HOSTIGAMIENTO CONTRA LA RESISTENCIA CIVIL CONTRA LAS ALTAS TARIFAS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CANDELARIA, CAMPECHE.

Al Congreso Nacional Indígena.
Al Ejercito Zapatista de liberación Nacional.
A la Red Nacional Contra la Represión.
A los pueblos del mundo.
A los explotados y marginados del mundo que luchan y resisten contra el capitalismo.

La Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica en Candelaria, Campeche, ha luchado desde hace diez años, de la mano de la Red Nacional de Resistencias y el Congreso Nacional Indígena, para que la energía eléctrica sea considerada como un derecho humano.

¿No era ese era el discurso de Adolfo López Mateos cuando “nacionalizo” la industria eléctrica?

“Hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza, para que todos sus beneficios sean para el pueblo y sólo para el pueblo. Y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo” dijo.

Y ahora que nos organizamos para defender la industria eléctrica como propiedad del pueblo mexicano, somos perseguidos, acusados y hostigados. En 2009, cinco de nuestros compañeros fueron encarcelados injustamente y acusados de delitos que no cometieron. Como no nos callaron continúan hostigándonos, intimidándonos y girándonos órdenes de aprehensión, como la que ahora han girado contra nuestra compañera Estefanía Villafuerte Domínguez y  nuestro compañero José A. Villafuerte García por el delito de robo de fluido eléctrico con un adeudo de 280mil y 380mil pesos.

Y denunciamos esto como otro intento por destruir nuestra organización y movimiento a través de la criminalización de la protesta.  No lo permitiremos. No daremos ni un paso atrás, porque nuestra lucha es por todos los explotados y marginados, por la defensa de nuestra soberanía, por la defensa de nuestros recursos naturales, que no estamos dispuestos a entregar a ninguna empresa nacional o extranjera. No hemos en ningún momento incurrido en ningún delito, sólo henos defendido nuestra dignidad cono seres humanos, y parece que para el estado este es el peor delito que puede cometerse. Nuestra lucha es por una vida digna, para nosotros y para las generaciones futuras.

¡Desde Candelaria, hasta la victoria!

Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas de Luz de Candelaria Campeche

Red Nacional de Resistencias Contra la Altas Tarifas de Luz

Congreso Nacional Indígena Región Península de Yucatán.

Pronunciamiento de las comunidades, organizaciones y personas del CNI en Campeche sobre la represión a estudiantes normalista de Ayotzinapa.

A los pueblos y tribus indígenas.
Al pueblo de México.
Al Congreso Nacional Indígena.
A los padres, las madres, familiares y estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero.

Hermanas y hermanos:

Desde Campeche, las comunidades, organizaciones y personas que conformamos el Congreso Nacional Indígena, seguimos viendo con rabia e indignación el profundo desprecio que el estado mexicano expresa hacia las luchas de abajo, hacia la constante y digna lucha por la aparición con vida de los 43 compañeros y para que se haga justicia por los tres compañeros caídos y los dos heridos de gravedad.

Apenas en Septiembre, que el Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe detallado de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 desmintiendo la “verdad histórica” que el estado trato de imponer, desmantelando la sombra de mentira que sobre todo un país y sobre la memoria de los jóvenes desaparecidos.

Ante este informe, la Procuraduría General de la República y la misma presidencia se comprometieron a no dar “carpetazo” al caso Ayotzinapa, aceptando las recomendaciones del GIEI en el que se sugería abrir nuevas líneas de investigación, demostrando una vez más que no hay palabra valida ni verdadera que de su boca emane, solo mentiras y desvergüenza.

El gobierno y sus funcionarios sonríen ante las cámaras y apuñala atrás de ellas. Pues mientras en los medios de su información, hablan de llegar a las últimas consecuencias y simulando juzgar a algunos de los que participaron en los hechos, atrás de cámaras la represión contra los padres, madres y estudiantes de Ayotzinapa sigue constante, apostándole al cansancio, al olvido, a huir del dolor de la represión, pero no saben que no hay dolor mas allá, que el de perder a un hijo, una hija.

Para el estado, el caso Ayotzinapa sólo sigue abierto para ofertar represión, muerte, injusticia, falsedad. ¿Qué tanto mal le han hecho al estado los pueblos indígenas para que quieran acabar con sus hijos? Existir, solamente eso. Pues los pueblos, indígenas a los cuales pertenecen los normalistas rurales, nos hemos resistido a morir durante más de 500 años de genocidios, llamados “proyectos de nación”. Muerte y más muerte es lo que el estado tiene para nosotros y Ayotzinapa ha sido la luz del fuego de la resistencia ante ese intento por acabarnos.

Mientras los padres, madres y compañeros de los desaparecidos buscan vida el estado sigue ofreciendo muerte y represión. Demuestra con cada acción que el caso Ayotzinapa le causa una especial repulsión y sigue confirmando que el crimen organizado y el crimen desorganizado que es el gobierno de México son exactamente lo mismo.

A los compañeros de Ayotzinapa les decimos, que aunque allá arriba quieran seguir engañando al pueblo de México, diciendo que la Normal de Ayotzinapa es nido de comunistas, semilleros de guerrilleros, formadoras de disidentes, que son parte del crimen organizado, poniéndoles colores, como si de ellos se tratara; para nosotros son nuestros hermanos y nuestros compañeros, la palabra compartida sigue y seguirá en nuestros corazones y nuestra memoria, moviendo nuestros pasos, nuestro pensamiento.

Desde el territorio maya, pronunciamos nuestra total solidaridad con los padres, madres y compañeros de los desaparecidos de Ayotzinapa.

Repudiamos la aberrante y cínica acción del estado mexicano de reprimir a nuestros compañeros el 11 de noviembre, en la carretera Chilpancingo - Tixtla.

Rechazamos el intento de desprestigiar al movimiento de Ayotzinapa queriendo relacionarlos con grupos del crimen organizado.

Declaramos que estamos y seguiremos pendientes de la integridad de nuestros compañeros, el respeto a la libertad de manifestación.

¡Animo compañeros, hasta encontrarlos!

¡Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos!

¡Nunca Más un México Sin Nosotros!

13 de noviembre de 2015

Campeche, México

DECLARACION DE BLANCA FLOR, BACALAR, EN DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS.

Las comunidades mayas del poniente de Bacalar, el colectivo de semillas Much’ Kanan I’inaj, la organización apícola Kabi Habín y la asociación civil Educación, Cultura y Ecología (EDUCE), preocupados por la situación que se vive en el país y en las comunidades indígenas convocamos a compartir la palabra y el corazón en el Foro: Nuestros territorios, experiencias de lucha organizativa de nuestros pueblos.

Hasta la comunidad de Blanca Flor, Bacalar llegamos a compartir nuestra palabra colectiva de resistencia, llegamos a compartir nuestro corazón colectivo de dignidad, venimos a escucharnos; venimos a DENUNCIAR las injusticias que cometen en nuestro nombre, venimos a DENUNCIAR los proyectos de muerte que nos venden como desarrollo social, venimos a DENUNCIAR las políticas públicas que son contrarias a los intereses de nuestras comunidades y en beneficio de las empresas transnacionales, venimos a DENUNCIAR que las reformas a la constitución atentan y violan los derechos de las comunidades indígenas y legalizan el despojo de nuestras tierras y territorios, venimos a DENUNCIAR que los partidos políticos son el instrumento del gobierno para dividirnos como comunidades y pueblos, venimos a DENUNCIAR la destrucción de nuestros recursos naturales que son puestos a la venta al mejor postor, que incluye las semillas nativas, minería, tierra, agua, petróleo, aire y mares; venimos a DENUNCIAR con fuerza que el gobierno mantiene presos a varios compañeros que han sido perseguidos por su compromiso con su pueblo, venimos a DENUNCIAR que esta situación de despojo va a empeorar si no nos organizamos como pueblos.

Nosotros y nosotras que vivimos en esta adolorida tierra de la Península de Yucatán compartimos nuestras luchas y resistencias que nacen desde abajo y a la izquierda; la palabra del colectivo Kabi Habin dice con fuerza que a pesar de las políticas públicas adversas a los intereses de nuestra vida comunitaria, estamos fortalecidos en nuestra identidad y que seguiremos protegiendo y cultivando la miel orgánica así como nos enseñaron los abuelos y abuelas y que no permitiremos que las semillas transgénicas la contaminen; la voz del colectivo Much’ Kanan I’inaj se alza para decir que las semillas nativas son propiedad de la humanidad y de la naturaleza y que no pueden ser de una empresa que solo busca vender y ganar, eso es un atentado contra nuestra vida; la palabra de resistencia del colectivo apícola chenero de Campeche levanta la voz para frenar la destrucción de su territorio mediante la siembra de más de 10,000 hectáreas de siemqbra de soya transgénica a pesar de que han ganado dos amparos que no permiten la siembra de transgénicos en su territorio desde el 2014, ¡Con ley, sin ley o a pesar de la ley seguiremos luchando!

La voz de lucha y resistencia de los pueblos originarios del centro del país también se hace escuchar con fuerza, convicción y compromiso con las causas justas; la Tribu Yaqui nos cuenta su historia profunda de luchas y las raíces de su resistencia y defensa de las tierras y del agua que son la base de la vida de los pueblos indígenas, nos comparten que actualmente están sufriendo el despojo de su agua en nombre del progreso y desarrollo, cuando ellos saben que son las empresas privadas y las leyes hechas por los diputados y senadores los culpables de este robo descarado; los hermanos de Cherán en Michoacán, nos comparten su lucha para proteger sus tierras y sus bosques desde el año 2008, su resistencia es para evitar el despojo masivo de sus recursos naturales orquestado por los partidos políticos y el crimen organizado, en realidad no sabemos cuál es la diferencia entre los dos.

Es por toda esta serie de injusticias históricas y de agravios en contra de nuestras comunidades; es porque nos resistimos a morir como pueblos originarios, es porque nuestro corazón indígena cada día está más fuerte y porque somos la dignidad con que se camina en este adolorido país que:

DECLARAMOS que estamos en contra de la siembra experimental, producción y comercialización de los transgénicos que afectan nuestra salud y contaminan la miel orgánica y los cultivos tradicionales de las comunidades indígenas, DECLARAMOS que seguiremos protegiendo nuestras semillas nativas que son nuestra “Santa gracia” y es la herencia de nuestros abuelos y abuelas que hemos conservado durante muchos años a pesar de las leyes contrarias a los intereses de las comunidades, DECLARAMOS que seguimos firmes en la defensa de la tierra y del agua que está en los territorios indígenas y manifestamos que es una obligación del gobierno consultarnos cuando se tome una decisión que afecte nuestra vida, tal como lo dice el artículo 2° de la Constitución y los acuerdos internacionales firmados y reconocidos por el país, DECLARAMOS que seguiremos reclamando y luchando por la reconstitución integral de nuestros territorios fortaleciendo nuestra autonomía como pueblos, tal como lo dicen los acuerdos de San Andrés, DECLARAMOS que estamos en contra de las elecciones del 7 de junio que son solo la reafirmación de los agravios en contra de nuestras comunidades.

Después de haber escuchado la palabra colectiva de los pueblos que participamos en esta compartición, después de conocer las injusticias que padecemos y que ya sabemos quiénes son los responsables, que su nombre es el poder y su apellido mal gobierno, levantamos la voz y EXIGIMOS que cese el hostigamiento, persecución y encarcelamiento de nuestros hermanos de la tribu yaqui y la inmediata liberación de todos los presos políticos del país, EXIGIMOS que los acuerdos de San Andrés Sakamchén firmados por el gobierno federal y los hermanos zapatistas en 1996 sean reconocidos a nivel constitucional, EXIGIMOS que se suspenda el despojo y destrucción de los recursos naturales que se encuentran en nuestros territorios indígenas y que se legaliza con la reforma al artículo 27° constitucional que se conoce como reforma energética, EXIGIMOS que se suspenda el elevado financiamiento a los partidos políticos que son la reafirmación de las injusticias sociales, EXIGIMOS que se suspendan las elecciones del 7 de junio en tanto no se cumplan y garanticen los derechos humanos reconocidos en la Constitución, EXIGIMOS que se cumplan los resolutivos del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México que reconoce al Estado Mexicano como gobierno criminal y corrupto, EXIGIMOS que cese el proceso de empobrecimiento de las comunidades indígenas que tiene su raíz en las políticas públicas y las leyes que benefician a los empresarios.

Como dice el Chilam Balam “Podrán marchitar nuestras flores, pero la flor de nuestra palabra no morirá” y es por eso que juntos como pueblos y colectivos, con una sola voz que se levanta, con la dignidad que heredamos de nuestras abuelas y abuelos decimos ¡YA BASTA!

BLANCA FLOR, BACALAR, QUINTANA ROO A 19 DE ABRIL DEL 2015.

Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo “Lo que l@s de arriba destruyen l@s de abajo reconstruimos” [Tercera Compartición: Monclova, Candelaria, Campeche.] :: Boletín de Prensa.

Del 21 de diciembre de 2014 al 3 de enero de 2015 se celebrará en México el Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, convocado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI), a realizarse en cinco sedes que abrigarán la palabra y el caminar anticapitalistas de miles de hombres y mujeres abajo y a la izquierda.

En la Península de Yucatán, quienes nos articulamos en el CNI y/o nos reconocemos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona emitida por el EZLN en 2005, hemos decidido reunirnos y recibir la palabra y el caminar de nuestr@s compañer@s del resto del país en Candelaria, Campeche, donde las mujeres y los hombres del movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica, integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica, luchan desde 2006 por el derecho al buen acceso de energía eléctrica y tarifas justas. La cita es el 28 y 29 de diciembre de 2014 en la comunidad de Monclova.

El modelo económico de producción capitalista atraviesa por una crisis sistémica que se expresa todos los días de manera descarnada en las finanzas, la política, la cultura, la sociedad, la naturaleza; sin embargo, a pesar de ello, el estado mexicano ha apostado por llevar a cabo una serie de reformas neoliberales que benefician a las empresas privadas nacionales y extranjeras y a sus socios en los distintos niveles y colores de gobierno por encima de las necesidades y derechos fundamentales de los pueblos: justo aquí se inscribe la digna lucha de la Resistencia Civil en Candelaria.

Lejos de lo que se nos quiere hacer creer, en el capitalismo pervive una lucha de clases entre quienes, para decirlo en términos llanos, están arriba y quienes estamos abajo. Para los de arriba, los grandes industriales y empresarios (incluyendo los del crimen organizado y los medios de comunicación), los partidos políticos que son desgobierno, los jueces y sus fuerzas que ellos llaman “del orden”, ha sido la riqueza económica y natural, el gobierno que vela por sus derechos e intereses, la alta cultura, los espacios de convivencia con todos los cuidados y servicios, la educación, la salud, la seguridad, la impunidad; para las y los de abajo, la pobreza y la miseria, la represión y la criminalización gubernamentales, la burla y el desprecio por como se viste, se come, se habla y se piensa, el despojo del espacio público y el territorio, la enajenación, la muerte, la violencia.

No es extraño, entonces, que tan pronto se anunciaron los trabajos del Festival, donde Candelaria será una de sus sedes, aumentaran las amenazas y el hostigamiento en contra de nuestras compañeras y nuestros compañeros de la Resistencia Civil; sobre todo ahora que los distintos niveles de gobierno y sus tres poderes buscan por todas las vías retomar los hilos que sostenían la careta con que cubrían una criminalidad que a raíz del asesinato y la desaparición forzada de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” el pasado 26 de septiembre quedó al desnudo.

Por todo lo anterior:

1. Exigimos a los gobiernos federal, estatales de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y municipales de la Península de Yucatán las más amplias garantías y el total respeto a las actividades que celebraremos en el marco del Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo; lo hacemos invocando los derechos y las garantías que las leyes mexicanas nos confieren como ciudadan@s mexican@s: no les pedimos su permiso, les exigimos su cumplimiento de la ley.

2. Exigimos a los gobiernos federal, estatales de Yucatán, Campeche y Quintana Roo y municipales de la Península de Yucatán el cese de las amenazas y del hostigamiento a nuestr@s compañer@s del movimiento de Resistencia Civil del No Pago a la Luz Eléctrica, integrantes de la Red Nacional de Resistencia Civil en contra de las Altas Tarifas de la Energía Eléctrica y anfitrionxs de la Tercera Compartición del Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, a celebrarse en Monclova, Candelaria, Campeche los días 28 y 29 de diciembre de 2014.

3. Invitamos a los medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen y a las mujeres y los hombres honestos de los medios comerciales de la Península de Yucatán a dar cuenta de la voz y el pensamiento de abajo y a la izquierda que se darán cita antes, durante y después de la celebración del Festival, pues, son muchas las luchas que han sido invisibilizadas por los dueños de los medios comerciales que dicen son de comunicación.

4. Saludamos la invitación del EZLN a los familiares y compañeros de los Normalistas de Ayotzinapa y la decisión de ceder su lugar en las comparticiones, incluyendo, desde luego, la de Candelaria, a una delegación de 20 de ell@s: 10 mujeres y 10 hombres; esperamos que acepten y desde ya decimos que dedicaremos y aplicaremos todos nuestros esfuerzos en atenderles, escucharles y hablarles como si fueran cualquiera de l@s zapatistas que formarían la delegación del EZLN; es decir, como votanes y compañer@s, junto a nosotr@s, entre nosotr@s, detrás de nosotr@s.

‪#‎FestivalRyR‬ ‪#‎EZLN‬ ‪#‎CNI‬ ‪#‎LaSexta‬ ‪#‎RumboalFestival #fryrcandelaria

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Ebulá demanda al Estado mexicano ante la CIDH: A escrutinio internacional, un desalojo forzoso en Campeche.

San Antonio Ebulá demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el desalojo forzoso de que fue objeto en agosto de 2009, por la falta de acceso a la justicia tanto en materia agraria como penal, por la impunidad que protege al agresor y niega a las familias agraviadas la reparación del daño y por haber incumplido con sus obligaciones elementales en materia humanitaria en casos de desplazamientos.

Los desalojos forzosos son particularmente graves y representan una violación “prima facie” a los derechos humanos, además de que ponen en riesgo la vigencia de otros derechos, como el derecho a una vivienda adecuada, a la vida, a la salud, a la educación, entre otros.

Para el equipo Indignación es indispensable que este caso siente un precedente y se otorguen garantías de no repetición de hechos tan graves y de efectos tan dramáticos para la vida de los pueblos y de las familias. 

El responsable de desalojos forzosos, tal como establece la legislación internacional, es siempre el Estado, en este caso por haber permitido que un particular, el empresario Eduardo Escalante, lo llevara al cabo. Las autoridades de Campeche protegieron al agresor durante el desalojo y, posteriormente, al omitir investigar. El equipo Indignación considera que es alto el riesgo de que hechos como estos se repitan mientras persista la impunidad.

La procuraduría de Campeche, a cargo de Renato Sales, avaló el cierre de la averiguación previa sin siquiera citar a declarar a quien fuera suegro del extinto Juan Camilo Mouriño. Por el contrario, violentó el derecho de las y los agraviados a la justicia y a la reparación del daño, a pesar de que las y los pobladores presentaron la denuncia y aportaron numerosas pruebas que inculpaban a Eduardo Escalante y que demostraban que Ebulá estaba reconocido como Pueblo por diversas instancias estatales y federales.

La Secretaría de la Reforma Agraria, por su parte, no ha resuelto aún el litigio que las y los habitantes de San Antonio Ebulá mantienen desde hace más de 20 años, negándoles el acceso a la justicia y generando incertidumbre acerca de sus tierras.

El anterior gobierno de Campeche protegió al agresor y omitió intervenir para proteger la vida, la integridad física y las propiedades de las familias de San Antonio Ebulá. Además, omitió cumplir con asistir humanitariamente a la población desplazada que vivió durante mes y medio en la terraza del Palacio de Gobierno.

El actual gobierno, por su parte, ante la presión internacional, llegó a un acuerdo con la población desplazada en septiembre de 2009 otorgando 31 hectáreas para la inmediata ocupación de las familias desplazadas pero ha incumplido con garantizar los servicios necesarios para la vida de un pueblo.  Además, el actual gobierno es el responsable de no investigar el desalojo, de obsequiarle impunidad al agresor y de impedir así el acceso a la justicia a las y los agraviados.

Por estos hechos, y por la denegación de justicia en materia agraria, San Antonio Ebulá, junto con el equipo Indignación, demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Ahora será el Estado mexicano quien tenga que responder ante un organismo internacional por graves violaciones a los derechos humanos.

Mientras persista la impunidad, es alto el riesgo de que hechos como el desalojo que agravió a más de 70 familias en Ebulá se repitan, más aún en una zona que no ha reconocido el derecho al territorio del pueblo maya, en una región en la que la tierra se encuentra sujeta a la especulación y a la presión generada por inversionistas y proyectos de “desarrollo”, en una entidad en la que el gobierno se muestra tan sometido al poder económico.

Resulta elocuente que un hijo del agresor mantenga un importante cargo en el gobierno del estado de Campeche y que una de sus hijas haya sido diputada estatal y actualmente sea Presidenta Municipal de la ciudad de Campeche.

Esta es la primera demanda que se presenta ante el Sistema Interamericano contra el Estado mexicano por hechos ocurridos en Campeche.

Campeche, 22 de agosto de 2013

Equipo Indignación A.C.

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El Estado falló en Ebulá: 4 años de impunidad.

Carta abierta a las compañeras y compañeros de San Antonio Ebulá

Equipo Indignación 

13 de agosto de 2013.

Compañeras, compañeros:

Hace cuatro años nos encontramos en la tierra de ustedes, mirándolos mirar lo que quedaba de sus casas. Humeaba todavía entre los escombros de madera y láminas.

Llegamos a San Antonio Ebulá cuando jóvenes con camisetas anaranjadas se subían a unas camionetas tipo pick up y huían. Los vimos irse, riendo. Detrás iba también maquinaria de construcción usada para destruir.

Alrededor todo era destrucción y caos. Árboles tirados, láminas en el suelo, humo… y el azoro de ustedes. Y la rabia asomando. Y la confusión y las narraciones atropelladas y el estado de choque en el que se encontraban algunos, algunas. La escena nos remitía, irremediablemente, a Guatemala y la política de tierra arrasada en los tiempos de la guerra. Nos resultaba increíble ver esto en Campeche, en 2009. Unas semanas antes habíamos visitado el poblado.

Este era el tercer ataque contra San Antonio Ebulá y la destrucción era total. Todas, todos sabían quién era el agresor: Eduardo Escalante Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño. Eso significa que contaba con toda la protección federal. Y contó con la complicidad estatal también. “El dueño de Campeche”, llegó a decir alguien.

El “Potoco”, Gilberto Farfán Talango, lo confesó en la averiguación previa en el Ministerio Público, cuando ustedes lograron que se reabriera la investigación, pues la habían cerrado “por no encontrar delito qué perseguir”. El “Potoco” confesó que Eduardo Escalante lo contrató para limpiar un terreno. Confesó que no, no le mostró orden de desalojo, pero sí una resolución de un juicio civil. Le ordenó destruir las “casuchas” que se encontraban en San Antonio Ebulá.

¿Por qué puede Eduardo Escalante ordenar un desalojo? ¿y por qué puede ser obedecido? ¿y por qué pudo ordenar un desalojo y ser obedecido… impunemente?

El 13 de agosto de 2009 la policía estatal de Campeche estuvo presente. Fue testigo de la destrucción de casas y pertenencias ¡y no intervino!

La Comisión de Derechos Humanos de Campeche determinó que no era un asunto de derechos Humanos porque era entre particulares.

Ustedes estuvieron desplazados en condiciones críticas sin ningún tipo de asistencia pero la Comisión de Derechos Humanos de Campeche no encontró ninguna violación a los derechos humanos. La CNDH, con absoluta negligencia, avaló la resolución.

El Ministerio Público cerró nuevamente el expediente y el procurador, Renato Sales, avaló dicha determinación a pesar que desde que tomó posesión del cargo tuvo el informe que elaboró la Misión Civil de Observación sobre el caso de San Antonio Ebulá y a pesar de que nos entrevistamos con él y le detallamos las violaciones a derechos humanos, los delitos, los agravios mantenidos en la impunidad por el gobierno anterior. Ofreció atender con toda responsabilidad el asunto. Admitió que Eduardo Escalante era una persona muy poderosa en Campeche pero ofreció atender con toda responsabilidad el caso.

Ustedes presentaron más de 26 pruebas, decenas de declaraciones… y aun así Renato Sales determinó cerrar el expediente sin consignarlo ante un juez. Nunca citó a declarar a Eduardo Escalante… pero él cerró el expediente.

Hoy, cuatro años después, un hijo de Eduardo Escalante tiene un puesto estratégico en el gobierno estatal y la hija de Eduardo Escalante, Presidenta Municipal de Campeche, trata con desdén la exigencia de ustedes para que Ebulá sea reconocido como pueblo y hace cuatro años formó parte de la legislatura que eliminó del Código Penal de Campeche el delito de “ataque a un poblado”.

Las tierras que obtuvieron, una pequeña parte de las que habitaban, no cuentan con todos los servicios que requiere una comunidad, a pesar de que el gobierno se comprometió a dotarlos de todos ellos en un convenio apresurado que pretendía más eliminar la protesta que resolver y reparar los daños.

Son cuatro años ya. La procuraduría de justicia cerró el expediente y con eso Renato Sales hizo todavía más deplorable la actuación del gobierno de Campeche y se incluyó entre los actores que les han agraviado.

El juicio agrario no ha concluido después de veinte años.

Ustedes, precisamente ustedes, las y los habitantes de San Antonio Ebulá, pueden mostrar cuán difícil resulta para una persona en México acceder a la justicia cuando es violentada por un poderoso. Ustedes pueden mostrar, tienen todas las pruebas, que el gobierno cesa su actuar, su autoridad e incumple su obligación, temeroso del poder económico y político de una persona.

Ustedes pueden mostrar y dar a conocer a otros pueblos todos los mecanismos que echa a andar el poder para desalentar a la gente, para sembrar discordia.

Ustedes pueden mostrar que un litigio por la tierra puede enredarse durante veinte años y perderse en los torcidos caminos de procuradurías, tribunales, secretarías.

Muéstrenle al mundo cómo es en Campeche la justicia. Cuenten, no sólo lo que ocurrió el 13 de agosto de 2009, sino lo que ha ocurrido estos cuatro años. Los engaños, las ficciones, nuevos agravios cometidos por la Comisión de Derechos Humanos de Campeche, por el gobernador, por el procurador Renato Sales.

Todas las instituciones del estado han fallado y se han aliado para proteger al agresor. Hagan ustedes que esto no sea posible nunca más.

No, no son ustedes los que fallaron, ni su causa la que falló: el estado mexicano exhibe en Ebulá su derrota al mostrarse incapaz de hacer justicia y reparar los daños, al mostrarse tan débil frente al dinero, tan temeroso frente a un empresario.

Ustedes empezaron un pueblo nuevo en la tierra recuperada. Así hay que hacer de nuevo la justicia.

El camino sigue. La rabia en la mirada también marca una ruta.

Continuamos.

Equipo Indignación A.C.

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Por la libertad de los pres@s polític@s de La otra Campaña.

La Red Contra la Represión y por la Solidaridad, la Campaña Primero Nuestr@s Pres@s y La Otra Campaña exigen así a los gobiernos estatales y al federal la inmediata liberación de los 35 hombres y mujeres integrantes de La Otra Campaña que permanecen bajo prisión política en diversas cárceles del país.

Tomado de: Desinformémonos.



Boletín

En el marco del cuarto aniversario de la represión en San Salvador Atenco, la Red Contra la Represión y por la Solidaridad, conformada por organizaciones, colectivos e individuos adherentes a La Otra Campaña, anuncia una caravana de organizaciones procedentes de Campeche, Chiapas, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Tamaulipas, que desembocará en un plantón en el zócalo de la Ciudad de México los días 3 y 4 de mayo, con el objetivo de difundir y extender la lucha por la libertad de los presos políticos de México.

La Red Contra la Represión y por la Solidaridad, la Campaña Primero Nuestr@s Pres@s y La Otra Campaña exigen así a los gobiernos estatales y al federal la inmediata liberación de los 35 hombres y mujeres integrantes de La Otra Campaña que permanecen bajo prisión política en diversas cárceles del país. La Red manifiesta también su rechazo a las recientes agresiones contra integrantes de La Otra en Chiapas, Michoacán (Ostula), el Distrito Federal, Guerrero y, la más reciente, contra la caravana de observación de derechos humanos en las inmediaciones del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, en la que fueron asesinados un finlandés y Beatriz Cariño, también integrante de La Otra Campaña, y 15 más heridos de bala.

En este contexto, el 3 y 4 de mayo organizaciones campesinas, indígenas, de defensa de derechos humanos, colectivos de jóvenes, de trabajadoras sexuales y de diversas experiencias que luchan abajo y la izquierda por una opción anticapitalista continúan su lucha por la libertad de 35 pres@s polític@s recluid@s en cárceles de Campeche (3), Chiapas (6), Distrito Federal (1), Estado de México (12), Guerrero (3), Nayarit (1)y Oaxaca (9). En el plantón se difundirá la situación de cada uno y una de ellas, con el acompañamiento de música, cine y actividades culturales para niños y adultos.

Se han confirmado también actividades como conferencias, volanteos, reuniones informativas, brigadas, documentales, marchas y demás acciones en Jalisco, Morelos, Aguascalientes, Nayarit, DF, Zacatecas, Querétaro, Guerrero y Nuevo León, estados en los que se levantará nuestra voz en contra de la represión y por el respeto a todos los luchadores sociales.

La Otra Campaña es una iniciativa política de abajo y a la izquierda, convocada en el 2005 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y puesta en marcha el primero de enero del 2006 con el inicio de un recorrido del Subcomandante Marcos por todo el país.

Convocan: Red Contra la Represión y por la Solidaridad, la Campaña Primero Nuestrxs Presxs y La Otra Campaña.

Listado de pres@S polític@s adherentes a La Otra Campaña

CAMPECHE:

Sara López González, Joaquín Aguilar Méndez, Guadalupe Borjas Contreras

CHIAPAS:

Alberto Patishtán Gómez, Rosario Díaz Méndez, Artemio Díaz Heredia, Manuel Heredia Jiménez, Pascual Hernández Gómez, Armando Méndez Pérez

DF:

Víctor Herrera Govea

ESTADO DE MÉXICO:

Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Jorge Alberto Ordóñez Romero, Román Adán Ordóñez Romero, Alejandro Pilón Zacate, Juan Carlos Estrada Cruces, Julio César Espinoza Ramos, Inés Rodolfo Cuellar Rivera, Edgar Eduardo Morales Reyes , Óscar Hernández Pacheco, Narciso Arellano Hernández

GUERRERO:

Máximo Mojica Delgado, María De los Ángeles Hernández Flores, Santiago Nazario Lezma

NAYARIT:

Tomás de Jesús Barranco

OAXACA

Loxichas:

Agustín Luna Valencia, Álvaro Sebastián Ramírez, Justino Hernández José, Mario Ambrosio Antonio, Fortino Enríquez Hernández, Eleuterio Hernández García, Abraham García Ramírez, Zacarías P. García López

CODEDI-XANICA, Comité por la Defensa de los Derechos Indigeneas- Xanica de la Alianza Magonista- Zapatista:

Abraham Ramírez Vázquez

Pemex: accidente y dudas.

Hemos estado dando seguimiento a esta noticia a través de los medios que acostumbramos consultar y no hemos podido dejar de sentir que el caso del accidente a trabajadores petroleros en la Sonda de Campeche tiene (y tendrá) muchos puntos de encuentro con la tragedia en Pasta de Conchos, Coahuila.
Uno de ellos, que ya empieza a vislumbrarse, es la negligencia ante medidas mínimas de seguridad que de haberse cuidado hoy no estarían los medios dando cuenta de 19 vidas perdidas. Otro, el desprecio de las autoridades responsables de dar una respuesta veraz a lo que ocurrió en la plataforma Usumacinta.
A falta de un resumen más acertivo, compartimos con l@s chilangas y pachucos lectorxs de este rincón virtual el Editorial de La Jornada del día de hoy, 26 de octubre de 2007; como una especie también de abrazo solidario a nuestra muy querida Bettina Perroni, autora del güeblog Génesis: origen de mis pensamientos.

Pemex: accidente y dudas

La Jornada, 26/10/2007.

El accidente ocurrido el martes pasado en el pozo Kab-101 de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicado en la Sonda de Campeche, enlutó a dos decenas de familias, dejó un número indeterminado de heridos y provocó daños económicos y ambientales aún no evaluados. Hasta el cierre de esta edición, cuatro trabajadores continuaban desaparecidos, como lo reconoció horas antes frente a la Comisión de Energía del Senado de la República el director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, quien situó las muertes en 19 y prometió el pronto inicio de una investigación sobre el desastre. El funcionario atribuyó la colisión entre la plataforma Usumacinta y el choque del árbol de válvulas del pozo a condiciones climatológicas “excepcionalmente malas” que imperaban en la zona, y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada, culpó del accidente al cambio climático porque, según él, las olas de 12 metros que azotaron la plataforma superaron los estándares y sistemas de seguridad de Pemex.

Un accidente es, por definición, inevitable. Sin embargo, hasta ahora ningún funcionario ha respondido las preguntas que formularon antier en Ciudad del Carmen algunos de los deudos: ¿por qué la paraestatal y sus contratistas no desalojaron la plataforma si desde dos días antes de la tragedia ya se sabía que entraría un norte? ¿Quién y por qué decidió continuar las labores en el pozo con vientos de 130 kilómetros por hora y un oleaje excepcional?

Desde otro punto de vista, llama la atención que de los 19 fallecidos sólo cuatro fueran trabajadores de Pemex y el resto empleados de empresas contratadas por la paraestatal para operar el pozo. Siete de los muertos laboraban para la Compañía Perforadora Central, señalada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez por violar derechos laborales, y operadora de una plataforma que, en abril de este año, sufrió un percance en el que perdieron la vida tres trabajadores de la paraestatal y resultaron heridos cinco de la empresa contratista. En esa ocasión, el diputado Cuauhtémoc Velasco atribuyó ese y otros accidentes a la carencia de mantenimiento, la falta de supervisión de técnicos de Pemex especializados en el manejo de las instalaciones petroleras y la deficiente o nula capacitación del personal.

Por añadidura, en estos días se ha hablado de las malas condiciones de mantenimiento en que se encuentran los botes salvavidas adheridos a las plataformas petroleras –conocidos entre los trabajadores petroleros como mandarinas, por su color anaranjado– y, de acuerdo con el testimonio de uno de los sobrevivientes del Kab-101, una de estas embarcaciones falló cuando algunos integrantes del personal de la plataforma trataban de salvarse en ella.

La suma de estos elementos no sólo da pie para sospechar la existencia de irregularidades y de decisiones inadmisibles en la génesis del desastre ocurrido el martes en la Sonda de Campeche, sino que evidencian el desmembramiento de la industria petrolera nacional, favorecido desde hace años por el Poder Ejecutivo Federal no para dar mayor eficiencia y rentabilidad a la paraestatal, sino para abrir oportunidades de negocio a contratistas particulares, y no necesariamente en condiciones de transparencia y probidad.

En lo inmediato, ha de exigirse a las autoridades y a las empresas que no escatimen esfuerzos para rescatar a los trabajadores desaparecidos y para atender con justicia y humanidad a las familias de los fallecidos; en suma, que no se repitan en Campeche los indignantes maltratos y el desdén que han experimentado los deudos de los mineros muertos en Pasta de Conchos, Coahuila, ni las escandalosas connivencias entre la empresa propietaria de ese yacimiento y las autoridades de la Secretaría del Trabajo.

Ciertamente, la investigación señalada ayer por Reyes Heroles es obligada y perentoria. Debe procederse a un minucioso deslinde de responsabilidades a fin de determinar si hay acciones que perseguir por el accidente por parte de funcionarios de la paraestatal y mandos de las empresas involucradas y, en caso afirmativo, imponer las sanciones correspondientes y corregir los procedimientos de seguridad ineficaces.

Más allá de las soluciones de emergencia y del esclarecimiento legal de lo ocurrido en el pozo Kab-101, es necesario restituir la dignidad del gremio petrolero, afectada por un sindicalismo charro que sigue siendo más aliado del gobierno que protector de sus agremiados, y rescatar a la industria energética nacional del contratismo privatizador que la carcome y que es impulsado sin pudor desde la cima del poder político.