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12 de mayo de 2020
15 de octubre de 2019
MIRADA ANTROPOLÓGICA | La defensa de las tierras.
Por: Rodrigo Llanes Salazar / Diario de Yucatán.
Junto al despojo de tierras ejidales de los pueblos Yucatán ha surgido también un proceso de defensa de las tierras, el territorio y los recursos naturales de la región.
El pasado sábado 12 de octubre se celebró en la comunidad de Ixil el “Foro por la defensa, recuperación y conservación del territorio maya”. En el documento de invitación al evento se plantea que “las comunidades de la Península de Yucatán estamos siendo arrasadas por megaproyectos inmobiliarios, fotovoltaicos, eólicos, turísticos, de granjas porcícolas y de soya transgénica”.
Asimismo, en la invitación se relata que el ejido de Ixil “estuvo a punto de desaparecer como consecuencia de actos fraudulentos llevados al cabo por especuladores de tierras coludidos con funcionarios públicos, que estuvieron a punto de transformar nuestras tierras ejidales en propiedad privada para entregarlas a los megaproyectos”, particularmente para la construcción de dos parques eólicos.
Gracias al acompañamiento de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Yansa y la Articulación Yucatán, el ejido de Ixil logró recuperar sus tierras. Sin embargo, como reconocen ejidatarios y pobladores de Ixil, el territorio de su pueblo sigue sufriendo amenazas de despojo, particularmente el sitio conocido como “Las Trincheras”, que se ubica al norte del ejido. Legalmente reconocidas como tierras nacionales, Las Trincheras están siendo invadidas por personas externas a la comunidad.
Por estas razones, el ejido de Ixil y las organizaciones que lo acompañan han comenzado a discutir la posibilidad de cambiar su régimen legal de ejido a bienes comunales o comunidad agraria.
Como se explica en el folleto “El régimen de Bienes comunales: una herramienta para la recuperación, defensa y conservación del territorio ancestral de Ixil y otras comunidades mayas”, distribuido en el foro, los Bienes comunales “son los núcleos agrarios que conservaron sus tierras desde épocas coloniales cuyas tierras fueron restituidas, reconocidas o confirmadas por la legislación agraria”.
En teoría, los ejidos fueron creados por medio de la dotación de tierras a un grupo de campesinos por el Estado, mientras que los bienes comunales o comunidades agrarias son aquellas comunidades que lograron demostrar por medio de algún título de propiedad —como los títulos virreinales— que han poseído las tierras desde tiempo atrás, o bien, que fueron desposeídas de sus tierras y que, por tanto, éstas deben ser restituidas.
El folleto antes citado, elaborado por Sergio Oceransky, de Yansa, con aportes de la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera y la abogada Claudia Gómez, explica que en el caso de Yucatán, las comunidades mayas no recibieron títulos colectivos de propiedad en la época de la Corona Española, por lo que, después de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución 1917, las comunidades mayas no pudieron demostrar que habían sido despojadas de sus tierras. Entonces, fueron reconocidas legalmente como ejidos (con dos excepciones, en Progreso y Ticul).
Sin embargo, como han documentado varios estudios, actualmente la figura legal del ejido es insuficiente para proteger las tierras de las comunidades indígenas. Gracias a los cambios a la Ley Agraria, muchas personas externas a los ejidos pueden ser reconocidas como ejidatarios y comprar legal o ilegalmente tierras ejidales que han sido parceladas. A diferencia de las tierras ejidales, las tierras de las comunidades agrarias no pueden ser vendidas.
La Ley Agraria dispone en su Artículo 103 que los ejidos pueden decidir adoptar el régimen de comunidad agraria.
De acuerdo con ejidatarios de Ixil y las organizaciones que los acompañan, el reconocimiento de Ixil como bienes comunales o comunidad agraria permitiría detener el despojo de sus tierras y protegerlas para las generaciones futuras, pero también demandar al gobierno la restitución del territorio donde están Las Trincheras y dar, ahora sí, certidumbre jurídica a los campesinos.
El reconocimiento como comunidad agraria “les blindaría mucho más de posibles despojos futuros”, me comenta Oceransky. Los ejidatarios de Ixil tienen “una base legal sólida para solicitar la restitución de sus tierras. La comunidad lleva años cuidando las tierras, hacen un uso de baja intensidad, sustentable, y hay una identificación con Las Trincheras”, señala.
Cuando ejidatarios de Ixil y las organizaciones comenzaron a discutir la posibilidad del cambio al régimen de bienes comunales, decidieron organizar el foro del 12 de octubre, al que invitaron a varias autoridades federales y estatales, entre ellas al titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, Román Meyer.
Es importante destacar que algunos medios de comunicación han informado de manera errónea que el foro fue organizado por el gobierno, cuando en realidad fue convocado y organizado por el comisariado ejidal de Ixil, como consta en las cartas de invitación que el comisariado ejidal envió a las distintas autoridades federales.
De acuerdo con Oceransky, cuando los empresarios interesados en las tierras de Ixil se enteraron del foro, comenzaron a ejercer más presión sobre los ejidatarios de Ixil.
De acuerdo con dos panelistas que participaron en el foro, al evento asistieron varios ejidatarios de Chocholá, Chablekal, Tecoh, Seyé, entre otros, que recibieron 200 pesos de empresarios para que fueran a denunciar de corrupción al Procurador Agrario.
Fue un intento de boicot, me comenta Oceransky, en el que los empresarios emplearon las tácticas de manipulación de siempre, tratando a los ejidatarios como ganado. Sin embargo, me comenta, cuando los ejidatarios que recibieron pagos para reventar el evento escucharon los mensajes del foro, los recibieron con aplausos.
Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación que cubrieron el evento solo informaron —con errores— sobre esta parte del evento. En la segunda parte del foro se realizaron mesas de trabajo con las autoridades federales, en las que ejidatarios pudieron exponer los problemas de despojo que han sufrido de empresarios y visitadores agrarios. De acuerdo con participantes del Foro, el evento tuvo dos logros importantes.
El primero es que en el Foro participaron representantes de más de 50 ejidos y de tres frentes organizativos en defensa de las tierras de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El segundo es que Luis Hernández, el Procurador Agrario, hizo tres compromisos importantes: 1) que todas las asambleas ejidales en las que se realicen cambios en el destino de tierras requerirán su visto bueno (de modo que se vigilaría que no se lleven al cabo compra-ventas ilegales de tierras); 2) que en 15 días enviaría un equipo jurídico para dar seguimiento a los conflictos por tierras ejidales en Yucatán, y 3) que las denuncias en concreto contra funcionarios de la Procuraduría Agraria se integrarán en expedientes frente al órgano interno de control.
México es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Las disposiciones de esta Convención son obligatorias para el Estado Mexicano.
Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el órgano que se encarga de monitorear el cumplimiento de la Convención, dio a conocer sus observaciones finales sobre los informes que presentó México sobre el cumplimiento de la Convención. Entre estas observaciones se señala que “el Estado no cuenta con mecanismos adecuados para la protección, preservación, reclamación y restitución de las tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas”. Por tanto, el Comité recomienda al Estado mexicano “establecer un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, agrarias y otras instituciones relevantes, que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados”.
El Estado mexicano tiene que cumplir con la recomendación internacional anterior. Pero la historia nos enseña que las presiones desde afuera no son suficientes si no hay presión al interior de los Estados.
Y, por lo menos en Yucatán, las comunidades y ejidos ya se están organizando para hacer efectiva la protección de sus tierras, territorios y recursos.
(Agradezco a Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez, Ivet Reyes y Sergio Oceransky sus aportaciones para este artículo).
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| Foto: Rodrigo Díaz Guzmán / La Jornada Maya. |
Junto al despojo de tierras ejidales de los pueblos Yucatán ha surgido también un proceso de defensa de las tierras, el territorio y los recursos naturales de la región.
El pasado sábado 12 de octubre se celebró en la comunidad de Ixil el “Foro por la defensa, recuperación y conservación del territorio maya”. En el documento de invitación al evento se plantea que “las comunidades de la Península de Yucatán estamos siendo arrasadas por megaproyectos inmobiliarios, fotovoltaicos, eólicos, turísticos, de granjas porcícolas y de soya transgénica”.
Asimismo, en la invitación se relata que el ejido de Ixil “estuvo a punto de desaparecer como consecuencia de actos fraudulentos llevados al cabo por especuladores de tierras coludidos con funcionarios públicos, que estuvieron a punto de transformar nuestras tierras ejidales en propiedad privada para entregarlas a los megaproyectos”, particularmente para la construcción de dos parques eólicos.
Gracias al acompañamiento de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch Xíinbal, la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Yansa y la Articulación Yucatán, el ejido de Ixil logró recuperar sus tierras. Sin embargo, como reconocen ejidatarios y pobladores de Ixil, el territorio de su pueblo sigue sufriendo amenazas de despojo, particularmente el sitio conocido como “Las Trincheras”, que se ubica al norte del ejido. Legalmente reconocidas como tierras nacionales, Las Trincheras están siendo invadidas por personas externas a la comunidad.
Por estas razones, el ejido de Ixil y las organizaciones que lo acompañan han comenzado a discutir la posibilidad de cambiar su régimen legal de ejido a bienes comunales o comunidad agraria.
Como se explica en el folleto “El régimen de Bienes comunales: una herramienta para la recuperación, defensa y conservación del territorio ancestral de Ixil y otras comunidades mayas”, distribuido en el foro, los Bienes comunales “son los núcleos agrarios que conservaron sus tierras desde épocas coloniales cuyas tierras fueron restituidas, reconocidas o confirmadas por la legislación agraria”.
En teoría, los ejidos fueron creados por medio de la dotación de tierras a un grupo de campesinos por el Estado, mientras que los bienes comunales o comunidades agrarias son aquellas comunidades que lograron demostrar por medio de algún título de propiedad —como los títulos virreinales— que han poseído las tierras desde tiempo atrás, o bien, que fueron desposeídas de sus tierras y que, por tanto, éstas deben ser restituidas.
El folleto antes citado, elaborado por Sergio Oceransky, de Yansa, con aportes de la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera y la abogada Claudia Gómez, explica que en el caso de Yucatán, las comunidades mayas no recibieron títulos colectivos de propiedad en la época de la Corona Española, por lo que, después de la Revolución Mexicana y la promulgación de la Constitución 1917, las comunidades mayas no pudieron demostrar que habían sido despojadas de sus tierras. Entonces, fueron reconocidas legalmente como ejidos (con dos excepciones, en Progreso y Ticul).
Sin embargo, como han documentado varios estudios, actualmente la figura legal del ejido es insuficiente para proteger las tierras de las comunidades indígenas. Gracias a los cambios a la Ley Agraria, muchas personas externas a los ejidos pueden ser reconocidas como ejidatarios y comprar legal o ilegalmente tierras ejidales que han sido parceladas. A diferencia de las tierras ejidales, las tierras de las comunidades agrarias no pueden ser vendidas.
La Ley Agraria dispone en su Artículo 103 que los ejidos pueden decidir adoptar el régimen de comunidad agraria.
De acuerdo con ejidatarios de Ixil y las organizaciones que los acompañan, el reconocimiento de Ixil como bienes comunales o comunidad agraria permitiría detener el despojo de sus tierras y protegerlas para las generaciones futuras, pero también demandar al gobierno la restitución del territorio donde están Las Trincheras y dar, ahora sí, certidumbre jurídica a los campesinos.
El reconocimiento como comunidad agraria “les blindaría mucho más de posibles despojos futuros”, me comenta Oceransky. Los ejidatarios de Ixil tienen “una base legal sólida para solicitar la restitución de sus tierras. La comunidad lleva años cuidando las tierras, hacen un uso de baja intensidad, sustentable, y hay una identificación con Las Trincheras”, señala.
Cuando ejidatarios de Ixil y las organizaciones comenzaron a discutir la posibilidad del cambio al régimen de bienes comunales, decidieron organizar el foro del 12 de octubre, al que invitaron a varias autoridades federales y estatales, entre ellas al titular de la Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios, y al titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno federal, Román Meyer.
Es importante destacar que algunos medios de comunicación han informado de manera errónea que el foro fue organizado por el gobierno, cuando en realidad fue convocado y organizado por el comisariado ejidal de Ixil, como consta en las cartas de invitación que el comisariado ejidal envió a las distintas autoridades federales.
De acuerdo con Oceransky, cuando los empresarios interesados en las tierras de Ixil se enteraron del foro, comenzaron a ejercer más presión sobre los ejidatarios de Ixil.
De acuerdo con dos panelistas que participaron en el foro, al evento asistieron varios ejidatarios de Chocholá, Chablekal, Tecoh, Seyé, entre otros, que recibieron 200 pesos de empresarios para que fueran a denunciar de corrupción al Procurador Agrario.
Fue un intento de boicot, me comenta Oceransky, en el que los empresarios emplearon las tácticas de manipulación de siempre, tratando a los ejidatarios como ganado. Sin embargo, me comenta, cuando los ejidatarios que recibieron pagos para reventar el evento escucharon los mensajes del foro, los recibieron con aplausos.
Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación que cubrieron el evento solo informaron —con errores— sobre esta parte del evento. En la segunda parte del foro se realizaron mesas de trabajo con las autoridades federales, en las que ejidatarios pudieron exponer los problemas de despojo que han sufrido de empresarios y visitadores agrarios. De acuerdo con participantes del Foro, el evento tuvo dos logros importantes.
El primero es que en el Foro participaron representantes de más de 50 ejidos y de tres frentes organizativos en defensa de las tierras de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El segundo es que Luis Hernández, el Procurador Agrario, hizo tres compromisos importantes: 1) que todas las asambleas ejidales en las que se realicen cambios en el destino de tierras requerirán su visto bueno (de modo que se vigilaría que no se lleven al cabo compra-ventas ilegales de tierras); 2) que en 15 días enviaría un equipo jurídico para dar seguimiento a los conflictos por tierras ejidales en Yucatán, y 3) que las denuncias en concreto contra funcionarios de la Procuraduría Agraria se integrarán en expedientes frente al órgano interno de control.
México es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. Las disposiciones de esta Convención son obligatorias para el Estado Mexicano.
Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el órgano que se encarga de monitorear el cumplimiento de la Convención, dio a conocer sus observaciones finales sobre los informes que presentó México sobre el cumplimiento de la Convención. Entre estas observaciones se señala que “el Estado no cuenta con mecanismos adecuados para la protección, preservación, reclamación y restitución de las tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas”. Por tanto, el Comité recomienda al Estado mexicano “establecer un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las autoridades judiciales, agrarias y otras instituciones relevantes, que permita la reclamación y restitución de tierras y territorios ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados”.
El Estado mexicano tiene que cumplir con la recomendación internacional anterior. Pero la historia nos enseña que las presiones desde afuera no son suficientes si no hay presión al interior de los Estados.
Y, por lo menos en Yucatán, las comunidades y ejidos ya se están organizando para hacer efectiva la protección de sus tierras, territorios y recursos.
(Agradezco a Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez, Ivet Reyes y Sergio Oceransky sus aportaciones para este artículo).
Pobres defendiendo a los pobres... EMPRESARIOS.
Por: Eliseo Ek / Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal.
"Por
unas migajas".
La resistencia de los pueblos indígenas, en contra del
robo, despojo, saqueo e invasión de su territorio, no inició hace unos
meses, semanas o años, esta resistencia contra el exterminio inició hace
527, cuando el hombre blanco con ansias de poder y una ambición
desmedida por acumular riquezas puso los pies por primera vez en lo que
hoy es llamado "América", cuando el gran Nachi Cocom disparó por
primera vez sus flechas contra el invasor...
Lamentablemente hoy como
entonces, han existido traidores que han vendido a su pueblo, sus
hermanos por una miseria, clara muestra de que esto persiste y con más
fuerza que ayer, fue lo sucedido en el marco de la celebración de la
resistencia maya, 50 ejidos, organizaciones por la defensa del
territorio se dieron cita en la comunidad de Ixil Yucatan, para pugnar
por la vuelta al régimen comunal de la tenencia de la tierra y así
frenar los despojos de tierras, invasión y saqueo impulsado por los
empresarios y el gran capitalismo, y muchas veces con la complicidad y
complacencia de autoridades estatales, municipales y ejidales...
En ese
entonces, el hombre blanco proclamaba una "falsa independencia",
comprando a los indígenas y sus gobernantes con espejos haciéndoles
creer que era más valioso que el oro, hoy día; le hacen creer que "vender sus tierras a las empresas capitalistas para después asalariarse
con ellos por un sueldo de hambre es lo mejor y bajo esta premisa,
grupos de indígenas mayas tomados a sueldo por los "coyotes" (conocidos
especuladores de tierras financiado por empresarios) intentaron
boicotear el evento, en el cual los campesinos indígenas exigían a las
autoridades presentes el respeto a la autonomía y libre determinación
consagrados en la carta Magna y que las tierras ejidales vuelvan a ser
de propiedad comunal, imprescriptible e inalienable, evidenciando así,
la forma de actuar del EMPRESARIADO que a fin de lograr el acaparamiento
de tierras no repara en gastos para la compra de dignidades y
conciencia.
Es
lamentable ver y constatar una vez más que, el hambre creado e
impulsado por la política capitalista neoliberal, es y se ha convertido
en su mejor aliado para la manipulación de masas que defiendan a los
"POBRES EMPRESARIOS", de los indígenas que solamente luchan por
conservar su territorio. Algo que no sucederá seguramente NUNCA porque
el objetivo precisamente es arrebatarle a los indígenas su territorio
rico en recursos naturales y minerales (agua, sol, aire, cobre, petróleo
etc...). Ante lo cual los pueblos indígenas hacen un llamado a las
Naciones hermanas a continuar con la resistencia...
HASTA
LA VICTORIA SIEMPRE, Y UNA VEZ MÁS ENVIAMOS EL SIGUIENTE MENSAJE A LAS
AUTORIDADES Y CÚPULA EMPRESARIAL "PORQUE LA TIERRA NO SE RENTA NI SE
VENDE"
Los pasos compartidos del ejido de Ixil por la Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal.
Por: Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Múuch’ Xíinbal.
Asistimos a una primera reunión en el municipio de Ixil hace casi dos años por invitación de algunos ejidatarios desesperados que contaron su historia a algunas organizaciones presentes. Un personaje llamado Alejandro Escoffie Gamboa había abusado de su confianza, les prometió ayudarlos en las gestiones inherentes del ejido ante las diferentes instancias oficiales. Como abogado, según dijo, puede facilitar todos los trámites necesarios en beneficio del ejido. La única condición es que lo nombraran, en una asamblea ejidal, como el representante legal; se le otorgó finalmente un nombramiento que usó para transformar la propiedad ejidal en propiedad individual bajo muchas irregularidades y actos de corrupción que le facilitaron avanzar en su propósito.
La Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal (AMX) se ha acompañado desde su origen con tres organizaciones, que son la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’, Yansa y Articulación Yucatán, con quienes llegamos a Ixil y decidimos ofrecer a la comunidad nuestra ayuda para la recuperación de sus tierras, y ellos nos aceptaron para transitar este camino de lucha. Bajo la premisa y compromiso mutuo de “ni vendemos ni rentamos la tierra” y “si hay beneficios que sea para la comunidad”; nuestra estrategia empezó con estudiar el caso con toda la documentación existente y gestionar la recuperación del que hacía falta, denunciar la negligencia y corrupción de las autoridades, visibilizar el problema del pueblo, construir junto con ellos un plan de vida mediante una serie de talleres que les permita tener la información que necesitan, convocar a una asamblea para revertir los acuerdos anteriores que ha servido al “coyote” para despojarlos de su territorio, sensibilizarlos para la conservación, protección y trabajo de la tierra y recuperar su cultura y lengua maya que se pierde vertiginosamente.
Estas acciones tuvieron que enfrentarse en todo momento a los ataques de un puñado de ejidatarios comprometidos con el coyote Escoffie Gamboa. Las asambleas informativas que el comisario convoca son siempre atacadas por este pequeño grupo que, según se dice por la mayoría de la comunidad, reciben mucho dinero a cambio de frenar la recuperación del territorio.
La última estrategia que nos surgió para blindar mejor la tierra maya de Ixil es, de acuerdo con la ley vigente, transformar la propiedad ejidal en una propiedad comunal: esta medida les permitiría recuperar toda la tierra que históricamente como pueblo maya les corresponde. Hemos estado reflexionando en torno a esta medida para que a toda la comunidad le quede muy en claro los beneficios que esto significa y como asamblea tomen una decisión al respecto. Esta estrategia ha asustado mucho a los coyotes porque saben que si esto se concreta ya no tendrían mayor posibilidad de robar la tierra maya de Ixil. Entonces arreciaron sus ataques mediante la distribución de panfletos sin firma que distribuyen por medio de su grupo de choque que se convierten en guardias blancas.
Las gestiones que hemos llevado al cabo ante las autoridades derivó en que el encargado de la Procuraduría Agraria (PA) en Yucatán llegara a la comisaría ejidal algunas veces para explicar en persona los derechos que tiene cada ejidatario y a exhortarles a no vender la tierra y menos dejarla en manos de los especuladores.
En este contexto la comisaría ejidal de Ixil propuso convocar a todos los ejidos que padecen los mismos problemas de despojo territorial, a un foro para el doce de octubre de este año, en virtud de la fecha histórica, para discutir y acordar temas de defensa del territorio, cultura y lengua maya. Invitaron al procurador agrario para exponer su punto de vista entre los diferentes ponentes que serían ejidatarios de otras comunidades.
Como AMX y RRRJ pensamos y les manifestamos a los compañeros de la mesa directiva del ejido que esto puede mal interpretarse en muchos sentidos. Primero: que al estar un funcionario de este nivel en este foro los medios de comunicación y el mismo gobierno se apropiarían de los logros de la lucha del ejido y aparecerían como el benefactor según su propaganda política; también puede suceder que la presencia del procurador sea aprovechada por el grupo de choque de Escoffie para generar violencia. Los compañeros dijeron que están dispuestos a correr los riesgos. Nosotros como AMX tenemos el compromiso de correr sus riesgos juntos, pero dando cuenta a la sociedad de lo que está sucediendo para que esté muy claro el camino de cada quien y en qué momento se camina juntos y en qué momento se asume una encrucijada.
Creemos que el foro fue violentado primeramente por las notas de la prensa. No sabemos en qué evento estuvieron pero usaron imágenes que no corresponden al foro de Ixil; los fanáticos de Escoffié hicieron su número, es todo lo que pudieron hacer, en realidad nada. Y si lograron algo fue colocarse una soga al cuello y solo esperan que alguien les patee la silla. La comunidad de Ixil nos parece que ha ganado mucho, está mucho más fortalecido después de este foro. Fue anfitrión y creador de un espacio legítimo de demandas auténticas de muchos ejidos que pudieron usar su propia voz para manifestar con firmeza su sentida demanda de justicia. Es hoy un pueblo maya escuchado, visibilizado y ovacionado nacional e internacionalmente por defender su trinchera, su territorio, su cultura y lengua maya. Es un pueblo que está acumulando una experiencia de lucha con base en la dignidad del pueblo maya que ha defendido nuestro abuelo Cecilio Chi.
Asistimos a una primera reunión en el municipio de Ixil hace casi dos años por invitación de algunos ejidatarios desesperados que contaron su historia a algunas organizaciones presentes. Un personaje llamado Alejandro Escoffie Gamboa había abusado de su confianza, les prometió ayudarlos en las gestiones inherentes del ejido ante las diferentes instancias oficiales. Como abogado, según dijo, puede facilitar todos los trámites necesarios en beneficio del ejido. La única condición es que lo nombraran, en una asamblea ejidal, como el representante legal; se le otorgó finalmente un nombramiento que usó para transformar la propiedad ejidal en propiedad individual bajo muchas irregularidades y actos de corrupción que le facilitaron avanzar en su propósito.
Estas acciones tuvieron que enfrentarse en todo momento a los ataques de un puñado de ejidatarios comprometidos con el coyote Escoffie Gamboa. Las asambleas informativas que el comisario convoca son siempre atacadas por este pequeño grupo que, según se dice por la mayoría de la comunidad, reciben mucho dinero a cambio de frenar la recuperación del territorio.
La última estrategia que nos surgió para blindar mejor la tierra maya de Ixil es, de acuerdo con la ley vigente, transformar la propiedad ejidal en una propiedad comunal: esta medida les permitiría recuperar toda la tierra que históricamente como pueblo maya les corresponde. Hemos estado reflexionando en torno a esta medida para que a toda la comunidad le quede muy en claro los beneficios que esto significa y como asamblea tomen una decisión al respecto. Esta estrategia ha asustado mucho a los coyotes porque saben que si esto se concreta ya no tendrían mayor posibilidad de robar la tierra maya de Ixil. Entonces arreciaron sus ataques mediante la distribución de panfletos sin firma que distribuyen por medio de su grupo de choque que se convierten en guardias blancas.
Las gestiones que hemos llevado al cabo ante las autoridades derivó en que el encargado de la Procuraduría Agraria (PA) en Yucatán llegara a la comisaría ejidal algunas veces para explicar en persona los derechos que tiene cada ejidatario y a exhortarles a no vender la tierra y menos dejarla en manos de los especuladores.
En este contexto la comisaría ejidal de Ixil propuso convocar a todos los ejidos que padecen los mismos problemas de despojo territorial, a un foro para el doce de octubre de este año, en virtud de la fecha histórica, para discutir y acordar temas de defensa del territorio, cultura y lengua maya. Invitaron al procurador agrario para exponer su punto de vista entre los diferentes ponentes que serían ejidatarios de otras comunidades.
Como AMX y RRRJ pensamos y les manifestamos a los compañeros de la mesa directiva del ejido que esto puede mal interpretarse en muchos sentidos. Primero: que al estar un funcionario de este nivel en este foro los medios de comunicación y el mismo gobierno se apropiarían de los logros de la lucha del ejido y aparecerían como el benefactor según su propaganda política; también puede suceder que la presencia del procurador sea aprovechada por el grupo de choque de Escoffie para generar violencia. Los compañeros dijeron que están dispuestos a correr los riesgos. Nosotros como AMX tenemos el compromiso de correr sus riesgos juntos, pero dando cuenta a la sociedad de lo que está sucediendo para que esté muy claro el camino de cada quien y en qué momento se camina juntos y en qué momento se asume una encrucijada.
Creemos que el foro fue violentado primeramente por las notas de la prensa. No sabemos en qué evento estuvieron pero usaron imágenes que no corresponden al foro de Ixil; los fanáticos de Escoffié hicieron su número, es todo lo que pudieron hacer, en realidad nada. Y si lograron algo fue colocarse una soga al cuello y solo esperan que alguien les patee la silla. La comunidad de Ixil nos parece que ha ganado mucho, está mucho más fortalecido después de este foro. Fue anfitrión y creador de un espacio legítimo de demandas auténticas de muchos ejidos que pudieron usar su propia voz para manifestar con firmeza su sentida demanda de justicia. Es hoy un pueblo maya escuchado, visibilizado y ovacionado nacional e internacionalmente por defender su trinchera, su territorio, su cultura y lengua maya. Es un pueblo que está acumulando una experiencia de lucha con base en la dignidad del pueblo maya que ha defendido nuestro abuelo Cecilio Chi.
Crónica y análisis de una victoria histórica del movimiento indígena.
Por: Decio Machado / VientoSur.
El final de la era correista fue dantesco respecto a la gestión
realizada durante el primer período de mandato de Rafael Correa. Ese fue
el momento en que la sociedad ecuatoriana comenzó a comprender la
enorme distancia existente entre la realidad actual del país y la imagen
que de este se había forjado a través del fuerte aparato de propaganda
del régimen, tanto dentro como fuera del Ecuador.
Más allá de que el poder Ejecutivo hubiera sometido al resto de poderes del Estado bajo su control, lógica propia de cualquier gobierno de perfil autoritario, la corrupción institucional históricamente existente en el país se tecnificó y la protesta social fue brutalmente criminalizada. Diversos líderes indígenas en territorios resistentes a la presión extractivista fueron asesinados bajo la más absoluta impunidad, ejerciéndose la represión más brutal del régimen en el paro nacional convocado por el movimiento indígena y las organizaciones sindicales en agosto del año 2015. En lo económico y terminado el boom de los commodities, Rafael Correa entregó un país donde el gasto público era ampliamente superior a los ingresos permanentes necesarios para sostenerlo, lo que implicaba reformas de carácter estructural que abría la posibilidad a diferentes opciones para el nuevo gobierno de Lenín Moreno.
La investidura presidencial de Lenín Moreno se dio en mayo del 2017; sin embargo, la producción en el país se había estancado desde el año 2014, no consiguiendo reactivarse desde entonces hasta ahora. El ingreso promedio por habitante en estos seis años apenas se ha movido en una franja de 20 dólares hacia abajo, alcanzando el empleo adecuado -eufemismo inventado en la era correista para señalar a quienes al menos perciben el equivalente al salario mínimo (394 dólares)- a tan solo el 37,9% de la población económica activa.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de la sociedad ecuatoriana tiene como grupos más afectados a los asalariados privados y trabajadores por cuenta propia, quienes en los últimos seis años han visto un crecimiento prácticamente nulo de sus salarios. Sin embargo, durante lo que va de período de la gestión morenista y en aras a reducir el volumen de un Estado al que se calificó como obeso, se eliminaron 20 ministerios y 23 mil funcionarios públicos fueron cesados. En las actuales condiciones de estancamiento económico del país y con un sector empresarial que invierte muy por debajo del promedio latinoamericano en la economía nacional, lo cual ya de por sí es irrisorio, el mercado laboral privado ha sido incapaz de absorber a los servidores públicos cesados, incorporándose estos al ejercito de reserva del mercado de trabajo ecuatoriano.
En paralelo, la banca y otros grupos del gran capital que operan en la economía ecuatoriana continuaron obteniendo utilidades millonarias -tal como ya sucedía durante el período de gestión correista- pese al estancamiento. Entre 2015 y 2018 la banca obtuvo utilidades por 1.777 millones de dólares, mientras apenas 30 compañías obtuvieron casi cinco mil millones de dólares en el mismo concepto. En contraste, la elevada desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra se mantuvo.
Con una economía dolarizada desde principios de siglo, lo que anula cualquier capacidad de soberanía monetaria, y a falta de ingresos permanentes pese a las soflamas propagandísticas de industrialización por sustitución de importaciones y cambio de matriz productiva enarboladas durante el régimen de Correa, la deuda comenzó a dispararse de forma desmesurada. Entre 2010 y 2019 la deuda por ecuatoriano creció 7 veces, pasando de 538,81 dólares a 3.582 dólares; el pago de intereses por ecuatoriano creció 11 veces, de 38,31 dólares a 435,29 dólares; y el gasto en deuda creció 12 veces, evolucionando de 613 millones de dólares a 7.400 millones de dólares. En términos comparativos, el gasto de deuda actual (intereses y amortizaciones por 7.400 millones de dólares) supera casi dos veces el presupuesto de educación (4.970,9 millones de dólares) y el casi tres veces del presupuesto en salud (2.882,9 millones de dólares).
Así, mientras la propaganda correista en manos de jóvenes tecnócratas de la comunicación y la publicidad -aprendices andinos de Goebbels- definía económicamente al país como el jaguar latinoamericano, la sociedad ecuatoriana terminó descubriendo que Ecuador no pasaba de ser un desdentado oso perezoso que vivió de las rentas petroleras bajo una economía rentista que funcionó adecuadamente tan solo mientras duró el boom de los commodities.
De esta forma el gasto de consumo ha ido decayendo tanto en términos públicos como privados, visualizándose claramente como los servicios públicos se han ido paulatinamente deteriorando. Terminada la gran fiesta propiciada por los excedentes petroleros, nunca hubo una redistribución de la riqueza durante el período correista sino la transferencia de los excedentes del Estado para sostener políticas de subsidios e inversión pública en infraestructura -modernización del Estado capitalista-, se apagó el motor de la economía nacional. Incluso las importaciones de maquinaria se han reducido al día de hoy, reflejándose así la limitada capacidad de sostener la tan anhelada tecnificación productiva con la que todo el establishment político y empresarial sueña en el país. Consecuencia de todo ello: desaceleración económica.
De esta manera, al aumento del déficit fiscal le siguió el incremento del endeudamiento, a lo que le siguió a su vez problemas de acceso al financiamiento, lo que hizo que comenzaran a bajar la reservas internacionales del país. Con créditos internacionales chinos a tasas de interés que recuerdan a El Avaro de Molière, el gobierno de Moreno decidió entregarse, en cuerpo y alma, al FMI.
En este contexto el Ecuador de Lenín Moreno, quien hasta mayo del 2018 -fecha de nombramiento del ministro de Economía y Finanzas actual- no tuvo claro su hoja de ruta económica, decidió adecuarse a las recetas fondomonetaristas para equilibrar la economía nacional. A cambio de 4.200 millones de dólares que el FMI debe desembolsar en el transcurso de tres años y 6.000 millones de dólares más provenientes de otros organismos multilaterales, Moreno se comprometió a emprender un fuerte ajuste económico con el objetivo de lograr equilibrios de carácter fiscal y externo a corto plazo, liberalizando y flexibilizando todo lo posible la economía nacional, mientras a medio y largo plazo se profundizaría el carácter primario-exportador que ha acompañado la historia económica del Ecuador. El discurso fue el que siempre se aplica previo a este tipo de medidas: “Nos vemos obligados a pedirle al pueblo ecuatoriano un sacrificio debido a las condiciones en las que hemos recibido el país…”.
El antecedente al Paro Nacional
Con territorios claramente olvidados en la periferia del nacional debido a la carencia de recursos por parte del Estado, estalló el paro en la provincia del Carchi. Allí, en un territorio con un PIB per cápita de casi la mitad de lo que tiene Pichincha -provincia donde está instalada la capital del país-, de los 34.853 millones de dólares del Presupuesto General del Estado en el año 2018 tan solo le correspondieron 64 millones, alcanzando su índice de necesidades básicas insatisfechas al 45% de la población. Con una tasa de empleo digno de apenas el 26% frente la 37,9% promedio del país, la población del Carchi se lanzó a las calles, cortando carreteras y con sus gobiernos municipales y provincial a la cabeza de las movilizaciones junto a gremios y movimientos sociales.
Inicialmente el gobierno se negó a negociar mientras se mantuviera el paro. Tras siete días de movilizaciones continuas y con el principal acceso fronterizo con Colombia cortado por los manifestantes -cientos de camiones quedaban varados pudriéndose los alimentos perecederos que transportaban-, Lenin Moreno se vio obligado a negociar con los huelguistas aceptando una parte importante de sus reivindicaciones. Todo ello no sin antes emprender una fuerte represión por parte de las fuerzas de orden público que tuvo como respuesta popular el asalto al edificio de la Gobernación -sede del gobierno central en el territorio- en la ciudad de Tulcán, capital de la provincia.
Sería el 30 de septiembre cuando se solucionara el paro en el Carchi, apenas dos días antes de que comenzará las jornadas de lucha a nivel nacional. Su resolución fue fruto de que los dirigentes carchenses del paro detectaron las operaciones de actores externos a la provincia vinculados al correísmo que intentaban hacer con la movilización local una estrategia ajena a las demandas de los movilizados y dividiendo al movimiento.
Cabe indicar que el gobierno nacional y especialmente su frente político demostró no haber aprendido nada de los sucesos acaecidos durante la semana de cortes de carretera y conflicto constante entre la población carchense y aparatos represivos del Estado.
Es evidente que el presidente Lenín Moreno encabeza un gobierno extremadamente débil, sin base social y sin inteligencia política. El apoyo a su gestión está por debajo del 16%, gran parte de sus ministros intencionadamente apenas tienen aparición pública y quien maneja el frente político del gobierno es María Paula Romo -ministra del Interior-, quien junto a Juan Sebastián Roldán -secretario particular del presidente y portavoz oficial del Ejecutivo- provienen de una organización llamada Ruptura de los 25, la cual se autodefinió años atrás como una “organización política moderna y contemporánea” pero que en la actualidad ejerce la vieja política a través de sus jóvenes dirigentes.
Si la gestión de la crisis del Carchi fue patética por parte de los responsables gubernamentales, que decir de lo que vendría inmediatamente después…
Y llegó el Paro Nacional
Así se llegó al día 1 de octubre, momento en el que Lenín Moreno mediante cadena gubernamental televisada anunciaría lo que las organizaciones sociales definirían como un paquetazo neoliberal con base en las exigencias de ajuste presupuestario implementadas por el FMI. El mandatario anunciaría en aquel momento que mediante Decreto Presidencial 883 se eliminaría el subsidio al combustible, a la par que la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que se vayan renovando, la reducción del período anual de vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15 días, así como obligación por parte de los trabajadores de las empresas públicas de aportar obligatoriamente un día de salario mensual al erario público. En paralelo, se decretaban una serie de medidas laborales que implican la flexibilización del mercado de trabajo privado, justificándolo bajo el argumente de la necesidad de implementar un modelo acorde con los nuevos tiempos.
Al día siguiente la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) junto a otras organizaciones sindicales y sociales del país anunciaban la convocatoria de un gran paro nacional contra las medidas económicas del gobierno.
Entre ese mismo miércoles 2 y el domingo 6 de octubre se sucedieron múltiples asambleas populares fundamentalmente en provincias de fuerte ascendía indígena, zonas de Sierra Centro y territorio amazónico. En paralelo comenzaban los cortes de carretera y las movilizaciones en diferentes localidades. El sábado y el domingo, los cortes de carretera tenían ya paralizado todo el Ecuador. De la misma manera, en Quito, los estudiantes universitarios salían a las calles en solidaridad al llamamiento indígena reivindicando la derogación del Decreto 883 y el resto de medidas económicas anunciadas por el presidente de la República. La respuesta gubernamental fue la represión acompañada por una sorpresiva declaración del estado de excepción (limitación de los derechos de tránsito, asociación y reunión, libertad de información, inviolabilidad de domicilio y correspondencia).
Un evidentemente nervioso presidente Lenín Moreno anunciaría dicho estado de excepción en una nueva cadena gubernamental televisiva en la cual aparecería rodeado por su vicepresidente, Otto Sonnenholzner (un joven empresario sin experiencia política y llegado de las élites costeñas que fue nombrado a dedo tras la detención por vinculación en el caso Odebrecht de su primer vicepresidente -Jorge Glass- y de la destitución de la que fuera su segunda vicepresidenta -María Alejandra Vicuña- por cobro de coimas), su ministro de Defensa y los principales mandos de los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas.
Para sorpresa de la sociedad ecuatoriana la emisión de dicho espacio televisivo se hacía desde Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. El gobierno nacional había abandonado, con nocturnidad y alevosía, la capital del país. Lo que pretendía ser un acto de fuerza con la declaración del estado de excepción se convirtió comunicacionalmente en la visualización más palpable de debilidad gubernamental.
El gobierno había abandonado el Palacio de Carondelet porque tenía miedo de que las instalaciones presidenciales fuesen tomadas por los manifestantes. Pensar en esa posibilidad, era pensar a su vez en que sus fuerzas armadas permitieran el acceso de los manifestantes, evidenciando su desconfianza respecto a que el propio ejército ecuatoriano apostase por una cambio de mando en el país dada la incapacidad gubernamental demostrada.
Esa misma noche y durante los días siguientes, Oswaldo Jarrín, actual ministro de Defensa y quien en 2012 calificara la desvinculación del Ecuador con la Escuela de las Américas de muestra del “fundamentalismo ideológico” del Gobierno de Rafael Correa, amenazó en reiteradas ocasiones a los movilizados de usar armamento letal si es que se ocupaban sobre instalaciones que el Gobierno considerase como estratégicas. Nada importó y las movilizaciones continuaron a escala nacional.
El lunes 7 de octubre comenzaron a llegar a Quito columnas de miles de manifestantes provenientes de las provincias indígenas. Las entradas a la capital estaban fuertemente resguardas por contingentes de operativos especiales de la Policía Nacional. Pese a ello y ante el número cada vez mayor de manifestantes los indígenas entraron en Quito, no sin que previamente hubiese fuertes altercados e incluso tanquetas y patrulleros quemados. Los detenidos y heridos en las reyertas comenzaban a contabilizarse por centenares.
Pese a la fuerte campaña de miedo articulada en las redes sociales por influencers de perfil conservador, entre los barrios humildes quiteños de la periferia de la ciudad hubo multitud de gestos solidarios ante la llegada de los indígenas. Los indígenas se congregaron en El Arbolito, parque céntrico de la capital ecuatoriana donde han tenido lugar históricos episodios que terminaron derrocando diversos gobiernos durante la década de inestabilidad política que precedió a la llegada de Rafael Correa al palacio presidencial de Carondelet.
Durante el martes 8 y miércoles 9 de octubre siguieron llegando numerosos grupos indígenas a la capital, mientras en el resto del territorio nacional eran tomados diversas instalaciones gubernamentales por parte de los indígenas, se mantenían los cortes de carretera e incluso se eran ocupados pozos petroleros en la zona amazónica clausurándose su bombeo. El último grupo en llegar a la capital fue en la noche del jueves, momento en el que arribaron unos mil indigenas más llegados de territorios amazónicos.
El grito era unísono en todo el país: “La movilización es indefinida hasta que el gobierno nacional derogue el Decreto 883 y el paquetazo neoliberal”. Mientras, en Quito, las movilizaciones se daban por doquier y a todas horas, intensificándose paulatinamente la represión policial sobre los manifestantes. En territorios indígenas e incluso en la capital fueron retenidos distintos destacamentos militares y efectivos de la Policía Nacional, todos fueron entregados posteriormente a las autoridades del Estado sin daños ni lesiones, mientras en paralelo las detenciones de manifestantes se elevaban por encima de mil, se socorría a más de medio millar de heridos y se contabilizaban hasta la noche del 12 de octubre cinco víctimas mortales. Algunos de los uniformados retenidos fueron obligados a cargar sobre sus hombros los féretros de los indígenas caídos durante las jornadas de movilización bajo la consigna de que “sientan sobre sus hombres el peso de nuestros muertos”.
Dos condiciones interesantes se dieron en la capital ecuatoriana: por un lado era palpable la estrategia de twitteros, generadores de opinión pública en diversos medios de comunicación y varios periodistas descalificando al movimiento indígena en las redes sociales; mientras por otro lado, en la vida real, la solidaridad con los manifestantes era más que palpable. Mientras la redes sociales no dejan de ser aún un espacio para las élites ecuatorianas dada la aun escasa democratización digital existente en el país; estudiantes universitarios de todo tipo de disciplinas, especialmente de medicina y enfermería, practicaban la asistencia médica diaria a los heridos en los recintos universitarios. En paralelo, amplios sectores de la sociedad quiteña entregaban mantas, ropa, zapatos, víveres y agua en los recintos en los que pernoctan los recién llegados a la capital. Por último, se creó un amplio despliegue de medios alternativos para dar cobertura a las movilizaciones que estaban siendo criminalizadas en los medios de comunicación tradicionales. Se vio un Quito solidario con los históricamente olvidados frente a un Quito imperante en el mundo digital que lleno de perjuicios y con una estrategia claramente diseñada pretendía criminalizar a los más pobres de la sociedad ecuatoriana. Vale decir que no funcionó la estrategia de enfrentar a blancos urbanitas con cobrizos habitantes de las zonas rurales del país, como tampoco les funcionó atemorizar a las clases acomodadas quiteñas para enfrentarles a los pobres venidos de otras tierras. De hecho, según la encuestadora CEDATOS, nada sospechosa de ser de tendencia izquierdista, el 76% de los ecuatorianos apoya la consigna indígena de derogar el Decreto 883.
Las movilizaciones fueron sorprendidas por hordas que no respondían al llamado de los movimientos sociales y que se infiltraron en las movilizaciones. Aquí se combinaron grupos delictivos que buscaban usufructuar de bienes ajenos, grupos organizados por la sensibilidad política correista y población que llegaba de barrios urbano marginales ya no solo a reclamar el fin de las medidas económicas sino la salida del gobierno. Ambos grupos coincidieron en sembrar el caos en diferentes momentos de las movilizaciones.
La CONAIE, en varias ocasiones, se desvinculó de estas acciones vandálicas, llegando incluso a conformar una guardia indígena que puso orden en las manifestaciones que se daban en la capital. La turba no perteneciente a las movilizaciones impulsadas por los movimientos sociales se vio obligada a actuar en zonas por donde no recorrían las manifestaciones, terminando por quemar la Controlaría General del Estado, lugar donde se guardan los expedientes de investigación de tramas de corrupción institucional que tuvieron lugar durante la década correista. Sospechosamente dicho atentado se dio ante la pasividad de las fuerzas de orden público.
En la tarde del 12 de octubre, “Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad” en Ecuador, el Gobierno Nacional, quien en innumerables ocasiones se reiteró en afirmar que no discutiría sobre el Decreto 883, se vio obligado a acceder a analizar su contenido con los movilizados. Horas antes, el movimiento de mujeres quiteño había salido a las calles junto a las mujeres indígenas declarando a María Paula Romo, ministra del Interior y quien se auto define como feminista, responsable de la represión y traidora al movimiento de mujeres.
Bastó el anuncio de que la CONAIE estaba reuniendo a sus dirigencias para analizar la propuesta de diálogo de Lenín Moreno, exigiendo garantías mínimas (realizar la negociación en un lugar independiente bajo el auspicio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y NNUU) y que dicho diálogo fuera público y retransmitido por los medios de comunicación, para que se incrementara aún más la algarabía en las calles de Quito. A partir de ese momento diversos grupos incontrolados, muchos de ellos posiblemente impulsados por actores ajenos a las convocatorias, sembrarían el caos en toda la ciudad.
Ante la incapacidad de gestión por parte del Ministerio del Interior, el aparato militar presionó al presidente Lenín Moreno para que se decretara el toque de queda. A partir de las 15:00 horas se prohibió el transito en las calles y los recintos en los que los indígenas se concentraron para desvincularse de la trama desestabilizadora fueron rodeados por los aparatos represivos del Estado. En las universidades los estudiantes se vieron obligados a armar cadenas humanas frente a militares y policía interponiendo sus cuerpos en defensa de los indígenas acogidos.
El movimiento indígena denunció inmediatamente la actividad de grupos correistas tras estos disturbios. Ya en la noche, CONAIE emitía un comunicado reconociendo la conmovedora e incansable voluntad del pueblo ecuatoriano de luchar contra el retorno de las políticas neoliberales al país, a la par que denunciaba la decisión del Estado por seguir asesinando indígenas y gente en las calles hasta derrotar la movilización. Pese a ello, la CONAIE se comprometió en sostener la movilización a nivel nacional, rechazando cualquier intención de desprestigiar la lucha histórica que se está llevando a cabo en estos momentos.
La noche quiteña cerró con un fuerte y confuso cacerolazo que se expandió por toda la ciudad. Unos reclamaban paz, otros la derogación de las medidas económicas implementadas por el Gobierno, pero en ambos casos la población capitalina le decía al presidente de la República que estaban haciendo sentir su voz crítica respecto a la gestión gubernamental.
En la tarde del domingo 12 de octubre se dio la mesa de diálogo entre diferentes dirigentes sociales con los pueblos y nacionalidad indígenas a la cabeza y el gobierno nacional. Bajo el título “mesas para un acuerdo de paz”, el gobierno nacional se vio obligado previamente a cumplir cada una de las exigencias indígenas: fue retransmitido en directo por diversas cadenas de televisión, se dio en un complejo hotelero a las afueras de la ciudad -lugar imparcial- y estuvo auspiciado con Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador.
Tras tres horas de debate el pueblo ecuatoriano asistía a un episodio insólito. La CONAIE le decía al presidente Moreno que si quería de verdad la paz retirase el Decreto 883 o de lo contrario la movilización se mantendría en Quito y en todo país. El presidente Moreno y su gabinete de ministros terminarían aceptando. La noche de ayer en Quito y en todo el país se convirtió en una fiesta donde militares, policías y el pueblo se abrazaban en cada una de las barricadas de Quito, cortes de carreteras por todo el país e instalaciones públicas tomadas.
CONAIE desconvocaba en vivo y en directo en esa misma retransmisión el paro nacional.
Análisis final
En la agenda del movimiento indígena, los sindicatos y las organizaciones sociales que apoyan el paro no está derrocar al actual gobierno. La izquierda social e incluso la política no ganaría nada en estos momentos con la salida de Lenín Moreno del palacio presidencial.
Una convocatoria de elecciones anticipadas tan solo beneficiaría en estos momentos la llegada al poder de una derecha aun más reaccionaria o del correísmo. Desde los mundos más reivindicativos que conforman el tejido de los movimientos sociales ecuatorianos, fundamentalmente los indios y las mujeres, ambas opciones son consideradas como aun peores que el mantenimiento del gobierno actual pese a su paulatina derechización.
Por su lado, el correísmo, con una agenda política de urgencia que busca como sea desestabilizar al actual gobierno en aras a que se proceda con la convocatoria de elecciones anticipadas, demostró durante estas movilizaciones que su estrategia esta basada en una política de tierra quemada. Frente a un gobierno que al medio día de sábado 11 de octubre estaba a punto de ceder respecto al Decreto 883, objetivo fundamental de la movilización, optó por provocar la caotización de Quito en aras a sus interés político institucionales. Rompiendo, al igual que lo intentó hacer anteriormente en la provincia del Carchi, la estrategia de lucha de los impulsores del paro nacional. Rafael Correa desde el exterior del país intentó protagonizar la lucha de un movimiento al que él mismo había criminalizado y reprimido durante la década de gestión de su gobierno.
En el ámbito de la política institucional la derecha esta dividida. Una parte de ella apoyó a Lenín Moreno durante lo que lleva de mandato, mientras la otra se declara abiertamente opositora, pese a que durante esta crisis ambas se unieran contra el movimiento indígena. Para el sector empresarial Moreno no es más que una cabeza de puente, es el mandatario que debe aplicar las políticas impopulares para que no recaiga sobre su futuro recambio dicho costo político y social. Conscientes las corrientes conservadoras de que la debilidad gubernamental les permite aspirar en febrero del 2021 al poder, una vez restituida la normalidad marcarán de forma inmediata diferencias con el mandatario, entendiendo que nada de lo que se sienta cercano al actual gobierno nacional tiene la más mínima posibilidad de ganar las próximas elecciones.
De igual manera, una nueva generación de políticos ecuatorianos que pretendían ser el recambio de la actual vieja derecha nacional ha quedado quemada en la gestión de esta crisis. Personajes con notables aspiraciones políticas como María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán o el propio Otto Sonnenholzner han demostrado falencias notables a la hora de administrar el Estado en una coyuntura como la actual, quedando con escasas posibilidades de reconfigurar su maltrecha imagen ante la sociedad ecuatoriana.
En paralelo, la actual crisis desnudó determinados problemas de carácter estructural que transversalizan desde la constitución de la República al Estado ecuatoriano: sigue vigente la vieja matriz colonial, el racismo y una indignante inequidad social basada en una marcada estructura de clases. En Ecuador el 42% de la población indígena viven en condiciones de pobreza, el 18% vive en pobreza extrema y solo el 3% de este target social tiene títulos universitarios.
Este triunfo del movimiento indígena desde el ámbito de las organizaciones sociales se contrapone a una cada más envejecida izquierda política e institucional que se muestra incapaz de generar el más mínimo elemento de atracción entre la sociedad ecuatoriana. Mientras en el movimiento indígena se ha hecho visible una nueva camada de dirigentes jóvenes con grandes dotes de organización para futuras luchas reivindicativas, la izquierda político institucional sigue aferrada a un discurso del pasado siglo y liderada por dirigentes con escasa voluntad de recambio.
El triunfo indígena liderado por sus nuevas estructuras dirigentes, sumado a interesantes cuadros entre las jóvenes militantes del movimiento de mujeres, permiten atisbar con optimismo cierto horizonte en las lucha por la emancipación de los pueblos en este pequeño país andino. En paralelo y a su derecha, que un gobierno débil y derrotado que tendrá serias dificultades para gestionar el país en lo que le queda de mandato hasta las elecciones de febrero de 2021.
Más allá de que el poder Ejecutivo hubiera sometido al resto de poderes del Estado bajo su control, lógica propia de cualquier gobierno de perfil autoritario, la corrupción institucional históricamente existente en el país se tecnificó y la protesta social fue brutalmente criminalizada. Diversos líderes indígenas en territorios resistentes a la presión extractivista fueron asesinados bajo la más absoluta impunidad, ejerciéndose la represión más brutal del régimen en el paro nacional convocado por el movimiento indígena y las organizaciones sindicales en agosto del año 2015. En lo económico y terminado el boom de los commodities, Rafael Correa entregó un país donde el gasto público era ampliamente superior a los ingresos permanentes necesarios para sostenerlo, lo que implicaba reformas de carácter estructural que abría la posibilidad a diferentes opciones para el nuevo gobierno de Lenín Moreno.
La investidura presidencial de Lenín Moreno se dio en mayo del 2017; sin embargo, la producción en el país se había estancado desde el año 2014, no consiguiendo reactivarse desde entonces hasta ahora. El ingreso promedio por habitante en estos seis años apenas se ha movido en una franja de 20 dólares hacia abajo, alcanzando el empleo adecuado -eufemismo inventado en la era correista para señalar a quienes al menos perciben el equivalente al salario mínimo (394 dólares)- a tan solo el 37,9% de la población económica activa.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de la sociedad ecuatoriana tiene como grupos más afectados a los asalariados privados y trabajadores por cuenta propia, quienes en los últimos seis años han visto un crecimiento prácticamente nulo de sus salarios. Sin embargo, durante lo que va de período de la gestión morenista y en aras a reducir el volumen de un Estado al que se calificó como obeso, se eliminaron 20 ministerios y 23 mil funcionarios públicos fueron cesados. En las actuales condiciones de estancamiento económico del país y con un sector empresarial que invierte muy por debajo del promedio latinoamericano en la economía nacional, lo cual ya de por sí es irrisorio, el mercado laboral privado ha sido incapaz de absorber a los servidores públicos cesados, incorporándose estos al ejercito de reserva del mercado de trabajo ecuatoriano.
En paralelo, la banca y otros grupos del gran capital que operan en la economía ecuatoriana continuaron obteniendo utilidades millonarias -tal como ya sucedía durante el período de gestión correista- pese al estancamiento. Entre 2015 y 2018 la banca obtuvo utilidades por 1.777 millones de dólares, mientras apenas 30 compañías obtuvieron casi cinco mil millones de dólares en el mismo concepto. En contraste, la elevada desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra se mantuvo.
Con una economía dolarizada desde principios de siglo, lo que anula cualquier capacidad de soberanía monetaria, y a falta de ingresos permanentes pese a las soflamas propagandísticas de industrialización por sustitución de importaciones y cambio de matriz productiva enarboladas durante el régimen de Correa, la deuda comenzó a dispararse de forma desmesurada. Entre 2010 y 2019 la deuda por ecuatoriano creció 7 veces, pasando de 538,81 dólares a 3.582 dólares; el pago de intereses por ecuatoriano creció 11 veces, de 38,31 dólares a 435,29 dólares; y el gasto en deuda creció 12 veces, evolucionando de 613 millones de dólares a 7.400 millones de dólares. En términos comparativos, el gasto de deuda actual (intereses y amortizaciones por 7.400 millones de dólares) supera casi dos veces el presupuesto de educación (4.970,9 millones de dólares) y el casi tres veces del presupuesto en salud (2.882,9 millones de dólares).
Así, mientras la propaganda correista en manos de jóvenes tecnócratas de la comunicación y la publicidad -aprendices andinos de Goebbels- definía económicamente al país como el jaguar latinoamericano, la sociedad ecuatoriana terminó descubriendo que Ecuador no pasaba de ser un desdentado oso perezoso que vivió de las rentas petroleras bajo una economía rentista que funcionó adecuadamente tan solo mientras duró el boom de los commodities.
De esta forma el gasto de consumo ha ido decayendo tanto en términos públicos como privados, visualizándose claramente como los servicios públicos se han ido paulatinamente deteriorando. Terminada la gran fiesta propiciada por los excedentes petroleros, nunca hubo una redistribución de la riqueza durante el período correista sino la transferencia de los excedentes del Estado para sostener políticas de subsidios e inversión pública en infraestructura -modernización del Estado capitalista-, se apagó el motor de la economía nacional. Incluso las importaciones de maquinaria se han reducido al día de hoy, reflejándose así la limitada capacidad de sostener la tan anhelada tecnificación productiva con la que todo el establishment político y empresarial sueña en el país. Consecuencia de todo ello: desaceleración económica.
De esta manera, al aumento del déficit fiscal le siguió el incremento del endeudamiento, a lo que le siguió a su vez problemas de acceso al financiamiento, lo que hizo que comenzaran a bajar la reservas internacionales del país. Con créditos internacionales chinos a tasas de interés que recuerdan a El Avaro de Molière, el gobierno de Moreno decidió entregarse, en cuerpo y alma, al FMI.
En este contexto el Ecuador de Lenín Moreno, quien hasta mayo del 2018 -fecha de nombramiento del ministro de Economía y Finanzas actual- no tuvo claro su hoja de ruta económica, decidió adecuarse a las recetas fondomonetaristas para equilibrar la economía nacional. A cambio de 4.200 millones de dólares que el FMI debe desembolsar en el transcurso de tres años y 6.000 millones de dólares más provenientes de otros organismos multilaterales, Moreno se comprometió a emprender un fuerte ajuste económico con el objetivo de lograr equilibrios de carácter fiscal y externo a corto plazo, liberalizando y flexibilizando todo lo posible la economía nacional, mientras a medio y largo plazo se profundizaría el carácter primario-exportador que ha acompañado la historia económica del Ecuador. El discurso fue el que siempre se aplica previo a este tipo de medidas: “Nos vemos obligados a pedirle al pueblo ecuatoriano un sacrificio debido a las condiciones en las que hemos recibido el país…”.
El antecedente al Paro Nacional
Con territorios claramente olvidados en la periferia del nacional debido a la carencia de recursos por parte del Estado, estalló el paro en la provincia del Carchi. Allí, en un territorio con un PIB per cápita de casi la mitad de lo que tiene Pichincha -provincia donde está instalada la capital del país-, de los 34.853 millones de dólares del Presupuesto General del Estado en el año 2018 tan solo le correspondieron 64 millones, alcanzando su índice de necesidades básicas insatisfechas al 45% de la población. Con una tasa de empleo digno de apenas el 26% frente la 37,9% promedio del país, la población del Carchi se lanzó a las calles, cortando carreteras y con sus gobiernos municipales y provincial a la cabeza de las movilizaciones junto a gremios y movimientos sociales.
Inicialmente el gobierno se negó a negociar mientras se mantuviera el paro. Tras siete días de movilizaciones continuas y con el principal acceso fronterizo con Colombia cortado por los manifestantes -cientos de camiones quedaban varados pudriéndose los alimentos perecederos que transportaban-, Lenin Moreno se vio obligado a negociar con los huelguistas aceptando una parte importante de sus reivindicaciones. Todo ello no sin antes emprender una fuerte represión por parte de las fuerzas de orden público que tuvo como respuesta popular el asalto al edificio de la Gobernación -sede del gobierno central en el territorio- en la ciudad de Tulcán, capital de la provincia.
Sería el 30 de septiembre cuando se solucionara el paro en el Carchi, apenas dos días antes de que comenzará las jornadas de lucha a nivel nacional. Su resolución fue fruto de que los dirigentes carchenses del paro detectaron las operaciones de actores externos a la provincia vinculados al correísmo que intentaban hacer con la movilización local una estrategia ajena a las demandas de los movilizados y dividiendo al movimiento.
Cabe indicar que el gobierno nacional y especialmente su frente político demostró no haber aprendido nada de los sucesos acaecidos durante la semana de cortes de carretera y conflicto constante entre la población carchense y aparatos represivos del Estado.
Es evidente que el presidente Lenín Moreno encabeza un gobierno extremadamente débil, sin base social y sin inteligencia política. El apoyo a su gestión está por debajo del 16%, gran parte de sus ministros intencionadamente apenas tienen aparición pública y quien maneja el frente político del gobierno es María Paula Romo -ministra del Interior-, quien junto a Juan Sebastián Roldán -secretario particular del presidente y portavoz oficial del Ejecutivo- provienen de una organización llamada Ruptura de los 25, la cual se autodefinió años atrás como una “organización política moderna y contemporánea” pero que en la actualidad ejerce la vieja política a través de sus jóvenes dirigentes.
Si la gestión de la crisis del Carchi fue patética por parte de los responsables gubernamentales, que decir de lo que vendría inmediatamente después…
Y llegó el Paro Nacional
Así se llegó al día 1 de octubre, momento en el que Lenín Moreno mediante cadena gubernamental televisada anunciaría lo que las organizaciones sociales definirían como un paquetazo neoliberal con base en las exigencias de ajuste presupuestario implementadas por el FMI. El mandatario anunciaría en aquel momento que mediante Decreto Presidencial 883 se eliminaría el subsidio al combustible, a la par que la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que se vayan renovando, la reducción del período anual de vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15 días, así como obligación por parte de los trabajadores de las empresas públicas de aportar obligatoriamente un día de salario mensual al erario público. En paralelo, se decretaban una serie de medidas laborales que implican la flexibilización del mercado de trabajo privado, justificándolo bajo el argumente de la necesidad de implementar un modelo acorde con los nuevos tiempos.
Al día siguiente la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) junto a otras organizaciones sindicales y sociales del país anunciaban la convocatoria de un gran paro nacional contra las medidas económicas del gobierno.
Entre ese mismo miércoles 2 y el domingo 6 de octubre se sucedieron múltiples asambleas populares fundamentalmente en provincias de fuerte ascendía indígena, zonas de Sierra Centro y territorio amazónico. En paralelo comenzaban los cortes de carretera y las movilizaciones en diferentes localidades. El sábado y el domingo, los cortes de carretera tenían ya paralizado todo el Ecuador. De la misma manera, en Quito, los estudiantes universitarios salían a las calles en solidaridad al llamamiento indígena reivindicando la derogación del Decreto 883 y el resto de medidas económicas anunciadas por el presidente de la República. La respuesta gubernamental fue la represión acompañada por una sorpresiva declaración del estado de excepción (limitación de los derechos de tránsito, asociación y reunión, libertad de información, inviolabilidad de domicilio y correspondencia).
Un evidentemente nervioso presidente Lenín Moreno anunciaría dicho estado de excepción en una nueva cadena gubernamental televisiva en la cual aparecería rodeado por su vicepresidente, Otto Sonnenholzner (un joven empresario sin experiencia política y llegado de las élites costeñas que fue nombrado a dedo tras la detención por vinculación en el caso Odebrecht de su primer vicepresidente -Jorge Glass- y de la destitución de la que fuera su segunda vicepresidenta -María Alejandra Vicuña- por cobro de coimas), su ministro de Defensa y los principales mandos de los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas.
Para sorpresa de la sociedad ecuatoriana la emisión de dicho espacio televisivo se hacía desde Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. El gobierno nacional había abandonado, con nocturnidad y alevosía, la capital del país. Lo que pretendía ser un acto de fuerza con la declaración del estado de excepción se convirtió comunicacionalmente en la visualización más palpable de debilidad gubernamental.
El gobierno había abandonado el Palacio de Carondelet porque tenía miedo de que las instalaciones presidenciales fuesen tomadas por los manifestantes. Pensar en esa posibilidad, era pensar a su vez en que sus fuerzas armadas permitieran el acceso de los manifestantes, evidenciando su desconfianza respecto a que el propio ejército ecuatoriano apostase por una cambio de mando en el país dada la incapacidad gubernamental demostrada.
Esa misma noche y durante los días siguientes, Oswaldo Jarrín, actual ministro de Defensa y quien en 2012 calificara la desvinculación del Ecuador con la Escuela de las Américas de muestra del “fundamentalismo ideológico” del Gobierno de Rafael Correa, amenazó en reiteradas ocasiones a los movilizados de usar armamento letal si es que se ocupaban sobre instalaciones que el Gobierno considerase como estratégicas. Nada importó y las movilizaciones continuaron a escala nacional.
El lunes 7 de octubre comenzaron a llegar a Quito columnas de miles de manifestantes provenientes de las provincias indígenas. Las entradas a la capital estaban fuertemente resguardas por contingentes de operativos especiales de la Policía Nacional. Pese a ello y ante el número cada vez mayor de manifestantes los indígenas entraron en Quito, no sin que previamente hubiese fuertes altercados e incluso tanquetas y patrulleros quemados. Los detenidos y heridos en las reyertas comenzaban a contabilizarse por centenares.
Pese a la fuerte campaña de miedo articulada en las redes sociales por influencers de perfil conservador, entre los barrios humildes quiteños de la periferia de la ciudad hubo multitud de gestos solidarios ante la llegada de los indígenas. Los indígenas se congregaron en El Arbolito, parque céntrico de la capital ecuatoriana donde han tenido lugar históricos episodios que terminaron derrocando diversos gobiernos durante la década de inestabilidad política que precedió a la llegada de Rafael Correa al palacio presidencial de Carondelet.
Durante el martes 8 y miércoles 9 de octubre siguieron llegando numerosos grupos indígenas a la capital, mientras en el resto del territorio nacional eran tomados diversas instalaciones gubernamentales por parte de los indígenas, se mantenían los cortes de carretera e incluso se eran ocupados pozos petroleros en la zona amazónica clausurándose su bombeo. El último grupo en llegar a la capital fue en la noche del jueves, momento en el que arribaron unos mil indigenas más llegados de territorios amazónicos.
El grito era unísono en todo el país: “La movilización es indefinida hasta que el gobierno nacional derogue el Decreto 883 y el paquetazo neoliberal”. Mientras, en Quito, las movilizaciones se daban por doquier y a todas horas, intensificándose paulatinamente la represión policial sobre los manifestantes. En territorios indígenas e incluso en la capital fueron retenidos distintos destacamentos militares y efectivos de la Policía Nacional, todos fueron entregados posteriormente a las autoridades del Estado sin daños ni lesiones, mientras en paralelo las detenciones de manifestantes se elevaban por encima de mil, se socorría a más de medio millar de heridos y se contabilizaban hasta la noche del 12 de octubre cinco víctimas mortales. Algunos de los uniformados retenidos fueron obligados a cargar sobre sus hombros los féretros de los indígenas caídos durante las jornadas de movilización bajo la consigna de que “sientan sobre sus hombres el peso de nuestros muertos”.
Dos condiciones interesantes se dieron en la capital ecuatoriana: por un lado era palpable la estrategia de twitteros, generadores de opinión pública en diversos medios de comunicación y varios periodistas descalificando al movimiento indígena en las redes sociales; mientras por otro lado, en la vida real, la solidaridad con los manifestantes era más que palpable. Mientras la redes sociales no dejan de ser aún un espacio para las élites ecuatorianas dada la aun escasa democratización digital existente en el país; estudiantes universitarios de todo tipo de disciplinas, especialmente de medicina y enfermería, practicaban la asistencia médica diaria a los heridos en los recintos universitarios. En paralelo, amplios sectores de la sociedad quiteña entregaban mantas, ropa, zapatos, víveres y agua en los recintos en los que pernoctan los recién llegados a la capital. Por último, se creó un amplio despliegue de medios alternativos para dar cobertura a las movilizaciones que estaban siendo criminalizadas en los medios de comunicación tradicionales. Se vio un Quito solidario con los históricamente olvidados frente a un Quito imperante en el mundo digital que lleno de perjuicios y con una estrategia claramente diseñada pretendía criminalizar a los más pobres de la sociedad ecuatoriana. Vale decir que no funcionó la estrategia de enfrentar a blancos urbanitas con cobrizos habitantes de las zonas rurales del país, como tampoco les funcionó atemorizar a las clases acomodadas quiteñas para enfrentarles a los pobres venidos de otras tierras. De hecho, según la encuestadora CEDATOS, nada sospechosa de ser de tendencia izquierdista, el 76% de los ecuatorianos apoya la consigna indígena de derogar el Decreto 883.
Las movilizaciones fueron sorprendidas por hordas que no respondían al llamado de los movimientos sociales y que se infiltraron en las movilizaciones. Aquí se combinaron grupos delictivos que buscaban usufructuar de bienes ajenos, grupos organizados por la sensibilidad política correista y población que llegaba de barrios urbano marginales ya no solo a reclamar el fin de las medidas económicas sino la salida del gobierno. Ambos grupos coincidieron en sembrar el caos en diferentes momentos de las movilizaciones.
La CONAIE, en varias ocasiones, se desvinculó de estas acciones vandálicas, llegando incluso a conformar una guardia indígena que puso orden en las manifestaciones que se daban en la capital. La turba no perteneciente a las movilizaciones impulsadas por los movimientos sociales se vio obligada a actuar en zonas por donde no recorrían las manifestaciones, terminando por quemar la Controlaría General del Estado, lugar donde se guardan los expedientes de investigación de tramas de corrupción institucional que tuvieron lugar durante la década correista. Sospechosamente dicho atentado se dio ante la pasividad de las fuerzas de orden público.
En la tarde del 12 de octubre, “Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad” en Ecuador, el Gobierno Nacional, quien en innumerables ocasiones se reiteró en afirmar que no discutiría sobre el Decreto 883, se vio obligado a acceder a analizar su contenido con los movilizados. Horas antes, el movimiento de mujeres quiteño había salido a las calles junto a las mujeres indígenas declarando a María Paula Romo, ministra del Interior y quien se auto define como feminista, responsable de la represión y traidora al movimiento de mujeres.
Bastó el anuncio de que la CONAIE estaba reuniendo a sus dirigencias para analizar la propuesta de diálogo de Lenín Moreno, exigiendo garantías mínimas (realizar la negociación en un lugar independiente bajo el auspicio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y NNUU) y que dicho diálogo fuera público y retransmitido por los medios de comunicación, para que se incrementara aún más la algarabía en las calles de Quito. A partir de ese momento diversos grupos incontrolados, muchos de ellos posiblemente impulsados por actores ajenos a las convocatorias, sembrarían el caos en toda la ciudad.
Ante la incapacidad de gestión por parte del Ministerio del Interior, el aparato militar presionó al presidente Lenín Moreno para que se decretara el toque de queda. A partir de las 15:00 horas se prohibió el transito en las calles y los recintos en los que los indígenas se concentraron para desvincularse de la trama desestabilizadora fueron rodeados por los aparatos represivos del Estado. En las universidades los estudiantes se vieron obligados a armar cadenas humanas frente a militares y policía interponiendo sus cuerpos en defensa de los indígenas acogidos.
El movimiento indígena denunció inmediatamente la actividad de grupos correistas tras estos disturbios. Ya en la noche, CONAIE emitía un comunicado reconociendo la conmovedora e incansable voluntad del pueblo ecuatoriano de luchar contra el retorno de las políticas neoliberales al país, a la par que denunciaba la decisión del Estado por seguir asesinando indígenas y gente en las calles hasta derrotar la movilización. Pese a ello, la CONAIE se comprometió en sostener la movilización a nivel nacional, rechazando cualquier intención de desprestigiar la lucha histórica que se está llevando a cabo en estos momentos.
La noche quiteña cerró con un fuerte y confuso cacerolazo que se expandió por toda la ciudad. Unos reclamaban paz, otros la derogación de las medidas económicas implementadas por el Gobierno, pero en ambos casos la población capitalina le decía al presidente de la República que estaban haciendo sentir su voz crítica respecto a la gestión gubernamental.
En la tarde del domingo 12 de octubre se dio la mesa de diálogo entre diferentes dirigentes sociales con los pueblos y nacionalidad indígenas a la cabeza y el gobierno nacional. Bajo el título “mesas para un acuerdo de paz”, el gobierno nacional se vio obligado previamente a cumplir cada una de las exigencias indígenas: fue retransmitido en directo por diversas cadenas de televisión, se dio en un complejo hotelero a las afueras de la ciudad -lugar imparcial- y estuvo auspiciado con Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador.
Tras tres horas de debate el pueblo ecuatoriano asistía a un episodio insólito. La CONAIE le decía al presidente Moreno que si quería de verdad la paz retirase el Decreto 883 o de lo contrario la movilización se mantendría en Quito y en todo país. El presidente Moreno y su gabinete de ministros terminarían aceptando. La noche de ayer en Quito y en todo el país se convirtió en una fiesta donde militares, policías y el pueblo se abrazaban en cada una de las barricadas de Quito, cortes de carreteras por todo el país e instalaciones públicas tomadas.
CONAIE desconvocaba en vivo y en directo en esa misma retransmisión el paro nacional.
Análisis final
En la agenda del movimiento indígena, los sindicatos y las organizaciones sociales que apoyan el paro no está derrocar al actual gobierno. La izquierda social e incluso la política no ganaría nada en estos momentos con la salida de Lenín Moreno del palacio presidencial.
Una convocatoria de elecciones anticipadas tan solo beneficiaría en estos momentos la llegada al poder de una derecha aun más reaccionaria o del correísmo. Desde los mundos más reivindicativos que conforman el tejido de los movimientos sociales ecuatorianos, fundamentalmente los indios y las mujeres, ambas opciones son consideradas como aun peores que el mantenimiento del gobierno actual pese a su paulatina derechización.
Por su lado, el correísmo, con una agenda política de urgencia que busca como sea desestabilizar al actual gobierno en aras a que se proceda con la convocatoria de elecciones anticipadas, demostró durante estas movilizaciones que su estrategia esta basada en una política de tierra quemada. Frente a un gobierno que al medio día de sábado 11 de octubre estaba a punto de ceder respecto al Decreto 883, objetivo fundamental de la movilización, optó por provocar la caotización de Quito en aras a sus interés político institucionales. Rompiendo, al igual que lo intentó hacer anteriormente en la provincia del Carchi, la estrategia de lucha de los impulsores del paro nacional. Rafael Correa desde el exterior del país intentó protagonizar la lucha de un movimiento al que él mismo había criminalizado y reprimido durante la década de gestión de su gobierno.
En el ámbito de la política institucional la derecha esta dividida. Una parte de ella apoyó a Lenín Moreno durante lo que lleva de mandato, mientras la otra se declara abiertamente opositora, pese a que durante esta crisis ambas se unieran contra el movimiento indígena. Para el sector empresarial Moreno no es más que una cabeza de puente, es el mandatario que debe aplicar las políticas impopulares para que no recaiga sobre su futuro recambio dicho costo político y social. Conscientes las corrientes conservadoras de que la debilidad gubernamental les permite aspirar en febrero del 2021 al poder, una vez restituida la normalidad marcarán de forma inmediata diferencias con el mandatario, entendiendo que nada de lo que se sienta cercano al actual gobierno nacional tiene la más mínima posibilidad de ganar las próximas elecciones.
De igual manera, una nueva generación de políticos ecuatorianos que pretendían ser el recambio de la actual vieja derecha nacional ha quedado quemada en la gestión de esta crisis. Personajes con notables aspiraciones políticas como María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán o el propio Otto Sonnenholzner han demostrado falencias notables a la hora de administrar el Estado en una coyuntura como la actual, quedando con escasas posibilidades de reconfigurar su maltrecha imagen ante la sociedad ecuatoriana.
En paralelo, la actual crisis desnudó determinados problemas de carácter estructural que transversalizan desde la constitución de la República al Estado ecuatoriano: sigue vigente la vieja matriz colonial, el racismo y una indignante inequidad social basada en una marcada estructura de clases. En Ecuador el 42% de la población indígena viven en condiciones de pobreza, el 18% vive en pobreza extrema y solo el 3% de este target social tiene títulos universitarios.
Este triunfo del movimiento indígena desde el ámbito de las organizaciones sociales se contrapone a una cada más envejecida izquierda política e institucional que se muestra incapaz de generar el más mínimo elemento de atracción entre la sociedad ecuatoriana. Mientras en el movimiento indígena se ha hecho visible una nueva camada de dirigentes jóvenes con grandes dotes de organización para futuras luchas reivindicativas, la izquierda político institucional sigue aferrada a un discurso del pasado siglo y liderada por dirigentes con escasa voluntad de recambio.
El triunfo indígena liderado por sus nuevas estructuras dirigentes, sumado a interesantes cuadros entre las jóvenes militantes del movimiento de mujeres, permiten atisbar con optimismo cierto horizonte en las lucha por la emancipación de los pueblos en este pequeño país andino. En paralelo y a su derecha, que un gobierno débil y derrotado que tendrá serias dificultades para gestionar el país en lo que le queda de mandato hasta las elecciones de febrero de 2021.
10 de octubre de 2019
Mujeres contra el paquetazo: Denunciamos la represión.
Por: Colectivos de Mujeres / Rebelión.
Nosotras, las mujeres que resistimos -en las calles, en nuestros territorios, desde nuestros espacios y comunidades-, nosotras las compañeras feministas nuestroamericanas, las que ponemos el cuerpo, y sostenemos la vida; nos solidarizamos con los y las criminalizadxs, detenidxs, reprimidxs y perseguidxs en estas jornadas de protesta contra el paquetazo neoliberal del gobierno de Lenin Moreno. Desde el anuncio este martes, de las medidas de ajuste estructural en Ecuador, las distintas organizaciones y movimientos populares, indígenas y sociales, convocaron a un Paro indefinido en contra de la violencia económica ejercida por la alianza Gobierno/Fondo Monetario Internacional/Empresariado, que afecta fundamentalmente a los sectores populares, a lxs más empobrecidxs y a las clases medias.
Frente a las movilizaciones a nivel nacional, el gobierno de Lenin Moreno decretó el día de ayer “estado de excepción” y habilitó a Policía y Fuerzas Armadas para que asumieran el control y el orden en todo el territorio nacional, suspende el derecho a la libertad de asociación y reunión para preservar la seguridad del Estado, limita el derecho a la libertad de tránsito, y determina que se ejecuten requisiciones necesarias para mantener los servicios que garanticen orden y seguridad interna.
El saldo de este estado de excepción es hasta el medio día del 4 de octubre, es 267 detenidos/as a nivel nacional que han denunciado disparos copn perdigones, golpes, violencia con motos y trato inhumano por parte de la Policía; dos compañeros dirigentes indígenas apresados (Marlon Santi, coordinador de Pachakutik; Jairo Gualinga, dirigente de la Juventud de la CONAIE); un joven que por el impacto de la represión policial se encuentra en extrema gravedad; Luis Timpantuña, estudiante universitario que por impacto de bomba de gas lacrimógeno perdió su ojo; un joven herido en Cuenca con bomba lacrimógena en el pómulo; y varixs personas más que aún no conocemos, ya que los medios de comunicación masiva en el país están ocultando esta realidad al mundo. Tanto la Defensoría del Pueblo como la CIDH se han pronunciado denunciando el uso excesivo y desproporcionado del aparato estatal en contra de lxs manifestantes, y han exhortando al gobierno ecuatoriano a que garantice el derecho a la protesta y los derechos humanos.
Nosotras sabemos que es la política estatal la que ha vulnerado a ecuatorianos y ecuatorianas, al restringir no solo nuestro derecho legítimo a la protesta sino nuestras posibilidades de concretar vidas dignas. La firma de un acuerdo con el FMI y las políticas neoliberales que nos impone el Gobierno, constituye un duro golpe contra el pueblo ecuatoriano, y contra quienes estamos históricamente en situación de mayor desigualdad, injusticia y violencia: las mujeres, lxs jóvenes, los pueblos y nacionalidades, la clase trabajadora.
A más injusticia social y alianza del gobierno con las clases dominantes nacionales y transnacionales, mayor descontento en las calles de las organizaciones, movimientos, colectivos y sectores populares. A más política del miedo y represión, más voces exigiendo que se respeten los derechos humanos.
Ante la brutalidad de la Policía y las Fuerzas Armadas…
Responsabilizamos directamente al Presidente Lenin Moreno y a su Ministra Maria Paula Romo de la integridad física y emocional de los y las detenidas; y exigimos así mismo, su inmediata libertad.
Demandamos se garantice el derecho a la protesta de todo el pueblo ecuatoriano y se retire el Estado de Excepción en todo el territorio nacional.
Llamamos a la comunidad internacional, las organizaciones feministas, de mujeres, populares, indígenas a que se pronuncien sobre la grave situación del Ecuador y a que estén vigilantes del cumplimiento de los derechos humanos.
Nosotras seguiremos juntas, hasta que la dignidad se haga costumbre!!!
Nosotras, las mujeres que resistimos -en las calles, en nuestros territorios, desde nuestros espacios y comunidades-, nosotras las compañeras feministas nuestroamericanas, las que ponemos el cuerpo, y sostenemos la vida; nos solidarizamos con los y las criminalizadxs, detenidxs, reprimidxs y perseguidxs en estas jornadas de protesta contra el paquetazo neoliberal del gobierno de Lenin Moreno. Desde el anuncio este martes, de las medidas de ajuste estructural en Ecuador, las distintas organizaciones y movimientos populares, indígenas y sociales, convocaron a un Paro indefinido en contra de la violencia económica ejercida por la alianza Gobierno/Fondo Monetario Internacional/Empresariado, que afecta fundamentalmente a los sectores populares, a lxs más empobrecidxs y a las clases medias.
Frente a las movilizaciones a nivel nacional, el gobierno de Lenin Moreno decretó el día de ayer “estado de excepción” y habilitó a Policía y Fuerzas Armadas para que asumieran el control y el orden en todo el territorio nacional, suspende el derecho a la libertad de asociación y reunión para preservar la seguridad del Estado, limita el derecho a la libertad de tránsito, y determina que se ejecuten requisiciones necesarias para mantener los servicios que garanticen orden y seguridad interna.
El saldo de este estado de excepción es hasta el medio día del 4 de octubre, es 267 detenidos/as a nivel nacional que han denunciado disparos copn perdigones, golpes, violencia con motos y trato inhumano por parte de la Policía; dos compañeros dirigentes indígenas apresados (Marlon Santi, coordinador de Pachakutik; Jairo Gualinga, dirigente de la Juventud de la CONAIE); un joven que por el impacto de la represión policial se encuentra en extrema gravedad; Luis Timpantuña, estudiante universitario que por impacto de bomba de gas lacrimógeno perdió su ojo; un joven herido en Cuenca con bomba lacrimógena en el pómulo; y varixs personas más que aún no conocemos, ya que los medios de comunicación masiva en el país están ocultando esta realidad al mundo. Tanto la Defensoría del Pueblo como la CIDH se han pronunciado denunciando el uso excesivo y desproporcionado del aparato estatal en contra de lxs manifestantes, y han exhortando al gobierno ecuatoriano a que garantice el derecho a la protesta y los derechos humanos.
Nosotras sabemos que es la política estatal la que ha vulnerado a ecuatorianos y ecuatorianas, al restringir no solo nuestro derecho legítimo a la protesta sino nuestras posibilidades de concretar vidas dignas. La firma de un acuerdo con el FMI y las políticas neoliberales que nos impone el Gobierno, constituye un duro golpe contra el pueblo ecuatoriano, y contra quienes estamos históricamente en situación de mayor desigualdad, injusticia y violencia: las mujeres, lxs jóvenes, los pueblos y nacionalidades, la clase trabajadora.
A más injusticia social y alianza del gobierno con las clases dominantes nacionales y transnacionales, mayor descontento en las calles de las organizaciones, movimientos, colectivos y sectores populares. A más política del miedo y represión, más voces exigiendo que se respeten los derechos humanos.
Ante la brutalidad de la Policía y las Fuerzas Armadas…
Responsabilizamos directamente al Presidente Lenin Moreno y a su Ministra Maria Paula Romo de la integridad física y emocional de los y las detenidas; y exigimos así mismo, su inmediata libertad.
Demandamos se garantice el derecho a la protesta de todo el pueblo ecuatoriano y se retire el Estado de Excepción en todo el territorio nacional.
Llamamos a la comunidad internacional, las organizaciones feministas, de mujeres, populares, indígenas a que se pronuncien sobre la grave situación del Ecuador y a que estén vigilantes del cumplimiento de los derechos humanos.
Nosotras seguiremos juntas, hasta que la dignidad se haga costumbre!!!
FIRMAS COLECTIVAS
ALAMES Ecuador
Movimiento de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente
Asociación Femenina Universitaria
Colectivo Desde El Margen
Mujeres por el Cambio
Colectivo de Mujeres Universitarias
Mujeres de Frente
Ruda Colectiva Feminista
Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres
Coalición Interuniversitaria contra el Acoso Sexual
Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas – OEML
Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador
Frente de la Mujer Trabajadora de CEOSL
Colectiva Runa Feminista
Colectivo Feminista - Ecuador
Colectivo Simpatizantes de VI Internacional - Ecuador
Colectiva Lilas en Acción
Plataforma Vivas Nos Queremos
Campaña Aborto Libre Ecuador
Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador
Colectiva Escuela Viva
Juventud Revolucionaria del Ecuador
Pueblo Shuar Arutam
Mesa de Género de la Universidad de Guayaquil
Plataforma de Mujeres Caminando Hacia la Igualdad-Imbabura
Fundacion Dayuma
ALDHEA
Surkuna
FIRMAS INDIVIDUALES
Milena Almeida, 0913869889
Manuela Villafuerte Merino 1714999990
María de Lourdes Larrea
Martha Arotingo 1003176722
Gina Benavides
Lina María Polo Rojas
Natalia Sierra
Natalia Alexandra Angulo Moncayo
Karla Calapaqui
Maria Paula Granda
Cris Vega
Tania Bichara
Milena Almeida 0913869889
Manuela Villafuerte Merino 1714999990
Maria de Lourdes Larrea
Martha Arotingo 1003176722
Lina Maria Polo Rojas
Natalia Alexandra Angulo Moncayo
Annabelle Arevalo
Cristina Morales Saro
Estefanía Alejandra Espín Armas
1720092459
Ana María Morales
Cristina Vera Vega, estudiante ecuatoriana
Paulina León Crespo, CI:1707878763
Bertha Díaz Martínez. Cédula: 0922023684
Rocío Martínez. Ecuador. 0905848099 Amaranta Pico Salguero. Ecuador.
1716026305 María Auxiliadora Balladares. Ecuador. 0909835407
María Fernanda Moscoso, 1705375119
Glenda María Rosero Andrade, CI: 0915856421
Tatiana Elizabeth Ugalde Ortega. CI: 0104443155
Matilde Ampuero Ochoa, 0907730741
Verónica Burneo Salazar, 1715194592
Carlina Lucia Derks Bustamante, 1716056377
Mónica Mancero, 170895756-6
Cristina Álvarez Vivar 1713280939
Guadalupe Vernimmen Aguirre 091866292-5 Tamara Mejía. 0925754160
Bertha Martínez Peñafiel. Ecuador. 0913117156
Melissa Moreano
Geovanna Lasso
Diana Vela Almeida
Milena Paola Almeida Mariño, 0913869889
Paulina Palacios Herrera, 1706316666
Sandra Elisa Castillo Atehortúa 1751554658
Zaida Almeida Gordón 1716117435
Cristina Álvarez Vivar 1713280939
Kati Alvarez
Mariana Alvear
María José Gutiérrez Guzmán 1726227992
Flor María Toapanta Tumipamba 1720029089
Viviana Elizabeth Herrera Ayala 1720114402
Monica Alejandra Rojas Puente 1719370353
Silvana Haro Ruiz 1414127295
Marcela Arellano Villa 1709414658
Erika Ramos Rubianes 1710685270
Marcela Arellano Villa
Andrés Fernando Rodríguez Mera 1715817464
FIRMAS INTERNACIONALES
ALAMES El Salvador
Movimiento por la Salud Salvador Allende. El Salvador.
Red Latinoamericana Feminista
Colectivo Miradas Criticas del Territorio desde el Feminismo (Uruguay, Perú, México, Brasil, España y Ecuador)
Malandra Colectiva Feminista, México
Colectiva Feministas con Voz de Maíz-México
Colectivo de Igualdad de Género (CIGO) de la Nueva Central de Trabajadores (NCT) México
Josefina Chávez, feminista mexicana
Mujeres Transformando el Mundo (Chiapas, México)
Centro de Educación Integral de Base (México)
Tania O. Valadez George- Médica y Profesora de la UNAM-México
Guadalupe Quijano García. Colectiva Voces en Aquelarre - México
Colectiva Voces en Aquelarre-Colima México
Blanca Radillo Murguía. Estudiante de la Maestría en Ciencias Matemáticas, UNAM
Wendy Araceli Hernández Martínez-Psicológa - México
Lesly Elizabeth Solís Mendoza, estudiante de posgrado UNAM-México
Heather Dashner Monk-activista feminista y traductora - México
Ana María López Rodríguez-Profesora en Universidad Chapingo- México
Coordinadora Nacional de Usuarias y Usuarios en Resistencia (CONUR) – México
Dayana Sevilla Osornio- Mexico
Alicia Mendoza Guerra, feminista, militante del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores, PRT, México
Andrea Medina Rosas abogada feminista. México
Osmayra Solorio Loeza. México
Feminista Morelia Michoacán México
Verónica Cruz, Las Libres Guanajuato México
Las Libres Organización feminista Guanajuato México
Sara Lovera periodista México
Melisa Morán Esteban. Comisión de Trabajo Feminista Partido Revolucionario de las Trabajadores PRT. México
Mónica Jiménez Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
Elizabeth Montaño del SUTIEMS (Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior)
Ana Laura Ramírez Huitrón de la Red de Trabajadoras de la Educación. México
Norma Camacho de Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda del Distrito Federal – ASTINVI. México
Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Asociación Civil feminista de Oaxaca, México.
Margarita Estrada Iguíniz , CIESAS-CDMX
Melania Hernández, México
Leticia Padilla Ciudad Juárez México
Mary Carmen Larralde Hurtado, Secretaría de Genero del Sindicato de la UNAM – STUNAM
Graciela Delgado de Ciudad Juárez
Carolina Robledo Silvestre , Catedrática Conacyt Ciesas Ciudad de México
Adriana Zárate Escobar, FLACSO, México
Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México DF
Ana Silvia Monzón, socióloga feminista
Xochitl Morales Alcantar
Sandra Iventh González, docente UNAM
María Vázquez.
Ana María Cerón Cáceres - Colombia/México
Diana Rodríguez Vértiz estudiante de posgrado, UNAM, México
Sara Lua González Forster
Libertad García Sanabria
Wendolin Arenas Morales
Gabriela Huerta Tamayo
Alicia Hopkins Moreno
Lilian Balderas García
Noelia Correa García
Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR-México)
Movimiento al Socialismo – MAS
Dr. Rodrigo Castillo Aguilar, México
Espacio Feminista, Brasil
Caio Leonardo Bessa Rodrigues
Presidente da Comissão de Relações Institucionais e Governamentais
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal
Daniella Meggiolaro Paes de Azevedo
Fabiano Silva dos Santos, advogado, doutorando em direito pela PUC-SP.
Graziano, advogado, Vice Presidente da subcomissão de Direitos Humanos da OAB/SC
Thayná Jesuina França yaredy advogada
Vice presidente da comissão de igualdade racial da ordem dos advogados do Brasil
Gisele Cittadino - coordenadora e professora do Programa de Pós-graduação em Direto da PUC-Rio.
Assino Tayná
Ana Amélia Camargos
Professora PUC/SP e vice presidente da CDH da OAB/SP
Cheron Moretti, educadora, feminista de MMM y Comuna-Psol, Brasil
Tárzia Medeiros, feminista militante de la Marcha Mundial de Mujeres, miembra del ejecutivo nacional del PSOL en Brasil
Jacqueline Parmigiani - militante feminista, Antropóloga - executiva do PSOL Paraná
Comuna - corriente interna del PSOL, sección brasileña de la IV Internacional
Rosa María Marques - economista, professora da PUC/SP e militante do PSOL
Téssie Oliveira dos Reis - militante ecofeminista - Diretório Estadual do PSOL Ceará.
Maria da Consolação Rocha - professora, presidenta do Psol Minas
Ana Carolina Andrade - militante feminista e membra do Diretório Nacional do PSOL
Vanda Souto- feminista/ cientista social/ comuna/ Executiva do Psol/ CE
Anita Prosperi Queiroz - militante feminista y ecosocialista del PSOL Brasil
Tuanne Almeida de Souza - militante feminista e do Diretório Municipal de Vila Velha - ES
Sâmia Bomfim, Diputada Nacional de Psol en São Paulo / Brasil;
Fernanda Melchionna, Diputada Nacional de Psol en Rio Grande Sul / Brasil;
Luciana Genro, Diputada distrital de Psol en Rio Grande do Sul / Brasil.
Nathalie Drumond por la Direccion Nacional de PSOL.
Mujeres del Movimiento Izquierda Socialista.
Manuela M. M. Silveira, Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Yonofui de Argentina
Frente de Trabajadoras de la Comunicación Chaco. FTCC. Argentina
Revista Amazonas
Plurales, Argentina
GT de Clacso Economía Feminista Emancipatoria Natalia Quiroga economista feminista UNGS Karina Bidaseca (UNSAM/UBA)
Melisa Sotelo Delfina Magnoni
Lilia Parisí, Argentina
Magali del Valle Marega, Argentina
Colectiva Actoras de Cambio, Guatemala
Asociación feminista La Cuerda
Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda
Mujeres con Valor construyendo un futuro mejor -MUVACOFUM -
Asociación de Mujeres de Peten Ixqik
Asamblea Feminista de Guatemala
Colectiva Agroecofeminista Casa Colibri/Rochoch Tz'unün
Patricia Castillo
Mirna Ramírez
Maya Alvarado
María José Rosales Solano
Diana García
Asamblea General de Trabajadores (AGT), Venezuela
Grupo LUCHAS: Esmely Marilú Coello; Nieves Tamaroni; Vilma Vivas;
Zenaida Montero: Yajaira Coello; Rosalía Zingales. De San Cristóbal,
Valencia, Pto. Ordáz y Caracas
Luz Palomino de Caracas, Venezuela
Colectivo Feminista Ecorazonar, Perú
Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) - Peru
Rosa Montalvo Reinoso - Perú
Marcela López Villa, Colombia
Sandra Rátiva, Colombia
Centro de Estudios Regionales de Tarija ( CERDET ) - Bolivia
Briseida Barrantes/ Polo Ciudadano, Panamá.
Ana Harcha Cortés, Chile.
María Luisa Garita, Costa Rica.
Carmen Delcid , Misericordia Tejedora de Sueños.
Dra. Rosa Aurora Espinosa Gómez
Alison Frye, P rofesional de Salud Pública, EEUU
Cheryl Martens, EUA.
7 de octubre de 2019
6 de octubre de 2019
Ejidatarios de Yaxkukul exigen renovación del Comisariado Ejidal.
Por: Victor Lara Martínez / Por Esto!
Después de manifestarse por espacio de dos horas, ejidatarios de
Yaxkukul firmaron ayer un acuerdo con funcionarios de la Procuraduría
Agraria, instancia a la que acudieron para pedir el cambio de Juan
Bautista Aké al frente del Comisario Ejidal, alegando que éste se niega a
emitir la convocatoria correspondiente pese a que su gestión está por
concluir.
Los ejidatarios señalaron que el comisario ejidal se niega a separarse del cargo, porque no quiere perder la “gallina de los huevos de oro”, en este caso su relación con el ejidatario Rafael Acosta Solís, que forma parte de los 335 que pertenecen a esa comunidad, según una copia de la lista en poder del Registro Agrario Nacional (RAN).
Protesta
Los campesinos del ejido de Yaxkukul llegaron poco después de las 9 de la mañana y se plantaron frente a las oficinas de la Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán para solicitar que las autoridades presionen al Comisariado Ejidal para que emita la convocatoria de la renovación de ese órgano de gobierno.
Tras ser atendido por el encargado de la PA, Felipe de la Cruz Díaz García, acordaron realizar una junta conciliatoria al que serán citados el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, todo ello con la finalidad de acordar los términos de la convocatoria, para el lunes 7 de octubre a las 12 horas.
Por tal motivo, hoy acudirán dos visitadores agrarios a presentar la cita a los representantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, además de que verificarán si existe o no la convocatoria fijada en los estrados correspondientes.
Los campesinos fueron asesorados por el abogado Cuitláhuac Hernández, quien pidió a la autoridad que sean intermediarios entre el comisaría ejidal y consejo de vigilancia, con los campesinos inconformes.
De acuerdo a lo que dijeron, el período de esas autoridades ejidales concluye en este mes de octubre y no han emitido la convocatoria.
Se les informó que la Ley Agraria prevé que, en caso de emitirse la convocatoria y vencerse el período del comisariado, el Consejo de Vigilancia toma el control y tiene 60 días para emitir la convocatoria, que tiene que ser fijada en la casa ejidal y los estrados más importantes del ejido, en caso contrario, bastará que unos 20 ejidatarios regresen y soliciten ante la PA para que esa instancia proceda a emitir la convocatoria correspondiente.
Desfalco
Por otra parte, varios ejidatarios, denunciaron que el Lic. Rafael Acosta Solís es dueño de poco más de 250 hectáreas y ahora quiere apropiarse las otras 250 que todavía posee el ejido de Yaxkukul, lo cual no están dispuestos a permitir.
Los ejidatarios señalaron que el comisario ejidal se niega a separarse del cargo, porque no quiere perder la “gallina de los huevos de oro”, en este caso su relación con el ejidatario Rafael Acosta Solís, que forma parte de los 335 que pertenecen a esa comunidad, según una copia de la lista en poder del Registro Agrario Nacional (RAN).
Protesta
Los campesinos del ejido de Yaxkukul llegaron poco después de las 9 de la mañana y se plantaron frente a las oficinas de la Procuraduría Agraria en el Estado de Yucatán para solicitar que las autoridades presionen al Comisariado Ejidal para que emita la convocatoria de la renovación de ese órgano de gobierno.
Tras ser atendido por el encargado de la PA, Felipe de la Cruz Díaz García, acordaron realizar una junta conciliatoria al que serán citados el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, todo ello con la finalidad de acordar los términos de la convocatoria, para el lunes 7 de octubre a las 12 horas.
Por tal motivo, hoy acudirán dos visitadores agrarios a presentar la cita a los representantes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, además de que verificarán si existe o no la convocatoria fijada en los estrados correspondientes.
Los campesinos fueron asesorados por el abogado Cuitláhuac Hernández, quien pidió a la autoridad que sean intermediarios entre el comisaría ejidal y consejo de vigilancia, con los campesinos inconformes.
De acuerdo a lo que dijeron, el período de esas autoridades ejidales concluye en este mes de octubre y no han emitido la convocatoria.
Se les informó que la Ley Agraria prevé que, en caso de emitirse la convocatoria y vencerse el período del comisariado, el Consejo de Vigilancia toma el control y tiene 60 días para emitir la convocatoria, que tiene que ser fijada en la casa ejidal y los estrados más importantes del ejido, en caso contrario, bastará que unos 20 ejidatarios regresen y soliciten ante la PA para que esa instancia proceda a emitir la convocatoria correspondiente.
Desfalco
Por otra parte, varios ejidatarios, denunciaron que el Lic. Rafael Acosta Solís es dueño de poco más de 250 hectáreas y ahora quiere apropiarse las otras 250 que todavía posee el ejido de Yaxkukul, lo cual no están dispuestos a permitir.
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