En Yucatán, el PRI-Gobierno cierra con feminicidios y simulación discursiva.

1. El pasado 18 de agosto, la página en Facebook de Yucatán Feminicida publicaba un apunte (post) en el que informaban que «el pasado 9 de agosto la Secretaría de Gobernación determinó que no se decretaría la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado, debido a que el Gobierno del Estado de Yucatán, concluyó, ha realizado "acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad."»

2. Unos días antes, el 13 de agosto, una nota en el sitio web del gobierno estatal destacaba el encuentro del mismo gobernador, acompañado por sus colaboradoras, las titulares de la Secretaría General de Gobierno y del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con mujeres académicas, empresarias, defensoras de derechos humanos y activistas de organizaciones sociales: «las participantes en este encuentro destacaron los esfuerzos y la actitud de apertura del Gobierno del Estado ante la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en cuya resolución emitida recientemente por la Secretaría de Gobernación (Segob) se dio a conocer que se carece de elementos y objetivos suficientes para declararla procedente.»

3. Dos días después de la publicación de Yucatán Feminicida, el 20 de agosto, y a tan sólo una semana del espaldarazo a la política gubernamental en materia de derechos de las mujeres, fue encontrado dentro de un pozo el cuerpo de la niña Ana Cristina Gutiérrez Castillo, desaparecida días antes en el municipio de Tahdziú, y, tres días más tarde, medios locales reportaban que una mujer no identificada había sido encontrada sin vida en el municipio de Kanasín. El cuerpo de Ana Cristina, de apenas 6 años de edad, presentaba pruebas de tortura, abuso sexual y asfixia mecánica por estrangulamiento.

4. Según nota de Rosa Santana para Proceso (22/08/2018), la Fiscalía General del Estado informó que la activación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, para el caso de Ana Cristina, y una semana más tarde, el viernes 31 de agosto se instaló la Comisión de Seguimiento para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en la entidad; el rostro sonriente de oreja a oreja de la secretaria de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, al anunciarse la improcedencia de la AVGM el 9 de agosto, contrasta con las cifras que un mes más tarde ella misma revelaría respecto a que en el estado de Yucatán, durante 2017, hubo 46 homicidios y en lo que va del 2018 la cifra alcanza ya los 42 crímenes contra mujeres: las yucatecas, dijo, "están más seguras en la calle, que en sus casas".

5. Según nota de Por Esto! recogida por Grieta, unos días antes, el 27 de agosto, la comunidad de Tahdziú había llevado a cabo una marcha en principio pacífica para exigir justicia por el atroz asesinato de Ana Cristina, pedir que la familia del responsable no regresase al pueblo y que todo el peso de la ley se aplicara a C. F. V. Y., vinculado a proceso por feminicidio; no obstante, un grupo de padres de familia con hijos menores acudieron al predio de los presuntos responsables, le prendieron fuego a una parte de paja y destrozaron sus pertenencias. La gente, como medida de autoprotección, esperó a que se fuera toda la prensa para realizar esta acción. Al término de la protesta, autoridades y vecinos acordaron exiliar de forma definitiva a la familia de C. F. V. Y. y expropiar su predio para la construcción de una escuela en memoria de la víctima de 6 años de edad.
 5. La Comisión, a decir de la nota de Rosa Santana para Proceso (31/08/2018), tendrá una vigencia de tres años y el  (o la) titular de la Secretaría General de Gobierno la encabezará, mientras que la directora del Ipiemh fungirá como secretaria. El nuevo organismo quedó conformado por la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Mérida, el Centro de Investigaciones Regionales “Doctor Hideyo Noguchi”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Museo Regional de Antropología de Yucatán “Palacio Cantón” y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Delegación Yucatán. También participan las asociaciones civiles: “Ni una más”, Kóokay - Ciencia Social Alternativa, Observatorio de Violencia, Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberculosa, Fundación para la Equidad-APIS Sureste y los Centros de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, y de Atención Psicológica y Sexológica Integral (Capsi).

6. Un año antes, el portal digital Libertad de Expresión Yucatán denunciaba el Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres de Yucatán sólo era un espacio que servía como cuota de pago o consolación, de carácter político partidista, ya que las acciones que se llevan a cabo para erradicar los abusos hacia las mujeres en el estado permanecían en la secrecía y su titular, Alaine López Briceño, carecía de compromiso para contribuir al cambio de paradigmas de la relación que se establece entre hombres y mujeres. Más aún, se lee en la nota, López Briceño, "ignora la problemática de género, debido a su escasa o nula formación al respecto, pues es claro que se le encargó esa responsabilidad por su cercanía y utilidad para la elite política priísta, no por su trayectoria, experiencia o aportaciones al tema de la equidad de género".

7. La nota misma de Libertad de Expresión Yucatán recoge las opiniones de Movimiento Ciudadano Yucatán, quienes aseveran que "no se le presta la debida atención institucional, ni social o comunitaria, a la violencia y amenazas contra la integridad física de las mujeres, lo cual contribuye a que se presenten hechos de carácter extremo (...) en los que no únicamente se priva de la vida a una persona, sino que además (se) hunde en la pesadumbre y el dolor a los familiares de las víctimas, (por lo que) consideramos imprescindible que las autoridades gubernamentales de la entidad abandonen la simulación discursiva y se pongan a trabajar en estrategias integrales que contrarresten la violencia hacia las mujeres, cada vez más arraigada en Yucatán".

8. En un reportaje para El Diario, los periodistas Sergio Rincón y Saúl Hernández escribían el 24 de julio de 2018 que "en un país donde la violencia de género se encuentra triste y fuertemente arraigada (...) el feminicidio de menores de edad (de cero a 17 años) ha crecido en los últimos años." En diciembre de 2017, abunda el reportaje, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública había comenzado a recabar cifras sobre el perfil de las víctimas de este crimen en cada estado y logró crear un historial de los últimos tres años: en 2015 se registraron 50 víctimas; un año después, la cifra creció a 53; para 2017, ya sumaban 61, y en los primeros cinco meses de 2018, ya se habían contabilizado 30 casos. "En total, estamos hablando de 194 feminicidios registrados de niñas y adolescentes en este periodo."

9. Rincón y Hernández aceptan que "esto dicen las cifras oficiales, pero es probable que el fenómeno sea mayor: de acuerdo con datos de la activista María Salguero, quien lleva un seguimiento detallado del fenómeno, la cifra de feminicidios de este año ya sumaba 43 casos, contando los ocurridos en la tercera semana de julio. Estos crímenes, según coinciden especialistas, ocurren en medio de un caos de marcos legales donde cada estado decide cómo atender e investigar sus casos. Y a esto, añaden expertos, se suman instituciones donde aún prevalece una cultura machista y misógina: la Red por los Derechos de la Infancia en México, evidenció en 2017 que las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia.

La ola feminicida contra niñas en México ha sido tan preocupante que desde 2015 la ONU pidió a las autoridades mexicanas  implementar medidas concretas para frenar estos casos. El Comité de los Derechos del Niño expresó su “profunda consternación” acerca de las persistentes actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, “y que resultan en una extremada violencia contra ellas”. Por ello llamó al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.

También recomendó al país "velar por que se penalice el feminicidio (asesinato de una mujer por razón de su género) en todos los códigos penales de los estados, con objetivos que permitan su adecuada implementación de acuerdo con los estándares internacionales y estandarizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país. El Estado deberá garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones que penalizan el feminicidio en los códigos penales federales y estatales”, fueron las recomendaciones que hizo la ONU.

Para Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el aumento de feminicidios de niñas y adolescentes se ha dado, entre otras razones, por la ausencia de un mandato federal que ha provocado que haya estados donde casi no se destinan recursos para prevenir y castigar estos delitos, lo que hace que sea más fácil cometerlos.

Además, señala el funcionario federal, las instituciones locales tienen marcos legales desiguales, es decir, cada estado investiga de manera distinta el feminicidio. A esto se suma que algunos casos de violencia de género contra menores son atendidos por las procuradurías (órganos que se encargan de investigar los delitos de orden estatal en México) y otros por institutos de mujeres e incluso por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“Las acciones contra la inseguridad pública están adoleciendo de una perspectiva de género, pero también claramente no estamos haciendo el trabajo de cambio cultural. México ha avanzado muchísimo en el cambio legal a favor de la igualdad y ha avanzado en la creación de instituciones, pero no hay acciones para el cambio cultural. Esto nos deja en una situación donde la violencia de género no solo no puede disminuir, sino que aumenta”, agrega Bucio.

El titular del SIPINNA señala que existen más de 3 mil instituciones a nivel nacional para garantizar la seguridad de los menores, pero en muchas de ellas se minimizan los distintos tipos de violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Ricardo Bucio detalla que existe un compromiso por parte de gobernadores para mejorar sus instituciones con el fin de garantizar el bienestar de los menores, sin embargo, “no todos lo están haciendo”.

A finales de año, añade el secretario, todos los gobiernos locales tienen que asumir un marco legal contra el castigo corporal, “que es la puerta de entrada a las violencias expresas, que puede terminar en el peor de los casos en feminicidio”. Las procuradurías de atención a niños, niñas y adolescentes, asegura Bucio, ya cuentan con un mandato legal para tener mecanismos de atención diferenciada y evitar que casos como el de Ana o Marlene se multipliquen por todo el país.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dice que dentro de la cifra de homicidios puede haber feminicidios que no fueron clasificados de forma adecuada. Esto lo sabe porque ha estudiado en profundidad los informes de autoridades federales que se han realizado para generar alertas de género en algunos estados.

Ella explica que las bases de datos disponibles no contienen detalles por separado de cada muerte de una menor. Esto ha dificultado demostrar cuántos feminicidios están dentro de la cifra de homicidios, y muchos de éstos últimos pueden ser potenciales feminicidios.

“Las autoridades no está clasificando los casos de niñas como feminicidios. Muchas veces en el imaginario de los operadores de justicia piensan que solamente se agrede, se discrimina a mujeres adultas y no ven el feminicidio en niñas. No cabe en la mente de la autoridad y lo invisibiliza”, opina Luz Estrada.

“Cuando ves que la autoridad oculta datos, puede ser que esté involucrada, ¿Por qué no podemos saber la verdad? ¿Por qué la autoridad no investiga? (...) No solamente se trata de discriminación, machismo, sino que debemos saber si existe corrupción o involucramiento de autoridades con la delincuencia”, agrega la integrante del OCNF.

El propio Ricardo Bucio Mújica, desde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lo acepta: “Sí puede haber (feminicidios que se investiguen como homicidios). Eso depende de la fiscalía e incluso de la decisión que tome el propio juzgador, y si no hay claridad de lo que implica la perspectiva de género y si no hay un marco legal adecuado acerca del feminicidio, esto podría estar ocurriendo claramente”.

 

Para la activista Verónica Villalvazo, mejor conocida como Frida Guerrera, quien ha generado su propia base de datos de feminicidios, existen más feminicidios infantiles, pero las autoridades no lo reportan por “corrupción, omisión o falta de preparación”.

En lo que va de 2018, ella ha documentado 46 feminicidios de menores de edad, mientras que la cifra oficial –con corte a mayo— es de 30 casos reportados. Para Frida, esto manda un mensaje de impunidad, y con ello “es más fácil" asesinar a una niña: “Hay un mensaje que mandan: ‘son niñas, no me importan, nadie las va a reclamar’”.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, coincide en que hay “una alta probabilidad” de que la visión y cultura machista en el marco jurídico y en los funcionarios que atienden los casos imposibilite una clasificación apropiada de estos delitos violentos. El problema puede estar desde cómo las procuradurías conceptualizan el tipo penal hasta las evidencias que presentan para sustentar el caso y los elementos que el juez toma en cuenta al momento de emitir su sentencia.

Con todo, el especialista no puede afirmar que se trate de una práctica generalizada y particularmente intencional. Para ello, señala, se tendría que hacer una revisión caso por caso de todos los homicidios de niñas y adolescentes que no fueron investigados como feminicidios.

Si la ausencia de un marco con perspectiva de género ya es un problema al momento de investigar un feminicidio, las niñas y adolescentes quedan en mayor desventaja cuando además tenemos un sistema adultocéntrico que normaliza la violencia contra los menores. De acuerdo con el director ejecutivo de REDIM, el 80% del marco legal mexicano discrimina los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, esto en un país donde ocho de cada diez hechos de violencia sexual contra menores de edad son cometidos por alguien que tiene una relación directa y casi siempre de poder sobre ellos. Este trato desigual en la legislación –que ve a los niños como propiedad familiar– contribuye a que haya más casos de feminicidios contra mujeres menores de 18 años que además no son tipificados como tal.

10. El sexenio de Rolando Zapata Bello ha llegado a su final; lo hacía con la estrellita de bien portado en materia de derechos de las mujeres que el gobierno federal de su correligionario, el priista Enrique Peña Nieto (gobernador del Estado de México cuando sus fuerzas policiales torturaron mediante violencia sexual a más de una treintena de mujeres detenidas por la defensa de la tierra y el territorio en San Salvador Atenco) le entregó, con el espaldarazo de mujeres de los sectores académico, social y empresarial del estado; así, las cosas arriba, en los terrenos del poder de arriba; abajo, la gente comienza a organizarse y, por lo pronto, agota las vías legales para cambiar a sus gobiernos: una amplia participación ciudadana que acudió a las urnas el pasado proceso electoral, decidió no renovar al PRI en el gobierno estatal, con todo y su "Escudo Yucatán" o, como en Tahdziú, echa mano de sus usos y costumbres para hacerse justicia por su propia mano y obligar a las autoridades locales a acceder a sus demandas.

La Defensa Integral de los Derechos Humanos.

Por: José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca / La Jornada Morelos.

Si se viola un derecho humano se ponen en riesgo todos los demás. Los derechos humanos son integrales. No se pueden dividir. Atañen al concepto fundamental de dignidad. Y la dignidad es lo que permite a las y los seres humanos vivir con conciencia, justicia, libertad, igualdad, sin opresión ni explotación, sin discriminación ni violencia.

En Morelos la lucha por los derechos humanos para todas y todos, forma parte de las luchas sociales desde los años 70s. Tiene fechas históricas importantes: agosto de 1977 permitió unir las luchas sindicales de los obreros textiles de la Sección 51 con 27 organizaciones integrantes del Frente Pro Derechos Humanos garantías Constitucionales y Libertades Democráticas. Lejos estaba aún de que la reforma constitucional incorporara los derechos laborales como parte de los derechos humanos. Sin embargo, ya este frente tenía claro que esos derechos estaban claramente contenidos en leyes y convenciones, y sobre todo, que eran conquistas mediante luchas, movilizaciones, huelgas y diversas formas de protesta de la clase obrera con el apoyo y participación de otros sectores oprimidos y explotados del pueblo. En esos días estalló la huelga en Textiles Morelos y duró 124 días con un plantón en el zócalo de Cuernavaca. Desde las homilías del obispo Méndez Arceo hasta los paros de solidaridad y manifestaciones multitudinarias, se vivieron momentos extraordinarios de lucha en contra de las políticas autoritarias y represivas del gobierno priísta de la época.

Mucha agua ha pasado debajo de los puentes desde esa época, y esas experiencias muestran que los derechos no son producto de la buena voluntad de los de arriba, sino producto de la lucha y del esfuerzo y exigencia desde abajo. Una sociedad de derechos, pregonada como lema por el gobierno de Graco en Morelos, está lejos de abrevar en esas luchas, pues toma distancia y repite las mismas formas autoritarias ya conocidas.

Cinco ejemplos: Los sindicatos se encuentran en medio de la ofensiva neoliberal para destruir sus contratos colectivos, la estabilidad en el empleo y generalizar la informalidad y la subcontratación. En Morelos existen 560 mil trabajadoras y trabajadores informales, y con el programa de incorporación de estos a la formalidad, se estableció un convenio entre el gobierno estatal y federal para lograr que un poco más de 6 mil sean inscritos en el IMSS durante 2013, lo que equivale al 1.2% del total, así que en 100 años se alcanzará la meta!

Pobreza: Según las estadísticas del INEGI, el número de personas en pobreza aumentó en 500 mil personas, pasando de 53 millones 800 mil a 54 millones 300 mil, lo que no informan es que las 300 familias de empresas capitalistas tienen el equivalente al ingreso de 60 millones! La pobreza es una forma de violencia del Estado contra su ciudadanía y un signo de la falta de cumplimiento con sus obligaciones frente a la población. El asistencialismo no permite erradicar los problemas estructurales que aquejan al país, las políticas públicas no deben estar alejadas del enfoque de derechos humanos para poder garantizar el pleno goce de los mismos. La pobreza está directamente relacionada con la situación laboral de las y los mexicanos, las pocas oportunidades laborales y las pésimas condiciones de trabajo. En 2012 el desempleo se situó en 5.12 por ciento siendo la población juvenil la más afectada. La pobreza está relacionada con el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud y a la vivienda y, a su vez con el incremento de la violencia en el país.

Violencia: Las cifras de las muertes violentas en México están a la alza de manera tal que según la misma fuente llegaron a 121 mil en el sexenio nefasto de Calderón, y en Morelos sigue creciendo el feminicidio y los asesinatos de jóvenes casi niños. En Morelos el número de homicidios va en aumento; el año pasado se registraron 671, en lo que va del 2013 son ya 456 homicidios; mientras que en el 2006 la cantidad fue de 141, según INEGI.

Represión: el gobierno utiliza dos estrategias frente a movimientos sociales, una de ellas es el sometimiento y la cooptación para frenar las denuncias de no cumplimiento de acuerdos y las demandas de la sociedad. La otra es la criminalización de esos movimientos sociales, donde se incluyen hostigamientos, amenazas, denuncias penales, estigmatización y persecución contra activistas, como ocurrió en Huexca y hoy en Tepoztlán.

Alerta de Violencia de Género: Ante los  siete homicidios de género que por día ocurren en México, y las 16 mil violaciones sexuales registradas en 2012, se encuentra la omisión de las autoridades locales y de las instancias judiciales responsables de impartir justicia. De 1985 a 2010, 36 mil 606 mujeres fueron asesinadas, y lo más grave es que de ese total 6.3 por ciento eran menores de cinco años. Al respecto, Marcela Lagarde desmintió las versiones de algunas titulares de institutos estatales de las Mujeres que han señalado que la Alerta de Violencia de Género (AVG) podría desaparecer de la Ley General debido a su “inoperatividad” a seis años de existencia de la norma. Pues ella señala que la AVG es un mecanismo ligado a la violencia feminicida y ésta incluye todo tipo de muertes violentas contra las mujeres, incluidas las maternas y por abortos inseguros, por lo que no se puede eliminar un mecanismo pensado para erradicar este tipo de violencia. La AVG fue diseñada como un mecanismo para casos de urgencia, ya que el Estado Mexicano no respondía en su obligación de asegurar a las mujeres su derecho a vivir libres de violencia. Actualmente cuando se presenta una solicitud de AVG es porque los gobiernos locales ya fallaron y no cumplieron con el Estado de Derecho.

Son algunos de los temas en materia de derechos humanos que muestran que el paso de los años no siempre significa un avance en su reconocimiento, a pesar de que estos deben ser la base mínima de las garantías humanas cubiertas por los Estados. Por lo que es necesario mantener una lucha constante por difundirlos y crear una cultura de respeto a los mismos. Pues si se viola un Derecho Humano se ponen en riesgo el Estado de Derecho.

Feminicidio: negativa a los derechos conquistados por la lucha feminista.

Por: Juliana G. Quintanilla, Paloma Estrada Muñoz, José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca (*) / Rebelión.

La vida y la libertad de las mujeres están en el centro de la violencia feminicida. Las mujeres mueren violentamente a manos de quienes ejercen un poder de manera impune. En las relaciones sentimentales se impone la lógica del control, del sometimiento, de la imposición de roles y papeles establecidos, donde el hombre mantiene toda clase de privilegios y pretende que las mujeres sean relegadas a la subordinación y a la dependencia, y si alguien se atreve a desafiar este orden social establecido por el sistema, entonces paga las consecuencias con su propia vida. En el capitalismo se establecen relaciones cosificadas, donde el poder del dinero, de la clase, del género, termina subordinando los más tiernos sentimientos humanos a la lógica enajenante de las relaciones mercantilizadas y cosificadas, en la pura lógica material del poseer y someter a quien no se le reconocen derechos ni capacidad de decidir.

Los derechos se conquistan mediante la lucha. Es lo que han hecho las mujeres a través del feminismo.

El feminicidio pretende hacer retroceder las ruedas de la historia para seguir manteniendo a las mujeres relegadas a un segundo plano de la vida y de su papel dentro de la sociedad. Es una estrategia del terror que pretende paralizar la voluntad y capacidad de decidir de las mujeres para que no defiendan sus derechos elementales a la vida y la libertad. Feminicidio es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer. Y pudo haber sido precedido por ciertas características, como por ejemplo: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; cuando exista o haya existido una relación de pareja o de carácter conyugal entre la víctima y el agresor; cuando se haya realizado por violencia familiar o cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, como una incapacidad física, psicológica o emocional para repeler el hecho.

Muchos, sino es que todos los crímenes que se cometen de forma cotidiana contra las mujeres, cumplen con los requisitos anteriores para configurarlos como feminicidios, sin embargo, la mayoría de los casos no son considerados así. Sobran los pretextos, pero la realidad es una, las autoridades se niegan a cumplir la ley y tipificar esos delitos como feminicidios.

Las razones son múltiples: no hay homologación en las leyes federales y estatales, falta de reglamentos, corrupción, impunidad, incoherencia, pues aunque en teoría todas y todos somos "iguales" ante la ley, en la práctica no es así, ya que  el machismo prevalece dentro del sistema de justicia, aunado a la ineptitud de algunos servidores públicos, a la falta de interés, indolencia y mil cosas más. La impunidad es el principal motor que promueve estos asesinatos, pues en la mayoría de los casos no se lleva a los culpables ante la justicia, pues así lo han reconocido las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y el propio Estado mexicano. 

En lo que se refiere a los feminicidios, la  violencia institucional y la impunidad también están presentes, muchas veces desde antes de que las mujeres sean asesinadas y aún después de perpetrado el homicidio, dejando a cientos o miles de familias en el abandono y en la desesperanza. Casi nunca encuentran la justicia que merecen. Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009″, en esos 24 años fueron asesinadas 34,176 mujeres. Entre el 2010 y el 2011 desaparecieron 3,000 mujeres. Se han cometido 529 homicidios de enero de 2011 a junio del 2012. Y de acuerdo a las cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema. En los últimos seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60% de ellas fueron encontradas en vía pública y 40% murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o concubinos.

Vemos pues, como en el país crece esta violencia. Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. Sobrevivir a un ataque de esta naturaleza es poco probable. Mientras que las autoridades no aplican la ley ni los procedimientos para proteger la vida y la libertad de las mujeres. Pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México establece que las autoridades deben otorgar protección a las mujeres inmediatamente después de que conozcan de hechos o delitos de violencia contra ellas. Sin embargo, Gobernadores de todos los Partidos, las directoras de los Institutos de las Mujeres y Congresistas se niegan a avalar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, que es un mecanismo jurídico que solicita acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos.

La Alerta implica realizar las ‘‘acciones inmediatas’’ que se soliciten –entre ellas la investigación, revisión de expedientes, incremento de vigilancia policiaca y mejoría en las diligencias ministeriales. Está descrita, mandatada y legislada desde 2007. La sistemática negativa de emitir dicha alerta, representa violencia institucional al infringir lo estipulado en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así, en un crimen de Estado. El año pasado,  el comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió una recomendación al país en la que advierte que existen ‘‘obstrucciones’’ para aplicar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, pues a la fecha se han rechazado las Alertas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Estado de México.

En Morelos, más de 2 mil firmas avalan la petición y se han emitido dos puntos de acuerdo, el primero en el Congreso de la Unión y el segundo por el Congreso del Estado.  Sin embargo y contrariamente, para aplicar la Alerta de Violencia de Género se exige que las organizaciones que la hemos solicitado,  nos apeguemos estrictamente a los procedimientos burocráticos que señala la ley, en un contenido excesivo de reglamentación. Mientras se demuestra todo lo ahí solicitado, siguen desapareciendo y asesinando a las mujeres. Ejerciendo con esa medida Violencia Institucional. Esto fue lo que analizamos ampliamente con Diputadas Federales de la Comisión sobre Feminicidio, del Congreso de la Unión, donde se está revisando el procedimiento legal para la emisión de esta Alerta.

Así vemos como ningún nivel de gobierno trabaja de forma comprometida por la seguridad de las mujeres, ni tampoco toma acciones  para prevenir y garantizar la integridad de las mexicanas. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto Federal como de cada Estado, obliga a las autoridades a presentar un programa de prevención y atención para la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que las autoridades deberían estar trabajando para llevar a cabo acciones emergentes, porque los derechos de las mujeres están siendo violentados de forma grave e insostenible y eso no debe permitirse.

Es innegable la existencia de una violencia extrema, estructural y sistemática contras las mujeres, sus cuerpos y su dignidad, enmarcada en una cultura machista y misógina. Ante este panorama no vamos a abandonar la exigencia de que en Morelos y en otras partes del país se emita esta Alerta de Violencia de Género, se trata de la vida y la libertad de las mujeres.

 (*) Integrantes de la @cidhmorelos.