Babel.
El racismo y la genealogía de una lógica contrainsurgente
Javier Hernández Alpízar/ Zapateando.
Cuando la sociedad civil movilizada detuvo la guerra en Chiapas en
1994 y obligó al gobierno mexicano a dialogar con los zapatistas
actuales, éstos no se sentaron a dialogar solos: la primera mesa, sobre
derechos y cultura indígenas, estuvo nutrida por organizaciones,
comunidades y pueblos indígenas.
Los Acuerdos de San Andrés fueron el proyecto de ley más dialogado y consensado en la historia de este país.
Ernesto Zedillo los rechazó, porque eran incompatibles con el
(neo)liberalismo, y orquestó una traición para intentar detener o
asesinar a la comandancia zapatista, mientras fingía que dialogarían con
su secretario de gobernación contrainsurgente, Esteban Moctezuma
Barragán, quien presume en su semblanza ser “descendiente del emperador
Moctezuma”.
En 2001, cuando Vicente Fox (llevado al poder por una cúpula
empresarial de derechas entre quienes figuraba Alfonso Romo) era para
masas mexicanas enajenadas un héroe nacional intocable (lo comparaban
con Madero o Hidalgo), los zapatistas pusieron a prueba al sistema con
la Marcha del Color de la Tierra y llegaron al Congreso de la Unión a
pedir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, como primeros
logros de un largo proceso de paz (la siguiente mesa debía ser sobre los
derechos políticos no sólo indígenas sino de todos los mexicanos).
Entre quienes hablaron ante el Congreso de la Unión hubo mujeres: la
oradora principal, la comandanta Esther del EZLN y una oradora del
Congreso Nacional Indígena: María de Jesús Patricio Martínez, indígena
nahua de Jalisco.
Los senadores panistas se salieron del recinto en protesta por la
presencia de zapatistas encapuchados, y porque los panistas son una
derecha racista.
Los Acuerdos de San Andrés fueron traicionados por una alianza de
representantes de toda la clase política mexicana Manuel Bartlett Díaz
por el PRI, Diego Fernández de Cevallos por el PAN (ambos connotadas
piezas en la legitimación del fraude que llevó a Salinas de Gortari al
poder en 1988) y Jesús Ortega por el PRD. Aprobaron una ley que menciona
derechos indígenas pero no respeta el derecho a la autonomía y la
defensa del territorio.
Ya estaban sembrando las condiciones para tratar de aislar y
arrinconar al zapatismo en Chiapas y para abrir las puertas e mineras,
presas, parques eólicos, carreteras, aeropuerto y otros megaproyectos
que despojan y depredan territorios indígenas, rurales y campesinos
mexicanos.
Los argumentos por los que primero Zedillo y luego los cabezas de
fracciones (y facciones) parlamentarias de los tres partidos rechazaron
la autonomía y los derechos indígenas eran equiparables a los que en el
siglo XVI usó Ginés de Sepúlveda contra Fray Bartolomé de las Casas. Se
decía que reconocerlos balcanizaría al país, que aumentaría la
discriminación, que abría la puerta a la violación de los derechos
humanos, que los indígenas oprimen a las mujeres.
Desde entonces supimos que la clase política era tan racista como en
los tiempos de la Nueva España y no sólo la derecha del PRI y el PAN
sino la izquierda del PRD.
La traición a los Acuerdos de San Andrés fue en los hechos un paso
adelante en la guerra de despojo y exterminio contra los pueblos
originarios de México. ¿En el PRD se dieron renuncias masivas por la
traición? No. Al contrario, ese gesto traidor les abrió las puertas del
poder porque, en los acuerdos de la calle Barcelona, la cúpula de los
tres partidos traidores se repartió el pastel del poder: se consolidaban
las alternancias partidarias como medida contrainsurgente. PRI, PAN y
PRD sellaron la traición consolidando la partidocracia. Por el PRD, las
negociaciones las encabezó inicialmente Porfirio Muñoz Ledo y finalmente
Andrés Manuel López Obrador.
Los indígenas respondieron por la vía de los hechos: impulsando sus
autonomías y autogobiernos, sus policías comunitarias y defendiendo sus
bosques, selvas, desiertos, ríos, lagos y mares del embate de mineras
canadienses, narcotráfico, talamontes, ecoturismo predador, “reservas de
la biosfera” que despojan a las comunidades, aeropuerto, carreteras,
transgénicos y de los partidos políticos que dividen a los pueblos y los
enfrentan, como los paramilitares en Chiapas que han estado en el PRI,
el PFRCRN, el PRD, las redes de AMLO y el PVEM.
El CNI había estado en un proceso más de resistencia y de
sobrevivencia que de protagonismo porque acordaron se asamblea y no una
organización centralizada que tome decisiones desde la cúpula.
La ruptura del EZLN y el CNI con la clase política (PRI, PAN y PRD)
viene desde la traición de los Acuerdos de San Andrés en 2001. Se
extremó con la autonomía por la vía de los hechos.
Los gobiernos perredistas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán,
(algunos de los chuchos como Zeferino Torreblanca, de los cardenistas
como Lázaro Cárdenas Batel, de los lópezobradoristas como Juan Sabines y
Ángel Aguirre) se dedicaron a combatir las autonomías abriendo paso a
la presencia federal de ejército, marina y policía federal y al crimen
organizado.
En 2005- 2006, los zapatistas lanzaron la Otra Campaña, tratando de
levantar una organización de izquierda, criticaron duramente a los tres
partidos políticos: en Chiapas, en masivo mitin con Xi Nich llamaron a
no dar “ni un voto al PRI”, por ser un partido asesino de indígenas; en
Guanajuato llamaron a un boicot al Yunque y el PAN, pero los
lópezobradoristas solamente tomaron en cuenta las críticas a su
candidato y comenzaron una campaña calumniosa contra los zapatistas y
sus aliados los caricaturizaron como un complot contra su líder fetiche:
López Obrador, el mismo que había sellado en nombre del PRD el pacto
partidocrático de Barcelona y tenía como coordinador de campaña en 2005 a
Jesús Ortega.
Desde el alzamiento zapatista de 1994 la derecha salinista y panista
(y la primera editorial de La Jornada) urdieron el argumento de que los
indígenas eran manipulados: por la iglesia de Samuel Ruiz, por mestizos o
blancos profesionales de la violencia, por extranjeros; un político
chiapaneco tuvo que salir a decirlo para la TV, en nombre del gobernador
Elmar Setzer, cuyo fenotipo alemán y acento germano para hablar el
castellano tenían que ocultar.
Desde 2005 bases lópezobradoristas, perredistas, chuchos y no
chuchos, columnistas (calumnistas) de La Jornada y moneros retomaron el
argumento racista de la derecha: los apodos que Diego Fernández de
Cevallos le puso a Marcos (encalcetinado, subcomediante) se volvieron
santo y seña de militantes lópezobradoristas (dentro y fuera del PRD) y
el esquema conspiratorio que la Sedena, el Cisen y grupos de derecha
como Nexos y Letras Libres habían elaborado, un líder blanco los
manipula y los indígenas son meras marionetas suyas, fue ahora la teoría
ilustrada de la “izquierda” en el poder y en la contrainsurgencia.
Esta visión sobre las rebeliones indígenas no es nueva, no la
inventaron ellos, viene desde la Nueva España: los indígenas son mansos y
pacíficos y solamente se levantan porque los manipulan y pervierten
mestizos o castas.
El racismo y el clasismo contra los de abajo no es exclusivo de PRI y
PAN, tampoco del PRD, de esas catacumbas de la derecha más retrógrada
salió ahora en las filas del voto duro de Morena: los pejetrolls siguen
reproduciendo el guión que inventara la contrainsurgencia desde la Nueva
España: los indígenas son meras marionetas de blancos perversos, un
complot contra su candidato y líder vitalicio. Algunos de ellos están
firmando en apoyo de la candidatura a la presidencia de Margarita
Zavala, la Calderona, por motivos dizque “estratégicos”.
Al parecer, Ginés de Sepúlveda no murió en el siglo XVI, sigue vivo
en la clase político empresarial mexicana, en sus Bartletts, Cevallos,
Ortegas, y en sus “militantes de izquierda” de Morena, la
contrainsurgencia antizapatista.
Ginés de Sepúlveda seguía vivo en la primera editorial de La Jornada
en 1994, la que pedía clemencia para los pobres indígenas, pero no para
los profesionales de la violencia que los habían manipulado; estaba ahí
el huevo de la serpiente contrainsurgente que desde 2005 muchos de sus
lectores, moneros como El Fisgón, articulistas como Rodríguez Araujo,
Jaime Avilés, Julio Hernández, Guillermo Almeyra o John Ackermann han
reproducido.
Esa actitud racista contra los zapatistas actuales y sus aliados, y
ahora contra el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús
Patricio Martínez, Marichuy, es una de las muchas razones por las que
no comulgamos con ellos: nosotros no somos racistas y sabemos que las y
los indígenas toman sus propias decisiones.
Las y los indígenas tienen derecho a gobernarse y a proponer
alternativas de gobierno democrático para México y para el mundo: y eso
es precisamente lo que hoy están haciendo.
San Cristóbal de las Casas, Chis. 12 de julio. La junta de buen gobierno (JBG) zapatista de La Garrucha denunció que el Ejército federal ha vuelto a realizar patrullajes intimidatorios día y noche, en camiones y vehículos blindados.
Al recibir a la brigada europea de solidaridad en El Caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, la JBG de la selva tzeltal agregó que, a la par, Sus helicópteros realizan vuelos rasantes sobre las comunidades. Estas operaciones se han incrementado desde hace 15 días.
el gobierno administra las acciones de los paramilitares, y sostuvo:
En el territorio de El Caracol hay conflicto constantemente. El mal gobierno no busca otra cosa que acabar con la construcción de la autonomía. Ofrece dinero para dividir comunidades, y más que todo entrega dinero a la gente de los partidos y la paramilitar Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) para que hagan provocación a las bases de compañeros zapatistas.
Las autoridades autónomas explicaron: “El gobierno entrega un poquito de apoyo (dinero) a mujeres, niños, viejitos. Regala lámina de techar, cemento, tabla. Ahorita sí que el mal gobierno se hizo bueno. Pero no son otra cosa que migajas. Quiere comprar la dignidad de las bases de apoyo. Pero los zapatistas conocemos bien sus mañas.
Ahorita ya sólo da dinero a estos de los partidos para que provoquen la violencia. Busca robarse las tierras que los zapatistas recuperaron en 1994. Da el dinero para destruir nuestra organización y como no puede comprar a los zapatistas, apoya a los paramilitares para que hagan trabajo sucio y manda a sus ejércitos a hostigar los municipios autónomos.
La JBG relató que se ha creado
gran tensiónen Peña Limonar y Amaitik, municipio autónomo Ricardo Flores Magón. En Amaitik, los paramilitares asesinaron impunemente a dos autoridades autónomas en 2002.
Pasó el tiempo y la JBG promovió un diálogo de reconciliación con los priístas. Sus líderes lo rechazaron y el consejo autónomo privó de su tierra, conforme al derecho ejidal, a los nueve implicados. Siete años más tarde, estos paramilitares regresaron a Amaitik amparados en papeles que les dio el gobierno.
El consejo intentó el diálogo otra vez, y lo rechazaron. La junta de buen gobierno propone ceder 70 hectáreas, y lo rechazan. El 16 de junio debieron llegar a un diálogo pero no acudieron, refiere la brigada.
En Arroyo Granizo
En Montes Azules, el gobierno
Las familias bases de apoyo que rechazaron el desalojo fueron expulsadas por la fuerza y muchos hombres encarcelados. Sus tierras hoy están vigiladas por guardias privados. Laguna San Pedro, Laguna El Paraíso y Laguna Suspiro
La versión de que se construirá una hidroeléctrica en el río Jataté, en tierras de la comunidad Rómulo Calzada, apuntó la brigada,
Los zapatistas son conscientes de que buscan la provocación para que intervenga el gobierno. La toma de la escuela autónoma por parte de estos priístas confirma las sospechas de la junta.
En Arroyo Granizo
siempre se trabajó el ganado en colectivo, hasta que la militarización de la zona se desplegó
masivamentey los priístas abandonaron el trabajo. Ahora,
con el impulso del paramilitarismo, los priístas adoptan una actitud más agresiva; armados intentan arrebatar el ganado y los pastos colectivos a las bases de apoyo; tres maestros del gobierno actúan como líderes de los paramilitares, y se niegan a dialogar.
En Montes Azules, el gobierno
ha provocado el éxodo de numerosas comunidades. Amparado en pretextos ambientales,
despeja el terreno para la entrada en la selva de los grandes inversionistas, la explotación de un turismo de lujo y la apropiación de los recursos biológicos para patentarlos.
Las familias bases de apoyo que rechazaron el desalojo fueron expulsadas por la fuerza y muchos hombres encarcelados. Sus tierras hoy están vigiladas por guardias privados. Laguna San Pedro, Laguna El Paraíso y Laguna Suspiro
están bajo amenaza y se preparan para resistir.
La versión de que se construirá una hidroeléctrica en el río Jataté, en tierras de la comunidad Rómulo Calzada, apuntó la brigada,
han terminado de disparar las alarmas en la JBG.
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Martes 13 de julio de 2010, p. 18
Martes 13 de julio de 2010, p. 18
