COMUNICADO DE LA ASAMBLEA DE DEFENSORES DEL TERRITORIO MAYA MÚUCH' XÍINBAL, RED DE RESISTENCIA Y REBELDÍA JO’ Y ARTICULACIÓN YUCATÁN, EN TORNO A LA RELACIÓN CON SERGIO OCERANSKY (GRUPO YANSA) EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN.

Yucatán, México, martes 22 de octubre de 2019.

COMUNICADO

DE LA ASAMBLEA DE DEFENSORES DEL TERRITORIO MAYA MÚUCH' XÍINBAL,

RED DE RESISTENCIA Y REBELDÍA JO’ Y ARTICULACIÓN YUCATÁN, EN TORNO A LA RELACIÓN CON SERGIO OCERANSKY (GRUPO YANSA) EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

Hace casi tres años unimos nuestros caminos en la Asamblea Múuch' Xíinbal para hacer frente en la defensa y protección de nuestro territorio Maya, ante el arribo de numerosos megaproyectos solares y eólicos, entre otros proyectos de gran escala, que ya empezaban a mostrar signos de los graves conflictos territoriales y socioambientales que están dejando en su paso por nuestro pueblo. 

Las comunidades mayas que estamos en este largo caminar de lucha por la dignidad, donde la tierra no se vende ni se renta, estamos conformados principalmente por mujeres y hombres sencillos. La mayoría de nosotros somos campesinos y ejidatarios, pero tenemos claro que no requerimos de consultores ni mucho menos de quien pretenda negociar utilizando nuestra voz. 

Es así que hacemos de su conocimiento que el Sr. Sergio Oceransky ha perdido nuestra confianza y que nos deslindamos de todo acto o gestión que promueva él o Grupo Yansa en nombre de comunidades mayas o de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal y ante cualquier instancia gubernamental o no gubernamental, incluyendo fundaciones, ya sean locales, estatales, nacionales, o internacionales.

También comunicamos que a este deslinde se unen además, por los mismos motivos y principios, los colectivos abajo firmantes, Red de Resistencia y Rebeldía Jo’ y Articulación Yucatán, los cuales han estado con nosotros desde que iniciamos nuestro caminar y con quienes seguiremos caminando juntos.

A nuestros compañeros de camino, a las organizaciones solidarias que nos acompañan y a las personas de comunidades con las que trabajamos, les reiteramos que ¡no les dejaremos solos, siempre que nos den su consentimiento y reafirmen su deseo de tener nuestro acompañamiento! ¡Continuaremos haciendo nuestro trabajo! ¡Nuestra lucha por la defensa del territorio sigue! 

Atentamente, 

Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal

En respaldo a este pronunciamiento se adhieren:

Articulación Yucatán y Red de Resistencia y Rebeldía Jo’

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Rebelión y resistencia del pueblo maya / Ko'ox Tsikbal.

Cuentan las mujeres y los hombres sabios que a propósito nos escondieron la historia de nuestros pueblos. La cambiaron, borraron a los cabecillas y contaron mentiras para robar el pensamiento de los pueblos. Y esto lo hicieron por miedo al pueblo maya de hoy.

Hoy vivimos en nuestra propia tierra como si fuéramos extranjeros.

Se adueñaron de nuestras tierras, nos esclavizaron y, para mantenernos así, han intentado robarnos también nuestra historia. Todo está escrito como si fuera la historia de ellos, los que nos invadieron.

Pero la raíz de nuestro pueblo es muy fuerte y, aunque han destruido mucho, todavía vivimos agarrados de nuestro sueño de tener una vida buena. Nuestro futuro y nuestra rabia está viva, escondida en nuestras leyendas, en nuestras tradiciones, en nuestros ritos, en nuestras fiestas, en todo eso que en castilla se llama cultura.

Como dice el Popol Vuh: “arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco pero nunca pudieron matar nuestras raíces.”

Algunos quieren todavía arrinconarnos en el pasado, meternos en un museo para ir de paseo de vez en cuando. Nosotros no. Queremos ser un pueblo libre y autónomo, queremos ser Pueblo entre los pueblos del mundo, con todo lo que se necesita para serlo. Queremos vivir todos nuestros sueños, sintiendo nuestras alegrías y decidiendo y construyendo nuestra propia historia, nuestro futuro.

Hace tiempo nos dimos cuenta que cuando hablamos de nuestra historia, cambian mucho nuestros pensamientos. Ahora que nuestros pensamientos caminaron para buscar el modo de cambiar las cosas, nos dimos cuenta de que la mayoría de los y las mayas de ahora no conocemos nuestra historia. La leemos como si no fuera nuestra ¡como si quién sabe a quién le hubiera pasado! Hoy sabemos que había un plan para hacernos olvidarla, para que desapareciéramos como pueblo. Y nunca pudieron lograrlo.

Juntando nuestro corazón con nuestros pensamientos, nos dimos cuenta que había dos cosas grandes adentro: La primera es la rabia que sentimos cuando escuchamos la historia contada por quienes no son mayas. Nos llenamos de coraje y nos preguntamos ¿por qué algunos que no son mayas se saben nuestra propia historia y nosotros no?

Además hay una gran mentira que nos han hecho creer: que ya no hay mayas ahora, que sólo hay yucatecos, que mejor hay que pensar en el futuro... que es una vergüenza ser maya. Por eso nos sentimos menos frente a los que nos vinieron a invadir y hasta queremos parecernos a ellos. Nos han engañado humillándonos por ser de un pueblo diferente. Hemos llegado a creer que lo maya “se quita”, “se supera”.

De ahí viene la segunda cosa que nos mueve el corazón: que la gente que no sabe la historia tiene muy confundido su pensamiento. Hay gente que llega a decir que fueron buenos los hacendados, hay unos jóvenes ahorita que dicen: “lo que queremos es trabajo, aunque sea de esclavo”.

Muchas lunas han pasado desde que en el equipo Indignación tomamos el acuerdo de escribir nuestro pensamiento. Lo hemos cumplido. Ahora también pensamos que es bueno escribir nuestra historia, pero contada por nosotros, el Pueblo Maya de Yucatán en estos tiempos.

Y muchas cosas nos han pasado que nos han mostrado cómo se escribe la historia. Por eso no queríamos que fuera una historia contada como siempre. No somos los vencidos, ni estamos acabados y mucho menos hemos desaparecido.

Tampoco queríamos la historia de los “héroes” para hacer nuevas estatuas en los parques de nuestros pueblos, para que las ensucien los pájaros y se esconda adentro a todos los que lucharon juntos y que sin ellos los “héroes” no existirían.

Queríamos contar la historia de nuestro pueblo que corre viva abajo de la otra historia que siempre se escribe, como el agua que corre debajo de la tierra. Las historias desde abajo, la historia de la resistencia, la Otra Historia.

La Historia para no olvidar y para entender lo que pasa, la Historia como un Sastún, la Historia como el canto de los pájaros que oímos y entendemos sus avisos, la Historia que guarda los secretos de los tiempos, como las hormigas en los tiempos de la lluvia o los colores con los que se viste el cielo.

Las poch-mayas, como llamamos a parte de este equipo, se reían felices cuando fuimos moviendo nuestros pensamientos. Pocheaban nuestra mirada cuando cerrábamos los ojos para entender la vida y la empezábamos a soñar y la arrullamos en la hamaca, sabiendo que en el misterio de esta larga noche, Dios nos puso un hijo y una hija para que siga la Historia. Lo aprendimos con el asombro de verlo y entenderlo. Y como hacen las parteras, abrazaron estas líneas oyendo nuestras preguntas:

¿Qué cambia en la vida de uno o en la de un pueblo, durante 20, 40, 100, 500 años?

¿Cómo se convierte una rabia en una causa? ¿Cómo se iba olvidando el pasado? ¿Cómo se organizaban los movimientos?

Y ¿qué hacían los sacerdotes y Dios con tanto dolor? ¿Quiénes fueron los que defendieron a los mayas sin ser del Pueblo? ¿Por qué se juntaban con las víctimas?

Y sobre todo ¿dónde están las mujeres en todas estas historias que no salen ni los nombres, ni los pensamientos, ni sus modos tan diferentes de hacer las cosas? Lo peor de todas estas historias que escribimos, es que no hay mujeres. Nos las podemos imaginar, pero se perdieron irremediablemente en la historia de los hombres. Y pensamos que ya no más sería así. Verán que en la nueva historia, desde abajo, las mujeres seremos iguales a todos. Pero por más que buscamos en estas historias, no las encontramos. Nada más eso nos faltó.

Así que este libro se escribió preguntando, preguntándonos, conversando, discutiendo.

Cada vez que empezábamos a escribir el libro encontrábamos cosas nuevas. Y cada cosa nueva nos llevaba a nuevas preguntas y a mirar la historia de otra manera y hasta a pronunciar las cosas de otra manera muy diferente a como lo dicen los libros. Entonces íbamos con nuestros amigos y amigas historiadoras para preguntarles... y nos animaban a seguir.

Por fin vamos a imprimir este cuaderno o libro de trabajo, o Chilam Balam como dice Pedro, y queremos que sirva para comadrear, para discutir y para conversar, porque hemos aprendido que solo así se entiende la historia, haciéndonos preguntas según lo que estamos viviendo ahorita, preguntando y compartiendo nuestros pensamientos y nuestras preguntas.

No está terminado, porque la historia sigue, pero ya paramos de escribir y les compartimos hasta dónde vamos. Por eso, este libro, si lo quieren leer solos es una cosa. Pero está hecho para leerlo conversando, discutiendo: eso que llamamos tsikbal.

Un día volvíamos de un taller ahí en el sur y estábamos riéndonos con nuestro traductor, jach mayero, que había sufrido tratando de hacer reír al grupo con los chistes malísimos que en maya no tuvieron ninguna gracia.

Atardecía en esa casi-vereda llamada carretera de la sierrita del sur peninsular cuando nos confesó que quería aprender a manejar el coche. La pilota rápidamente le cedió el timón y creyendo que era un tractor nos traía a media carretera dando bandazos. Cada “columpio” cerrábamos los ojos pensando que aparecería como un alux un auto y el hombre tan campante en medio.

Con firmeza y ternura la maestra le decía: a la derecha, a la derecha... Y aquel seguía en el centro.

Desesperadas reclamamos: ¡ponte a la derecha!

Y él inmediatamente contestó: ¡no sé cuál es la derecha!

- ¡No amueles hombre! ¿Con que mano escribes?

- Con la derecha, pero no sé dónde está la derecha en el camino... Creo que mejor otro día aprendo.

Silencio. Sentimos la tarde más gris que nunca..

Al buen rato nos dijo entre reclamo y justificación: no sé cuál es la derecha, porque nosotros vamos al poniente, al sur, al norte o al oriente en los caminos.

Y después nos dijo bajito: no les entiendo. Ustedes se paran y me muestran la derecha que queda en un rumbo, pero si giran, la derecha queda en otro rumbo, y si vuelven a girar la derecha sigue girando.

Ustedes son el centro de todos los caminos y ponen el nombre de los rumbos según se ponen ustedes y piensan que todo el mundo gira alrededor.

Nosotros no pensamos así. Si giramos y giramos y giramos y giramos, el sur siempre es el sur y el norte es el norte. Nosotros estamos en el mundo, no somos el centro del mundo.

Todo el camino fue silencio. Ese día entendimos que no solo somos dos mundos diferentes, sino que los mayas tienen la razón.

Esta historia, que es como un camino, va a ir por todos los rumbos: lak ́in, xamán, chik ́in, nojol, chum ta ́an y al final: suut...

Que lo lean como quieran, pero nosotros vamos a usarlo para ir entendiendo nuestra historia como un gran caracol, para ir metiéndonos y metiéndonos en la historia.

Cada rumbo viene con preguntas y con palabras, a veces nuevas, pero que son como una puerta... o mejor como una cueva: porque parecen oscuras pero te hacen descubrir muchas cosas y dan para mucho.

Y para cada rumbo hay úuchben ju’uno’ob. Esos papeles antiguos que nos van a servir para conversar, así que vamos a intentar una traducción. Todo está por arreglarse porque es la primera vez que lo hacemos. Si hay algún especialista que quiera ayudar, bienvenido o bienvenida sea. Nosotras de por sí ya empezamos a caminar.

Aquí están nuestras palabras. Hay muchas cosas que no escribimos, pero como dijo un Juan: no cabrían ni en mil libros. Lo que nos interesaba contarles, por ahora, aquí quedó escrito.

Chablekal, primer katún del levantamiento maya de 1994.

Bety, Randy, Pepe, Raúl, Martha y Cristina.

Postdata: Este cuaderno es una idea del equipo de derechos humanos Indignación AC, en donde trabajamos mayas y no-mayas. Las fotos y el diseño son originales nuestras, pero las historias son de tantas y tantos que nos acompañan en esta aventura. Y como no nos gusta lo de la exclusividad ni los “derechos reservados”, esto se puede copiar y difundir a gusto y sin remordimientos, sólo échennos la culpa siempre.

Postdata de la postdata: Esta edición se imprimió con la solidaridad del Fondo para los Derechos Humanos Globales y el fondo noruego Det Norske Menneskerettighetsf.

MIRADA ANTROPOLÓGICA | La defensa de las tierras.

Por: Rodrigo Llanes Salazar / Diario de Yucatán.

Foto: Rodrigo Díaz Guzmán / La Jornada Maya.

Junto al despojo de tierras ejidales de los pueblos Yucatán ha surgido también un proceso de defensa de las tierras, el territorio y los recursos naturales de la región.

El pasado sábado 12 de octubre se celebró en la comunidad de Ixil el “Foro por la defensa, recuperación y conservación del territorio maya”. En el documento de invitación al evento se plantea que “las comunidades de la Península de Yucatán estamos siendo arrasadas por megaproyectos inmobiliarios, fotovoltaicos, eólicos, turísticos, de granjas porcícolas y de soya transgénica”.

Asimismo, en la invitación se relata que el ejido de Ixil “estuvo a punto de desaparecer como consecuencia de actos fraudulentos llevados al cabo por especuladores de tierras coludidos con funcionarios públicos, que estuvieron a punto de transformar nuestras tierras ejidales en propiedad privada para entregarlas a los megaproyectos”, particularmente para la construcción de dos parques eólicos.

Gracias al acompañamiento de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Yansa y la Articulación Yucatán, el ejido de Ixil logró recuperar sus tierras. Sin embargo, como reconocen ejidatarios y pobladores de Ixil, el territorio de su pueblo sigue sufriendo amenazas de despojo, particularmente el sitio conocido como “Las Trincheras”, que se ubica al norte del ejido. Legalmente reconocidas como tierras nacionales, Las Trincheras están siendo invadidas por personas externas a la comunidad.

Por estas razones, el ejido de Ixil y las organizaciones que lo acompañan han comenzado a discutir la posibilidad de cambiar su régimen legal de ejido a bienes comunales o comunidad agraria.

Como se explica en el folleto “El régimen de Bienes comunales: una herramienta para la recuperación, defensa y conservación del territorio ancestral de Ixil y otras comunidades mayas”, distribuido en el foro, los Bienes comunales “son los núcleos agrarios que conservaron sus tierras desde épocas coloniales cuyas tierras fueron restituidas, reconocidas o confirmadas por la legislación agraria”.

En teoría, los ejidos fueron creados por medio de la dotación de tierras a un grupo de campesinos por el Estado, mientras que los bienes comunales o comunidades agrarias son aquellas comunidades que lograron demostrar por medio de algún título de propiedad —como los títulos virreinales— que han poseído las tierras desde tiempo atrás, o bien, que fueron desposeídas de sus tierras y que, por tanto, éstas deben ser restituidas.

El folleto antes citado, elaborado por Sergio Oceransky, de Yansa, con aportes de la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera y la abogada Claudia Gómez, explica que en el caso de Yucatán, las comunidades mayas no recibieron títulos colectivos de propiedad en la época de la Corona Española, por lo que, después de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución 1917, las comunidades mayas no pudieron demostrar que habían sido despojadas de sus tierras. Entonces, fueron reconocidas legalmente como ejidos (con dos excepciones, en Progreso y Ticul).

Sin embargo, como han documentado varios estudios, actualmente la figura legal del ejido es insuficiente para proteger las tierras de las comunidades indígenas. Gracias a los cambios a la Ley Agraria, muchas personas externas a los ejidos pueden ser reconocidas como ejidatarios y comprar legal o ilegalmente tierras ejidales que han sido parceladas. A diferencia de las tierras ejidales, las tierras de las comunidades agrarias no pueden ser vendidas.

La Ley Agraria dispone en su Artículo 103 que los ejidos pueden decidir adoptar el régimen de comunidad agraria.

De acuerdo con ejidatarios de Ixil y las organizaciones que los acompañan, el reconocimiento de Ixil como bienes comunales o comunidad agraria permitiría detener el despojo de sus tierras y protegerlas para las generaciones futuras, pero también demandar al gobierno la restitución del territorio donde están Las Trincheras y dar, ahora sí, certidumbre jurídica a los campesinos.

El reconocimiento como comunidad agraria “les blindaría mucho más de posibles despojos futuros”, me comenta Oceransky. Los ejidatarios de Ixil tienen “una base legal sólida para solicitar la restitución de sus tierras. La comunidad lleva años cuidando las tierras, hacen un uso de baja intensidad, sustentable, y hay una identificación con Las Trincheras”, señala.

Cuando ejidatarios de Ixil y las organizaciones comenzaron a discutir la posibilidad del cambio al régimen de bienes comunales, decidieron organizar el foro del 12 de octubre, al que invitaron a varias autoridades federales y estatales, entre ellas al titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, Román Meyer.

Es importante destacar que algunos medios de comunicación han informado de manera errónea que el foro fue organizado por el gobierno, cuando en realidad fue convocado y organizado por el comisariado ejidal de Ixil, como consta en las cartas de invitación que el comisariado ejidal envió a las distintas autoridades federales.

De acuerdo con Oceransky, cuando los empresarios interesados en las tierras de Ixil se enteraron del foro, comenzaron a ejercer más presión sobre los ejidatarios de Ixil.

De acuerdo con dos panelistas que participaron en el foro, al evento asistieron varios ejidatarios de Chocholá, Chablekal, Tecoh, Seyé, entre otros, que recibieron 200 pesos de empresarios para que fueran a denunciar de corrupción al Procurador Agrario.

Fue un intento de boicot, me comenta Oceransky, en el que los empresarios emplearon las tácticas de manipulación de siempre, tratando a los ejidatarios como ganado. Sin embargo, me comenta, cuando los ejidatarios que recibieron pagos para reventar el evento escucharon los mensajes del foro, los recibieron con aplausos.

Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación que cubrieron el evento solo informaron —con errores— sobre esta parte del evento. En la segunda parte del foro se realizaron mesas de trabajo con las autoridades federales, en las que ejidatarios pudieron exponer los problemas de despojo que han sufrido de empresarios y visitadores agrarios. De acuerdo con participantes del Foro, el evento tuvo dos logros importantes.

El primero es que en el Foro participaron representantes de más de 50 ejidos y de tres frentes organizativos en defensa de las tierras de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El segundo es que Luis Hernández, el Procurador Agrario, hizo tres compromisos importantes: 1) que todas las asambleas ejidales en las que se realicen cambios en el destino de tierras requerirán su visto bueno (de modo que se vigilaría que no se lleven al cabo compra-ventas ilegales de tierras); 2) que en 15 días enviaría un equipo jurídico para dar seguimiento a los conflictos por tierras ejidales en Yucatán, y 3) que las denuncias en concreto contra funcionarios de la Procuraduría Agraria se integrarán en expedientes frente al órgano interno de control.

México es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Las disposiciones de esta Convención son obligatorias para el Estado Mexicano.

Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el órgano que se encarga de monitorear el cumplimiento de la Convención, dio a conocer sus observaciones finales sobre los informes que presentó México sobre el cumplimiento de la Convención. Entre estas observaciones se señala que “el Estado no cuenta con mecanismos adecuados para la protección, preservación, reclamación y restitución de las tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas”. Por tanto, el Comité recomienda al Estado mexicano “establecer un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, agrarias y otras instituciones relevantes, que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados”.

El Estado mexicano tiene que cumplir con la recomendación internacional anterior. Pero la historia nos enseña que las presiones desde afuera no son suficientes si no hay presión al interior de los Estados.

Y, por lo menos en Yucatán, las comunidades y ejidos ya se están organizando para hacer efectiva la protección de sus tierras, territorios y recursos.

(Agradezco a Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez, Ivet Reyes y Sergio Oceransky sus aportaciones para este artículo).

Ixil, trinchera para la defensa, recuperación y conservación del territorio maya.

Por: Geocomunes / Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal.

GeoComunes: geografía colaborativa en defensa de los bienes comunes, en el contexto del foro “Ixil, trinchera maya para la defensa, recuperación y conservación” que se realizó el pasado 12 de octubre en la comunidad de Ixil (Yucatán), compartimos los siguientes mapas y textos, fruto de un trabajo colaborativo entre la comunidad y los ejidatarios de Ixil, junto con distintas organizaciones (Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíimbal, Articulación Yucatán, Yansa y GeoComunes).
 
Esos mapas y textos tienen por objetivo evidenciar el proceso de privatización y despojo de tierras colectivas que se ha dado desde muchos años en la península para permitir el avance de un conjunto de megaproyectos (inmobiliarios, turísticos, energéticos, agoindustriales, etc.). La digna lucha de Ixil para recuperar sus tierras colectivas y visibilizar estos procesos de despojo representa una trinchera para la defensa de los bienes comunes en la península de Yucatán.

Pobres defendiendo a los pobres... EMPRESARIOS.

Por: Eliseo Ek / Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal.

"Por unas migajas".

La resistencia de los pueblos indígenas, en contra del robo, despojo, saqueo e invasión de su territorio, no inició hace unos meses, semanas o años, esta resistencia contra el exterminio inició hace 527, cuando el hombre blanco con ansias de poder y una ambición desmedida por acumular riquezas puso los pies por primera vez en lo que hoy es llamado "América", cuando el gran Nachi Cocom disparó por primera vez sus flechas contra el invasor...

Lamentablemente hoy como entonces, han existido traidores que han vendido a su pueblo, sus hermanos por una miseria, clara muestra de que esto persiste y con más fuerza que ayer, fue lo sucedido en el marco de la celebración de la resistencia maya, 50 ejidos, organizaciones por la defensa del territorio se dieron cita en la comunidad de Ixil Yucatan, para pugnar por la vuelta al régimen comunal de la tenencia de la tierra y así frenar los despojos de tierras, invasión y saqueo impulsado por los empresarios y el gran capitalismo, y muchas veces con la complicidad y complacencia de autoridades estatales, municipales y ejidales...

En ese entonces, el hombre blanco proclamaba una "falsa independencia", comprando a los indígenas y sus gobernantes con espejos haciéndoles creer que era más valioso que el oro, hoy día; le hacen creer que "vender sus tierras a las empresas capitalistas para después asalariarse con ellos por un sueldo de hambre es lo mejor y bajo esta premisa, grupos de indígenas mayas tomados a sueldo por los "coyotes" (conocidos especuladores de tierras financiado por empresarios) intentaron boicotear el evento, en el cual los campesinos indígenas exigían a las autoridades presentes el respeto a la autonomía y libre determinación consagrados en la carta Magna y que las tierras ejidales vuelvan a ser de propiedad comunal, imprescriptible e inalienable, evidenciando así, la forma de actuar del EMPRESARIADO que a fin de lograr el acaparamiento de tierras no repara en gastos para la compra de dignidades y conciencia.

Es lamentable ver y constatar una vez más que, el hambre creado e impulsado por la política capitalista neoliberal, es y se ha convertido en su mejor aliado para la manipulación de masas que defiendan a los "POBRES EMPRESARIOS", de los indígenas que solamente luchan por conservar su territorio. Algo que no sucederá seguramente NUNCA porque el objetivo precisamente es arrebatarle a los indígenas su territorio rico en recursos naturales y minerales (agua, sol, aire, cobre, petróleo etc...). Ante lo cual los pueblos indígenas hacen un llamado a las Naciones hermanas a continuar con la resistencia...

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE, Y UNA VEZ MÁS ENVIAMOS EL SIGUIENTE MENSAJE A LAS AUTORIDADES Y CÚPULA EMPRESARIAL "PORQUE LA TIERRA NO SE RENTA NI SE VENDE"

Los pasos compartidos del ejido de Ixil por la Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal.

Por: Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal.

Asistimos a una primera reunión en el municipio de Ixil hace casi dos años por invitación de algunos ejidatarios desesperados que contaron su historia a algunas organizaciones presentes. Un personaje llamado Alejandro Escoffie Gamboa había abusado de su confianza, les prometió ayudarlos en las gestiones inherentes del ejido ante las diferentes instancias oficiales. Como abogado, según dijo, puede facilitar todos los trámites necesarios en beneficio del ejido. La única condición es que lo nombraran, en una asamblea ejidal, como el representante legal; se le otorgó finalmente un nombramiento que usó para transformar la propiedad ejidal en propiedad individual bajo muchas irregularidades y actos de corrupción que le facilitaron avanzar en su propósito.

La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal (AMX) se ha acompañado desde su origen con tres organizaciones, que son la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Yansa y Articulación Yucatán, con quienes llegamos a Ixil y decidimos ofrecer a la comunidad nuestra ayuda para la recuperación de sus tierras, y ellos nos aceptaron para transitar este camino de lucha. Bajo la premisa y compromiso mutuo de “ni vendemos ni rentamos la tierra” y “si hay beneficios que sea para la comunidad”; nuestra estrategia empezó con estudiar el caso con toda la documentación existente y gestionar la recuperación del que hacía falta, denunciar la negligencia y corrupción de las autoridades, visibilizar el problema del pueblo, construir junto con ellos un plan de vida mediante una serie de talleres que les permita tener la información que necesitan, convocar a una asamblea para revertir los acuerdos anteriores que ha servido al “coyote” para despojarlos de su territorio, sensibilizarlos para la conservación, protección y trabajo de la tierra y recuperar su cultura y lengua maya que se pierde vertiginosamente.


Estas acciones tuvieron que enfrentarse en todo momento a los ataques de un puñado de ejidatarios comprometidos con el coyote Escoffie Gamboa. Las asambleas informativas que el comisario convoca son siempre atacadas por este pequeño grupo que, según se dice por la mayoría de la comunidad, reciben mucho dinero a cambio de frenar la recuperación del territorio.



La última estrategia que nos surgió para blindar mejor la tierra maya de Ixil es, de acuerdo con la ley vigente, transformar la propiedad ejidal en una propiedad comunal: esta medida les permitiría recuperar toda la tierra que históricamente como pueblo maya les corresponde. Hemos estado reflexionando en torno a esta medida para que a toda la comunidad le quede muy en claro los beneficios que esto significa y como asamblea tomen una decisión al respecto. Esta estrategia ha asustado mucho a los coyotes porque saben que si esto se concreta ya no tendrían mayor posibilidad de robar la tierra maya de Ixil. Entonces arreciaron sus ataques mediante la distribución de panfletos sin firma que distribuyen por medio de su grupo de choque que se convierten en guardias blancas.


Las gestiones que hemos llevado al cabo ante las autoridades derivó en que el encargado de la Procuraduría Agraria (PA) en Yucatán llegara a la comisaría ejidal algunas veces para explicar en persona los derechos que tiene cada ejidatario y a exhortarles a no vender la tierra y menos dejarla en manos de los especuladores.

En este contexto la comisaría ejidal de Ixil propuso convocar a todos los ejidos que padecen los mismos problemas de despojo territorial, a un foro para el doce de octubre de este año, en virtud de la fecha histórica, para discutir y acordar temas de defensa del territorio, cultura y lengua maya. Invitaron al procurador agrario para exponer su punto de vista entre los diferentes ponentes que serían ejidatarios de otras comunidades.


Como AMX y RRRJ pensamos y les manifestamos a los compañeros de la mesa directiva del ejido que esto puede mal interpretarse en muchos sentidos. Primero: que al estar un funcionario de este nivel en este foro los medios de comunicación y el mismo gobierno se apropiarían de los logros de la lucha del ejido y aparecerían como el benefactor según su propaganda política; también puede suceder que la presencia del procurador sea aprovechada por el grupo de choque de Escoffie para generar violencia. Los compañeros dijeron que están dispuestos a correr los riesgos. Nosotros como AMX tenemos el compromiso de correr sus riesgos juntos, pero dando cuenta a la sociedad de lo que está sucediendo para que esté muy claro el camino de cada quien y en qué momento se camina juntos y en qué momento se asume una encrucijada.


Creemos que el foro fue violentado primeramente por las notas de la prensa. No sabemos en qué evento estuvieron pero usaron imágenes que no corresponden al foro de Ixil; los fanáticos de Escoffié hicieron su número, es todo lo que pudieron hacer, en realidad nada. Y si lograron algo fue colocarse una soga al cuello y solo esperan que alguien les patee la silla. La comunidad de Ixil nos parece que ha ganado mucho, está mucho más fortalecido después de este foro. Fue anfitrión y creador de un espacio legítimo de demandas auténticas de muchos ejidos que pudieron usar su propia voz para manifestar con firmeza su sentida demanda de justicia. Es hoy un pueblo maya escuchado, visibilizado y ovacionado nacional e internacionalmente por defender su trinchera, su territorio, su cultura y lengua maya. Es un pueblo que está acumulando una experiencia de lucha con base en la dignidad del pueblo maya que ha defendido nuestro abuelo Cecilio Chi.

Foro por la defensa, recuperación y conservación del territorio maya: Ixil, trinchera maya / Múuch' maya t'aan: Ixil, u kootil maya k'atun.

Jornada Global SAMIR FLORES VIVE | Proyección y conversatorio del documental "Restos, rastros, rostros".

Ejidatarios de Yaxkukul exigen renovación del Comisariado Ejidal.

Por: Victor Lara Martínez / Por Esto!

Después de manifestarse por espacio de dos horas, ejidatarios de Yaxkukul firmaron ayer un acuerdo con funcionarios de la Procuraduría Agraria, instancia a la que acudieron para pedir el cambio de Juan Bautista Aké al frente del Comisario Ejidal, alegando que éste se niega a emitir la convocatoria correspondiente pese a que su gestión está por concluir.

Los ejidatarios señalaron que el comisario ejidal se niega a separarse del cargo, porque no quiere perder la “gallina de los huevos de oro”, en este caso su relación con el ejidatario Rafael Acosta Solís, que forma parte de los 335 que pertenecen a esa comunidad, según una copia de la lista en poder del Registro Agrario Nacional (RAN).

Protesta

Los campesinos del ejido de Yaxkukul llegaron poco después de las 9 de la mañana y se plantaron frente a las oficinas de la Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán para solicitar que las autoridades presionen al Comisariado Ejidal para que emita la convocatoria de la renovación de ese órgano de gobierno.

Tras ser atendido por el encargado de la PA, Felipe de la Cruz Díaz García, acordaron realizar una junta conciliatoria al que serán citados el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, todo ello con la finalidad de acordar los términos de la convocatoria, para el lunes 7 de octubre a las 12 horas.

Por tal motivo, hoy acudirán dos visitadores agrarios a presentar la cita a los representantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, además de que verificarán si existe o no la convocatoria fijada en los estrados correspondientes.

Los campesinos fueron asesorados por el abogado Cuitláhuac Hernández, quien pidió a la autoridad que sean intermediarios entre el comisaría ejidal y consejo de vigilancia, con los campesinos inconformes.

De acuerdo a lo que dijeron, el período de esas autoridades ejidales concluye en este mes de octubre y no han emitido la convocatoria.

Se les informó que la Ley Agraria prevé que, en caso de emitirse la convocatoria y vencerse el período del comisariado, el Consejo de Vigilancia toma el control y tiene 60 días para emitir la convocatoria, que tiene que ser fijada en la casa ejidal y los estrados más importantes del ejido, en caso contrario, bastará que unos 20 ejidatarios regresen y soliciten ante la PA para que esa instancia proceda a emitir la convocatoria correspondiente.

Desfalco

Por otra parte, varios ejidatarios, denunciaron que el Lic. Rafael Acosta Solís es dueño de poco más de 250 hectáreas y ahora quiere apropiarse las otras 250 que todavía posee el ejido de Yaxkukul, lo cual no están dispuestos a permitir.

Yucatán: la persecución tras el #28s.

Por: Asamblea Feminista Yucatán / Animal Político.

Actualmente en el estado de Yucatán existe un contexto de criminalización hacia las activistas y defensoras de derechos humanos. Tras la manifestación del día 28 de septiembre, en el “Día internacional para la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”, el alcalde Renán Barrera Concha difundió, a través de sus redes sociales, un video en el cual refiere que el Monumento a la Maternidad fue vandalizado por feministas y anunció que la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Esto ha sido acompañado de represión, discursos de odio a cargo de los medios de comunicación, y criminalización hacia las defensoras de derechos humanos.

Desafortunadamente, esto no es nada nuevo, ni el uso desproporcionado de fuerza pública, ni la persecución a personas defensoras de derechos humanos. Estos mismos elementos han estado presente en otras luchas que continúan hoy, como lo son la lucha de los pobladores de Homún, la lucha por el matrimonio igualitario y nuestra lucha, la lucha por los derechos de las mujeres, en específico, la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

Desde el inicio de funciones del actual gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Mauricio Vila Dosal, hasta la actualidad, se ha reportado la represión de la protesta social, así como la persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos.

En el caso de la lucha de los pobladores de Homún contra el otorgamiento de permisos para la construcción de una granja porcícola sin consultar al pueblo y sin una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en septiembre de 2018 se manifestaron pacíficamente, realizando una clausura simbólica de la megagranja.

Mientras esta protesta se llevaba a cabo, inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuraron ilegalmente 5 cenotes cuyos encargados eran líderes del movimiento que se oponía a la instalación y operación de la megagranja. Debido a esto, exigieron el retiro de los sellos.

Al mismo tiempo, quince camionetas antimotines y más de cien elementos de la policía estatal llegaron al lugar, reprimiendo a las personas que exigían sus derechos como personas indígenas mayas.

Respecto a la lucha por el matrimonio igualitario, recientemente activistas fueron expulsados del recinto donde se llevaba a cabo la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, cuya sede fue la capital yucateca; esto bajo el argumento de que sus registros habían sido bloqueados por “seguridad”. Cabe mencionar que aun cuando desde el inicio del evento había presencia policial y de militares, posterior a la denuncia de los activistas se observó la presencia de militares en la zona de ingreso al Centro de Congresos.

Esto resulta especialmente contrastante tomando en cuenta que el Matrimonio Igualitario fue un tema sobre el cual se pronunciaron conferencistas e invitados como Diego Luna, Joy Huerta y Ricky Martin.

Meses antes, el legislador local Felipe Cervera declaraba públicamente que activistas de la comunidad LGBT+ “solo son 4” y que, además, estaban “bien ubicadas”. Esto después de la interposición de dos amparos, uno por la negativa del Congreso a legislar en materia del matrimonio igualitario, en desacato de lo ya establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otro porque esta votación se realizó mediante cédula (de forma secreta).

En nuestro caso, durante la protesta del #28s se encontraban policías armados, que si bien al principio se mantuvieron al margen y eran aproximadamente 6 agentes, conforme el tiempo pasaba el número de agentes aumentó, comenzaron a empujar a las mujeres encargadas de la seguridad, tomando fotos y vídeos de todas las mujeres en general, aun cuando se les explicó que mantuvieran distancia al ser una manifestación exclusiva de mujeres.

Esto finalizó con amenazas de violencia explícitas y directas de hacernos daño al término del evento. Es alarmante que inclusive en una protesta pacífica, en la que no hubo enfrentamientos directos, ni uso de violencia y en la que se reclamaba la garantía de nuestros derechos humanos como mujeres, los agentes policiales portaban armas largas y en lugar de protegernos fueron los primeros en pasar por alto nuestras exigencias.

Además, diversos medios de comunicación locales han participado en una campaña de odio y desprestigio contra los grupos feministas y mujeres específicas. Medios que han estado publicando fotos sin consentimiento, noticias antiguas y de otros estados simulando ser actuales haciendo referencia a la ya mencionada manifestación, acompañadas de titulares estigmatizantes en donde se resaltan palabras como "feminazis", "vándalas" y "radicales".

¿El Gobierno de Yucatán criminaliza la defensa de derechos humanos?

Sí, no solo hemos sido nosotras, también hemos visto la represión contra activistas por los derechos de la comunidad LGBT+ y activistas por los derechos de las comunidades indígenas. Lo anterior es una clara muestra de la represión de la protesta social y de la libertad de expresión que existe en el estado de Yucatán.

En nuestro caso, ¿ha variado la forma de represión? ¿Por qué la cobertura de medios ha sido distinta?

Sí, no solamente se ha repetido el patrón de uso desproporcional de la fuerza y persecusión a activistas, en nuestro caso ha sido acompañado de violaciones al derecho a la vida privada que han dado pie a acoso y amenazas directas contra las mujeres identificadas en las fotografías publicadas en distintos portales de noticias. La variable que resalta es simple, es porque somos mujeres.

En Yucatán esta reacción no es nueva, siempre hemos sido calladas. Recordemos que la lucha por la autonomía de las mujeres siempre ha sido reprimida. Elvia Carrillo Puerto fue callada a través de la institución del Día de la madre en 1922, y justo el Monumento a la Maternidad, que tanto se menciona en estos días, es un recordatorio de la labor ‘’natural’’ de las mujeres y que fue donada por la “Liga de Acción Social” Mérida en 1928.

En esta ocasión la prensa ha jugado un papel muy importante, pues mientras que en los casos de Homún y el matrimonio igualitario la mayoría de las notas se centran en el relato de sucesos, en nuestro caso se han empeñado en tener titulares que nos colocan como las enemigas número uno del Estado por el simple hecho de ser mujeres que reclaman derechos, tildándonos de vándalas, feminazis, delincuentes, entre otras.

Estas violaciones al derecho a la vida privada han dado pie a acoso y amenazas directas contra las mujeres identificadas en las fotografías publicadas en distintos portales de noticias. Además de que la reproducción de titulares y notas de este tipo deslegitima la lucha, desvía la atención y constituye discursos estigmatizantes que criminaliza la labor de defensa de los derechos humanos y lucha por la autonomía de las mujeres.

En Yucatán definitivamente existe un contexto de criminalización y persecución con respecto de luchas sociales, en esta ocasión nos persiguen a nosotras las mujeres, pero también lo han hecho con las comunidades indígenas y la comunidad LGBT+.

Tanto el gobierno estatal encabezado por Mauricio Vila, así como el Ayuntamiento de Mérida encabezado por Renán Barrera, deberían cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como hemos referido en el comunicado publicado el día 1 de octubre, en específico la obligación de respetar la protesta social y la obligación de protección a las mujeres defensoras de derechos humanos.

Leer el comunicado completo: https://es.calameo.com/read/005205436fe7c0bfa0c82

Sagarpa y Senasica niegan información sobre fumigación aérea, denuncia Seduma en Yucatán.

Tomado de: Yucatán Ahora | Compartido inicialmente por: Red de Apoyo al CIG T'Hó.

Mientras en el Senado presentan un atlas para proteger a las abejas, en Yucatán un empresario amigo de políticos poderosos las mata con una fumigación ilegal y descontrolada

Dependencias federales ocultan información de la ilegal fumigación aérea realizada por el empresario Jacobo Xacur Eljure, la cual provocó serios daños al sector horticultor y apicultor del Oriente del Estado, denunció el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Eduardo Batllori Sampedro.

Reprobó que no le proporcionen la información completa en torno a la problemática que se registró a finales de julio pasado, la cual también dañó la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos así como el manto acuífero, debido al químico utilizado así como las condiciones ambientales que habían en ese entonces.

Como oportunamente se publicó, a partir del pasado 30 de julio, un helicóptero esparció herbicidas y pesticidas en los ranchos San Martín, San Fernando, San Marcos, Dzonot Pinto y Rancho Alegre, los cuales son propiedad de Xacur Eljure, ubicados en Tizimín.

La fumigación aérea se realizó sin la respectiva licencia de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y lo peor de todo, sin las medidas correspondiente para evitar daños a terceras personas.

Desafortunadamente, a consecuencia del viento y otras condiciones se afectó las áreas aledañas, principalmente las parcelas con calabazas, mató a miles de insectos, principales abejas, lacerando a los apicultores, además de dañar la Reserva y el manto acuífero.

Batllori Sampedro expresó que hasta el momento, tanto la Sagarpa como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) le niegan la información sobre los permisos otorgados en este año para efectuar fumigaciones aéreas.

“Sólo han respondido que en 2016 y en 2017 dieron autorizaciones, pero no mostraron la documentación completa, y lo peor de todo, no dieron los datos correspondientes a 2018”, acotó.
Sin embargo, la Dirección General de Aeronáutica Civil aceptó que aprobaron la habilitación de puertos aéreos para fumigación.

Pero, se niegan a revelar si se efectuaron o no la respectiva fumigación aérea, actividad en la cual se utilizaría el herbicida 2,4D (diclorofenoxiacético) y “otro similar”.

El funcionario estatal aclaró que se tratan de “químicos muy potentes”, por lo que ahora investigarán si dichas sustancias forman parte de la familia de los neonicotinoides, los cuales actúan en el sistema nervioso central de los insectos.

El 2,4D es un herbicida efectivo, de acción sistémica, de baja volatilidad y usado en el control de la maleza de hoja ancha.

Finalmente, aclaró que se pidió a la Sagarpa y al Senasica de notificar a la Seduma en caso de autorizar las fumigaciones aéreas, con el objetivo de alertar a la población sobre la actividad y los daños que ocasionarían en su salud.

Tsikbal (conversatorio): Neocolonialismo Urbano y Pueblo Maya.

En Yucatán, el PRI-Gobierno cierra con feminicidios y simulación discursiva.

1. El pasado 18 de agosto, la página en Facebook de Yucatán Feminicida publicaba un apunte (post) en el que informaban que «el pasado 9 de agosto la Secretaría de Gobernación determinó que no se decretaría la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado, debido a que el Gobierno del Estado de Yucatán, concluyó, ha realizado "acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad."»

2. Unos días antes, el 13 de agosto, una nota en el sitio web del gobierno estatal destacaba el encuentro del mismo gobernador, acompañado por sus colaboradoras, las titulares de la Secretaría General de Gobierno y del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con mujeres académicas, empresarias, defensoras de derechos humanos y activistas de organizaciones sociales: «las participantes en este encuentro destacaron los esfuerzos y la actitud de apertura del Gobierno del Estado ante la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en cuya resolución emitida recientemente por la Secretaría de Gobernación (Segob) se dio a conocer que se carece de elementos y objetivos suficientes para declararla procedente.»

3. Dos días después de la publicación de Yucatán Feminicida, el 20 de agosto, y a tan sólo una semana del espaldarazo a la política gubernamental en materia de derechos de las mujeres, fue encontrado dentro de un pozo el cuerpo de la niña Ana Cristina Gutiérrez Castillo, desaparecida días antes en el municipio de Tahdziú, y, tres días más tarde, medios locales reportaban que una mujer no identificada había sido encontrada sin vida en el municipio de Kanasín. El cuerpo de Ana Cristina, de apenas 6 años de edad, presentaba pruebas de tortura, abuso sexual y asfixia mecánica por estrangulamiento.

4. Según nota de Rosa Santana para Proceso (22/08/2018), la Fiscalía General del Estado informó que la activación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, para el caso de Ana Cristina, y una semana más tarde, el viernes 31 de agosto se instaló la Comisión de Seguimiento para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en la entidad; el rostro sonriente de oreja a oreja de la secretaria de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, al anunciarse la improcedencia de la AVGM el 9 de agosto, contrasta con las cifras que un mes más tarde ella misma revelaría respecto a que en el estado de Yucatán, durante 2017, hubo 46 homicidios y en lo que va del 2018 la cifra alcanza ya los 42 crímenes contra mujeres: las yucatecas, dijo, "están más seguras en la calle, que en sus casas".

5. Según nota de Por Esto! recogida por Grieta, unos días antes, el 27 de agosto, la comunidad de Tahdziú había llevado a cabo una marcha en principio pacífica para exigir justicia por el atroz asesinato de Ana Cristina, pedir que la familia del responsable no regresase al pueblo y que todo el peso de la ley se aplicara a C. F. V. Y., vinculado a proceso por feminicidio; no obstante, un grupo de padres de familia con hijos menores acudieron al predio de los presuntos responsables, le prendieron fuego a una parte de paja y destrozaron sus pertenencias. La gente, como medida de autoprotección, esperó a que se fuera toda la prensa para realizar esta acción. Al término de la protesta, autoridades y vecinos acordaron exiliar de forma definitiva a la familia de C. F. V. Y. y expropiar su predio para la construcción de una escuela en memoria de la víctima de 6 años de edad.
 5. La Comisión, a decir de la nota de Rosa Santana para Proceso (31/08/2018), tendrá una vigencia de tres años y el  (o la) titular de la Secretaría General de Gobierno la encabezará, mientras que la directora del Ipiemh fungirá como secretaria. El nuevo organismo quedó conformado por la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Mérida, el Centro de Investigaciones Regionales “Doctor Hideyo Noguchi”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Museo Regional de Antropología de Yucatán “Palacio Cantón” y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Delegación Yucatán. También participan las asociaciones civiles: “Ni una más”, Kóokay - Ciencia Social Alternativa, Observatorio de Violencia, Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberculosa, Fundación para la Equidad-APIS Sureste y los Centros de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, y de Atención Psicológica y Sexológica Integral (Capsi).

6. Un año antes, el portal digital Libertad de Expresión Yucatán denunciaba el Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres de Yucatán sólo era un espacio que servía como cuota de pago o consolación, de carácter político partidista, ya que las acciones que se llevan a cabo para erradicar los abusos hacia las mujeres en el estado permanecían en la secrecía y su titular, Alaine López Briceño, carecía de compromiso para contribuir al cambio de paradigmas de la relación que se establece entre hombres y mujeres. Más aún, se lee en la nota, López Briceño, "ignora la problemática de género, debido a su escasa o nula formación al respecto, pues es claro que se le encargó esa responsabilidad por su cercanía y utilidad para la elite política priísta, no por su trayectoria, experiencia o aportaciones al tema de la equidad de género".

7. La nota misma de Libertad de Expresión Yucatán recoge las opiniones de Movimiento Ciudadano Yucatán, quienes aseveran que "no se le presta la debida atención institucional, ni social o comunitaria, a la violencia y amenazas contra la integridad física de las mujeres, lo cual contribuye a que se presenten hechos de carácter extremo (...) en los que no únicamente se priva de la vida a una persona, sino que además (se) hunde en la pesadumbre y el dolor a los familiares de las víctimas, (por lo que) consideramos imprescindible que las autoridades gubernamentales de la entidad abandonen la simulación discursiva y se pongan a trabajar en estrategias integrales que contrarresten la violencia hacia las mujeres, cada vez más arraigada en Yucatán".

8. En un reportaje para El Diario, los periodistas Sergio Rincón y Saúl Hernández escribían el 24 de julio de 2018 que "en un país donde la violencia de género se encuentra triste y fuertemente arraigada (...) el feminicidio de menores de edad (de cero a 17 años) ha crecido en los últimos años." En diciembre de 2017, abunda el reportaje, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública había comenzado a recabar cifras sobre el perfil de las víctimas de este crimen en cada estado y logró crear un historial de los últimos tres años: en 2015 se registraron 50 víctimas; un año después, la cifra creció a 53; para 2017, ya sumaban 61, y en los primeros cinco meses de 2018, ya se habían contabilizado 30 casos. "En total, estamos hablando de 194 feminicidios registrados de niñas y adolescentes en este periodo."

9. Rincón y Hernández aceptan que "esto dicen las cifras oficiales, pero es probable que el fenómeno sea mayor: de acuerdo con datos de la activista María Salguero, quien lleva un seguimiento detallado del fenómeno, la cifra de feminicidios de este año ya sumaba 43 casos, contando los ocurridos en la tercera semana de julio. Estos crímenes, según coinciden especialistas, ocurren en medio de un caos de marcos legales donde cada estado decide cómo atender e investigar sus casos. Y a esto, añaden expertos, se suman instituciones donde aún prevalece una cultura machista y misógina: la Red por los Derechos de la Infancia en México, evidenció en 2017 que las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia.

La ola feminicida contra niñas en México ha sido tan preocupante que desde 2015 la ONU pidió a las autoridades mexicanas  implementar medidas concretas para frenar estos casos. El Comité de los Derechos del Niño expresó su “profunda consternación” acerca de las persistentes actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, “y que resultan en una extremada violencia contra ellas”. Por ello llamó al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.

También recomendó al país "velar por que se penalice el feminicidio (asesinato de una mujer por razón de su género) en todos los códigos penales de los estados, con objetivos que permitan su adecuada implementación de acuerdo con los estándares internacionales y estandarizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país. El Estado deberá garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones que penalizan el feminicidio en los códigos penales federales y estatales”, fueron las recomendaciones que hizo la ONU.

Para Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el aumento de feminicidios de niñas y adolescentes se ha dado, entre otras razones, por la ausencia de un mandato federal que ha provocado que haya estados donde casi no se destinan recursos para prevenir y castigar estos delitos, lo que hace que sea más fácil cometerlos.

Además, señala el funcionario federal, las instituciones locales tienen marcos legales desiguales, es decir, cada estado investiga de manera distinta el feminicidio. A esto se suma que algunos casos de violencia de género contra menores son atendidos por las procuradurías (órganos que se encargan de investigar los delitos de orden estatal en México) y otros por institutos de mujeres e incluso por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“Las acciones contra la inseguridad pública están adoleciendo de una perspectiva de género, pero también claramente no estamos haciendo el trabajo de cambio cultural. México ha avanzado muchísimo en el cambio legal a favor de la igualdad y ha avanzado en la creación de instituciones, pero no hay acciones para el cambio cultural. Esto nos deja en una situación donde la violencia de género no solo no puede disminuir, sino que aumenta”, agrega Bucio.

El titular del SIPINNA señala que existen más de 3 mil instituciones a nivel nacional para garantizar la seguridad de los menores, pero en muchas de ellas se minimizan los distintos tipos de violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Ricardo Bucio detalla que existe un compromiso por parte de gobernadores para mejorar sus instituciones con el fin de garantizar el bienestar de los menores, sin embargo, “no todos lo están haciendo”.

A finales de año, añade el secretario, todos los gobiernos locales tienen que asumir un marco legal contra el castigo corporal, “que es la puerta de entrada a las violencias expresas, que puede terminar en el peor de los casos en feminicidio”. Las procuradurías de atención a niños, niñas y adolescentes, asegura Bucio, ya cuentan con un mandato legal para tener mecanismos de atención diferenciada y evitar que casos como el de Ana o Marlene se multipliquen por todo el país.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dice que dentro de la cifra de homicidios puede haber feminicidios que no fueron clasificados de forma adecuada. Esto lo sabe porque ha estudiado en profundidad los informes de autoridades federales que se han realizado para generar alertas de género en algunos estados.

Ella explica que las bases de datos disponibles no contienen detalles por separado de cada muerte de una menor. Esto ha dificultado demostrar cuántos feminicidios están dentro de la cifra de homicidios, y muchos de éstos últimos pueden ser potenciales feminicidios.

“Las autoridades no está clasificando los casos de niñas como feminicidios. Muchas veces en el imaginario de los operadores de justicia piensan que solamente se agrede, se discrimina a mujeres adultas y no ven el feminicidio en niñas. No cabe en la mente de la autoridad y lo invisibiliza”, opina Luz Estrada.

“Cuando ves que la autoridad oculta datos, puede ser que esté involucrada, ¿Por qué no podemos saber la verdad? ¿Por qué la autoridad no investiga? (...) No solamente se trata de discriminación, machismo, sino que debemos saber si existe corrupción o involucramiento de autoridades con la delincuencia”, agrega la integrante del OCNF.

El propio Ricardo Bucio Mújica, desde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lo acepta: “Sí puede haber (feminicidios que se investiguen como homicidios). Eso depende de la fiscalía e incluso de la decisión que tome el propio juzgador, y si no hay claridad de lo que implica la perspectiva de género y si no hay un marco legal adecuado acerca del feminicidio, esto podría estar ocurriendo claramente”.

 

Para la activista Verónica Villalvazo, mejor conocida como Frida Guerrera, quien ha generado su propia base de datos de feminicidios, existen más feminicidios infantiles, pero las autoridades no lo reportan por “corrupción, omisión o falta de preparación”.

En lo que va de 2018, ella ha documentado 46 feminicidios de menores de edad, mientras que la cifra oficial –con corte a mayo— es de 30 casos reportados. Para Frida, esto manda un mensaje de impunidad, y con ello “es más fácil" asesinar a una niña: “Hay un mensaje que mandan: ‘son niñas, no me importan, nadie las va a reclamar’”.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, coincide en que hay “una alta probabilidad” de que la visión y cultura machista en el marco jurídico y en los funcionarios que atienden los casos imposibilite una clasificación apropiada de estos delitos violentos. El problema puede estar desde cómo las procuradurías conceptualizan el tipo penal hasta las evidencias que presentan para sustentar el caso y los elementos que el juez toma en cuenta al momento de emitir su sentencia.

Con todo, el especialista no puede afirmar que se trate de una práctica generalizada y particularmente intencional. Para ello, señala, se tendría que hacer una revisión caso por caso de todos los homicidios de niñas y adolescentes que no fueron investigados como feminicidios.

Si la ausencia de un marco con perspectiva de género ya es un problema al momento de investigar un feminicidio, las niñas y adolescentes quedan en mayor desventaja cuando además tenemos un sistema adultocéntrico que normaliza la violencia contra los menores. De acuerdo con el director ejecutivo de REDIM, el 80% del marco legal mexicano discrimina los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, esto en un país donde ocho de cada diez hechos de violencia sexual contra menores de edad son cometidos por alguien que tiene una relación directa y casi siempre de poder sobre ellos. Este trato desigual en la legislación –que ve a los niños como propiedad familiar– contribuye a que haya más casos de feminicidios contra mujeres menores de 18 años que además no son tipificados como tal.

10. El sexenio de Rolando Zapata Bello ha llegado a su final; lo hacía con la estrellita de bien portado en materia de derechos de las mujeres que el gobierno federal de su correligionario, el priista Enrique Peña Nieto (gobernador del Estado de México cuando sus fuerzas policiales torturaron mediante violencia sexual a más de una treintena de mujeres detenidas por la defensa de la tierra y el territorio en San Salvador Atenco) le entregó, con el espaldarazo de mujeres de los sectores académico, social y empresarial del estado; así, las cosas arriba, en los terrenos del poder de arriba; abajo, la gente comienza a organizarse y, por lo pronto, agota las vías legales para cambiar a sus gobiernos: una amplia participación ciudadana que acudió a las urnas el pasado proceso electoral, decidió no renovar al PRI en el gobierno estatal, con todo y su "Escudo Yucatán" o, como en Tahdziú, echa mano de sus usos y costumbres para hacerse justicia por su propia mano y obligar a las autoridades locales a acceder a sus demandas.

Vociferación tecnócrata contra los pueblos mayas.

Por: Ricardo Andrade Jardí / Por Esto!

No deja de ser por demás curioso, por no decir sumamente peligrosa, la avalancha de descalificaciones contra el pueblo maya de la Península de Yucatán, por haber ganado un amparo, que obliga, como debió ser desde un principio, a todos los niveles de gobierno y actores involucrados (léase empresas y organizaciones no gubernamentales, que en nuestro país por aquello de la revolución institucionalizada y de la cultura del priismo, se llaman organizaciones de la sociedad civil, otro tema para debatir sobre los imaginarios opresivos en México) a consultar a los pueblos sobre los proyectos llamados “sustentables”, del capitalismo verde, capitalismo a final de cuentas.

 Muchas son las voces que pretenden descalificar a los mayas y sus procesos organizativos. Alarmantes los argumentos de carácter clasista y racista descalificándolos. Pocos, de estos argumentos, o más bien casi ninguno, habla con verdad del futuro real de las comunidades mayas.

Uno no sabe si llorar o reír al leer las declaraciones de Eduardo Batllori Sampedro, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano (Seduma) en Yucatán, cuando dice, según lo publicado por medios impresos: “Consulta con comunidades, innecesaria porque trabajamos con ellas”, es decir, el secretario del saliente y derrotado gobierno prrista de Yucatán, según las presuntas declaraciones publicadas, si el gobierno trabaja con los mayas, ëstos pierden su calidad de sujetos de derecho, pasando a ser asujetados bajo la tutela de don Estado, don osc/ongs y don empresas nacionales y transnacionales que pueden decidir sobre el derecho de los mayas a tomar sus propias decisiones. Decisiones que aquí están totalmente ligadas al derecho irrenunciable a la vida y el territorio. Y, por si fuera poco, nos hace saber, el secretario de Medio Ambiente que lo mismo justifica las mega granjas porcicolas, que la devastación de ecosistema en nombre del falso progreso y la sustentabilidad (pues no hay ni lo uno ni lo otro en el despojo y la destrucción ambiental) primero que: “el gobierno trabaja de la mano con las comunidades mayas el Acuerdo por la Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY)” y luego nos dice: “que sería imposible hacer la consulta de las más de tres mil comunidades involucradas que se verán afectadas, para bien o para mal, por los mega proyectos de “energías renovables”. ¿Se trabaja con ellas pero no se pueden consultar? ¿Es muy difícil para el gobierno de Yucatán hacer la consulta libre, informada y culturalmente adecuada que marca la ley? Pero no es imposible despojar y destruir cientos de miles de hectáreas, es decir de naturaleza, para llenarlas de foto-celdas o aerogeneradores con todo lo negativo que eso supone para el ecosistema peninsular? ¿O sea la devastación es posible, pero la consulta no? ¿Ni siquiera en las comunidades afectadas, que entendemos no son los 106 municipios de Yucatán? ¿O si? ¿Realmente están informadas TODAS las comunidades mayas de Yucatán que se verán afectadas de lo que significan los leoninos contratos de arrendamiento y subarrendamiento por terceros de sus tierras?

Decía el poeta alemán Bertolt Brecht, “Qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio... Pues desconocer la verdad puede ser ignorancia, pero conocerla y llamarla mentira u ocultarla es un acto criminal”.

Y aquí es donde podemos ubicar uno de los principales factores para intentar entender la violenta vociferación tecnócrata contra los pueblos mayas organizados, pues al ganar el amparo en realidad han echado para abajo o cuando menos detenido por un breve tiempo: los millonarios negocios con los que empresarios, políticos corruptos y algunas organizaciones, a modo, de la sociedad civil pretenden repartirse el pastel de la peligrosa reforma energética impuesta por el “pacto contra México”.

Por eso, los centros urbanos no podemos ser ajenos ni ignorantes de lo que se pretende hacer con el territorio peninsular y de la lucha de los pueblos mayas en defensa de ese territorio puesto que esa defensa es por la vida y en contra de un sistema que por más verde que se disfrace, sólo puede ofrecer destrucción, despojo y muerte.

La Red de Apoyo al CIG T´ho´ se pronuncia ante discurso racista en contra del pueblo maya.

“Nosotros no necesitamos que nos vengan a decir cómo ser sustentables porque desde nuestros abuelos lo venimos siendo, cuidando al medio ambiente y la forma de producir nuestros alimentos. Nosotros como mayas sabemos cómo sustentar el medio ambiente haciendo lo que nos corresponde hacer, no como la sustentabilidad que proponen estos gobiernos que es muy distinta a la que nosotros practicamos; porque lo que vemos es que ellos están buscando beneficiar a los empresarios aún si es a costa de la devastación de selvas como en el caso de las empresas de energías renovables, las fotovoltaicas, que deforestarán miles de hectáreas con el permiso de los gobiernos.” 

Integrantes del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar  

 
La Red de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno T’ho’ denuncia que:

A más de un mes (6 de junio de 2018) de que el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, emitió la sentencia definitiva a favor del amparo interpuesto por comunidades mayas del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, La Jornada Maya publicó tres notas periodísticas que arremeten contra los amparados para desvirtuar un movimiento legítimo de organizaciones mayas y ambientalistas comprometidos con las demandas de estos pueblos y organizaciones.

Las notas referidas son las firmadas por el señor Andrés Silva Piotrowsky, (https://www.lajornadamaya.mx/2018-07-20/Amparados-en-el-absurdo), el reportero  Hubert Carrera Palí (https://www.lajornadamaya.mx/2018-07-23/Abrupto-golpe-a-la-sustentabilidad), así como el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche Roberto Alcalá Ferráez, (https://www.lajornadamaya.mx/2018-07-19/-Le-partieron-la-madre-a-quienes-confiaron-en-ASPY–Semarnatcam).

Cuando no se tienen los argumentos que conceden la razón, (como es el caso de algunos signatarios y/o beneficiarios del Acuerdo de Sustentabilidad para la Península de Yucatán [ASPY]) se recurre a sembrar dudas de la autenticidad u honorabilidad de quien sí los tiene e incluso puede comprobar.
Llama la atención que la línea en la redacción de los tres autores es similar, sobre todo con Roberto Alcalá Ferráez y Andrés Silva Piotrowsky; el señor Hubert Carrera Palí reportero del mismo diario, sólo repite en su nota lo que dijo el titular de la SEMARNAT en Campeche.

Descalificar ante los medios al oponente, manejar medias verdades, tratar los hechos con ligereza, tergiversarlos, ocultarlos, o de plano mentir, todo esto para confundir, son costumbres del corrupto sistema político mexicano, del que se sirven políticos y empresarios criminales, manipulando siempre para imponer su “línea” y/o implantar una versión a modo, tal como sucedió con la “Verdad Histórica”, en la “investigación” de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Lamentamos constatar el mismo método (modus operandi) y lo evidenciamos con estos ejemplos:

• Manejo de información a medias:

Hablan de beneficios a futuro (promesas) para las comunidades y ostentan su conocimiento del manejo de los parámetros internacionales de reducción de emisiones de carbono, ninguno aclara cuáles son esos beneficios y mucho menos hablan de las consecuencias negativas que se sufrirán por la acción de los megaproyectos a nuestras tierras, tampoco mencionan que el documento del ASPY se puede comercializar y seguir contaminando.

Descalificación de los actores opositores y utilización de mentiras:

Dice Roberto Alcalá Ferráez: “Es una posición radical, tendenciosa y sin fundamento. Lo han hecho sólo por servir a intereses mezquinos de carácter extranjero adversos al cuidado y protección del medio ambiente”.

Y dice Andrés Silva Piotrowsky: “El nivel de absurdo que han alcanzado quienes hoy reclaman que el ASPY se someta a un proceso de consulta es monumental. El acuerdo no despoja de nada a nadie. Obliga, por el contrario a garantizar la aplicación de siete salvaguardas:…”

Y de  entre las siete destacamos dos, que desde la integración del ASPY no se cumplieron sólo aparecen en el papel:  “…2.-Transparencia y rendición de cuentas y 3.- Respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales”.

Roberto Alcalá Ferráez también dice: “…No hay un soporte legal para frenar y acabar de un tajo con el ASPY, puesto que todo su programa se sustenta en la aplicación de políticas públicas ambientalistas y modelo ambientales que mitiguen el cambio climático …”

Mentira, el soporte legal que fue demostrado por el abogado Raymundo Espinoza fue la VIOLACIÓN de derechos colectivos de los pueblos mayas. Esto ha sido reconocido por un juez que conoce el alcance de las leyes nacionales e internacionales (que México ha firmado); y que garantizan, entre otros derechos, que las comunidades indígenas deben de ser consultadas cuando los proyectos de carácter público o privado (vengan del ASPY o no) afecten su entorno, sus parcelas, sus caminos, sus depósitos de agua, sus milpas, sus selvas, su vida cotidiana, su población, los animales del campo, las aves, murciélagos y abejas, su Territorio heredado por los abuelos y abuelas mayas, que poblaron y pueblan esta península desde hace varios miles de años.

• Tergiversación de personajes y de hechos:

Dice Andrés Silva Piotrowsky: “La interpretación resulta incomprensible, y el hecho de que un magistrado haya estado dispuesto a otorgarles el amparo solicitado es solamente una muestra de la ignorancia que impera en nuestro sistema de justicia, al menos en materia de medio ambiente”.

Afortunadamente la lucha de los mayas organizados, las organizaciones que los apoyan y el excelente trabajo de su abogado, nos permiten ver que Silva o está muy mal informado o se presta al trabajo de distorsionar las leyes y los hechos.

Aquí también miente Silva Piotrowsky: “…Como quiera que sea, la decisión de otorgar el amparo ya ha sido tomada, sin que haya mediado discusión alguna y sin que se haya podido ofrecer defensa alguna del acuerdo ….”.

La discusión sucedió en todo el proceso del juicio. El abogado Raymundo Espinoza que representó al Consejo Indígena Maya de Bacalar tuvo que enfrentar a cerca de 50 abogados que enviaron las empresas y el gobierno; y logró demostrar que el Estado Mexicano a través de su aparato judicial, está obligado a garantizar los derechos de los pueblos indígenas, entre éstos, informarles, consultarles, preguntarles qué es lo que ellos piensan de estos proyectos legaloides que, envueltos en celofanes de altruismo, ecología y siembra “orgánica” convierten el territorio maya y sus recursos (tierra, agua, aire y sol) en mercancía, y se hace desde el poder y sus lacayos, valiéndose de las instituciones del Estado incluyendo vergonzosamente a las educativas.

El proyecto “modernizador” llámese Investigación biológica de “rescate” (biopiratería), banco de material de piedra, turismo “ecológico”, compañía cervecera, granjas para albergar miles de cerdos, zonas habitacionales que construyen rápidamente inmobiliarios irresponsables que resultan extensas y caras o diminutas y en serie; proyectos de producción de “energía limpia” (“limpia” el espacio afectando todo tipo de vida), vienen desde arriba, los únicos beneficiados son los mismos de siempre y las trasnacionales voraces que despojan y devastan el territorio.

Los pueblos mayas, conocedores del mismo, nos lo han venido advirtiendo, si esto continúa, la vida corre peligro, los pueblos y su cultura desaparecerán y nos han dicho que ellos continuarán luchando por su Derecho a la Autodeterminación, lo cual suena necesario y sensato y nos remite a su historia, a la experiencia y a los conocimientos heredados.

• Discurso racista

Dice Roberto Alcalá Ferráez: “para cuidar el medio ambiente y mitigar el cambio climático ¿hay que pedir permiso a los ambientalistas? se cuestionó [habla el reportero] al tiempo de que reiteró su lamento por todo el trabajo inútil que se hizo con el total apoyo de instituciones gubernamentales, ONG, ambientalistas, académicos, científicos nacionales e internacionales, y el esfuerzo conjunto de los gobernadores de la península de Yucatán”.

Cínicamente reconoce que no participaron los pueblos mayas, obviamente el trabajo de diseñar y armar el ASPY lo hicieron entre los que saldrían beneficiados de alguna forma con el acuerdo.

El amparo se otorga porque no se tomó en cuenta a los mayas, aunque la población que se reconoce como maya signifique más del 60% de la población. En ningún momento han mencionado que el amparo se otorga porque los principales derechos de los pueblos originarios están plasmados en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. Aquí ya no “les conviene” que se aplique el Estado de Derecho tan cacareado por empresarios, funcionarios y demás autoridades.

Aun siendo una OBLIGACIÓN, no se les informó a los pueblos mayas ni se les pidió opinión alguna a pesar de que son mayoría en la Península y están habitando su Territorio, no se tomó en cuenta su cultura y patrimonio tangible e intangible, no se proporcionó información en su lengua maya.

Una muestra más del racismo que domina los círculos de poder y asociaciones son las ganancias que capturan promoviendo a los pueblos mayas del período clásico y sus vestigios arqueológicos, así como las bondades turísticas del territorio maya, y son sus verdaderos herederos quienes han estado denunciando las irregularidades desde hace 6 meses.

Los engaños comenzaron acompañados de algunos regalos para los niños, después solo  abusos, despojos y amenazas, por parte de personeros del gobierno y de las empresas que andan en busca de adultos mayores cuyos hijos viven lejos para que firmen contratos ventajosos para las empresas, o peor aun, dividiendo a las comunidades y comprando, literalmente, conciencias de algunos miembros de la comunidad, pues ofrecen entregar dinero a cambio de la firma o para convencer a los comuneros y lograr la mayoría.

Cuando se sigue una línea dictada, como el juego de “teléfono descompuesto” siempre se cae en contradicciones, por ejemplo Andrés Silva Piotrowsky desliza el asunto monetario: “… se preguntan por ahí que dónde están las grandes cantidades de dinero destinadas al ASPY, provenientes del sector privado (que al parecer, resulta ser algo así como “el maligno”). Lo cierto es que no hay hasta la fecha un solo peso destinado expresamente al acuerdo: no se ha perdido nada, nadie se ha llevado nada y nadie se enriquece a partir de la existencia del ASPY”.

Mientras que el titular de SEMARNAT en Campeche habla de pérdidas de millones:  “le partieron la madre a miles de peninsulares que habían confiado en el Acuerdo de Sustentabilidad para la Península de Yucatán (ASPY), con lo que se viene abajo todo un esfuerzo coordinado de más de seis años y millones de pesos para mitigar el cambio climático …”

Silva Piotrowsky comenta: “En realidad, no propone [ASPY] nada particularmente novedoso, sino que retoma objetivos y metas ya establecidos en diversos instrumentos, como la declaratoria de Río Branco, la de Nueva York …”

Y nos preguntamos, ¿por qué si existen todos esos programas y estrategias contra el cambio climático, nadie se ha tomado la molestia de darlas a conocer a los pueblos mayas y a la población en general? Conocer de las capacidades y las bondades de estos “instrumentos” que van a “lograr la cero deforestación” y “significar beneficios importantes para las comunidades rurales de la península”, así como sus impactos ecológicos y sociales, es indispensable para que las comunidades tomen decisiones que les beneficien y no les afecten.

Hasta el día de hoy sólo hemos visto desprecio e indiferencia de las autoridades hacia los pueblos mayas, falta de información oportuna y culturalmente adecuada, contratos ventajosos para las empresas o particulares privados, logrados con engaños. Si hay reclamo o no se desea rentar o vender, vienen las amenazas y los despojos legaloides de cientos y cientos de hectáreas para propósitos que no tienen que ver con beneficios, más bien con pérdidas para la población en general.

Los beneficiados son los de proyectos voraces inmobiliarios, turísticos, agropecuarios y en el caso de los megaproyectos energéticos, circula ya en la región peninsular amplia información, por diferentes medios, de las denuncias que están haciendo organizaciones que representan a los pueblos mayas afectados. Actualmente se encuentran defendiéndose poblaciones como Homún, Chablekal, Sta. Gertrudis Copo, Chocholá, Sinanché, Muna y Tikul, entre otras, están luchando por que se respeten sus derechos establecidos en las leyes nacionales e internacionales y en defensa de su Cultura y Territorio Estos son los hechos.

• Y amenazan…

[Roberto Alcalá Ferráez] “subrayó que en Campeche no habrá ningún tipo de consulta, porque es facultad del Ejecutivo estatal decidir qué es lo que hace y qué no. En el caso de la Zona Económica Especial (ZEE) de Seybaplaya, y precisó que no tiene por qué llevarse a cabo consulta alguna, ya que el proyecto no forma parte del ASPY.”

Andrés Silva Piotrowsky dice: “Pero eso no quiere decir que los principios, los objetivos y las metas del ASPY hayan desaparecido. Están vigentes en los planes estatales de desarrollo, en los programas sectoriales de medio ambiente de las tres entidades, en los programas de acción contra el cambio climático y en las estrategias de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en los organismos internacionales a los que pertenecen o a los que se han adherido los tres gobiernos estatales, como Río Branco, Nueva York, Bonn, y el Grupo de Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima y la Agenda 2030. ¿Se pretende amparar contra todo esto?”

Para finalizar acudimos a las palabras del antropólogo Dr. Ezequiel Zárate Toledo (https://www.lajornadamaya.mx/2018-06-05/Proyectos-energeticos-mantienen-el-control-de-comunidades) quién declaró que “los proyectos energéticos, tanto en Yucatán como en México, a raíz de la reforma energética, se convirtieron en espacios para que los grupos de poder mantengan el control sobre las comunidades, sobre todo por la falta de participación y políticas de Estado para fomentar la información y el diálogo […] Se da el derecho a explotación a unos privados, lo cual genera problemas”.

Indicó que se piensa que las grandes infraestructuras energéticas son el único sistema que puede prevalecer, “a pesar de que hay ejemplos en otros países donde los proyectos energéticos comunitarios se realizan.” Señaló que los ciudadanos están alejados de los aspectos técnicos y financieros de los proyectos y eso les impide el acceso a la toma de decisiones informadas. Mencionó que “cuando se dan procesos violentos y alterados para establecer los parques eólicos o solares la sociedad reproduce esas conductas arbitrarias.”

Por lo anterior rechazamos la manera en que se ha dado a conocer la información en La Jornada Maya, además manifestamos todo nuestro apoyo a los pueblos mayas y a las organizaciones que luchan junto con ellos pues consideramos que la demanda del respeto a sus derechos como pueblo originarios es justa y necesaria.