se logra más con la separación de su cargo del secretario de Educación correspondiente que con el despido de los miles de maestros a quienes los funcionarios han fallado al no prepararlos correctamente.

Finalmente, la propuesta de LGSPD también viola flagrantemente el artículo 123 constitucional al permitir al gobierno despedir a los maestros, en una variedad de situaciones, supuestamente sin responsabilidad alguna para la autoridad. Con estas disposiciones se busca limitar al máximo la intervención tanto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje como del Poder Judicial. Se busca cancelar los derechos laborales y sindicales de los maestros al reducir sus contratos a meros acuerdos administrativos.

Los maestros deberían estar en las aulas no en la calle. En lugar de buscar pretextos para despedir a los profesores que generosamente han consagrado sus vidas a la enseñanza de nuestros hijos, habría que aumentar sus salarios, mejorar sus condiciones laborales, renovar la infraestructura escolar y desmontar el autoritarismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

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