Por: María Teresa Jardí / Por Esto!
Como alerta Raúl Zibechi: “…No es posible seguir mejorando la situación
de los sectores populares sin tocar la riqueza y los gobiernos que se
reclamen progresistas no harán otra cosa que profundizar el
extractivismo y el despojo de los pueblos: Andrés Manuel López Obrador y
el posible gobierno de Alberto Fernández, son parte de esta realidad.
El panorama de los próximos años será una sucesión de gobiernos
progresistas y conservadores, con un telón de fondo de vastas
movilizaciones populares. Se trata del fin de la estabilidad, de
cualquier color…”.
Nada que celebrar. Mucho que reflexionar. Todo por escribirse de nuevo.
Que la Tierra se está convirtiendo en páramo se ve incluso desde otros
planetas en los que si hubiera vida, lejos de querer colonizarnos, las
criaturas que también existieran huirían de los humanos como de la
peste.
Nada que celebrar el 12 de octubre. Un día de luto para los pueblos
originarios. Nada que celebrar desde el día del mal llamado
descubrimiento de un continente que ya existía, poblado por habitantes
con avances culturales muy por encima de los que evidenciaron tener los
enviados a someter “evangelizando”, mientras otorgaban el permiso para
que otros se alzaran como los conquistadores, que nunca se fueron del
todo porque el mestizaje en México no se convirtió en orgullo y a la
traición se la consideró virtud por los que ni siquiera pueden asumirse
del todo criollos ni menos aún españoles o gringos, al costo de haber
renunciado a sentir el orgullo de ser que no han perdido los mayas ni
los otros pueblos originarios, a pesar de las adversas condiciones de
vida prolongadas desde hace ya tantos siglos.
Obligada Jornada Global por la vida y los territorios de los pueblos
originarios la convocada por el CNI este 12 de octubre. Jornada de
denuncia de la detención ilegal de compañeros ambientalistas. De
denuncia de crímenes cometidos en contra de quienes se oponen al
despojo.
En recuerdo de lucha de Samir Flores, ejecutado impunemente en tiempos
de la 4T, por oponerse a la Temoeléctrica que se quiere seguir
construyendo en Morelos, a pesar de haberse ofrecido, para llegar, por
parte de AMLO, lo contrario.
Jornada Global por el encarcelamiento impune del compañero mazahua
Miguel Peralta, a quien el caciquismo que en MORENA prevalece lo
mantiene, presionando al juez, en la cárcel. Compañero en huelga de
hambre que puede costarle la vida.
Jornada Global por el envenenamiento de los cenotes que llegan al mar
con la siembra permitida de granjas de cerdos maltratados, pero muy bien
exportados por sus dueños, invasores del territorio.
El capitalismo lo quiere todo en manos de unos cuantos depredadores que
son los dueños de los grandes capitales que hoy, en la Península de
Yucatán, lo mismo siembran granjas productoras de cerdos que
fotovoltaicas y eólicas, devastando la selva y amenazando a la
naturaleza con la construcción del Tren Maya y su siembra de cemento
alrededor del mismo, que dará empleo de servidumbre a los que ya
solamente les restan pequeños territorios de los muchos que les
pertenecían como pueblos originarios, y a los que desechados por
similares razones de sus lugares de origen vayan llegando a este campo
de concentración para inmigrantes, que como filtro de los yanquis se va
convirtiendo a México.
Nada que celebrar. Todo por escribirse de nuevo. Y no sólo aquí. En
Ecuador los pueblos originarios que están diciendo no a las condiciones
impuestas y aceptadas por otro esbirro del FMI, Lenin Moreno, enfrentan
una brutal represión y lo mismo puede decirse del pueblo kurdo destinado
a ser desaparecido porque la rebeldía y el no sometimiento se llama hoy
“terrorismo”, como antes se llamaba “comunismo” y antes “herejía”.
El terrorismo de Estado en manos de los terroristas encabezados por
Trump al servicio de los grandes capitales globales que acaban con el
planeta. El enemigo a combatir es el capitalismo. Nada que celebrar.
Mucho que reflexionar. Todo por escribirse de nuevo.
Nodo-caracol-bitácora virtual de cambalache chorero y otros chunches, abajo y a la izquierda.
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15 de octubre de 2019
Pronunciamiento de la Jornada Global en Defensa de la Vida y de Nuestras Territorios.
¡A ROMPER EL CERCO!
JORNADA GLOBAL EN DEFENSA DE LA VIDA Y DE NUESTROS TERRITORIOS
“SAMIR FLORES VIVE”
Marcha por la Vida y contra los proyectos de Muerte.
P r o n u n c i a m i e n t o
Al CCRI-CG del EZLN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Comisión Sexta del EZLN
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A los Pueblos y Comunidades Indígenas de México y el mundo
A su Vocera María de Jesús Patricio Martínez
A la Sexta Nacional e Internacional
Al pueblo de México
A los pueblos del mundo
A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen
Hermanas y hermanos:
Hoy 12 de octubre, declaramos enérgicamente que no tenemos nada que celebrar.
A 527 años de despojo, de genocidio, de exterminio, de asesinatos, de esclavitud, de saqueo, de guerra contra los pueblos y comunidades indígenas, denunciamos que “El sistema dominante a nivel mundial es el capitalismo”, el mismo que se amasó como nuevo sistema económico, con la sangre de nuestros pueblos y comunidades indígenas; sin embargo, a más de cinco siglos, miramos que “El sistema capitalista está avanzando de forma de conquistar territorios, destruyendo lo más que pueda”.
En contraste, la rabia y el dolor, el desprecio y el olvido de los gobiernos pasados, presentes y futuros, hicieron de nuestros pueblos, organizar la dignidad y la resistencia hasta alcanzar su autonomia. Es por ello que como hoy 12 de octubre, pero de 1996, hace 23 años, “se constituyó el Congreso Nacional Indígena, planteándose ser la casa de todos los pueblos indígenas, es decir un espacio donde los pueblos originarios encontraramos el espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer nuestras luchas de resistencia y rebeldía, con nuestras propias formas de organización, de representación y toma de decisiones”. También, podemos señalar que estamos en la víspera de cumplirse tres años ya, de la conformación del Concejo Indígen de Gobierno y su Vocera María de Jesús Patricio Martinez.
A 527 años del mal llamado “Encuentro de dos mundos”, denunciamos que los pueblos y comunidades indígenas del CNI-CIG, enfrentan una “guerra permanente”, ya no solo desde la clase política, los cartles del crimen organizado, el ejército, la marina, la contrainsurgencia; sino desde el ámbito gubernamental municipal, estatal y federal, pues con la imposición de los megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, las Zonas Económicas Especiales, Sembrando Vida, la Guardia Nacional y la militarización de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se institucionaliza el despojo y exterminio de los pueblos. Peor aún, baste señalar, que como parte de esa guerra, desde la fundación del CNI, hasta nuetros dias se da cuenta que más de 117 de sus integrantes han sido asesinados, de ellos 11 desaparecidos y recientemente, 10 de estos asesinatos, se registraron en los primeros 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tal es caso de nuestro com pañero Samir Flores, asesinado por resistir contra los proyectos de muerte, y para quien aún, no llega la justicia. Pero también las personas migrantes, los pueblos originarios, las mujeres, l@s niñ@s y los periodistas son quienes están siendo asesinados en esta “guerra capitalista”.
A 527 años, podemos señalar, que el capitalismo es un proyecto de muerte hecho de muchos proyectos de muerte. Su método es la guerra, abierta o encubierta. La guerra capitalista inició hoy hace 527 años en estas tierras. De Nuestra América salieron los recursos que permitió a los conquistadores acumular riquezas y potenciar el desarrollo del capitalismo.
Hace 527 años inició la Resistencia y Rebeldía de los pueblos originarios y afrodescendientes, quienes llenos de dignidad, han defendido hasta el día de hoy sus territorios, sus lenguas, sus usos y costumbres, su pluriculturalidad y su autonomía.
Pero la guerra capitalista hoy es mucho más salvaje y destructiva que antes. Ya no se despliega solamente contra los pueblos originarios, la humanidad entera, y sobre todo los pueblos empobrecidos, somos víctimas directas de la guerra y los proyectos de muerte. Insignia de un gobierno que aunque se dice diferente, se parece mucho a sus antecesores.
Hermanas y hermanos. Esa guerra capitalista de despojo y exterminio, que hoy se despliega contra el Pueblo Kurdo que defiende su derecho a existir como pueblo. Es la misma a la que hoy se enfrenta el movimiento indígena y popular en Ecuador. Es la misma guerra capitalista que hoy tine desaparecidos a nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa y mantiene pres@s a cientos de luchadores sociales, como el caso del compañero Miguel Angel Peralta Betanzos y otros 7 compañeros presos politícos de la comunidad Mazateca de Eloxochitlán de Flores magon, todos presos desde abril de 2015. Y por eso hoy aquí también abrazamos sus luchas y les decimos: Vivan los pueblos en residencia. Libertad inmediata para los pres@s politic@s. Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!
“Hay una guerra entre el sistema y la naturaleza -nos dice el EZLN-. Esa confrontación no admite matices ni cobardías. O se está con el sistema o con la naturaleza. O con la muerte, o con la vida”. Nosotros y nosotras aquí ya elegimos: estamos con los pueblos, con la naturaleza y con la Vida.
Muera la muerte que el capitalismo impone. Viva la Vida que la Resistencia crea.
¡Por la reconstitución integral de nuestros pueblos!
¡Nunca más un México sin sus pueblos y comunidades indígenas
¡Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN
¡Zapata Vive, La Lucha Sigue!
12 de octubre Día de la Dignidad y la Resistencia de nuestros Pueblos y
Comunidades Indígenas.
Crónica y análisis de una victoria histórica del movimiento indígena.
Por: Decio Machado / VientoSur.
El final de la era correista fue dantesco respecto a la gestión realizada durante el primer período de mandato de Rafael Correa. Ese fue el momento en que la sociedad ecuatoriana comenzó a comprender la enorme distancia existente entre la realidad actual del país y la imagen que de este se había forjado a través del fuerte aparato de propaganda del régimen, tanto dentro como fuera del Ecuador.
Más allá de que el poder Ejecutivo hubiera sometido al resto de poderes del Estado bajo su control, lógica propia de cualquier gobierno de perfil autoritario, la corrupción institucional históricamente existente en el país se tecnificó y la protesta social fue brutalmente criminalizada. Diversos líderes indígenas en territorios resistentes a la presión extractivista fueron asesinados bajo la más absoluta impunidad, ejerciéndose la represión más brutal del régimen en el paro nacional convocado por el movimiento indígena y las organizaciones sindicales en agosto del año 2015. En lo económico y terminado el boom de los commodities, Rafael Correa entregó un país donde el gasto público era ampliamente superior a los ingresos permanentes necesarios para sostenerlo, lo que implicaba reformas de carácter estructural que abría la posibilidad a diferentes opciones para el nuevo gobierno de Lenín Moreno.
La investidura presidencial de Lenín Moreno se dio en mayo del 2017; sin embargo, la producción en el país se había estancado desde el año 2014, no consiguiendo reactivarse desde entonces hasta ahora. El ingreso promedio por habitante en estos seis años apenas se ha movido en una franja de 20 dólares hacia abajo, alcanzando el empleo adecuado -eufemismo inventado en la era correista para señalar a quienes al menos perciben el equivalente al salario mínimo (394 dólares)- a tan solo el 37,9% de la población económica activa.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de la sociedad ecuatoriana tiene como grupos más afectados a los asalariados privados y trabajadores por cuenta propia, quienes en los últimos seis años han visto un crecimiento prácticamente nulo de sus salarios. Sin embargo, durante lo que va de período de la gestión morenista y en aras a reducir el volumen de un Estado al que se calificó como obeso, se eliminaron 20 ministerios y 23 mil funcionarios públicos fueron cesados. En las actuales condiciones de estancamiento económico del país y con un sector empresarial que invierte muy por debajo del promedio latinoamericano en la economía nacional, lo cual ya de por sí es irrisorio, el mercado laboral privado ha sido incapaz de absorber a los servidores públicos cesados, incorporándose estos al ejercito de reserva del mercado de trabajo ecuatoriano.
En paralelo, la banca y otros grupos del gran capital que operan en la economía ecuatoriana continuaron obteniendo utilidades millonarias -tal como ya sucedía durante el período de gestión correista- pese al estancamiento. Entre 2015 y 2018 la banca obtuvo utilidades por 1.777 millones de dólares, mientras apenas 30 compañías obtuvieron casi cinco mil millones de dólares en el mismo concepto. En contraste, la elevada desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra se mantuvo.
Con una economía dolarizada desde principios de siglo, lo que anula cualquier capacidad de soberanía monetaria, y a falta de ingresos permanentes pese a las soflamas propagandísticas de industrialización por sustitución de importaciones y cambio de matriz productiva enarboladas durante el régimen de Correa, la deuda comenzó a dispararse de forma desmesurada. Entre 2010 y 2019 la deuda por ecuatoriano creció 7 veces, pasando de 538,81 dólares a 3.582 dólares; el pago de intereses por ecuatoriano creció 11 veces, de 38,31 dólares a 435,29 dólares; y el gasto en deuda creció 12 veces, evolucionando de 613 millones de dólares a 7.400 millones de dólares. En términos comparativos, el gasto de deuda actual (intereses y amortizaciones por 7.400 millones de dólares) supera casi dos veces el presupuesto de educación (4.970,9 millones de dólares) y el casi tres veces del presupuesto en salud (2.882,9 millones de dólares).
Así, mientras la propaganda correista en manos de jóvenes tecnócratas de la comunicación y la publicidad -aprendices andinos de Goebbels- definía económicamente al país como el jaguar latinoamericano, la sociedad ecuatoriana terminó descubriendo que Ecuador no pasaba de ser un desdentado oso perezoso que vivió de las rentas petroleras bajo una economía rentista que funcionó adecuadamente tan solo mientras duró el boom de los commodities.
De esta forma el gasto de consumo ha ido decayendo tanto en términos públicos como privados, visualizándose claramente como los servicios públicos se han ido paulatinamente deteriorando. Terminada la gran fiesta propiciada por los excedentes petroleros, nunca hubo una redistribución de la riqueza durante el período correista sino la transferencia de los excedentes del Estado para sostener políticas de subsidios e inversión pública en infraestructura -modernización del Estado capitalista-, se apagó el motor de la economía nacional. Incluso las importaciones de maquinaria se han reducido al día de hoy, reflejándose así la limitada capacidad de sostener la tan anhelada tecnificación productiva con la que todo el establishment político y empresarial sueña en el país. Consecuencia de todo ello: desaceleración económica.
De esta manera, al aumento del déficit fiscal le siguió el incremento del endeudamiento, a lo que le siguió a su vez problemas de acceso al financiamiento, lo que hizo que comenzaran a bajar la reservas internacionales del país. Con créditos internacionales chinos a tasas de interés que recuerdan a El Avaro de Molière, el gobierno de Moreno decidió entregarse, en cuerpo y alma, al FMI.
En este contexto el Ecuador de Lenín Moreno, quien hasta mayo del 2018 -fecha de nombramiento del ministro de Economía y Finanzas actual- no tuvo claro su hoja de ruta económica, decidió adecuarse a las recetas fondomonetaristas para equilibrar la economía nacional. A cambio de 4.200 millones de dólares que el FMI debe desembolsar en el transcurso de tres años y 6.000 millones de dólares más provenientes de otros organismos multilaterales, Moreno se comprometió a emprender un fuerte ajuste económico con el objetivo de lograr equilibrios de carácter fiscal y externo a corto plazo, liberalizando y flexibilizando todo lo posible la economía nacional, mientras a medio y largo plazo se profundizaría el carácter primario-exportador que ha acompañado la historia económica del Ecuador. El discurso fue el que siempre se aplica previo a este tipo de medidas: “Nos vemos obligados a pedirle al pueblo ecuatoriano un sacrificio debido a las condiciones en las que hemos recibido el país…”.
El antecedente al Paro Nacional
Con territorios claramente olvidados en la periferia del nacional debido a la carencia de recursos por parte del Estado, estalló el paro en la provincia del Carchi. Allí, en un territorio con un PIB per cápita de casi la mitad de lo que tiene Pichincha -provincia donde está instalada la capital del país-, de los 34.853 millones de dólares del Presupuesto General del Estado en el año 2018 tan solo le correspondieron 64 millones, alcanzando su índice de necesidades básicas insatisfechas al 45% de la población. Con una tasa de empleo digno de apenas el 26% frente la 37,9% promedio del país, la población del Carchi se lanzó a las calles, cortando carreteras y con sus gobiernos municipales y provincial a la cabeza de las movilizaciones junto a gremios y movimientos sociales.
Inicialmente el gobierno se negó a negociar mientras se mantuviera el paro. Tras siete días de movilizaciones continuas y con el principal acceso fronterizo con Colombia cortado por los manifestantes -cientos de camiones quedaban varados pudriéndose los alimentos perecederos que transportaban-, Lenin Moreno se vio obligado a negociar con los huelguistas aceptando una parte importante de sus reivindicaciones. Todo ello no sin antes emprender una fuerte represión por parte de las fuerzas de orden público que tuvo como respuesta popular el asalto al edificio de la Gobernación -sede del gobierno central en el territorio- en la ciudad de Tulcán, capital de la provincia.
Sería el 30 de septiembre cuando se solucionara el paro en el Carchi, apenas dos días antes de que comenzará las jornadas de lucha a nivel nacional. Su resolución fue fruto de que los dirigentes carchenses del paro detectaron las operaciones de actores externos a la provincia vinculados al correísmo que intentaban hacer con la movilización local una estrategia ajena a las demandas de los movilizados y dividiendo al movimiento.
Cabe indicar que el gobierno nacional y especialmente su frente político demostró no haber aprendido nada de los sucesos acaecidos durante la semana de cortes de carretera y conflicto constante entre la población carchense y aparatos represivos del Estado.
Es evidente que el presidente Lenín Moreno encabeza un gobierno extremadamente débil, sin base social y sin inteligencia política. El apoyo a su gestión está por debajo del 16%, gran parte de sus ministros intencionadamente apenas tienen aparición pública y quien maneja el frente político del gobierno es María Paula Romo -ministra del Interior-, quien junto a Juan Sebastián Roldán -secretario particular del presidente y portavoz oficial del Ejecutivo- provienen de una organización llamada Ruptura de los 25, la cual se autodefinió años atrás como una “organización política moderna y contemporánea” pero que en la actualidad ejerce la vieja política a través de sus jóvenes dirigentes.
Si la gestión de la crisis del Carchi fue patética por parte de los responsables gubernamentales, que decir de lo que vendría inmediatamente después…
Y llegó el Paro Nacional
Así se llegó al día 1 de octubre, momento en el que Lenín Moreno mediante cadena gubernamental televisada anunciaría lo que las organizaciones sociales definirían como un paquetazo neoliberal con base en las exigencias de ajuste presupuestario implementadas por el FMI. El mandatario anunciaría en aquel momento que mediante Decreto Presidencial 883 se eliminaría el subsidio al combustible, a la par que la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que se vayan renovando, la reducción del período anual de vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15 días, así como obligación por parte de los trabajadores de las empresas públicas de aportar obligatoriamente un día de salario mensual al erario público. En paralelo, se decretaban una serie de medidas laborales que implican la flexibilización del mercado de trabajo privado, justificándolo bajo el argumente de la necesidad de implementar un modelo acorde con los nuevos tiempos.
Al día siguiente la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) junto a otras organizaciones sindicales y sociales del país anunciaban la convocatoria de un gran paro nacional contra las medidas económicas del gobierno.
Entre ese mismo miércoles 2 y el domingo 6 de octubre se sucedieron múltiples asambleas populares fundamentalmente en provincias de fuerte ascendía indígena, zonas de Sierra Centro y territorio amazónico. En paralelo comenzaban los cortes de carretera y las movilizaciones en diferentes localidades. El sábado y el domingo, los cortes de carretera tenían ya paralizado todo el Ecuador. De la misma manera, en Quito, los estudiantes universitarios salían a las calles en solidaridad al llamamiento indígena reivindicando la derogación del Decreto 883 y el resto de medidas económicas anunciadas por el presidente de la República. La respuesta gubernamental fue la represión acompañada por una sorpresiva declaración del estado de excepción (limitación de los derechos de tránsito, asociación y reunión, libertad de información, inviolabilidad de domicilio y correspondencia).
Un evidentemente nervioso presidente Lenín Moreno anunciaría dicho estado de excepción en una nueva cadena gubernamental televisiva en la cual aparecería rodeado por su vicepresidente, Otto Sonnenholzner (un joven empresario sin experiencia política y llegado de las élites costeñas que fue nombrado a dedo tras la detención por vinculación en el caso Odebrecht de su primer vicepresidente -Jorge Glass- y de la destitución de la que fuera su segunda vicepresidenta -María Alejandra Vicuña- por cobro de coimas), su ministro de Defensa y los principales mandos de los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas.
Para sorpresa de la sociedad ecuatoriana la emisión de dicho espacio televisivo se hacía desde Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. El gobierno nacional había abandonado, con nocturnidad y alevosía, la capital del país. Lo que pretendía ser un acto de fuerza con la declaración del estado de excepción se convirtió comunicacionalmente en la visualización más palpable de debilidad gubernamental.
El gobierno había abandonado el Palacio de Carondelet porque tenía miedo de que las instalaciones presidenciales fuesen tomadas por los manifestantes. Pensar en esa posibilidad, era pensar a su vez en que sus fuerzas armadas permitieran el acceso de los manifestantes, evidenciando su desconfianza respecto a que el propio ejército ecuatoriano apostase por una cambio de mando en el país dada la incapacidad gubernamental demostrada.
Esa misma noche y durante los días siguientes, Oswaldo Jarrín, actual ministro de Defensa y quien en 2012 calificara la desvinculación del Ecuador con la Escuela de las Américas de muestra del “fundamentalismo ideológico” del Gobierno de Rafael Correa, amenazó en reiteradas ocasiones a los movilizados de usar armamento letal si es que se ocupaban sobre instalaciones que el Gobierno considerase como estratégicas. Nada importó y las movilizaciones continuaron a escala nacional.
El lunes 7 de octubre comenzaron a llegar a Quito columnas de miles de manifestantes provenientes de las provincias indígenas. Las entradas a la capital estaban fuertemente resguardas por contingentes de operativos especiales de la Policía Nacional. Pese a ello y ante el número cada vez mayor de manifestantes los indígenas entraron en Quito, no sin que previamente hubiese fuertes altercados e incluso tanquetas y patrulleros quemados. Los detenidos y heridos en las reyertas comenzaban a contabilizarse por centenares.
Pese a la fuerte campaña de miedo articulada en las redes sociales por influencers de perfil conservador, entre los barrios humildes quiteños de la periferia de la ciudad hubo multitud de gestos solidarios ante la llegada de los indígenas. Los indígenas se congregaron en El Arbolito, parque céntrico de la capital ecuatoriana donde han tenido lugar históricos episodios que terminaron derrocando diversos gobiernos durante la década de inestabilidad política que precedió a la llegada de Rafael Correa al palacio presidencial de Carondelet.
Durante el martes 8 y miércoles 9 de octubre siguieron llegando numerosos grupos indígenas a la capital, mientras en el resto del territorio nacional eran tomados diversas instalaciones gubernamentales por parte de los indígenas, se mantenían los cortes de carretera e incluso se eran ocupados pozos petroleros en la zona amazónica clausurándose su bombeo. El último grupo en llegar a la capital fue en la noche del jueves, momento en el que arribaron unos mil indigenas más llegados de territorios amazónicos.
El grito era unísono en todo el país: “La movilización es indefinida hasta que el gobierno nacional derogue el Decreto 883 y el paquetazo neoliberal”. Mientras, en Quito, las movilizaciones se daban por doquier y a todas horas, intensificándose paulatinamente la represión policial sobre los manifestantes. En territorios indígenas e incluso en la capital fueron retenidos distintos destacamentos militares y efectivos de la Policía Nacional, todos fueron entregados posteriormente a las autoridades del Estado sin daños ni lesiones, mientras en paralelo las detenciones de manifestantes se elevaban por encima de mil, se socorría a más de medio millar de heridos y se contabilizaban hasta la noche del 12 de octubre cinco víctimas mortales. Algunos de los uniformados retenidos fueron obligados a cargar sobre sus hombros los féretros de los indígenas caídos durante las jornadas de movilización bajo la consigna de que “sientan sobre sus hombres el peso de nuestros muertos”.
Dos condiciones interesantes se dieron en la capital ecuatoriana: por un lado era palpable la estrategia de twitteros, generadores de opinión pública en diversos medios de comunicación y varios periodistas descalificando al movimiento indígena en las redes sociales; mientras por otro lado, en la vida real, la solidaridad con los manifestantes era más que palpable. Mientras la redes sociales no dejan de ser aún un espacio para las élites ecuatorianas dada la aun escasa democratización digital existente en el país; estudiantes universitarios de todo tipo de disciplinas, especialmente de medicina y enfermería, practicaban la asistencia médica diaria a los heridos en los recintos universitarios. En paralelo, amplios sectores de la sociedad quiteña entregaban mantas, ropa, zapatos, víveres y agua en los recintos en los que pernoctan los recién llegados a la capital. Por último, se creó un amplio despliegue de medios alternativos para dar cobertura a las movilizaciones que estaban siendo criminalizadas en los medios de comunicación tradicionales. Se vio un Quito solidario con los históricamente olvidados frente a un Quito imperante en el mundo digital que lleno de perjuicios y con una estrategia claramente diseñada pretendía criminalizar a los más pobres de la sociedad ecuatoriana. Vale decir que no funcionó la estrategia de enfrentar a blancos urbanitas con cobrizos habitantes de las zonas rurales del país, como tampoco les funcionó atemorizar a las clases acomodadas quiteñas para enfrentarles a los pobres venidos de otras tierras. De hecho, según la encuestadora CEDATOS, nada sospechosa de ser de tendencia izquierdista, el 76% de los ecuatorianos apoya la consigna indígena de derogar el Decreto 883.
Las movilizaciones fueron sorprendidas por hordas que no respondían al llamado de los movimientos sociales y que se infiltraron en las movilizaciones. Aquí se combinaron grupos delictivos que buscaban usufructuar de bienes ajenos, grupos organizados por la sensibilidad política correista y población que llegaba de barrios urbano marginales ya no solo a reclamar el fin de las medidas económicas sino la salida del gobierno. Ambos grupos coincidieron en sembrar el caos en diferentes momentos de las movilizaciones.
La CONAIE, en varias ocasiones, se desvinculó de estas acciones vandálicas, llegando incluso a conformar una guardia indígena que puso orden en las manifestaciones que se daban en la capital. La turba no perteneciente a las movilizaciones impulsadas por los movimientos sociales se vio obligada a actuar en zonas por donde no recorrían las manifestaciones, terminando por quemar la Controlaría General del Estado, lugar donde se guardan los expedientes de investigación de tramas de corrupción institucional que tuvieron lugar durante la década correista. Sospechosamente dicho atentado se dio ante la pasividad de las fuerzas de orden público.
En la tarde del 12 de octubre, “Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad” en Ecuador, el Gobierno Nacional, quien en innumerables ocasiones se reiteró en afirmar que no discutiría sobre el Decreto 883, se vio obligado a acceder a analizar su contenido con los movilizados. Horas antes, el movimiento de mujeres quiteño había salido a las calles junto a las mujeres indígenas declarando a María Paula Romo, ministra del Interior y quien se auto define como feminista, responsable de la represión y traidora al movimiento de mujeres.
Bastó el anuncio de que la CONAIE estaba reuniendo a sus dirigencias para analizar la propuesta de diálogo de Lenín Moreno, exigiendo garantías mínimas (realizar la negociación en un lugar independiente bajo el auspicio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y NNUU) y que dicho diálogo fuera público y retransmitido por los medios de comunicación, para que se incrementara aún más la algarabía en las calles de Quito. A partir de ese momento diversos grupos incontrolados, muchos de ellos posiblemente impulsados por actores ajenos a las convocatorias, sembrarían el caos en toda la ciudad.
Ante la incapacidad de gestión por parte del Ministerio del Interior, el aparato militar presionó al presidente Lenín Moreno para que se decretara el toque de queda. A partir de las 15:00 horas se prohibió el transito en las calles y los recintos en los que los indígenas se concentraron para desvincularse de la trama desestabilizadora fueron rodeados por los aparatos represivos del Estado. En las universidades los estudiantes se vieron obligados a armar cadenas humanas frente a militares y policía interponiendo sus cuerpos en defensa de los indígenas acogidos.
El movimiento indígena denunció inmediatamente la actividad de grupos correistas tras estos disturbios. Ya en la noche, CONAIE emitía un comunicado reconociendo la conmovedora e incansable voluntad del pueblo ecuatoriano de luchar contra el retorno de las políticas neoliberales al país, a la par que denunciaba la decisión del Estado por seguir asesinando indígenas y gente en las calles hasta derrotar la movilización. Pese a ello, la CONAIE se comprometió en sostener la movilización a nivel nacional, rechazando cualquier intención de desprestigiar la lucha histórica que se está llevando a cabo en estos momentos.
La noche quiteña cerró con un fuerte y confuso cacerolazo que se expandió por toda la ciudad. Unos reclamaban paz, otros la derogación de las medidas económicas implementadas por el Gobierno, pero en ambos casos la población capitalina le decía al presidente de la República que estaban haciendo sentir su voz crítica respecto a la gestión gubernamental.
En la tarde del domingo 12 de octubre se dio la mesa de diálogo entre diferentes dirigentes sociales con los pueblos y nacionalidad indígenas a la cabeza y el gobierno nacional. Bajo el título “mesas para un acuerdo de paz”, el gobierno nacional se vio obligado previamente a cumplir cada una de las exigencias indígenas: fue retransmitido en directo por diversas cadenas de televisión, se dio en un complejo hotelero a las afueras de la ciudad -lugar imparcial- y estuvo auspiciado con Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador.
Tras tres horas de debate el pueblo ecuatoriano asistía a un episodio insólito. La CONAIE le decía al presidente Moreno que si quería de verdad la paz retirase el Decreto 883 o de lo contrario la movilización se mantendría en Quito y en todo país. El presidente Moreno y su gabinete de ministros terminarían aceptando. La noche de ayer en Quito y en todo el país se convirtió en una fiesta donde militares, policías y el pueblo se abrazaban en cada una de las barricadas de Quito, cortes de carreteras por todo el país e instalaciones públicas tomadas.
CONAIE desconvocaba en vivo y en directo en esa misma retransmisión el paro nacional.
Análisis final
En la agenda del movimiento indígena, los sindicatos y las organizaciones sociales que apoyan el paro no está derrocar al actual gobierno. La izquierda social e incluso la política no ganaría nada en estos momentos con la salida de Lenín Moreno del palacio presidencial.
Una convocatoria de elecciones anticipadas tan solo beneficiaría en estos momentos la llegada al poder de una derecha aun más reaccionaria o del correísmo. Desde los mundos más reivindicativos que conforman el tejido de los movimientos sociales ecuatorianos, fundamentalmente los indios y las mujeres, ambas opciones son consideradas como aun peores que el mantenimiento del gobierno actual pese a su paulatina derechización.
Por su lado, el correísmo, con una agenda política de urgencia que busca como sea desestabilizar al actual gobierno en aras a que se proceda con la convocatoria de elecciones anticipadas, demostró durante estas movilizaciones que su estrategia esta basada en una política de tierra quemada. Frente a un gobierno que al medio día de sábado 11 de octubre estaba a punto de ceder respecto al Decreto 883, objetivo fundamental de la movilización, optó por provocar la caotización de Quito en aras a sus interés político institucionales. Rompiendo, al igual que lo intentó hacer anteriormente en la provincia del Carchi, la estrategia de lucha de los impulsores del paro nacional. Rafael Correa desde el exterior del país intentó protagonizar la lucha de un movimiento al que él mismo había criminalizado y reprimido durante la década de gestión de su gobierno.
En el ámbito de la política institucional la derecha esta dividida. Una parte de ella apoyó a Lenín Moreno durante lo que lleva de mandato, mientras la otra se declara abiertamente opositora, pese a que durante esta crisis ambas se unieran contra el movimiento indígena. Para el sector empresarial Moreno no es más que una cabeza de puente, es el mandatario que debe aplicar las políticas impopulares para que no recaiga sobre su futuro recambio dicho costo político y social. Conscientes las corrientes conservadoras de que la debilidad gubernamental les permite aspirar en febrero del 2021 al poder, una vez restituida la normalidad marcarán de forma inmediata diferencias con el mandatario, entendiendo que nada de lo que se sienta cercano al actual gobierno nacional tiene la más mínima posibilidad de ganar las próximas elecciones.
De igual manera, una nueva generación de políticos ecuatorianos que pretendían ser el recambio de la actual vieja derecha nacional ha quedado quemada en la gestión de esta crisis. Personajes con notables aspiraciones políticas como María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán o el propio Otto Sonnenholzner han demostrado falencias notables a la hora de administrar el Estado en una coyuntura como la actual, quedando con escasas posibilidades de reconfigurar su maltrecha imagen ante la sociedad ecuatoriana.
En paralelo, la actual crisis desnudó determinados problemas de carácter estructural que transversalizan desde la constitución de la República al Estado ecuatoriano: sigue vigente la vieja matriz colonial, el racismo y una indignante inequidad social basada en una marcada estructura de clases. En Ecuador el 42% de la población indígena viven en condiciones de pobreza, el 18% vive en pobreza extrema y solo el 3% de este target social tiene títulos universitarios.
Este triunfo del movimiento indígena desde el ámbito de las organizaciones sociales se contrapone a una cada más envejecida izquierda política e institucional que se muestra incapaz de generar el más mínimo elemento de atracción entre la sociedad ecuatoriana. Mientras en el movimiento indígena se ha hecho visible una nueva camada de dirigentes jóvenes con grandes dotes de organización para futuras luchas reivindicativas, la izquierda político institucional sigue aferrada a un discurso del pasado siglo y liderada por dirigentes con escasa voluntad de recambio.
El triunfo indígena liderado por sus nuevas estructuras dirigentes, sumado a interesantes cuadros entre las jóvenes militantes del movimiento de mujeres, permiten atisbar con optimismo cierto horizonte en las lucha por la emancipación de los pueblos en este pequeño país andino. En paralelo y a su derecha, que un gobierno débil y derrotado que tendrá serias dificultades para gestionar el país en lo que le queda de mandato hasta las elecciones de febrero de 2021.
El final de la era correista fue dantesco respecto a la gestión realizada durante el primer período de mandato de Rafael Correa. Ese fue el momento en que la sociedad ecuatoriana comenzó a comprender la enorme distancia existente entre la realidad actual del país y la imagen que de este se había forjado a través del fuerte aparato de propaganda del régimen, tanto dentro como fuera del Ecuador.
Más allá de que el poder Ejecutivo hubiera sometido al resto de poderes del Estado bajo su control, lógica propia de cualquier gobierno de perfil autoritario, la corrupción institucional históricamente existente en el país se tecnificó y la protesta social fue brutalmente criminalizada. Diversos líderes indígenas en territorios resistentes a la presión extractivista fueron asesinados bajo la más absoluta impunidad, ejerciéndose la represión más brutal del régimen en el paro nacional convocado por el movimiento indígena y las organizaciones sindicales en agosto del año 2015. En lo económico y terminado el boom de los commodities, Rafael Correa entregó un país donde el gasto público era ampliamente superior a los ingresos permanentes necesarios para sostenerlo, lo que implicaba reformas de carácter estructural que abría la posibilidad a diferentes opciones para el nuevo gobierno de Lenín Moreno.
La investidura presidencial de Lenín Moreno se dio en mayo del 2017; sin embargo, la producción en el país se había estancado desde el año 2014, no consiguiendo reactivarse desde entonces hasta ahora. El ingreso promedio por habitante en estos seis años apenas se ha movido en una franja de 20 dólares hacia abajo, alcanzando el empleo adecuado -eufemismo inventado en la era correista para señalar a quienes al menos perciben el equivalente al salario mínimo (394 dólares)- a tan solo el 37,9% de la población económica activa.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de la sociedad ecuatoriana tiene como grupos más afectados a los asalariados privados y trabajadores por cuenta propia, quienes en los últimos seis años han visto un crecimiento prácticamente nulo de sus salarios. Sin embargo, durante lo que va de período de la gestión morenista y en aras a reducir el volumen de un Estado al que se calificó como obeso, se eliminaron 20 ministerios y 23 mil funcionarios públicos fueron cesados. En las actuales condiciones de estancamiento económico del país y con un sector empresarial que invierte muy por debajo del promedio latinoamericano en la economía nacional, lo cual ya de por sí es irrisorio, el mercado laboral privado ha sido incapaz de absorber a los servidores públicos cesados, incorporándose estos al ejercito de reserva del mercado de trabajo ecuatoriano.
En paralelo, la banca y otros grupos del gran capital que operan en la economía ecuatoriana continuaron obteniendo utilidades millonarias -tal como ya sucedía durante el período de gestión correista- pese al estancamiento. Entre 2015 y 2018 la banca obtuvo utilidades por 1.777 millones de dólares, mientras apenas 30 compañías obtuvieron casi cinco mil millones de dólares en el mismo concepto. En contraste, la elevada desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra se mantuvo.
Con una economía dolarizada desde principios de siglo, lo que anula cualquier capacidad de soberanía monetaria, y a falta de ingresos permanentes pese a las soflamas propagandísticas de industrialización por sustitución de importaciones y cambio de matriz productiva enarboladas durante el régimen de Correa, la deuda comenzó a dispararse de forma desmesurada. Entre 2010 y 2019 la deuda por ecuatoriano creció 7 veces, pasando de 538,81 dólares a 3.582 dólares; el pago de intereses por ecuatoriano creció 11 veces, de 38,31 dólares a 435,29 dólares; y el gasto en deuda creció 12 veces, evolucionando de 613 millones de dólares a 7.400 millones de dólares. En términos comparativos, el gasto de deuda actual (intereses y amortizaciones por 7.400 millones de dólares) supera casi dos veces el presupuesto de educación (4.970,9 millones de dólares) y el casi tres veces del presupuesto en salud (2.882,9 millones de dólares).
Así, mientras la propaganda correista en manos de jóvenes tecnócratas de la comunicación y la publicidad -aprendices andinos de Goebbels- definía económicamente al país como el jaguar latinoamericano, la sociedad ecuatoriana terminó descubriendo que Ecuador no pasaba de ser un desdentado oso perezoso que vivió de las rentas petroleras bajo una economía rentista que funcionó adecuadamente tan solo mientras duró el boom de los commodities.
De esta forma el gasto de consumo ha ido decayendo tanto en términos públicos como privados, visualizándose claramente como los servicios públicos se han ido paulatinamente deteriorando. Terminada la gran fiesta propiciada por los excedentes petroleros, nunca hubo una redistribución de la riqueza durante el período correista sino la transferencia de los excedentes del Estado para sostener políticas de subsidios e inversión pública en infraestructura -modernización del Estado capitalista-, se apagó el motor de la economía nacional. Incluso las importaciones de maquinaria se han reducido al día de hoy, reflejándose así la limitada capacidad de sostener la tan anhelada tecnificación productiva con la que todo el establishment político y empresarial sueña en el país. Consecuencia de todo ello: desaceleración económica.
De esta manera, al aumento del déficit fiscal le siguió el incremento del endeudamiento, a lo que le siguió a su vez problemas de acceso al financiamiento, lo que hizo que comenzaran a bajar la reservas internacionales del país. Con créditos internacionales chinos a tasas de interés que recuerdan a El Avaro de Molière, el gobierno de Moreno decidió entregarse, en cuerpo y alma, al FMI.
En este contexto el Ecuador de Lenín Moreno, quien hasta mayo del 2018 -fecha de nombramiento del ministro de Economía y Finanzas actual- no tuvo claro su hoja de ruta económica, decidió adecuarse a las recetas fondomonetaristas para equilibrar la economía nacional. A cambio de 4.200 millones de dólares que el FMI debe desembolsar en el transcurso de tres años y 6.000 millones de dólares más provenientes de otros organismos multilaterales, Moreno se comprometió a emprender un fuerte ajuste económico con el objetivo de lograr equilibrios de carácter fiscal y externo a corto plazo, liberalizando y flexibilizando todo lo posible la economía nacional, mientras a medio y largo plazo se profundizaría el carácter primario-exportador que ha acompañado la historia económica del Ecuador. El discurso fue el que siempre se aplica previo a este tipo de medidas: “Nos vemos obligados a pedirle al pueblo ecuatoriano un sacrificio debido a las condiciones en las que hemos recibido el país…”.
El antecedente al Paro Nacional
Con territorios claramente olvidados en la periferia del nacional debido a la carencia de recursos por parte del Estado, estalló el paro en la provincia del Carchi. Allí, en un territorio con un PIB per cápita de casi la mitad de lo que tiene Pichincha -provincia donde está instalada la capital del país-, de los 34.853 millones de dólares del Presupuesto General del Estado en el año 2018 tan solo le correspondieron 64 millones, alcanzando su índice de necesidades básicas insatisfechas al 45% de la población. Con una tasa de empleo digno de apenas el 26% frente la 37,9% promedio del país, la población del Carchi se lanzó a las calles, cortando carreteras y con sus gobiernos municipales y provincial a la cabeza de las movilizaciones junto a gremios y movimientos sociales.
Inicialmente el gobierno se negó a negociar mientras se mantuviera el paro. Tras siete días de movilizaciones continuas y con el principal acceso fronterizo con Colombia cortado por los manifestantes -cientos de camiones quedaban varados pudriéndose los alimentos perecederos que transportaban-, Lenin Moreno se vio obligado a negociar con los huelguistas aceptando una parte importante de sus reivindicaciones. Todo ello no sin antes emprender una fuerte represión por parte de las fuerzas de orden público que tuvo como respuesta popular el asalto al edificio de la Gobernación -sede del gobierno central en el territorio- en la ciudad de Tulcán, capital de la provincia.
Sería el 30 de septiembre cuando se solucionara el paro en el Carchi, apenas dos días antes de que comenzará las jornadas de lucha a nivel nacional. Su resolución fue fruto de que los dirigentes carchenses del paro detectaron las operaciones de actores externos a la provincia vinculados al correísmo que intentaban hacer con la movilización local una estrategia ajena a las demandas de los movilizados y dividiendo al movimiento.
Cabe indicar que el gobierno nacional y especialmente su frente político demostró no haber aprendido nada de los sucesos acaecidos durante la semana de cortes de carretera y conflicto constante entre la población carchense y aparatos represivos del Estado.
Es evidente que el presidente Lenín Moreno encabeza un gobierno extremadamente débil, sin base social y sin inteligencia política. El apoyo a su gestión está por debajo del 16%, gran parte de sus ministros intencionadamente apenas tienen aparición pública y quien maneja el frente político del gobierno es María Paula Romo -ministra del Interior-, quien junto a Juan Sebastián Roldán -secretario particular del presidente y portavoz oficial del Ejecutivo- provienen de una organización llamada Ruptura de los 25, la cual se autodefinió años atrás como una “organización política moderna y contemporánea” pero que en la actualidad ejerce la vieja política a través de sus jóvenes dirigentes.
Si la gestión de la crisis del Carchi fue patética por parte de los responsables gubernamentales, que decir de lo que vendría inmediatamente después…
Y llegó el Paro Nacional
Así se llegó al día 1 de octubre, momento en el que Lenín Moreno mediante cadena gubernamental televisada anunciaría lo que las organizaciones sociales definirían como un paquetazo neoliberal con base en las exigencias de ajuste presupuestario implementadas por el FMI. El mandatario anunciaría en aquel momento que mediante Decreto Presidencial 883 se eliminaría el subsidio al combustible, a la par que la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos ocasionales en la función pública que se vayan renovando, la reducción del período anual de vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15 días, así como obligación por parte de los trabajadores de las empresas públicas de aportar obligatoriamente un día de salario mensual al erario público. En paralelo, se decretaban una serie de medidas laborales que implican la flexibilización del mercado de trabajo privado, justificándolo bajo el argumente de la necesidad de implementar un modelo acorde con los nuevos tiempos.
Al día siguiente la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) junto a otras organizaciones sindicales y sociales del país anunciaban la convocatoria de un gran paro nacional contra las medidas económicas del gobierno.
Entre ese mismo miércoles 2 y el domingo 6 de octubre se sucedieron múltiples asambleas populares fundamentalmente en provincias de fuerte ascendía indígena, zonas de Sierra Centro y territorio amazónico. En paralelo comenzaban los cortes de carretera y las movilizaciones en diferentes localidades. El sábado y el domingo, los cortes de carretera tenían ya paralizado todo el Ecuador. De la misma manera, en Quito, los estudiantes universitarios salían a las calles en solidaridad al llamamiento indígena reivindicando la derogación del Decreto 883 y el resto de medidas económicas anunciadas por el presidente de la República. La respuesta gubernamental fue la represión acompañada por una sorpresiva declaración del estado de excepción (limitación de los derechos de tránsito, asociación y reunión, libertad de información, inviolabilidad de domicilio y correspondencia).
Un evidentemente nervioso presidente Lenín Moreno anunciaría dicho estado de excepción en una nueva cadena gubernamental televisiva en la cual aparecería rodeado por su vicepresidente, Otto Sonnenholzner (un joven empresario sin experiencia política y llegado de las élites costeñas que fue nombrado a dedo tras la detención por vinculación en el caso Odebrecht de su primer vicepresidente -Jorge Glass- y de la destitución de la que fuera su segunda vicepresidenta -María Alejandra Vicuña- por cobro de coimas), su ministro de Defensa y los principales mandos de los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas.
Para sorpresa de la sociedad ecuatoriana la emisión de dicho espacio televisivo se hacía desde Guayaquil, segunda ciudad en importancia del país. El gobierno nacional había abandonado, con nocturnidad y alevosía, la capital del país. Lo que pretendía ser un acto de fuerza con la declaración del estado de excepción se convirtió comunicacionalmente en la visualización más palpable de debilidad gubernamental.
El gobierno había abandonado el Palacio de Carondelet porque tenía miedo de que las instalaciones presidenciales fuesen tomadas por los manifestantes. Pensar en esa posibilidad, era pensar a su vez en que sus fuerzas armadas permitieran el acceso de los manifestantes, evidenciando su desconfianza respecto a que el propio ejército ecuatoriano apostase por una cambio de mando en el país dada la incapacidad gubernamental demostrada.
Esa misma noche y durante los días siguientes, Oswaldo Jarrín, actual ministro de Defensa y quien en 2012 calificara la desvinculación del Ecuador con la Escuela de las Américas de muestra del “fundamentalismo ideológico” del Gobierno de Rafael Correa, amenazó en reiteradas ocasiones a los movilizados de usar armamento letal si es que se ocupaban sobre instalaciones que el Gobierno considerase como estratégicas. Nada importó y las movilizaciones continuaron a escala nacional.
El lunes 7 de octubre comenzaron a llegar a Quito columnas de miles de manifestantes provenientes de las provincias indígenas. Las entradas a la capital estaban fuertemente resguardas por contingentes de operativos especiales de la Policía Nacional. Pese a ello y ante el número cada vez mayor de manifestantes los indígenas entraron en Quito, no sin que previamente hubiese fuertes altercados e incluso tanquetas y patrulleros quemados. Los detenidos y heridos en las reyertas comenzaban a contabilizarse por centenares.
Pese a la fuerte campaña de miedo articulada en las redes sociales por influencers de perfil conservador, entre los barrios humildes quiteños de la periferia de la ciudad hubo multitud de gestos solidarios ante la llegada de los indígenas. Los indígenas se congregaron en El Arbolito, parque céntrico de la capital ecuatoriana donde han tenido lugar históricos episodios que terminaron derrocando diversos gobiernos durante la década de inestabilidad política que precedió a la llegada de Rafael Correa al palacio presidencial de Carondelet.
Durante el martes 8 y miércoles 9 de octubre siguieron llegando numerosos grupos indígenas a la capital, mientras en el resto del territorio nacional eran tomados diversas instalaciones gubernamentales por parte de los indígenas, se mantenían los cortes de carretera e incluso se eran ocupados pozos petroleros en la zona amazónica clausurándose su bombeo. El último grupo en llegar a la capital fue en la noche del jueves, momento en el que arribaron unos mil indigenas más llegados de territorios amazónicos.
El grito era unísono en todo el país: “La movilización es indefinida hasta que el gobierno nacional derogue el Decreto 883 y el paquetazo neoliberal”. Mientras, en Quito, las movilizaciones se daban por doquier y a todas horas, intensificándose paulatinamente la represión policial sobre los manifestantes. En territorios indígenas e incluso en la capital fueron retenidos distintos destacamentos militares y efectivos de la Policía Nacional, todos fueron entregados posteriormente a las autoridades del Estado sin daños ni lesiones, mientras en paralelo las detenciones de manifestantes se elevaban por encima de mil, se socorría a más de medio millar de heridos y se contabilizaban hasta la noche del 12 de octubre cinco víctimas mortales. Algunos de los uniformados retenidos fueron obligados a cargar sobre sus hombros los féretros de los indígenas caídos durante las jornadas de movilización bajo la consigna de que “sientan sobre sus hombres el peso de nuestros muertos”.
Dos condiciones interesantes se dieron en la capital ecuatoriana: por un lado era palpable la estrategia de twitteros, generadores de opinión pública en diversos medios de comunicación y varios periodistas descalificando al movimiento indígena en las redes sociales; mientras por otro lado, en la vida real, la solidaridad con los manifestantes era más que palpable. Mientras la redes sociales no dejan de ser aún un espacio para las élites ecuatorianas dada la aun escasa democratización digital existente en el país; estudiantes universitarios de todo tipo de disciplinas, especialmente de medicina y enfermería, practicaban la asistencia médica diaria a los heridos en los recintos universitarios. En paralelo, amplios sectores de la sociedad quiteña entregaban mantas, ropa, zapatos, víveres y agua en los recintos en los que pernoctan los recién llegados a la capital. Por último, se creó un amplio despliegue de medios alternativos para dar cobertura a las movilizaciones que estaban siendo criminalizadas en los medios de comunicación tradicionales. Se vio un Quito solidario con los históricamente olvidados frente a un Quito imperante en el mundo digital que lleno de perjuicios y con una estrategia claramente diseñada pretendía criminalizar a los más pobres de la sociedad ecuatoriana. Vale decir que no funcionó la estrategia de enfrentar a blancos urbanitas con cobrizos habitantes de las zonas rurales del país, como tampoco les funcionó atemorizar a las clases acomodadas quiteñas para enfrentarles a los pobres venidos de otras tierras. De hecho, según la encuestadora CEDATOS, nada sospechosa de ser de tendencia izquierdista, el 76% de los ecuatorianos apoya la consigna indígena de derogar el Decreto 883.
Las movilizaciones fueron sorprendidas por hordas que no respondían al llamado de los movimientos sociales y que se infiltraron en las movilizaciones. Aquí se combinaron grupos delictivos que buscaban usufructuar de bienes ajenos, grupos organizados por la sensibilidad política correista y población que llegaba de barrios urbano marginales ya no solo a reclamar el fin de las medidas económicas sino la salida del gobierno. Ambos grupos coincidieron en sembrar el caos en diferentes momentos de las movilizaciones.
La CONAIE, en varias ocasiones, se desvinculó de estas acciones vandálicas, llegando incluso a conformar una guardia indígena que puso orden en las manifestaciones que se daban en la capital. La turba no perteneciente a las movilizaciones impulsadas por los movimientos sociales se vio obligada a actuar en zonas por donde no recorrían las manifestaciones, terminando por quemar la Controlaría General del Estado, lugar donde se guardan los expedientes de investigación de tramas de corrupción institucional que tuvieron lugar durante la década correista. Sospechosamente dicho atentado se dio ante la pasividad de las fuerzas de orden público.
En la tarde del 12 de octubre, “Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad” en Ecuador, el Gobierno Nacional, quien en innumerables ocasiones se reiteró en afirmar que no discutiría sobre el Decreto 883, se vio obligado a acceder a analizar su contenido con los movilizados. Horas antes, el movimiento de mujeres quiteño había salido a las calles junto a las mujeres indígenas declarando a María Paula Romo, ministra del Interior y quien se auto define como feminista, responsable de la represión y traidora al movimiento de mujeres.
Bastó el anuncio de que la CONAIE estaba reuniendo a sus dirigencias para analizar la propuesta de diálogo de Lenín Moreno, exigiendo garantías mínimas (realizar la negociación en un lugar independiente bajo el auspicio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y NNUU) y que dicho diálogo fuera público y retransmitido por los medios de comunicación, para que se incrementara aún más la algarabía en las calles de Quito. A partir de ese momento diversos grupos incontrolados, muchos de ellos posiblemente impulsados por actores ajenos a las convocatorias, sembrarían el caos en toda la ciudad.
Ante la incapacidad de gestión por parte del Ministerio del Interior, el aparato militar presionó al presidente Lenín Moreno para que se decretara el toque de queda. A partir de las 15:00 horas se prohibió el transito en las calles y los recintos en los que los indígenas se concentraron para desvincularse de la trama desestabilizadora fueron rodeados por los aparatos represivos del Estado. En las universidades los estudiantes se vieron obligados a armar cadenas humanas frente a militares y policía interponiendo sus cuerpos en defensa de los indígenas acogidos.
El movimiento indígena denunció inmediatamente la actividad de grupos correistas tras estos disturbios. Ya en la noche, CONAIE emitía un comunicado reconociendo la conmovedora e incansable voluntad del pueblo ecuatoriano de luchar contra el retorno de las políticas neoliberales al país, a la par que denunciaba la decisión del Estado por seguir asesinando indígenas y gente en las calles hasta derrotar la movilización. Pese a ello, la CONAIE se comprometió en sostener la movilización a nivel nacional, rechazando cualquier intención de desprestigiar la lucha histórica que se está llevando a cabo en estos momentos.
La noche quiteña cerró con un fuerte y confuso cacerolazo que se expandió por toda la ciudad. Unos reclamaban paz, otros la derogación de las medidas económicas implementadas por el Gobierno, pero en ambos casos la población capitalina le decía al presidente de la República que estaban haciendo sentir su voz crítica respecto a la gestión gubernamental.
En la tarde del domingo 12 de octubre se dio la mesa de diálogo entre diferentes dirigentes sociales con los pueblos y nacionalidad indígenas a la cabeza y el gobierno nacional. Bajo el título “mesas para un acuerdo de paz”, el gobierno nacional se vio obligado previamente a cumplir cada una de las exigencias indígenas: fue retransmitido en directo por diversas cadenas de televisión, se dio en un complejo hotelero a las afueras de la ciudad -lugar imparcial- y estuvo auspiciado con Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador.
Tras tres horas de debate el pueblo ecuatoriano asistía a un episodio insólito. La CONAIE le decía al presidente Moreno que si quería de verdad la paz retirase el Decreto 883 o de lo contrario la movilización se mantendría en Quito y en todo país. El presidente Moreno y su gabinete de ministros terminarían aceptando. La noche de ayer en Quito y en todo el país se convirtió en una fiesta donde militares, policías y el pueblo se abrazaban en cada una de las barricadas de Quito, cortes de carreteras por todo el país e instalaciones públicas tomadas.
CONAIE desconvocaba en vivo y en directo en esa misma retransmisión el paro nacional.
Análisis final
En la agenda del movimiento indígena, los sindicatos y las organizaciones sociales que apoyan el paro no está derrocar al actual gobierno. La izquierda social e incluso la política no ganaría nada en estos momentos con la salida de Lenín Moreno del palacio presidencial.
Una convocatoria de elecciones anticipadas tan solo beneficiaría en estos momentos la llegada al poder de una derecha aun más reaccionaria o del correísmo. Desde los mundos más reivindicativos que conforman el tejido de los movimientos sociales ecuatorianos, fundamentalmente los indios y las mujeres, ambas opciones son consideradas como aun peores que el mantenimiento del gobierno actual pese a su paulatina derechización.
Por su lado, el correísmo, con una agenda política de urgencia que busca como sea desestabilizar al actual gobierno en aras a que se proceda con la convocatoria de elecciones anticipadas, demostró durante estas movilizaciones que su estrategia esta basada en una política de tierra quemada. Frente a un gobierno que al medio día de sábado 11 de octubre estaba a punto de ceder respecto al Decreto 883, objetivo fundamental de la movilización, optó por provocar la caotización de Quito en aras a sus interés político institucionales. Rompiendo, al igual que lo intentó hacer anteriormente en la provincia del Carchi, la estrategia de lucha de los impulsores del paro nacional. Rafael Correa desde el exterior del país intentó protagonizar la lucha de un movimiento al que él mismo había criminalizado y reprimido durante la década de gestión de su gobierno.
En el ámbito de la política institucional la derecha esta dividida. Una parte de ella apoyó a Lenín Moreno durante lo que lleva de mandato, mientras la otra se declara abiertamente opositora, pese a que durante esta crisis ambas se unieran contra el movimiento indígena. Para el sector empresarial Moreno no es más que una cabeza de puente, es el mandatario que debe aplicar las políticas impopulares para que no recaiga sobre su futuro recambio dicho costo político y social. Conscientes las corrientes conservadoras de que la debilidad gubernamental les permite aspirar en febrero del 2021 al poder, una vez restituida la normalidad marcarán de forma inmediata diferencias con el mandatario, entendiendo que nada de lo que se sienta cercano al actual gobierno nacional tiene la más mínima posibilidad de ganar las próximas elecciones.
De igual manera, una nueva generación de políticos ecuatorianos que pretendían ser el recambio de la actual vieja derecha nacional ha quedado quemada en la gestión de esta crisis. Personajes con notables aspiraciones políticas como María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán o el propio Otto Sonnenholzner han demostrado falencias notables a la hora de administrar el Estado en una coyuntura como la actual, quedando con escasas posibilidades de reconfigurar su maltrecha imagen ante la sociedad ecuatoriana.
En paralelo, la actual crisis desnudó determinados problemas de carácter estructural que transversalizan desde la constitución de la República al Estado ecuatoriano: sigue vigente la vieja matriz colonial, el racismo y una indignante inequidad social basada en una marcada estructura de clases. En Ecuador el 42% de la población indígena viven en condiciones de pobreza, el 18% vive en pobreza extrema y solo el 3% de este target social tiene títulos universitarios.
Este triunfo del movimiento indígena desde el ámbito de las organizaciones sociales se contrapone a una cada más envejecida izquierda política e institucional que se muestra incapaz de generar el más mínimo elemento de atracción entre la sociedad ecuatoriana. Mientras en el movimiento indígena se ha hecho visible una nueva camada de dirigentes jóvenes con grandes dotes de organización para futuras luchas reivindicativas, la izquierda político institucional sigue aferrada a un discurso del pasado siglo y liderada por dirigentes con escasa voluntad de recambio.
El triunfo indígena liderado por sus nuevas estructuras dirigentes, sumado a interesantes cuadros entre las jóvenes militantes del movimiento de mujeres, permiten atisbar con optimismo cierto horizonte en las lucha por la emancipación de los pueblos en este pequeño país andino. En paralelo y a su derecha, que un gobierno débil y derrotado que tendrá serias dificultades para gestionar el país en lo que le queda de mandato hasta las elecciones de febrero de 2021.
14 de octubre de 2019
«Si globalizan la miseria, globalizamos la resistencia»
Por: Andrea Zambrano Rojas y Mayra Flores / Colectiva Mujeres de Frente.
Tomado de: Subversiones. Agencia Autónoma de Comunicación.
Quito, 12 de Octubre de 2019.
En estos días en Ecuador el paro nacional significa decir hasta aquí al despojo y empobrecimiento al cual se han visto sometidos los pueblos indígenas desde la invasión española. El paro nacional significa, detener los procesos de acumulación del capital corporativo y financiero de los grupos de poder en Ecuador y transnacionales en sus pactos con el Gobierno de Lenin Moreno. El paro nacional son los pueblos y nacionalidades indígenas, campesinos, estudiantes, movimientos sociales de mujeres, feministas, ecologistas; es el pueblo organizado levantándose en defensa de la vida de todos, de todas, del mundo.
Para quienes vivimos en las ciudades, parar también es detenerse a pensar quiénes están sosteniendo nuestras vidas. Regresar nuestra mirada al campo y escuchar sus voces que hablan de la auto soberanía que les es arrebatada por las pretensiones de las agroindustrias y el gran capital encerradas en kits tecnológicos que solo acarrean destrucción del suelo, de la comunidad y la vida.
Parar, es también, escuchar las exigencias de los sectores populares, y el grito enardecido de sus hijos e hijas que salen a reclamar la justicia siempre ciega ante los suyos. Que saben a cabalidad que este gobierno los quiere explotados, presos o muertos.
Parar, es transparentarnos con nosotros mismos y re-conocer qué es lo que nos mueve; parar para movilizar, para movilizarnos. Es ante la indignación y la brutalidad ver en la mano amiga el gesto amable, el hombro que soporta, la risa que calma. Parar, es observar y aprender acerca de cómo hacer y ser comunidad.
Desde el 3 de octubre el movimiento indígena lidera el paro nacional en Ecuador en respuesta a las políticas neoliberales del presidente Lenin Moreno y su gabinete. Se corta el subsidio a la gasolina, se reducen los salarios de trabajadores públicos, en un contexto de desempleo y paulatino empobrecimiento, que afectan de manera más aplastante a quienes han sido históricamente despojados, discriminados y empobrecidos.
Los movimientos sociales, feministas, estudiantiles, ecologistas, anticapitalistas, antirracistas y el pueblo organizado en la mayoría de ciudades del país se unen en la lucha al movimiento indígena y campesino. Porque somos conscientes de qué significa la arremetida neoliberal en Ecuador y en América Latina, sabemos que son nuestras vidas las que se precarizan y quienes terminamos asumiendo los costos de la intervención geopolítica de las cúpulas capitalistas atrás de FMI.
Ante nuestra negativa categórica al Decreto Número 883, no hemos encontrado ningún puente de diálogo. Porque parar también ha significado evidenciar las redes de las élites, los medios que no informan o desinforman, el poderío de la burguesía mercantil costera donde fue a refugiarse el presidente, y la hipocresía de los políticos que alguna vez se supieron defensores de los derechos humanos, pero hoy arremeten con brutalidad y conveniencia contra el pueblo.
Mientras nosotras y nosotros salimos a las calles de manera pacífica para apoyar el paro, en uso de nuestro derecho a la legítima protesta, no hemos encontrado sino mecanismos de represión que se han incrementado desde el primer día de movilización, cuando el gobierno declaró el estado de excepción y más adelante el toque de queda. Esto ha significado la reducción de derechos civiles y el aumento progresivo del uso de la fuerza policial y militar.
La Ministra del Interior, María Paula Romo, ha dado carta blanca a estas herramientas de represión, así como ha justificado cada una de ella a través de medios oficiales, desconociendo a su vez los miles de heridos, su responsabilidad en las muertes suscitadas y el malestar general de la población alrededor del país. El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ha mencionado públicamente que se podrá hacer uso de armas letales, lo cual ya se ha empezado a evidenciar.
Para los pueblo y nacionalidades indígenas las peticiones de este paro nacional han sido claras. Se rechaza categóricamente los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cuyo paquete de medidas económicas vienen condensadas en el decreto número 883, mismo que conlleva la flexibilización, privatización y desregularización laboral. Esta es la misma consigna de sectores populares y movimientos sociales en todas las ciudades del país, en consecuencia, a la afectación directa a sus sustentos.
La violencia ha sido, y continúa siendo, inhumana, indiscriminada y negligente contra la vida de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas. Como pueblo ecuatoriano presenciamos indignados lo que los medios callan o tergiversan, hemos visto policías atropellar con sus vehículos a la gente, arremeter con insensatez contra estudiantes al punto de dejarlos inconscientes, acorralar a dos jóvenes hasta llevarlos a la muerte. Niños y niñas desorientados, que se pierden de sus familias en el caos de las bombas lacrimógenas.
Estas jornadas de violencia contra el pueblo por parte del Gobierno ecuatoriano, han dejado 4 muertos confirmados en Quito y 1 en Molleturo (al 10 de Octubre de 2019) y cientos de heridos, cientos de detenidos en todo el país. Existen personas desaparecidas. Policías y militares, el miércoles 9 de octubre, han hecho un uso tan indiscriminado de la fuerza, que incluso lanzaron bombas lacrimógenas en refugios y zonas de paz.
Ante el poder aplastante de la alianza del Gobierno con la empresa privada y las transnacionales extractivistas y desarrollistas, desde la tierra emerge el levantamiento indígena que nos comparte su sabiduría sobre cómo ser y hacer comunidad. Nos recuerdan que somos un todo y que vivimos en relación orgánica con el mundo y todo lo que lo habita.
En las marchas que han venido desde la sierra, amazonía y costa, son mujeres las que nos recuerdan que la resistencia no es reciente. El patrón ya no es el de la hacienda, el patrón ha reconfigurado sus formas, pero la resistencia continua. Las consignas que gritábamos la noche del 10 de octubre, junto a la Asamblea Nacional del Ecuador, retumbaron esa memoria: «a la lucha compañeras, a la lucha y a la unión, que nosotras somos muchas y uno solo es el patrón», «Queremos chicha, queremos maíz, Fondo Monetario, fuera del país». Ellas, las mujeres runas, nietas del levantamiento indígena de 1919 nos enseñan sobre organización y resistencia.
El movimiento indígena, movimientos populares y campesinos, movimiento estudiantil y obrero hacen y se hacen justicia cuando se reconocen como organismos vivos, creativos y creadores, guardianes de la vida, en sus concepciones de justicia que distan mucho de la justicia colonial, consolidando tejidos más fuertes en comunidades que se sostienen en el tiempo. Un ejemplo de la justicia que vimos en el movimiento indígena fue su trato con los policías retenidos por atacar los centros de paz. El movimiento indígena los alimentó, los aconsejó, los escuchó y los liberó.
Las feministas que también somos parte de esta lucha, reivindicamos el cuidado que sostiene la vida de una manera afectiva, abrigada y sensible. El gesto del cuidado, a pesar de ser embestido por formas neoliberales del capitalismo y el Estado con sus formas punitivas y aniquilantes, es la manera en cómo hemos decidido relacionarnos con el mundo y quienes lo habitamos.
El gesto del cuidado es el de mover la olla improvisada, el de poner la pamba mesa, el de limpiar heridas, el de poner el hombro, de cargar la guagua, de caminar juntas. Pero también, es el del acompañamiento jurídico, de escribir el comunicado, de recibir las donaciones, de marchar cantando, de patear la bomba, de pasar el vinagre, de fumar la cara, de resistir la calle.
Dejarnos afectar por los dolores, alegrías y vivencias de los y las otras, hacer rituales de sanación, honrar la vida de quienes fueron asesinados luchando, organizar marchas, son algunas formas en que hacemos y nos hacemos justicia. La riqueza del paro está en nuestra diversidad, así aportamos desde diferentes lugares a las comunidades que conformamos. Construimos un espacio lleno de imaginación, libertad, esperanza, empatía y confianza en medio de un neoliberalismo aplastante. Sentimos y sabemos que nuestros actos y gestos individuales y comunes por la defensa de la vida, los territorios y la libertad, tienen resonancia en el mundo, por eso persistimos en nuestras luchas, que es la lucha de todas y todos.
¡Que viva el Paro, Carajo!
Tomado de: Subversiones. Agencia Autónoma de Comunicación.
Quito, 12 de Octubre de 2019.
En estos días en Ecuador el paro nacional significa decir hasta aquí al despojo y empobrecimiento al cual se han visto sometidos los pueblos indígenas desde la invasión española. El paro nacional significa, detener los procesos de acumulación del capital corporativo y financiero de los grupos de poder en Ecuador y transnacionales en sus pactos con el Gobierno de Lenin Moreno. El paro nacional son los pueblos y nacionalidades indígenas, campesinos, estudiantes, movimientos sociales de mujeres, feministas, ecologistas; es el pueblo organizado levantándose en defensa de la vida de todos, de todas, del mundo.
Para quienes vivimos en las ciudades, parar también es detenerse a pensar quiénes están sosteniendo nuestras vidas. Regresar nuestra mirada al campo y escuchar sus voces que hablan de la auto soberanía que les es arrebatada por las pretensiones de las agroindustrias y el gran capital encerradas en kits tecnológicos que solo acarrean destrucción del suelo, de la comunidad y la vida.
Parar, es también, escuchar las exigencias de los sectores populares, y el grito enardecido de sus hijos e hijas que salen a reclamar la justicia siempre ciega ante los suyos. Que saben a cabalidad que este gobierno los quiere explotados, presos o muertos.
Parar, es transparentarnos con nosotros mismos y re-conocer qué es lo que nos mueve; parar para movilizar, para movilizarnos. Es ante la indignación y la brutalidad ver en la mano amiga el gesto amable, el hombro que soporta, la risa que calma. Parar, es observar y aprender acerca de cómo hacer y ser comunidad.
Desde el 3 de octubre el movimiento indígena lidera el paro nacional en Ecuador en respuesta a las políticas neoliberales del presidente Lenin Moreno y su gabinete. Se corta el subsidio a la gasolina, se reducen los salarios de trabajadores públicos, en un contexto de desempleo y paulatino empobrecimiento, que afectan de manera más aplastante a quienes han sido históricamente despojados, discriminados y empobrecidos.
Los movimientos sociales, feministas, estudiantiles, ecologistas, anticapitalistas, antirracistas y el pueblo organizado en la mayoría de ciudades del país se unen en la lucha al movimiento indígena y campesino. Porque somos conscientes de qué significa la arremetida neoliberal en Ecuador y en América Latina, sabemos que son nuestras vidas las que se precarizan y quienes terminamos asumiendo los costos de la intervención geopolítica de las cúpulas capitalistas atrás de FMI.
Ante nuestra negativa categórica al Decreto Número 883, no hemos encontrado ningún puente de diálogo. Porque parar también ha significado evidenciar las redes de las élites, los medios que no informan o desinforman, el poderío de la burguesía mercantil costera donde fue a refugiarse el presidente, y la hipocresía de los políticos que alguna vez se supieron defensores de los derechos humanos, pero hoy arremeten con brutalidad y conveniencia contra el pueblo.
Mientras nosotras y nosotros salimos a las calles de manera pacífica para apoyar el paro, en uso de nuestro derecho a la legítima protesta, no hemos encontrado sino mecanismos de represión que se han incrementado desde el primer día de movilización, cuando el gobierno declaró el estado de excepción y más adelante el toque de queda. Esto ha significado la reducción de derechos civiles y el aumento progresivo del uso de la fuerza policial y militar.
La Ministra del Interior, María Paula Romo, ha dado carta blanca a estas herramientas de represión, así como ha justificado cada una de ella a través de medios oficiales, desconociendo a su vez los miles de heridos, su responsabilidad en las muertes suscitadas y el malestar general de la población alrededor del país. El Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, ha mencionado públicamente que se podrá hacer uso de armas letales, lo cual ya se ha empezado a evidenciar.
Para los pueblo y nacionalidades indígenas las peticiones de este paro nacional han sido claras. Se rechaza categóricamente los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cuyo paquete de medidas económicas vienen condensadas en el decreto número 883, mismo que conlleva la flexibilización, privatización y desregularización laboral. Esta es la misma consigna de sectores populares y movimientos sociales en todas las ciudades del país, en consecuencia, a la afectación directa a sus sustentos.
La violencia ha sido, y continúa siendo, inhumana, indiscriminada y negligente contra la vida de hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas. Como pueblo ecuatoriano presenciamos indignados lo que los medios callan o tergiversan, hemos visto policías atropellar con sus vehículos a la gente, arremeter con insensatez contra estudiantes al punto de dejarlos inconscientes, acorralar a dos jóvenes hasta llevarlos a la muerte. Niños y niñas desorientados, que se pierden de sus familias en el caos de las bombas lacrimógenas.
Estas jornadas de violencia contra el pueblo por parte del Gobierno ecuatoriano, han dejado 4 muertos confirmados en Quito y 1 en Molleturo (al 10 de Octubre de 2019) y cientos de heridos, cientos de detenidos en todo el país. Existen personas desaparecidas. Policías y militares, el miércoles 9 de octubre, han hecho un uso tan indiscriminado de la fuerza, que incluso lanzaron bombas lacrimógenas en refugios y zonas de paz.
Ante el poder aplastante de la alianza del Gobierno con la empresa privada y las transnacionales extractivistas y desarrollistas, desde la tierra emerge el levantamiento indígena que nos comparte su sabiduría sobre cómo ser y hacer comunidad. Nos recuerdan que somos un todo y que vivimos en relación orgánica con el mundo y todo lo que lo habita.
En las marchas que han venido desde la sierra, amazonía y costa, son mujeres las que nos recuerdan que la resistencia no es reciente. El patrón ya no es el de la hacienda, el patrón ha reconfigurado sus formas, pero la resistencia continua. Las consignas que gritábamos la noche del 10 de octubre, junto a la Asamblea Nacional del Ecuador, retumbaron esa memoria: «a la lucha compañeras, a la lucha y a la unión, que nosotras somos muchas y uno solo es el patrón», «Queremos chicha, queremos maíz, Fondo Monetario, fuera del país». Ellas, las mujeres runas, nietas del levantamiento indígena de 1919 nos enseñan sobre organización y resistencia.
El movimiento indígena, movimientos populares y campesinos, movimiento estudiantil y obrero hacen y se hacen justicia cuando se reconocen como organismos vivos, creativos y creadores, guardianes de la vida, en sus concepciones de justicia que distan mucho de la justicia colonial, consolidando tejidos más fuertes en comunidades que se sostienen en el tiempo. Un ejemplo de la justicia que vimos en el movimiento indígena fue su trato con los policías retenidos por atacar los centros de paz. El movimiento indígena los alimentó, los aconsejó, los escuchó y los liberó.
Las feministas que también somos parte de esta lucha, reivindicamos el cuidado que sostiene la vida de una manera afectiva, abrigada y sensible. El gesto del cuidado, a pesar de ser embestido por formas neoliberales del capitalismo y el Estado con sus formas punitivas y aniquilantes, es la manera en cómo hemos decidido relacionarnos con el mundo y quienes lo habitamos.
El gesto del cuidado es el de mover la olla improvisada, el de poner la pamba mesa, el de limpiar heridas, el de poner el hombro, de cargar la guagua, de caminar juntas. Pero también, es el del acompañamiento jurídico, de escribir el comunicado, de recibir las donaciones, de marchar cantando, de patear la bomba, de pasar el vinagre, de fumar la cara, de resistir la calle.
Dejarnos afectar por los dolores, alegrías y vivencias de los y las otras, hacer rituales de sanación, honrar la vida de quienes fueron asesinados luchando, organizar marchas, son algunas formas en que hacemos y nos hacemos justicia. La riqueza del paro está en nuestra diversidad, así aportamos desde diferentes lugares a las comunidades que conformamos. Construimos un espacio lleno de imaginación, libertad, esperanza, empatía y confianza en medio de un neoliberalismo aplastante. Sentimos y sabemos que nuestros actos y gestos individuales y comunes por la defensa de la vida, los territorios y la libertad, tienen resonancia en el mundo, por eso persistimos en nuestras luchas, que es la lucha de todas y todos.
¡Que viva el Paro, Carajo!
"Esta noche juntos..." | Dramaturgismo entre Samir Flores y Ayotzinapa | Ocho.
Por: Sebastián Liera / Tlatulteketke.
Llegamos a nuestra octava entrega, la cual debimos haber publicado el pasado 12 de octubre; sin embargo, ése día nos tuvimos que organizar desde temprano para ir a la Ciudad México y marchar en el contexto de la Jornada Global de Lucha en Defensa de Nuestra y Nuestros Territorios ¡Samir Vive!, y, bueno, después seguirle la pista a la invasión fascista que la Turquía de Erdogan está llevando a cabo contra el norte de Siria para someter al movimiento de liberación kurdo y servírselo en bandeja de plata al ISIS y, un poco más cerca geográficamente, pero igual de próximo en el corazón, observar la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador que ha logrado la cancelación del decreto 833 firmado por Lenín Moreno para aplicar el Paquetazo que pretende imponer el FMI que, a decir del presidente de México, “ya cambió”... y que en Haití, donde hoy su pueblo ha salido a las calles convocado por sus artistas exigiendo la dimisión del presidente Jovenel Möise y el final de las medidas del FMI, no piensan como él (el presidente de México); veremos qué sucede, cómo dice la CONAIE: esto no termina hasta que el acuerdo se concrete a cabalidad.
Regresamos, pues, a nuestro ejercicio dramaturgista en torno de la obra Esta noche juntos, amándonos tanto, de Maruxa Vilalta, que la actriz y maestra de teatro Jessica Cortés está por estrenar en el marco de la actual edición del Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM. Esta vez, por habernos retrasado dos días, la entrega será, si no doble, sí un poco más extensa que las anteriores, pues, hemos querido abordar el momento histórico que Vilalta ha querido abrazar y mostrar al público con Esta noche...: la escalada del fascismo, mismo que en la propuesta de Cortés será soslayado para ponernos la mirada ante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de Samir Flores. Se trata de la génesis de ése capítulo de la historia mundial en el que Vilalta y su familia son obligados a dejar su tierra natal: Cataluña, por el ascenso de la expresión española del fascismo: el franquismo. ¿Listas, listos, listes? Aquí vamos.
Para Maider Elortegui Uriarte (Un recorrido histórico de las Escuelas Normales Rurales de México: el acto subversivo de hacer memoria desde los acontecimientos contra los estudiantes de Ayotzinapa), bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas la escuela rural, con dinámicas improvisadas desde cada institución, comenzó a significarse por medidas unificadoras con planes, programas y métodos diseñado por autoridades de la SEP y no, como se había hecho hasta entonces, por los directores de cada plantel. Las vertientes teóricas de este período que, a pesar de las contradicciones propias de un discurso y un actuar que pudieran considerarse socialistas al interior de un sistema de partido de Estado atado a un modelo económico de explotación capitalista, ha sido por muchas y muchos historiadores como la etapa de madurez de la inconclusa, raptada e inacabada “Revolución Mexicana”, seguían influenciadas por la Escuela Racionalista, la Escuela Nueva y algunas experiencias pedagógicas que llegaban de la Unión Soviética, como la de Antón Makarenko, quien organizara la Colonia Gorki para brindar educación a niñas y niños huérfanos (muchos de ellos vagabundos y delincuentes) que, sin duda, provocó una fuerte reacción por parte de distintas fuerzas de la burguesía, la aristocracia y el clero.
En este sentido, el cooperativismo, nos dice Elortegui, fue la forma de organización para transformar estructuralmente el territorio de la mano de la reforma agraria cardenista, contra los sistemas de explotación caciquiles impulsores de miseria, ignorancia y rezagos educativos y sociales, y las y los maestros rurales jugarían un papel destacado en todo ello, haciendo de la comunidad una familia; formando comisiones de alumnos que fomentaran el ánimo y el orgullo por su identidad; realizando talleres para desarrollar cooperativas de producción agrícola y ganadera; impulsando campañas de higiene, deporte y salud; realizando eventos teatrales y musicales; promoviendo pensamientos ideológicos con conciencia de clase hacia una estrecha relación con las organizaciones campesinas (pronto corporatizadas en el partido de Estado), y erradicando el analfabetismo como punto de partida para la concientización del pueblo.
Con todo, y a pesar del aumento del gasto público destinado a la educación durante la administración cardenista, la escasez de recursos continuaba siendo un problema y fue uno de los detonantes, apunta Elortegui, para que surgieran rupturas políticas y organizativas, magisteriales y estudiantiles, dentro del normalismo rural, y no solo; aunque la mayoría, enfatiza, sostuviera la postura del cardenismo. De ésa radicalización surgieron el Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza Superior Campesina (SUTESC) y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), “con una fuerte influencia –cita Elortegui a Civera– de los misioneros culturales y del Partido Comunista.” Fundada el 18 de marzo de 1935 en la Normal Rural de Roque, Guanajuato, la FECSM representaba, en tanto organización nacional, a todas las normales regionales del país; a saber (gracias a la relación que hace José Socorro Martínez Aguilar en su reseña histórica La FECSM y las escuelas normales rurales):
ESCUELAS NORMALES RURALES PARA MUJERES:
ESCUELAS NORMALES RURALES PARA HOMBRES:
En Europa, mientras tanto, Hitler, quien desde 1933 ocupaba la cancillería del gobierno alemán, afianzaba el poderío del Tercer Reich tras el incendio del Parlamento; la represión a los sindicatos obreros de izquierda; la cancelación de las libertades de opinión, de asociación y de prensa, entre otras; la persecución a comunistas, anarquistas y socialdemócratas; el boicot a comercios, fábricas, bancos y editoriales judías, junto con la posterior prohibición de que judíos ejercieran como funcionarios, abogados, notarios, periodistas y médicos, o la quema frente a todas las universidades alemanas de aquellos libros considerados revolucionarios u opositores al régimen nazi. Y, nuestra autora (con escasos tres años de vida) y su familia regresaban a Barcelona de su autoexilio en París; al año siguiente: 1936, Antoni Vilalta, padre de Maruxa, se reintegraría nuevamente a Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por su siglas en catalán). Durante los primeros meses de 1936, la polarización entre la izquierda revolucionaria y la derecha fascista españolas, pasando por una izquierda moderada, una derecha republicana con un centro anticlerical y una derecha de fuerte componente católico y pro monárquico, fue in crescendo. Tan solo entre febrero y julio, antes de iniciarse el relativamente fallido golpe de Estado, entre el 17 y el 20 de julio, se llegaron a contabilizar un total de 189 incidentes, con un coste de 262 muertos; de las 262 víctimas, 148 eran militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas del orden público y una suma de 45 personas sin identificar, en un patrón de muertes que, a diferencia de lo que esgrimió el bando que protagonizaría el golpe, iba en descenso. No obstante, dicha violencia fue utilizada por el fascismo español como justificación para sublevarse a la República y al gobierno del Frente Popular, recién vencedor en las urnas.
Julio Aróstegui, en su libro La Guerra Civil. La ruptura democrática, narra que una vez sofocada la rebelión del bando sublevado en Barcelona, en virtud de la práctica desaparición de cualquier sector del ejército que fuera fiel al gobierno de la República, salieron varias columnas formadas rápidamente por las organizaciones obreras y los partidos de izquierda, para dirigirse a Aragón. Junto con las columnas del recién fundado Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), de tendencia comunista contraria al estalinismo y en ruptura con el trostkismo, y el aún más reciente Partido Socialista Unificado de Cataluña, de inclinación marxista-leninista (y una columna de ERC, el partido de Vilalta, que salió de Tarragona); junto a estas columnas, decíamos, los contingentes más importantes los aportaron las milicias populares llamadas confederales de las organizaciones anarquistas: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Federación Ibérica de Juventudes Revolucionarias (FIJL). La más numerosa sería la Columna Durruti, encabezada por el líder de la FAI Buenaventura Durruti, que salió de Cataluña el 24 de julio en dirección a Zaragoza. Sin embargo, ninguna consiguió su objetivo de liberar del todo las capitales aragonesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, en manos del bando sublevado. Ése es el contexto en el que la familia Vilalta Soteras saldrá al exilio con rumbo a Bruselas, Bélica, donde vivirán aproximadamente tres años: hasta 1939.
De vuelta en México, la naciente FECSM se había creado en el contexto del plan sexenal cardenista que, en materia de educación, promovió la combinación de las misiones culturales vasconcelistas, las normales rurales herederas de éstas y las escuelas centrales agrícolas callistas en escuelas regionales campesinas; lo que exigió de los maestros, a decir de Luz Elena Galván Lafarga, no ya el rol misionero con que soñó Vasconcelos o el papel revolucionario que supuestamente empujó Calles; sino el lugar del articulador de procesos organizativos cooperativistas que además de comprometerse con sus respectivas comunidades lo hiciera con la reforma agraria cardenista: el agitador político. Espejo de ello, la FECSM tendió hacia la organización de campesinos, obreros y estudiantes. Los estudiantes, nos dice de nuevo Elortegui, se proponían participar en la defensa de la educación pública y promover el derecho a que las hijas y los hijos de los más pobres tuvieran acceso a una educación que dignificara y transformara su realidad social. Según documentos internos de la FESCM consultados por Elortegui, el resto de organizaciones estudiantiles de corte citadino los excluían por ser “hijos de campesinos que no tienen derecho a exigir nada, puesto que en sus casas no duermen en cama y algunos no comen ni siquiera tres veces al día”:
No obstante, nos dice Alicia Civera, sabemos que las escuelas regionales campesinas no obtuvieron un respaldo homogéneo y constante por parte de la SEP, y ello se agudizaría ante la heroica hazaña de privatizar la industria petrolera, que significó casi toda la atención del gobierno. Así, las dinámicas internas del normalismo rural y sus vínculos con las comunidades dependieron en buena medida de las relaciones del gobierno federal con las autoridades estatales y locales, y, sobre todo, de las diferencias internas entre las instancias federales (fundamentalmente: SEP, Secretaría de Agricultura y Banco de Crédito Ejidal) y al interior de la misma Secretaría de Educación; tanto en relación con los espacios de atención de cada dependencia, como en torno al proceso de organización gremial de un magisterio que debido a una situación económica cada vez más crítica, recurrió, como apunta Galván Lafarga, a huelgas para lograr aumentos de salarios y a la federalización de la educación que pusiera fin a los pagos irregulares. De esta suerte, el descontento hizo crisis en 1937 y estallaron huelgas de maestros en Querétaro, Coahuila, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tamaulipas, como apunta David Raby en Educación y revolución social en México. Y, por si fuera poco, ése mismo año el gobierno cardenista desapareció las Misiones Culturales.
Por otra parte, el sexenio de Cárdenas, siendo uno de los períodos más luminosos del normalismo rural, también fue uno de los más críticos en cuanto a los ataques de distintas fuerzas de la burguesía que buscaron a toda costa dinamitar el proyecto cardenista. Tatiana Coll en su ensayo Las Normales Rurales: noventa años de lucha y resistencia, cuando habla de Ayotzinapa confirma que al ser una de las primeras normales rurales del país (recordemos que se fundó en 1926), su historia corre paralela a la narrativa que hemos trazado líneas arriba; pero, como elemento característico, la distingue su constante resistencia a un sistema económico y unos sus sectores más conservadores, que siempre han visto en la existencia de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” una piedra en el zapato de sus intereses. Desde los grupos cristeros, que constantemente la amenazaban en su génesis, hasta la presencia de caciques y terratenientes locales que han ejercido impunemente una violencia cotidiana aún en nuestros días, pasando por el llamado del clero a desorejar y colgar a los “maestros comunistas”, las fuerzas reaccionarias gobernantes, terratenientes y los fanáticos religiosos, se lanzaron decididamente a acabar con las que consideraron “escuelas del diablo”, y maestros y maestras, mártires de la misión, fueron perseguidos, hostigados y torturados por las llamadas “guardias blancas” de los finqueros.
Aunado a lo anterior, las fuerzas más reaccionarias y derechistas del país rebasaron a la burguesía y se aliaron con grupos filofascistas en sus esfuerzos por acabar con el cardenismo; mientras el sabotaje internacional que promovieron los gobiernos imperialistas de Holanda, Gran Bretaña y Estados Unidos que vieron minadas sus ganancias tras la expropiación petrolera (sabotaje que, por cierto, no secundaron ni la Alemania de Hitler, ni la Italia de Mussolini), ocasionaba la caída de las exportaciones (a pesar de que la Alemania nazi compraba el 70% de las exportaciones de un crudo mexicano que más tarde le permitiría volar y bombardear Europa; como pasaría con Guernica, destruida en apoyo a Franco) y propiciaba la devaluación de la moneda. La alianza de las fuerzas fascistas en México auspició la organización de grupos de choque, como la Unión Nacionalista Mexicana, el Partido Nacionalista de México, la Vanguardia Nacionalista Mexicana, la Juventud Nacionalista de México, la Confederación de la Clase Media o la Unión Nacional Sinarquista, fundada por Hellmuth Oskar Schreiter, miembro del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (el Partido Nazi), que llegó a agrupar a más de medio millón de hombres y mujeres provenientes de las capas rurales más abandonadas del país. Y, en el campo de la propaganda, por ejemplo, el gobierno cardenista tuvo que contrarrestar publicaciones derechistas como la revista Timón, dirigida por Vasconcelos, “El Apóstol de la Educación”, con financiamiento de la embajada alemana en México.
Cárdenas vio necesario, entonces, fortalecerse atrayendo para sí a las fuerzas de la clase trabajadora sin que ello significara dejar de negociar con las fuerzas de la burguesía que, a pesar de la nacionalización de los trenes, el reparto agrario de 18 millones de hectáreas a la clase campesina (que, por razones productivas, reconstituyó al ejido), la misma expropiación petrolera y la llamada educación socialista, estuvieran dispuestas a caminar junto a su gobierno. Eso lo llevó a desbaratar la estructura callista del PNR, afianzada en partidos locales que daban fuerza a cacicazgos políticos en distintas regiones del país, y lo sectorizó corporativizando (valga la expresión) a las fuerzas organizadas obreras, campesinas, populares (incluyendo a las mujeres) y militares. La sectorización cardenistas del rebautizado Partido de la Revolución Mexicana (PRM), si bien parecía arrinconar a la “burguesía revolucionaria” al interior del partido de Estado, la potenció, justamente, en los cacicazgos regionales que esperarían a que la historia nacional le diera vuelta a la página del cardenismo. Entre tanto, Cárdenas se dio a la tarea de integrar a su administración a las fuerzas de la burguesía menos reaccionaras (o que se guardaron de mostrarse como tales) reestructurando, para decirlo con Doralicia Carmona Dávila, los intereses del sector privado mediante su agrupación en cámaras de comercio e industria: la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) y la Confederación Nacional de Cámaras de Industria (Concamin), con afiliación obligatoria. Así demostraba que no era su enemigo, amén de que no se negaran a participar en la construcción del México moderno. De esta suerte, empresarios no nada más nacionales, sino también extranjeros, como el empresario azucarero y todopoderoso de la industria cinematográfica en México, William O. Jenkins; el empresario de la industria manufacturera, fundador de la México Golf Association (hoy, Federación Mexicana de Golf) y dueño del exclusivo Country Club, Harry Wright, y el banquero Carlos Trouyet, principal promotor de la mexicanización de Teléfonos de México (no por nada lo llaman el Slim de los 60); siempre pudieron disfrutar de la buena disposición del gobierno cardenista.
Paralelamente, vendrían las creaciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que aglutinó múltiples sindicatos nacionales de industria y gremiales, así como federaciones municipales de trabajadores; de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que integró ejidatarios, comuneros, solicitantes de tierra, asalariados y productores agrícolas; de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que junto con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que reunía a 800 organizaciones de mujeres de todo el país con cerca de 50 mil integrantes de diversas posturas ideológicas con un objetivo común: conquistar el derecho a votar y ser votadas, dio paso al sector popular, y la mejora en la paga, las condiciones de trabajo y el armamento del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, y, a todas las integró al PRM. Fue así como, siguiendo a Carmona Dávila, el cardenismo vinculó a las masas de trabajadores del campo y la ciudad con el gobierno para que le sirvieran de respaldo y contrapeso frente a las fuerzas de la burguesía nacionales y extranjeras contrarias a su proyecto de nación: en un país casi analfabeto y sujeto fuertemente a la influencia de poderes fácticos conservadores intocados por la “Revolución”, para el cardenismo fue inconcebible abrir los cauces de la democracia electoral, pues, desde su interpretación eso hubiera significado (como ocurrió en la España del 33, donde el voto femenino se inclinó por la derecha) el derrocamiento por la vía del voto libre de las fuerzas de la burguesía que, como Cárdenas mismo, habían ganado la “Revolución Mexicana” y detentaban el poder.
Para 1939, sofocada la rebelión de Saturnino Cedillo apoyada por Hellmuth Schreiter, Heinrich Northe (primer secretario de la delegación alemana en México) y el espía alemán Ernst von Merck, la actividad de las escuelas regionales campesinas parecía, para decirlo con Susana Quintanilla, minúscula al haberse convertido en centros de acopio para pagar la deuda externa por la expropiación de la industria petrolera y, a esas alturas del período cardenista, más de 200 maestras y maestros rurales ya habían sido asesinadas y asesinados por gavillas armadas, poblaciones enardecidas, “guardias blancas” solapadas por caciques y hacendados o autoridades de gobiernos locales opuestas a los dictados de la federación. La mutilación de los cuerpos, reafirma Quintanilla, en particular el corte de orejas, y la saña con la que se actuó sobre las mujeres, dan cuenta del horror vivido en Guanajuato, Puebla, Jalisco, Colima o Veracruz, y de los altos costos en términos humanos que representó la cruzada de la educación socialista en el campo mexicano.
Sería deshonesto, acepta Quintanilla, mostrar solo la faz violenta, y por tanto de mayor dramatismo, de lo acontecido en aquella época. Habitantes de no pocas poblaciones del país compartieron los principios de la educación socialista y actuaron como sus defensores más acérrimos. Ejemplos como el norte de Sinaloa, algunas localidades de Sonora, el corredor industrial de Tlaxcala y la Comarca Lagunera, son indicativos de la existencia de consensos activos hacia el proyecto educativo cardenista. Por otra parte, desde 1937 Cárdenas había dado instrucciones a su secretario de Educación Pública, Gonzalo Vázquez Vela, de impulsar un programa educativo acorde a los pueblos originarios que puso en marcha las llamadas Escuelas de Trabajo y el fomento y modificación de los Internados Indígenas. Muchas de estas escuelas se toparon con la renuencia no solo de hacendados y curas, sino también de los caciques indígenas cuyas comunidades practicaban economías de subsistencia y habían estado al margen de la “Revolución”. Su rechazo, apunta Quintanilla, no puede atribuirse nada más a la defensa de sus formas de vida frente a las amenazas del exterior; la oposición más radical provino de los grandes terratenientes “ladinos”, que no veían con buenos ojos tener que sostener los costos de escuelas en las que se les enseñara a “sus” peones la importancia de «acabar con la tiranía de los patrones», y de los caciques indígenas que no estaban dispuestos a compartir con el gobierno cuotas de poder y espacios de control.
Del otro lado del charco, particularmente en España, tras la caída de Cataluña en manos del bando sublevado y gracias a la complicidad de Gran Bretaña y Francia para con el franquismo y al apoyo de Alemania e Italia a “los nacionales”, la República Española llegó a su fin y el ascenso de Francisco Franco como “Generalísimo” y “Jefe del Estado Español”, títulos en los que se había autoproclamado desde 1936, se consolidó. Como respuesta, el gobierno de Cárdenas abrió sus puertas para recibir a miles de refugiados republicanos españoles. Fue así como Antoni Vilalta y Maria Soteras, a quien el franquista Tribunal de Responsabilidades Políticas inició el juicio en su contra acusándola de «conducta detestable respecto al GMN (Glorioso Movimiento Nacional) siendo de ideas izquierdistas y militando en el partido Esquerra Catalana»; de, en lugar de ejercer su profesión, dedicarse «exclusivamente y con gran anhelo a la propaganda rojo-marxista», y, junto con su marido, de haber regalado una casa y 173 mil pesetas a «los rojos de Cataluña»; fue así, decíamos como Antoni y Maria, con la pequeña Maruxa de siete años, se trasladaron al puerto de Amberes, Bélgica, para partir a Nueva York, Estados Unidos, y de allí viajar a México: el 21 de noviembre de 1939 lograron atravesar la frontera por Nuevo Laredo; un año más tarde, los tres obtendrían la nacionalidad mexicana. Treinta años después, Maruxa escribirá una obra de teatro para hablar de dos personajes que pasan una “agradable velada” destruyéndose, y viven lapidados en un mundo de pesadilla, protegidos de todo contacto con la gente por una “ventana aislante” y una “puerta aislante”; mientras se dedican a leer periódicos, tanto actuales como de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Una proyección de fotografías de hechos históricos hace desfilar ante sus ojos escenas de crímenes cometidos por dictadores como Hitler, Mussolini, Franco y otros fascistas “salvadores de la patria”, desde aquellas épocas hasta los años en que la obra se represente, y aplauden el horror: es quizás en lo único que están de acuerdo, en celebrar ese horror, y en atormentarse, en herirse mutuamente e impedir cada uno que el otro escape de sí mismo.
Llegamos a nuestra octava entrega, la cual debimos haber publicado el pasado 12 de octubre; sin embargo, ése día nos tuvimos que organizar desde temprano para ir a la Ciudad México y marchar en el contexto de la Jornada Global de Lucha en Defensa de Nuestra y Nuestros Territorios ¡Samir Vive!, y, bueno, después seguirle la pista a la invasión fascista que la Turquía de Erdogan está llevando a cabo contra el norte de Siria para someter al movimiento de liberación kurdo y servírselo en bandeja de plata al ISIS y, un poco más cerca geográficamente, pero igual de próximo en el corazón, observar la lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas de Ecuador que ha logrado la cancelación del decreto 833 firmado por Lenín Moreno para aplicar el Paquetazo que pretende imponer el FMI que, a decir del presidente de México, “ya cambió”... y que en Haití, donde hoy su pueblo ha salido a las calles convocado por sus artistas exigiendo la dimisión del presidente Jovenel Möise y el final de las medidas del FMI, no piensan como él (el presidente de México); veremos qué sucede, cómo dice la CONAIE: esto no termina hasta que el acuerdo se concrete a cabalidad.
Regresamos, pues, a nuestro ejercicio dramaturgista en torno de la obra Esta noche juntos, amándonos tanto, de Maruxa Vilalta, que la actriz y maestra de teatro Jessica Cortés está por estrenar en el marco de la actual edición del Festival Internacional de Teatro Universitario de la UNAM. Esta vez, por habernos retrasado dos días, la entrega será, si no doble, sí un poco más extensa que las anteriores, pues, hemos querido abordar el momento histórico que Vilalta ha querido abrazar y mostrar al público con Esta noche...: la escalada del fascismo, mismo que en la propuesta de Cortés será soslayado para ponernos la mirada ante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de Samir Flores. Se trata de la génesis de ése capítulo de la historia mundial en el que Vilalta y su familia son obligados a dejar su tierra natal: Cataluña, por el ascenso de la expresión española del fascismo: el franquismo. ¿Listas, listos, listes? Aquí vamos.
Para Maider Elortegui Uriarte (Un recorrido histórico de las Escuelas Normales Rurales de México: el acto subversivo de hacer memoria desde los acontecimientos contra los estudiantes de Ayotzinapa), bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas la escuela rural, con dinámicas improvisadas desde cada institución, comenzó a significarse por medidas unificadoras con planes, programas y métodos diseñado por autoridades de la SEP y no, como se había hecho hasta entonces, por los directores de cada plantel. Las vertientes teóricas de este período que, a pesar de las contradicciones propias de un discurso y un actuar que pudieran considerarse socialistas al interior de un sistema de partido de Estado atado a un modelo económico de explotación capitalista, ha sido por muchas y muchos historiadores como la etapa de madurez de la inconclusa, raptada e inacabada “Revolución Mexicana”, seguían influenciadas por la Escuela Racionalista, la Escuela Nueva y algunas experiencias pedagógicas que llegaban de la Unión Soviética, como la de Antón Makarenko, quien organizara la Colonia Gorki para brindar educación a niñas y niños huérfanos (muchos de ellos vagabundos y delincuentes) que, sin duda, provocó una fuerte reacción por parte de distintas fuerzas de la burguesía, la aristocracia y el clero.
En este sentido, el cooperativismo, nos dice Elortegui, fue la forma de organización para transformar estructuralmente el territorio de la mano de la reforma agraria cardenista, contra los sistemas de explotación caciquiles impulsores de miseria, ignorancia y rezagos educativos y sociales, y las y los maestros rurales jugarían un papel destacado en todo ello, haciendo de la comunidad una familia; formando comisiones de alumnos que fomentaran el ánimo y el orgullo por su identidad; realizando talleres para desarrollar cooperativas de producción agrícola y ganadera; impulsando campañas de higiene, deporte y salud; realizando eventos teatrales y musicales; promoviendo pensamientos ideológicos con conciencia de clase hacia una estrecha relación con las organizaciones campesinas (pronto corporatizadas en el partido de Estado), y erradicando el analfabetismo como punto de partida para la concientización del pueblo.
Con todo, y a pesar del aumento del gasto público destinado a la educación durante la administración cardenista, la escasez de recursos continuaba siendo un problema y fue uno de los detonantes, apunta Elortegui, para que surgieran rupturas políticas y organizativas, magisteriales y estudiantiles, dentro del normalismo rural, y no solo; aunque la mayoría, enfatiza, sostuviera la postura del cardenismo. De ésa radicalización surgieron el Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza Superior Campesina (SUTESC) y la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), “con una fuerte influencia –cita Elortegui a Civera– de los misioneros culturales y del Partido Comunista.” Fundada el 18 de marzo de 1935 en la Normal Rural de Roque, Guanajuato, la FECSM representaba, en tanto organización nacional, a todas las normales regionales del país; a saber (gracias a la relación que hace José Socorro Martínez Aguilar en su reseña histórica La FECSM y las escuelas normales rurales):
ESCUELAS NORMALES RURALES PARA MUJERES:
- "Carmen Serdán", de Teteles, Puebla; que antes había funcionado en Hueyapan.
- "Gral. Lázaro Cárdenas del Río", de Palmira, Morelos; que antes funcionaba en Oaxtepec.
- "Gral. Mariano Escobedo", de Galena, Nuevo León.
- "Hipólito Reyes M.", de Panotla, Tlaxcala; que había funcionado en Huamantla.
- "Justo Sierra Méndez", de Cañada Honda, Aguascalientes.
- "Miguel Hidalgo", de Atequiza, Jalisco; que antes estaba en Tuxcueca.
- "Ricardo Flores Magón", de Saucillo, Chihuahua; antes, en Flores Magón.
- "Vanguardia", de Tamazulapan, Oaxaca; antes, en San Antonio de la Cal, primero, y en Cuilapan, después.
- "Vasco de Quiroga", de Tiripetío, Michoacán; antes, en Tacámbaro.
ESCUELAS NORMALES RURALES PARA HOMBRES:
- "Abraham González", de Salaices, Chihuahua.
- "Basilio Badillo", de Zagaroza, Puebla; antes ubicada en Xochiapulco.
- "Enrique Rodríguez Cano", de Perote, Veracruz; antes en Mizantla.
- "Felipe Carrillo Puerto", de San Diego Tekax, Yucatán.
- "Gral. Emiliano Zapata", de Champusco, Puebla.
- "Gral. Emiliano Zapata", de Jalisco, Nayarit.
- "Gral. Lázaro Cárdenas", de Tenería, Esatdo de México.
- "Gral. Lázaro Cárdenas", de Xocoyucan, Tlaxcala.
- "Gral. Matías Ramos Santos", de San Marcos, Zacatecas.
- "Gral. Plutarco Elías Calles", de El Quinto, Sonora.
- "Gral. Guadalupe Aguilera", de Santa Lucía, Durango.
- "Justo Sierra Méndez", de Hecelchakán, Campeche.
- "Lauro Aguirre", de Tamatán, Tamaulipas.
- "Lic. Gabriel Ramos Millán", de Roque, Guanajuato; donde se fundó la FECSM.
- "Luis Villarreal", de El Mexe, Hidalgo.
- "Miguel Ángel de Quevedo", de La Huerta, Michoacán.
- "Moisés Sáenz", de Reyes Mantecón, Oaxaca; antes en Comitancillo.
- "Pantaleón Domínguez", de Mactumatzá, Chiapas.
- "Profr. Rafael Ramírez", de Sta. Teresa, Coahuila.
En Europa, mientras tanto, Hitler, quien desde 1933 ocupaba la cancillería del gobierno alemán, afianzaba el poderío del Tercer Reich tras el incendio del Parlamento; la represión a los sindicatos obreros de izquierda; la cancelación de las libertades de opinión, de asociación y de prensa, entre otras; la persecución a comunistas, anarquistas y socialdemócratas; el boicot a comercios, fábricas, bancos y editoriales judías, junto con la posterior prohibición de que judíos ejercieran como funcionarios, abogados, notarios, periodistas y médicos, o la quema frente a todas las universidades alemanas de aquellos libros considerados revolucionarios u opositores al régimen nazi. Y, nuestra autora (con escasos tres años de vida) y su familia regresaban a Barcelona de su autoexilio en París; al año siguiente: 1936, Antoni Vilalta, padre de Maruxa, se reintegraría nuevamente a Izquierda Republicana de Cataluña (ERC, por su siglas en catalán). Durante los primeros meses de 1936, la polarización entre la izquierda revolucionaria y la derecha fascista españolas, pasando por una izquierda moderada, una derecha republicana con un centro anticlerical y una derecha de fuerte componente católico y pro monárquico, fue in crescendo. Tan solo entre febrero y julio, antes de iniciarse el relativamente fallido golpe de Estado, entre el 17 y el 20 de julio, se llegaron a contabilizar un total de 189 incidentes, con un coste de 262 muertos; de las 262 víctimas, 148 eran militantes de la izquierda, 50 de la derecha, 19 de las fuerzas del orden público y una suma de 45 personas sin identificar, en un patrón de muertes que, a diferencia de lo que esgrimió el bando que protagonizaría el golpe, iba en descenso. No obstante, dicha violencia fue utilizada por el fascismo español como justificación para sublevarse a la República y al gobierno del Frente Popular, recién vencedor en las urnas.
Julio Aróstegui, en su libro La Guerra Civil. La ruptura democrática, narra que una vez sofocada la rebelión del bando sublevado en Barcelona, en virtud de la práctica desaparición de cualquier sector del ejército que fuera fiel al gobierno de la República, salieron varias columnas formadas rápidamente por las organizaciones obreras y los partidos de izquierda, para dirigirse a Aragón. Junto con las columnas del recién fundado Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), de tendencia comunista contraria al estalinismo y en ruptura con el trostkismo, y el aún más reciente Partido Socialista Unificado de Cataluña, de inclinación marxista-leninista (y una columna de ERC, el partido de Vilalta, que salió de Tarragona); junto a estas columnas, decíamos, los contingentes más importantes los aportaron las milicias populares llamadas confederales de las organizaciones anarquistas: la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y la Federación Ibérica de Juventudes Revolucionarias (FIJL). La más numerosa sería la Columna Durruti, encabezada por el líder de la FAI Buenaventura Durruti, que salió de Cataluña el 24 de julio en dirección a Zaragoza. Sin embargo, ninguna consiguió su objetivo de liberar del todo las capitales aragonesas de Zaragoza, Huesca y Teruel, en manos del bando sublevado. Ése es el contexto en el que la familia Vilalta Soteras saldrá al exilio con rumbo a Bruselas, Bélica, donde vivirán aproximadamente tres años: hasta 1939.
De vuelta en México, la naciente FECSM se había creado en el contexto del plan sexenal cardenista que, en materia de educación, promovió la combinación de las misiones culturales vasconcelistas, las normales rurales herederas de éstas y las escuelas centrales agrícolas callistas en escuelas regionales campesinas; lo que exigió de los maestros, a decir de Luz Elena Galván Lafarga, no ya el rol misionero con que soñó Vasconcelos o el papel revolucionario que supuestamente empujó Calles; sino el lugar del articulador de procesos organizativos cooperativistas que además de comprometerse con sus respectivas comunidades lo hiciera con la reforma agraria cardenista: el agitador político. Espejo de ello, la FECSM tendió hacia la organización de campesinos, obreros y estudiantes. Los estudiantes, nos dice de nuevo Elortegui, se proponían participar en la defensa de la educación pública y promover el derecho a que las hijas y los hijos de los más pobres tuvieran acceso a una educación que dignificara y transformara su realidad social. Según documentos internos de la FESCM consultados por Elortegui, el resto de organizaciones estudiantiles de corte citadino los excluían por ser “hijos de campesinos que no tienen derecho a exigir nada, puesto que en sus casas no duermen en cama y algunos no comen ni siquiera tres veces al día”:
La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (F.E.C.S.M.) nació bajo el calor de la lucha, como organización revolucionaria en defensa de los intereses comunes de la juventud campesina (…) Donde nace y se cultiva la auténtica aspiración de los campesinos. De ahí nació el grito de alerta para defender la educación popular, de ahí nace una organización estudiantil, cuya esencia de educar al pueblo y liberarlo de los opresores, se vuelve la tarea fundamental de los maestros rurales.
No obstante, nos dice Alicia Civera, sabemos que las escuelas regionales campesinas no obtuvieron un respaldo homogéneo y constante por parte de la SEP, y ello se agudizaría ante la heroica hazaña de privatizar la industria petrolera, que significó casi toda la atención del gobierno. Así, las dinámicas internas del normalismo rural y sus vínculos con las comunidades dependieron en buena medida de las relaciones del gobierno federal con las autoridades estatales y locales, y, sobre todo, de las diferencias internas entre las instancias federales (fundamentalmente: SEP, Secretaría de Agricultura y Banco de Crédito Ejidal) y al interior de la misma Secretaría de Educación; tanto en relación con los espacios de atención de cada dependencia, como en torno al proceso de organización gremial de un magisterio que debido a una situación económica cada vez más crítica, recurrió, como apunta Galván Lafarga, a huelgas para lograr aumentos de salarios y a la federalización de la educación que pusiera fin a los pagos irregulares. De esta suerte, el descontento hizo crisis en 1937 y estallaron huelgas de maestros en Querétaro, Coahuila, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tamaulipas, como apunta David Raby en Educación y revolución social en México. Y, por si fuera poco, ése mismo año el gobierno cardenista desapareció las Misiones Culturales.
Por otra parte, el sexenio de Cárdenas, siendo uno de los períodos más luminosos del normalismo rural, también fue uno de los más críticos en cuanto a los ataques de distintas fuerzas de la burguesía que buscaron a toda costa dinamitar el proyecto cardenista. Tatiana Coll en su ensayo Las Normales Rurales: noventa años de lucha y resistencia, cuando habla de Ayotzinapa confirma que al ser una de las primeras normales rurales del país (recordemos que se fundó en 1926), su historia corre paralela a la narrativa que hemos trazado líneas arriba; pero, como elemento característico, la distingue su constante resistencia a un sistema económico y unos sus sectores más conservadores, que siempre han visto en la existencia de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” una piedra en el zapato de sus intereses. Desde los grupos cristeros, que constantemente la amenazaban en su génesis, hasta la presencia de caciques y terratenientes locales que han ejercido impunemente una violencia cotidiana aún en nuestros días, pasando por el llamado del clero a desorejar y colgar a los “maestros comunistas”, las fuerzas reaccionarias gobernantes, terratenientes y los fanáticos religiosos, se lanzaron decididamente a acabar con las que consideraron “escuelas del diablo”, y maestros y maestras, mártires de la misión, fueron perseguidos, hostigados y torturados por las llamadas “guardias blancas” de los finqueros.
Aunado a lo anterior, las fuerzas más reaccionarias y derechistas del país rebasaron a la burguesía y se aliaron con grupos filofascistas en sus esfuerzos por acabar con el cardenismo; mientras el sabotaje internacional que promovieron los gobiernos imperialistas de Holanda, Gran Bretaña y Estados Unidos que vieron minadas sus ganancias tras la expropiación petrolera (sabotaje que, por cierto, no secundaron ni la Alemania de Hitler, ni la Italia de Mussolini), ocasionaba la caída de las exportaciones (a pesar de que la Alemania nazi compraba el 70% de las exportaciones de un crudo mexicano que más tarde le permitiría volar y bombardear Europa; como pasaría con Guernica, destruida en apoyo a Franco) y propiciaba la devaluación de la moneda. La alianza de las fuerzas fascistas en México auspició la organización de grupos de choque, como la Unión Nacionalista Mexicana, el Partido Nacionalista de México, la Vanguardia Nacionalista Mexicana, la Juventud Nacionalista de México, la Confederación de la Clase Media o la Unión Nacional Sinarquista, fundada por Hellmuth Oskar Schreiter, miembro del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (el Partido Nazi), que llegó a agrupar a más de medio millón de hombres y mujeres provenientes de las capas rurales más abandonadas del país. Y, en el campo de la propaganda, por ejemplo, el gobierno cardenista tuvo que contrarrestar publicaciones derechistas como la revista Timón, dirigida por Vasconcelos, “El Apóstol de la Educación”, con financiamiento de la embajada alemana en México.
Cárdenas vio necesario, entonces, fortalecerse atrayendo para sí a las fuerzas de la clase trabajadora sin que ello significara dejar de negociar con las fuerzas de la burguesía que, a pesar de la nacionalización de los trenes, el reparto agrario de 18 millones de hectáreas a la clase campesina (que, por razones productivas, reconstituyó al ejido), la misma expropiación petrolera y la llamada educación socialista, estuvieran dispuestas a caminar junto a su gobierno. Eso lo llevó a desbaratar la estructura callista del PNR, afianzada en partidos locales que daban fuerza a cacicazgos políticos en distintas regiones del país, y lo sectorizó corporativizando (valga la expresión) a las fuerzas organizadas obreras, campesinas, populares (incluyendo a las mujeres) y militares. La sectorización cardenistas del rebautizado Partido de la Revolución Mexicana (PRM), si bien parecía arrinconar a la “burguesía revolucionaria” al interior del partido de Estado, la potenció, justamente, en los cacicazgos regionales que esperarían a que la historia nacional le diera vuelta a la página del cardenismo. Entre tanto, Cárdenas se dio a la tarea de integrar a su administración a las fuerzas de la burguesía menos reaccionaras (o que se guardaron de mostrarse como tales) reestructurando, para decirlo con Doralicia Carmona Dávila, los intereses del sector privado mediante su agrupación en cámaras de comercio e industria: la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (Concanaco) y la Confederación Nacional de Cámaras de Industria (Concamin), con afiliación obligatoria. Así demostraba que no era su enemigo, amén de que no se negaran a participar en la construcción del México moderno. De esta suerte, empresarios no nada más nacionales, sino también extranjeros, como el empresario azucarero y todopoderoso de la industria cinematográfica en México, William O. Jenkins; el empresario de la industria manufacturera, fundador de la México Golf Association (hoy, Federación Mexicana de Golf) y dueño del exclusivo Country Club, Harry Wright, y el banquero Carlos Trouyet, principal promotor de la mexicanización de Teléfonos de México (no por nada lo llaman el Slim de los 60); siempre pudieron disfrutar de la buena disposición del gobierno cardenista.
Paralelamente, vendrían las creaciones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que aglutinó múltiples sindicatos nacionales de industria y gremiales, así como federaciones municipales de trabajadores; de la Confederación Nacional Campesina (CNC), que integró ejidatarios, comuneros, solicitantes de tierra, asalariados y productores agrícolas; de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que junto con el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que reunía a 800 organizaciones de mujeres de todo el país con cerca de 50 mil integrantes de diversas posturas ideológicas con un objetivo común: conquistar el derecho a votar y ser votadas, dio paso al sector popular, y la mejora en la paga, las condiciones de trabajo y el armamento del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, y, a todas las integró al PRM. Fue así como, siguiendo a Carmona Dávila, el cardenismo vinculó a las masas de trabajadores del campo y la ciudad con el gobierno para que le sirvieran de respaldo y contrapeso frente a las fuerzas de la burguesía nacionales y extranjeras contrarias a su proyecto de nación: en un país casi analfabeto y sujeto fuertemente a la influencia de poderes fácticos conservadores intocados por la “Revolución”, para el cardenismo fue inconcebible abrir los cauces de la democracia electoral, pues, desde su interpretación eso hubiera significado (como ocurrió en la España del 33, donde el voto femenino se inclinó por la derecha) el derrocamiento por la vía del voto libre de las fuerzas de la burguesía que, como Cárdenas mismo, habían ganado la “Revolución Mexicana” y detentaban el poder.
Para 1939, sofocada la rebelión de Saturnino Cedillo apoyada por Hellmuth Schreiter, Heinrich Northe (primer secretario de la delegación alemana en México) y el espía alemán Ernst von Merck, la actividad de las escuelas regionales campesinas parecía, para decirlo con Susana Quintanilla, minúscula al haberse convertido en centros de acopio para pagar la deuda externa por la expropiación de la industria petrolera y, a esas alturas del período cardenista, más de 200 maestras y maestros rurales ya habían sido asesinadas y asesinados por gavillas armadas, poblaciones enardecidas, “guardias blancas” solapadas por caciques y hacendados o autoridades de gobiernos locales opuestas a los dictados de la federación. La mutilación de los cuerpos, reafirma Quintanilla, en particular el corte de orejas, y la saña con la que se actuó sobre las mujeres, dan cuenta del horror vivido en Guanajuato, Puebla, Jalisco, Colima o Veracruz, y de los altos costos en términos humanos que representó la cruzada de la educación socialista en el campo mexicano.
La ejecución de maestros fue la más repulsiva de las muchas expresiones de rechazo e inconformidad hacia la reforma de 1934. La quema de aulas, la inasistencia a clases, el hostigamiento cotidiano a los maestros, la indiferencia o el abandono fueron prácticas comunes en algunas zonas como la de Los Altos de Jalisco, el sur del Estado de México y el de Sinaloa, las regiones serranas de Puebla y algunos municipios de Aguascalientes, Querétaro y Durango. Redes civiles y paramilitares, algunas de ellas fuera del control de los poderes institucionalizados, se enfrentaron al proyecto educativo y agrario del gobierno. Durante los albores del cardenismo la lucha cobró cauces violentos y llegó a paralizar casi por completo la actividad escolar. El Estado respondió a los ataques mediante el cierre de escuelas y de iglesias, la “purga” de maestros considerados “reaccionarios”, la expulsión de sacerdotes y de monjas, las campañas militares y la entrega de armas a los campesinos leales al gobierno.
Sería deshonesto, acepta Quintanilla, mostrar solo la faz violenta, y por tanto de mayor dramatismo, de lo acontecido en aquella época. Habitantes de no pocas poblaciones del país compartieron los principios de la educación socialista y actuaron como sus defensores más acérrimos. Ejemplos como el norte de Sinaloa, algunas localidades de Sonora, el corredor industrial de Tlaxcala y la Comarca Lagunera, son indicativos de la existencia de consensos activos hacia el proyecto educativo cardenista. Por otra parte, desde 1937 Cárdenas había dado instrucciones a su secretario de Educación Pública, Gonzalo Vázquez Vela, de impulsar un programa educativo acorde a los pueblos originarios que puso en marcha las llamadas Escuelas de Trabajo y el fomento y modificación de los Internados Indígenas. Muchas de estas escuelas se toparon con la renuencia no solo de hacendados y curas, sino también de los caciques indígenas cuyas comunidades practicaban economías de subsistencia y habían estado al margen de la “Revolución”. Su rechazo, apunta Quintanilla, no puede atribuirse nada más a la defensa de sus formas de vida frente a las amenazas del exterior; la oposición más radical provino de los grandes terratenientes “ladinos”, que no veían con buenos ojos tener que sostener los costos de escuelas en las que se les enseñara a “sus” peones la importancia de «acabar con la tiranía de los patrones», y de los caciques indígenas que no estaban dispuestos a compartir con el gobierno cuotas de poder y espacios de control.
Del otro lado del charco, particularmente en España, tras la caída de Cataluña en manos del bando sublevado y gracias a la complicidad de Gran Bretaña y Francia para con el franquismo y al apoyo de Alemania e Italia a “los nacionales”, la República Española llegó a su fin y el ascenso de Francisco Franco como “Generalísimo” y “Jefe del Estado Español”, títulos en los que se había autoproclamado desde 1936, se consolidó. Como respuesta, el gobierno de Cárdenas abrió sus puertas para recibir a miles de refugiados republicanos españoles. Fue así como Antoni Vilalta y Maria Soteras, a quien el franquista Tribunal de Responsabilidades Políticas inició el juicio en su contra acusándola de «conducta detestable respecto al GMN (Glorioso Movimiento Nacional) siendo de ideas izquierdistas y militando en el partido Esquerra Catalana»; de, en lugar de ejercer su profesión, dedicarse «exclusivamente y con gran anhelo a la propaganda rojo-marxista», y, junto con su marido, de haber regalado una casa y 173 mil pesetas a «los rojos de Cataluña»; fue así, decíamos como Antoni y Maria, con la pequeña Maruxa de siete años, se trasladaron al puerto de Amberes, Bélgica, para partir a Nueva York, Estados Unidos, y de allí viajar a México: el 21 de noviembre de 1939 lograron atravesar la frontera por Nuevo Laredo; un año más tarde, los tres obtendrían la nacionalidad mexicana. Treinta años después, Maruxa escribirá una obra de teatro para hablar de dos personajes que pasan una “agradable velada” destruyéndose, y viven lapidados en un mundo de pesadilla, protegidos de todo contacto con la gente por una “ventana aislante” y una “puerta aislante”; mientras se dedican a leer periódicos, tanto actuales como de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Una proyección de fotografías de hechos históricos hace desfilar ante sus ojos escenas de crímenes cometidos por dictadores como Hitler, Mussolini, Franco y otros fascistas “salvadores de la patria”, desde aquellas épocas hasta los años en que la obra se represente, y aplauden el horror: es quizás en lo único que están de acuerdo, en celebrar ese horror, y en atormentarse, en herirse mutuamente e impedir cada uno que el otro escape de sí mismo.
10 de octubre de 2019
De paquetazos y resistencias: NO SON MEDIDAS, ES UN MODELO.
Por: Napoléon Saltos Galarza / Ecuador Today.
LA METAMORFOSIS: LA SEDUCCIÓN DE LOS EMPRENDEDORES Y LA MAFIACIÓN DE LA POLÍTICA
El 1 de octubre, el Presidente Lenin Moreno anunció un paquete de medidas ante la crisis. No se trata de medidas económicas, sino de un modelo global, de una versión local del neoliberalismo; es el cumplimiento de la ruta anunciada en los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
El neoliberalismo es una maquinaria integral, organiza la visión del mundo en el capitalismo tardío. Una vez que se acepta sus premisas y su lógica, no hay posibilidad de crítica y alternativa.
Ha ido construyéndose en diversas etapas, desde su doble emergencia doctrinaria en la Escuela de Friburgo y los escritos de Friedrich Hayek, y en la Escuela de Chicago y los escritos de Milton Friedman; su primera aplicación brutal en el Chile de Pinochet, en los setenta; y su expansión planetaria, en los ochenta, con Reagan en Estados Unidos y Margaret Tatcher en Gran Bretaña.
Ha pasado de su primera versión dura, economicista, en torno a una concepción monetarista de libre mercado y de reducción del Estado, a versiones revisadas, complementadas con aditamentos neokeynesianos y el rostro humano de la atención a los grupos vulnerables, en torno al Estado subsidiario; hasta llegar en el momento actual a su versión extrema, centrada en el capital humano del emprendimiento y en el imperio de la inteligencia artificial. El rostro del neoliberalismo ha mutado hacia una articulación de la vieja ética de la austeridad (ahorro y trabajo) y la moderna utopía del progreso, con la seducción del emprendedor, “el empresario de sí mismo” (Foucault 2007, 249-275)
Se ha producido una inversión de la visión del liberalismo clásico, del marxismo y el keynesianismo sobre el trabajo como una actividad que obtiene un salario en la relación de venta de la fuerza de trabajo al capital, a una visión del salario como un ingreso, como una renta por el rendimiento de un capital propio. “¿Cuál es el capital cuya renta es el salario? Se trata, sin duda, de un capital muy particular, (…) es “el conjunto de los factores físicos, psicológicos, que otorgan a alguien la capacidad de ganar tal o cual salario, […] es decir, una aptitud, una idoneidad” (Foucault 2007, 262), y como tal, este capital es un capital humano, indistinguible de su poseedor, sujeto viviente humano. En ese marco, el trabajador, es alguien que debe invertir en su propio capital humano, en sus idoneidades “de manera que es el propio trabajador quien aparece como si fuera una especie de empresa para sí mismo” (Foucault 2007, 264). El trabajador ahora es alguien que invierte en su capital, sus capacidades y competencias, para obtener una renta y es el único responsable de su éxito o fracaso.” (Sacchi 2016, 150)
La modificación se asienta en el disciplinamiento y control de los cuerpos. “No tenemos al Homo economicus entendido como socio del intercambio, como en el liberalismo clásico, sino a un sujeto que se comporta como máquina empresarial. El sujeto como singularidad maquínica que produce los medios para su propia satisfacción. Por eso, todas las acciones de este sujeto (en términos de asegurar su salud, su educación, su bienestar, etc.) son vistas como inversiones que buscan el aumento del propio capital humano.” (Castro-Gómez 2010, 205. Citado en Sacchi 2016)
No se trata de un cambio parcial, sino de una modificación del propio capitalismo. “Es una evolución tecnológica pero, más profundamente aún, una mutación del capitalismo” en la que “la fábrica [y los lugares de encierro] han cedido su lugar a la forma empresa” y en la que el “hombre de las disciplinas, productor discontinuo de energía”, ha cedido el lugar al “hombre del control […] más bien ondulatorio” (Deleuze 1999, 118-119. Citado en Sacchi 2016). Es decir, en el que el trabajador-máquina energética ha cedido su lugar al empresario-máquina que va a ser pensado y gobernado cada vez más como una máquina cibernética.” (Sacchi 2016, 155)
Esta modificación ontológica sustenta una modificación epistemológica y un cambio de la subjetividad. El trabajador, al no moverse ya en la contradicción capital-trabajo, sino en el proceso de la renta-ingreso del capital humano, se desarticula de la pertenencia a la “clase obrera” frente a la “clase capitalista”, y se articula a la nueva totalidad del sistema-capital, en la que ya no es el “trabajador libre” que “no tiene más que su fuerza de trabajo” y que es el “sepulturero del capitalismo”, porque “no tiene nada que perder, más que sus cadenas”; sino que se convierte en el propietario, gestor y administrador de su propio capital “humano”, de su cuerpo, de sus capacidades; el individuo responsable de su propio destino, “invictus”, apoyado en la escala de la meritocracia para el éxito personal.
Se opera una metamorfosis epistemológica, ya no es el paso al monstruoso insecto burocrático de Kafka encerrado en un cuarto-oficina-fábrica, sino la mentepsicosis a una máquina autónoma, un ciborg orgánico, articulado a la gran máquina universal: “Piezas componentes intrínsecas, ‘entradas’ y ‘salidas’, feed-back o recurrencias, que pertenecen a la máquina y ya no a la manera de producirla o de utilizarla. En la esclavitud maquínica solo hay transformaciones o intercambios de informaciones, de los que unos son mecánicos y otros humanos.” (Deleuze y Guatarri, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia 2002, 463. Citado Sacchi 2016) Y en un grado superior, la “sujeción social”, con el cumplimiento de los roles asignados para el éxito, el autocontrol; la seducción del biopoder que “implica técnicas de gobierno que se dirigen a la dimensión molar, lingüística y social del individuo, a sus funciones, sus roles, sus representaciones, que lo constituyen como sujeto. Al producirnos como sujetos individuados, la sujeción social nos asigna una identidad, un sexo, una nacionalidad, una profesión. Compone, de esa forma, una “máquina de rostridad” que tiene al hombre, macho, blanco, rico, exitoso en el centro y luego todas sus desviaciones.” (Sacchi 2016, 158)
Estamos ante “una fábula que no es ya la del utilitarismo y el naturalismo del laissez faire, sino una que, a partir del primado de la información, supone a los comportamientos físicos, biológicos, sociales como programables, reprogramables, modulables en función de una carrera por la estabilidad en un mundo en crisis permanente. (…) Ya no se trata de la máquina que produce mercancías gastando una cantidad de energía térmica en la transformación de una materia, sino una máquina que produce flujos de renta, autogobernando su propio capital compuesto por fragmentos de memoria, de percepción, afectivos, lingüísticos, corporales, etc. que son recompuestos en la megamáquina de la servidumbre contemporánea.” (Sacchi 2016, 162-163)
Con ello, el trabajador pierde su referencia al sindicato o al partido de los trabajadores, para devenir emprendedor, funcionario y ciudadano, articulado como individuo a la nueva solución del emprendimiento. El problema se profundiza cuando el sindicato y el partido de los trabajadores sigue respondiendo con las antiguas armas de lucha ante el vetero-neoliberalismo, cuando éste ha mutado para penetrar en los cuerpos de sus propios actores.
LA VERSIÓN LOCAL
El neoliberalismo adopta diversas formas en los diferentes países, en la construcción de una hegemonía que debe tomar en cuenta también algunas demandas de los de abajo, para obtener el consenso activo de la población.
En nuestro país, la puerta de entrada fue la crisis de la deuda en 1982, que dio paso a la firma de sucesivas Cartas de Intención de los gobiernos con el FMI. Todavía en este período la fuerza de los trabajadores detuvo las formas extremas del Consenso de Washington, sobre todo en los intentos privatizadores de las áreas estratégicas. El discurso de la defensa de la soberanía y de los derechos de los trabajadores congregó la movilización social. Se instauró una especie de neoliberalismo oligárquico, encabezado por Febres Cordero y el Partido Socialcristiano, que buscaba articular las disposiciones fondomonetaristas con los intereses de los grupos económicos locales, sobre todo los agroexportadores y la banca vinculada, y con la anuencia a algunas demandas sociales impuestas desde la lucha.
En los 90 se produce el enfrentamiento entre la versión oligárquica del socialcristianismo y la versión globalista del neoliberalismo, encabezada por Sixto-Dahik, que busca una salida en la alianza DP-PSC, bajo la presidencia de Mahuad. El tanque de pensamiento del sistema se desplazó del FMI al Banco Mundial, que superpuso a las medidas económicas, un plan de reformas del Estado y una política social asistencialista.
La resistencia partió de la alianza entre los pueblos indígenas, organizados en la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y la fuerza del sindicalismo público y los movimientos sociales urbanos, organizados en la CMS (Coordinadora de Movimientos Sociales). La resistencia al neoliberalismo articuló dos relatos: uno que venía desde los movimientos sociales urbanos, centrado en la defensa de la soberanía, de los recursos estratégicos, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas; y un nuevo discurso, proveniente de una visión civilizatoria alternativa de los pueblos originarios en torno al Estado plurinacional y la defensa de la vida, en armonía con la Pacha-mama. El fracaso del neoliberalismo globalista en la confluencia de la crisis bancaria y la crisis política, abrió las condiciones para el paso desde la resistencia al neoliberalismo y el derrocamiento de los gobiernos sumisos, a la exigencia “que se vayan todos” y la construcción de un imaginario constituyente.
Pero allí se producen dos modificaciones claves. El intento de un poder autónomo con la Insurrección del 21 de enero del 2000 es derrotado; lo que significa el cierre de una etapa larga de lucha popular centrada en el objetivo del poder de Estado. Se divide el movimiento social, con lo que se crea un vacío de poder abajo. Al mismo tiempo, arriba se agotan las salidas antiguas, entra en crisis el sistema de representación de los partidos y el funcionamiento de la democracia, con lo que se crea una crisis política arriba: la pugna entre globalistas y oligárquicos no puede ser resuelta desde adentro, también las Fuerzas Armadas pierden su papel dirimente. Este doble vacío permite el acceso de un gobierno bonapartista-populista-autoritario, liderado por Rafael Correa, que puede cumplir la modernización globalizadora en un período de abundancia económica, y desmontar la fuerza social organizada.
La metamorfosis ciudadana y meritocrática de los trabajadores crea las condiciones para el paso a un modelo que actúa a partir de la atomización individualista y de la competencia como norma de regulación de roles; el paso a un neoliberalismo cibernético (o cuántico, para utilizar la caricatura morenista). Este paso se operó mediante diversas estrategias de destrucción de los lazos de relación colectiva: estrategias políticas, como la división, cooptación, paralelaje y criminalización de los movimientos y organizaciones sociales; estrategias culturales, como el emprendedurismo, la blanquitud y la segregación étnica, sexual, por edad.
La Revolución Ciudadana logró el objetivo sistémico-estratégico, la modernización para conseguir las condiciones ya no sólo el libre mercado, sino el libre capital global, con un alto costo y una herencia pesada para el país. Aunque fracasó en el intento táctico de constituir un nuevo bloque económico-político sobre la base del poder de la tecnocracia, pues el campo dominante está copado arriba, no sólo por los grupos económicos y de poder locales, sino, sobre todo por el poder de las transnacionales: la economía ecuatoriana tiene un alto nivel transnacionalización y monopolización, con un índice de Gini, en las veinte ramas principales, que se ubica en torno al 0,97; y tiene un alto nivel de vulnerabilidad a la penetración del capital especulativo e incluso criminal global. Los problemas de la corrupción son un signo de este fracaso, pues ésta se quedó a medio camino, la acumulación por desposesión, como bróker de los grandes capitales globales, sin poder pasar a la fase de legitimación y legalización, logradas por otros grupos dominantes en su respectivo tiempo.
El Ecuador se sintonizó con el paso “de un régimen en el que el trabajador era un individuo, un cuerpo que prestaba su tiempo al capital para que este pudiera extraerle todo el valor posible y una persona jurídica portadora de derechos políticos y sindicales, a uno donde ya no hay más que un mosaico infinito de fragmentos moleculares que funcionan no operando sobre una cadena de montaje, sino conectados a una megamáquina recombinante.” (Berardi 2007) El docente, el médico del sector público o del sector privado, el funcionario, el ciudadano, funciona conectado a la Matrix virtual, bajo el control de las evaluaciones, los formularios, las video-cámaras del ECU 911, las vigilancias de los organismos de “inteligencia. El paso al funcionamiento del sistema sin sujeto, de la política sin disensiones en una relación amigo-enemigo, de las relaciones personales vaciadas del eros. Un mundo de seducciones sometido al espectáculo y al consumo, el paso a la subsunción de la vida al capital.
CONTINUIDADES Y DESCONTINUIDADES
Hay un juego propagandístico que oculta este proceso, la supuesta oposición entre un neoliberalismo, entendido en su versión inicial como mercado libre y reducción del Estado, frente a variantes de keynesianismo, centrado en la intervención del Estado. De modo que Lenin Moreno sería el “traidor” a un modelo revolucionario que debe retornar. Las bases estructurales del modelo se construyeron en los diez años de mandato correista, bajo un discurso expropiado a la “izquierda”. Con ello, la transustanciación queda disuelta en la variación de formas y en el sonido (significantes) de las consignas. Tomemos un ejemplo: la demanda social del Banco del Afiliado del IESS, que implicaba el paso del poder de decisión sobre los ahorros sociales y la mejora de servicios para los afiliados, se transformó en la constitución del BIESS como banco de segundo piso, subsidiario de las operaciones privadas, mientras un alto porcentaje del ahorro de los afiliados iba a solventar los déficits fiscales. Un proceso similar se opera sobre la demanda de una Ley de Empresas Públicas. El caso emblemático es el ardid entre el Plan A y el Plan B del ITT-Yasuní, que jugó con la propaganda ecologista a nivel mundial y local, mientras el régimen continuaba con la exploración de los hidrocarburos, hasta llegar al momento del viraje público en agosto de 2013, en coherencia con el patrón extractivista de acumulación que jamás fue cuestionado.
Hay varias líneas de continuidad entre el correismo y el morenismo, sobre todo en los pilares estructurales del patrón extractivista, y en la dependencia-ligazón con los polos del capital transnacional, aunque con variaciones de orden de prelación, con el eje Este-Oeste, liderado por China-Rusia, en el período de Correa; y con el retorno de las relaciones con el Eje Norte-Sur, liderado por Estados Unidos, en el período presente.
En las discontinuidades no sólo hay un cambio de forma, sino el desplazamiento a una variante más agresiva de neoliberalismo en el régimen actual: los compromisos explícitos con el FMI, el retorno de la subordinación militar, la reentrada de transnacionales norteamericanas, implican un viraje geoeconómico y geopolítico.
De modo que nuestro país se encuentra atenazado entre dos proyectos fracasados: el modelo “progresista”, asentado en un Estado subsidiario, que desembocó en una crisis de iliquidez fiscal y de crecimiento de la deuda; y el plan de austeridad de inspiración fondomonetarista, que ha mostrado históricamente su ineficacia para solucionar las crisis de los países periféricos.
El Presidente Lenin Moreno anunció un paquete de medidas centradas en tres líneas: eliminación del subsidio y liberación de los precios de la gasolina extra y el diésel, de acuerdo al mercado internacional, para aliviar la iliquidez fiscal y sostener la dolarización; precarización laboral, con nuevas formas de flexibilización del contrato de trabajo, despido masivo (el gobierno reconoce que se han despedido 27 mil trabajadores en este año y anuncia el despido de 10 mil más hasta fin de año) y reducción del 20% de los ingresos de los trabajadores públicos por contrato, para mejorar la competitividad productiva e incentivar la inversión empresarial; y algunas medidas de compensación, sobre todo para sectores empresariales y comerciales.
La clave estructural está en la contrarreforma laboral que fortalece la acumulación de capital mediante el refuerzo de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de la ganancia rentista extraordinaria. No se trata de la creación de nuevas fuentes de trabajo, dentro de la lógica de un patrón productivo, sino de la segmentación de un puesto formal en dos o más puestos precarios; y de la utilización de la necesidad de formas diferenciadas de contratación colectiva en casos especiales, como la producción artesanal o el pequeño emprendimiento, o de áreas de nuevas tecnologías, para convertirlas en una ley general que favorecerá la violación del derecho a la estabilidad laboral.
Aunque el secreto decisivo está en las medidas que no se anuncian, sino que están en ejecución políticas de facto, la privatización de empresas públicas, la invasión de tierras y territorios comunales, la escalada del endeudamiento externo. Y el problema está en las secuelas derivadas: el alza del precio de los combustibles acarrea el alza de pasajes, la subida de la inflación (el incremento puede llegar al 2% anual) y el encarecimiento de la canasta básica (el incremento puede llegar al 5%); el despido de trabajadores implica la agudización de la pobreza. El gobierno busca la aprobación del capital internacional y de los organismos económicos multilaterales mediante la articulación funcional al nuevo patrón de la acumulación neo-imperialista por desposesión de bienes públicos, bienes comunales y bienes comunes de la naturaleza y la humanidad.
El discurso del régimen se ha movido en torno a tres relatos convergentes: el llamado a la austeridad, al sacrificio y a la comprensión de la población, para salir de una crisis que fue heredada del anterior régimen; el fantasma de la crisis venezolana; y la “valentía” del régimen para tomar medidas de reformas estructurales necesarias.
El camino está trazado. El paquetazo actual implica el paso del gradualismo a la estrategia de shock, del discurso vacío del diálogo a la política represiva abierta. Ante la movilización social, la respuesta ha sido la declaratoria del Estado de excepción y la represión contra las organizaciones sociales. El proyecto consta en la Carta firmada con el FMI, bajo el argumento de obtener créditos de los organismos multilaterales y recuperar la confianza del capital internacional; está en las “recomendaciones” de las Comisiones evaluadoras. De modo que el discurso “ahora no se ha subido el IVA”, o el hecho de que no se afecta todavía al marco de la seguridad social, es apenas un escalón de cálculo político. El régimen ha tratado de mostrar una imagen fuerte y de encubrir las divisiones internas, pero es la confesión de su debilidad y la delegación del proyecto al funcionamiento del capital global y a la calificación del FMI.
Enfrentamos un modelo bajo tutela del capital internacional; no se trata de una lucha corta, sino de una lucha popular prolongada, que requiere nuevos imaginarios, estrategias y formas de organización. El paso inicial es reconstituir la autonomía de la movilización y de la propuesta de los movimientos sociales ante los diversos intentos de instrumentalización desde intereses extraños a la vida de la sociedad.
RESISTENCIAS Y ALINEAMIENTOS
La respuesta social ha sido el enfrentamiento a las medidas desde los intereses sectoriales, sin la posibilidad todavía de la constitución de una fuerza confluyente que enfrente al modelo en su conjunto y presente una alternativa estratégica.
Los transportistas, bajo una conducción empresarial, se han movilizado contra el alza de combustibles, para negociar con el gobierno, el alza de pasajes y tarifas. Por ello, planteado su objetivo, suspendieron el paro del transporte. Esta decisión puede ser más bien favorable a un cauce autónomo de la movilización popular.
Los sindicatos han repetido el discurso de la defensa de las conquistas laborales y han denunciado el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, pero no han logrado representar los intereses de los subempleados y desempleados. Los pueblos indígenas rechazan sobre todo los efectos del alza de combustibles, con referencias formales al tema laboral. Hay todavía debilidades para una conducción política autónoma e integradora.
La disputa está en la orientación hacia dónde va la protesta. El vacío trata de ser capitalizado por intereses políticos externos a la dinámica social, orientados a la próxima contienda electoral.
De un lado, están las fuerzas que aprueban las medidas y respaldan al gobierno, especialmente el Partido CREO de Lasso, los banqueros y las cámaras empresariales, que representan el neoliberalismo globalizador. El Partido Socialcristiano tiene un juego doble, concentra su crítica al alza de combustibles, para buscar una distancia respecto al desgaste que puede afectar al régimen, mientras silencia y aprueba implícitamente las contra-reformas laborales.
Una de las fuerzas más activas en la movilización es el correismo, que tiene una estrategia de derrocamiento del gobierno y de adelanto de las elecciones, para ganar tiempo ante el riesgo de las condenas judiciales a Correa, que le impedirían intervenir como posible candidato vicepresidencial, en la reproducción esperanzada de la estrategia del retorno kirchnerista en Argentina. El relato del traidor y del ausente buscan agigantar el fantasma del expresidente.
Las visiones dominantes tratan a la sociedad como su sierva, el instrumento para sus objetivos. En su forma extrema, el patrón financiero-rentista se articula a prácticas del capital criminal y de mafiación de la política. En medio de las protestas, sobre todo en Guayaquil, resurgieron operativos semiespontáneos de vandalismo y saqueo; el cauce lumpenesco de la presencia de la masa, una violencia desarticuladora de los vínculos sociales. Ya no se trata de la seducción del emprendedor, sino de la prepotencia del capo y sus lugartenientes; no como un hecho extraño, sino como la proyección de la presencia de una lumpenburguesía articulada a la penetración creciente de carteles del capital criminal global. La biopolítica se complementa con la thanatopolítica.
LA OTRA HISTORIA
Surgen voces autónomas, como el movimiento de mujeres que busca ligar la lucha contra las medidas neoliberales a otros temas que siguen pendientes, como la descriminalización del aborto en caso de violación (en estos días se cumple el plazo para el veto presidencial)
El cauce del retorno a la comunidad y la defensa de la vida en armonía con la Pacha-mama pueden contribuir a una visión que vaya más allá de la respuesta coyuntural y sectorial. El regreso de los pueblos indígenas desde la movilización en territorio presenta algunos elementos de la construcción de un poder paralelo. La declaración del “Estado de excepción” en territorios indígenas es un símbolo de una soberanía diferenciada, fundamento del Estado plurinacional. Todavía hay posiciones parciales y locales, pero puede empezar a reconstruirse la autonomía de los movimientos sociales, con una propuesta propia.
Esa es la cuestión. Ante todo, al enfrentar un proyecto integral, hay que ver los diversos elementos: el paquetazo actual forma parte de una totalidad, el Plan de austeridad, que incluye las privatizaciones, el endeudamiento externo, el alineamiento con la Alianza del Pacífico, la entrega del Aeropuerto de San Cristóbal a la vigilancia norteamericana, las posteriores medidas de ajustes, empezando por alza de pasajes, elevación del IVA, afectación al IESS. Por tanto, se requiere una propuesta contrahegemónica, que puede partir del Acuerdo en torno a un patrón de acumulación productivo, la construcción del Estado plurinacional y una política soberana internacional. Y se requiere una estrategia que una el momento actual con un plan de lucha popular prolongada, un nuevo proceso de acumulación de fuerzas para cambiar la correlación actual. Puede irse creando condiciones para un estado de conciencia que exija QUE SE VAYAN TODOS.
Las tácticas insurreccionales de movilización, que pueden llegar a una huelga y levantamiento nacionales, debieran articularse a una estrategia de poder autónomo, para no terminar siendo absorbidos por intereses extraños, de la derecha socialcristiana, o del arribismo correista, o de intereses sectoriales de los transportistas, o de los recambios de presidente. ¿Cómo asegurar una diferenciación en las luchas con los objetivos de sectores extraños, que hoy quieren nuevamente enancarse en el descontento de nuestros pueblos?
El cimiento es la acción desde la sociedad, desde los anhelos y sueños de los de abajo, desde la confianza en nuestras propias fuerzas. Nos angustiamos porque no vemos un horizonte definido, pero tenemos semillas, cimientos desde los cuales partir: la comunidad es la fuente no sólo en el campo, sino también en la ciudad, la acción desde los territorios, las experiencias de fisuras postcapitalistas y postpatriarcalistas a nivel local y mundial. Podemos juntar nuestras luchas. Es posible iniciar un proceso de reconcentración ideológica y programática en caliente, en medio de la movilización.
Tal vez vuelve a ser posible regresar al sentido original del Pachakutik, el tiempo en espiral, el caracol, la caracola, traer el pasado al presente para caminar juntos al futuro: “…lo que cuenta es la diferencia del presente y lo actual. Lo nuevo, lo interesante es lo actual. Lo actual no es lo que somos, sino más bien lo que devenimos, lo que estamos deviniendo, es decir el Otro, nuestro devenir-otro. El presente, por el contrario, es lo que somos y, por ello mismo, lo que estamos ya dejando de ser.” (Deleuze 1993, 113-114)
Tal vez tenemos nuevamente la oportunidad de caminar en el sentido de la comunidad, y el grito del Estado plurinacional pase a ser una experiencia compartida, como lo fue en el Levantamiento del 90, desde los territorios hacia la toma de Quito; como fue, por un momento, la experiencia de los Parlamentos de los Pueblos en la insurrección del 21 de enero del 2000, la “efímera Comuna de Quito”, como dijo Alejandro Moreano. La movilización social parte nuevamente de los territorios, se levantan los Guarangas, Puruhaes, Cayambis, Panzaleos, Otavalos, Saraguros, Salasacas, Quichuas de la Sierra y la Amazonía, Shuaras, Cañaris, Caranquis, Coltas; y junto a ellos nuevos movimientos, sobre todo las organizaciones y colectivos de mujeres, los estudiantes, los restos de los sindicatos. Nuevamente se siente el poder comunitario que declara el Estado de excepción; los indios señalan la posibilidad de una salida alternativa a la crisis del capital. Tal vez sea por un momento, hasta crear las condiciones de la permanencia; un momento para que las semillas puedan empezar a crecer.
Tal vez podamos volver a escuchar la palabra de los pueblos originarios: “Estamos convencidos que a través de nuestra propuesta de vida y nuestras luchas por la autodeterminación y gobierno de nuestro territorio, nos hermanamos, compartimos y contribuimos a ser parte de todas las manifestaciones y luchas por la vida en toda la Amazonía, en todo el Ecuador, en toda Latinoamérica y en todo el planeta. Si nuestra lucha por la vida es parte de la lucha del mundo por su sobrevivencia, igualmente, la lucha del mundo nos pertenece.” (Sarayaku 2003) Y escuchamos las voces de “las mujeres que resistimos – en las calles, en nuestros territorios, desde nuestros territorios, desde nuestros espacios y comunidades – nosotras las compañeras feministas nuestroamericanas, las que ponemos el cuerpo y sostenemos la vida, “¡Nosotras seguiremos juntas hasta que la dignidad se haga costumbre!” (Mujeres 2019)
Ahora la lucha continúa, el llamado es al paro y al levantamiento general.
Referencias
Berardi, F. Generación Post-Alfa: patologías e imaginarios en el semiocapitalismo. Buenos Aires: Tinta Limón, 2007.
Castro-Gómez, S. Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en M. Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre, 2010.
Deleuze, Gilles. ¿Qué es la filosofía? España: Anagrama, 1993.
Deleuze, Gilles. «Posdata sobre las sociedades de control.» En El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo, de Ch. (compilador) Ferrer. Buenos Aires: Altamira, 1999.
Deleuze, Gilles, y Félix Guatarri. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia . Valencia: Pre-textos, 2002.
Foucault, Michel. Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collége de France (1978 – 1979) . Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.
Mujeres. «Comunicado.» Octubre 2019.
Sacchi, Emiliano. «Neoliberalismo y servidumbre maquínica. Gubernamentalidad cibernética.» Soft Power IV, nº 2 (Julio – Diciembre 2016): 145-163.
Sarayaku. El libro de la vida de Sarayaku para defender nuestro futuro. 2003.
“…lo que cuenta es la diferencia del presente y lo actual. Lo
nuevo, lo interesante es lo actual. Lo actual no es lo que somos, sino
más bien lo que devenimos, lo que estamos deviniendo, es decir el Otro,
nuestro devenir-otro. El presente, por el contrario, es lo que somos y,
por ello mismo, lo que estamos ya dejando de ser.” (Deleuze 1993, 113-114)
LA METAMORFOSIS: LA SEDUCCIÓN DE LOS EMPRENDEDORES Y LA MAFIACIÓN DE LA POLÍTICA
El 1 de octubre, el Presidente Lenin Moreno anunció un paquete de medidas ante la crisis. No se trata de medidas económicas, sino de un modelo global, de una versión local del neoliberalismo; es el cumplimiento de la ruta anunciada en los compromisos del gobierno con el Fondo Monetario Internacional.
El neoliberalismo es una maquinaria integral, organiza la visión del mundo en el capitalismo tardío. Una vez que se acepta sus premisas y su lógica, no hay posibilidad de crítica y alternativa.
Ha ido construyéndose en diversas etapas, desde su doble emergencia doctrinaria en la Escuela de Friburgo y los escritos de Friedrich Hayek, y en la Escuela de Chicago y los escritos de Milton Friedman; su primera aplicación brutal en el Chile de Pinochet, en los setenta; y su expansión planetaria, en los ochenta, con Reagan en Estados Unidos y Margaret Tatcher en Gran Bretaña.
Ha pasado de su primera versión dura, economicista, en torno a una concepción monetarista de libre mercado y de reducción del Estado, a versiones revisadas, complementadas con aditamentos neokeynesianos y el rostro humano de la atención a los grupos vulnerables, en torno al Estado subsidiario; hasta llegar en el momento actual a su versión extrema, centrada en el capital humano del emprendimiento y en el imperio de la inteligencia artificial. El rostro del neoliberalismo ha mutado hacia una articulación de la vieja ética de la austeridad (ahorro y trabajo) y la moderna utopía del progreso, con la seducción del emprendedor, “el empresario de sí mismo” (Foucault 2007, 249-275)
Se ha producido una inversión de la visión del liberalismo clásico, del marxismo y el keynesianismo sobre el trabajo como una actividad que obtiene un salario en la relación de venta de la fuerza de trabajo al capital, a una visión del salario como un ingreso, como una renta por el rendimiento de un capital propio. “¿Cuál es el capital cuya renta es el salario? Se trata, sin duda, de un capital muy particular, (…) es “el conjunto de los factores físicos, psicológicos, que otorgan a alguien la capacidad de ganar tal o cual salario, […] es decir, una aptitud, una idoneidad” (Foucault 2007, 262), y como tal, este capital es un capital humano, indistinguible de su poseedor, sujeto viviente humano. En ese marco, el trabajador, es alguien que debe invertir en su propio capital humano, en sus idoneidades “de manera que es el propio trabajador quien aparece como si fuera una especie de empresa para sí mismo” (Foucault 2007, 264). El trabajador ahora es alguien que invierte en su capital, sus capacidades y competencias, para obtener una renta y es el único responsable de su éxito o fracaso.” (Sacchi 2016, 150)
La modificación se asienta en el disciplinamiento y control de los cuerpos. “No tenemos al Homo economicus entendido como socio del intercambio, como en el liberalismo clásico, sino a un sujeto que se comporta como máquina empresarial. El sujeto como singularidad maquínica que produce los medios para su propia satisfacción. Por eso, todas las acciones de este sujeto (en términos de asegurar su salud, su educación, su bienestar, etc.) son vistas como inversiones que buscan el aumento del propio capital humano.” (Castro-Gómez 2010, 205. Citado en Sacchi 2016)
No se trata de un cambio parcial, sino de una modificación del propio capitalismo. “Es una evolución tecnológica pero, más profundamente aún, una mutación del capitalismo” en la que “la fábrica [y los lugares de encierro] han cedido su lugar a la forma empresa” y en la que el “hombre de las disciplinas, productor discontinuo de energía”, ha cedido el lugar al “hombre del control […] más bien ondulatorio” (Deleuze 1999, 118-119. Citado en Sacchi 2016). Es decir, en el que el trabajador-máquina energética ha cedido su lugar al empresario-máquina que va a ser pensado y gobernado cada vez más como una máquina cibernética.” (Sacchi 2016, 155)
Esta modificación ontológica sustenta una modificación epistemológica y un cambio de la subjetividad. El trabajador, al no moverse ya en la contradicción capital-trabajo, sino en el proceso de la renta-ingreso del capital humano, se desarticula de la pertenencia a la “clase obrera” frente a la “clase capitalista”, y se articula a la nueva totalidad del sistema-capital, en la que ya no es el “trabajador libre” que “no tiene más que su fuerza de trabajo” y que es el “sepulturero del capitalismo”, porque “no tiene nada que perder, más que sus cadenas”; sino que se convierte en el propietario, gestor y administrador de su propio capital “humano”, de su cuerpo, de sus capacidades; el individuo responsable de su propio destino, “invictus”, apoyado en la escala de la meritocracia para el éxito personal.
Se opera una metamorfosis epistemológica, ya no es el paso al monstruoso insecto burocrático de Kafka encerrado en un cuarto-oficina-fábrica, sino la mentepsicosis a una máquina autónoma, un ciborg orgánico, articulado a la gran máquina universal: “Piezas componentes intrínsecas, ‘entradas’ y ‘salidas’, feed-back o recurrencias, que pertenecen a la máquina y ya no a la manera de producirla o de utilizarla. En la esclavitud maquínica solo hay transformaciones o intercambios de informaciones, de los que unos son mecánicos y otros humanos.” (Deleuze y Guatarri, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia 2002, 463. Citado Sacchi 2016) Y en un grado superior, la “sujeción social”, con el cumplimiento de los roles asignados para el éxito, el autocontrol; la seducción del biopoder que “implica técnicas de gobierno que se dirigen a la dimensión molar, lingüística y social del individuo, a sus funciones, sus roles, sus representaciones, que lo constituyen como sujeto. Al producirnos como sujetos individuados, la sujeción social nos asigna una identidad, un sexo, una nacionalidad, una profesión. Compone, de esa forma, una “máquina de rostridad” que tiene al hombre, macho, blanco, rico, exitoso en el centro y luego todas sus desviaciones.” (Sacchi 2016, 158)
Estamos ante “una fábula que no es ya la del utilitarismo y el naturalismo del laissez faire, sino una que, a partir del primado de la información, supone a los comportamientos físicos, biológicos, sociales como programables, reprogramables, modulables en función de una carrera por la estabilidad en un mundo en crisis permanente. (…) Ya no se trata de la máquina que produce mercancías gastando una cantidad de energía térmica en la transformación de una materia, sino una máquina que produce flujos de renta, autogobernando su propio capital compuesto por fragmentos de memoria, de percepción, afectivos, lingüísticos, corporales, etc. que son recompuestos en la megamáquina de la servidumbre contemporánea.” (Sacchi 2016, 162-163)
Con ello, el trabajador pierde su referencia al sindicato o al partido de los trabajadores, para devenir emprendedor, funcionario y ciudadano, articulado como individuo a la nueva solución del emprendimiento. El problema se profundiza cuando el sindicato y el partido de los trabajadores sigue respondiendo con las antiguas armas de lucha ante el vetero-neoliberalismo, cuando éste ha mutado para penetrar en los cuerpos de sus propios actores.
LA VERSIÓN LOCAL
El neoliberalismo adopta diversas formas en los diferentes países, en la construcción de una hegemonía que debe tomar en cuenta también algunas demandas de los de abajo, para obtener el consenso activo de la población.
En nuestro país, la puerta de entrada fue la crisis de la deuda en 1982, que dio paso a la firma de sucesivas Cartas de Intención de los gobiernos con el FMI. Todavía en este período la fuerza de los trabajadores detuvo las formas extremas del Consenso de Washington, sobre todo en los intentos privatizadores de las áreas estratégicas. El discurso de la defensa de la soberanía y de los derechos de los trabajadores congregó la movilización social. Se instauró una especie de neoliberalismo oligárquico, encabezado por Febres Cordero y el Partido Socialcristiano, que buscaba articular las disposiciones fondomonetaristas con los intereses de los grupos económicos locales, sobre todo los agroexportadores y la banca vinculada, y con la anuencia a algunas demandas sociales impuestas desde la lucha.
En los 90 se produce el enfrentamiento entre la versión oligárquica del socialcristianismo y la versión globalista del neoliberalismo, encabezada por Sixto-Dahik, que busca una salida en la alianza DP-PSC, bajo la presidencia de Mahuad. El tanque de pensamiento del sistema se desplazó del FMI al Banco Mundial, que superpuso a las medidas económicas, un plan de reformas del Estado y una política social asistencialista.
La resistencia partió de la alianza entre los pueblos indígenas, organizados en la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), y la fuerza del sindicalismo público y los movimientos sociales urbanos, organizados en la CMS (Coordinadora de Movimientos Sociales). La resistencia al neoliberalismo articuló dos relatos: uno que venía desde los movimientos sociales urbanos, centrado en la defensa de la soberanía, de los recursos estratégicos, los derechos de los trabajadores y las libertades democráticas; y un nuevo discurso, proveniente de una visión civilizatoria alternativa de los pueblos originarios en torno al Estado plurinacional y la defensa de la vida, en armonía con la Pacha-mama. El fracaso del neoliberalismo globalista en la confluencia de la crisis bancaria y la crisis política, abrió las condiciones para el paso desde la resistencia al neoliberalismo y el derrocamiento de los gobiernos sumisos, a la exigencia “que se vayan todos” y la construcción de un imaginario constituyente.
Pero allí se producen dos modificaciones claves. El intento de un poder autónomo con la Insurrección del 21 de enero del 2000 es derrotado; lo que significa el cierre de una etapa larga de lucha popular centrada en el objetivo del poder de Estado. Se divide el movimiento social, con lo que se crea un vacío de poder abajo. Al mismo tiempo, arriba se agotan las salidas antiguas, entra en crisis el sistema de representación de los partidos y el funcionamiento de la democracia, con lo que se crea una crisis política arriba: la pugna entre globalistas y oligárquicos no puede ser resuelta desde adentro, también las Fuerzas Armadas pierden su papel dirimente. Este doble vacío permite el acceso de un gobierno bonapartista-populista-autoritario, liderado por Rafael Correa, que puede cumplir la modernización globalizadora en un período de abundancia económica, y desmontar la fuerza social organizada.
La metamorfosis ciudadana y meritocrática de los trabajadores crea las condiciones para el paso a un modelo que actúa a partir de la atomización individualista y de la competencia como norma de regulación de roles; el paso a un neoliberalismo cibernético (o cuántico, para utilizar la caricatura morenista). Este paso se operó mediante diversas estrategias de destrucción de los lazos de relación colectiva: estrategias políticas, como la división, cooptación, paralelaje y criminalización de los movimientos y organizaciones sociales; estrategias culturales, como el emprendedurismo, la blanquitud y la segregación étnica, sexual, por edad.
La Revolución Ciudadana logró el objetivo sistémico-estratégico, la modernización para conseguir las condiciones ya no sólo el libre mercado, sino el libre capital global, con un alto costo y una herencia pesada para el país. Aunque fracasó en el intento táctico de constituir un nuevo bloque económico-político sobre la base del poder de la tecnocracia, pues el campo dominante está copado arriba, no sólo por los grupos económicos y de poder locales, sino, sobre todo por el poder de las transnacionales: la economía ecuatoriana tiene un alto nivel transnacionalización y monopolización, con un índice de Gini, en las veinte ramas principales, que se ubica en torno al 0,97; y tiene un alto nivel de vulnerabilidad a la penetración del capital especulativo e incluso criminal global. Los problemas de la corrupción son un signo de este fracaso, pues ésta se quedó a medio camino, la acumulación por desposesión, como bróker de los grandes capitales globales, sin poder pasar a la fase de legitimación y legalización, logradas por otros grupos dominantes en su respectivo tiempo.
El Ecuador se sintonizó con el paso “de un régimen en el que el trabajador era un individuo, un cuerpo que prestaba su tiempo al capital para que este pudiera extraerle todo el valor posible y una persona jurídica portadora de derechos políticos y sindicales, a uno donde ya no hay más que un mosaico infinito de fragmentos moleculares que funcionan no operando sobre una cadena de montaje, sino conectados a una megamáquina recombinante.” (Berardi 2007) El docente, el médico del sector público o del sector privado, el funcionario, el ciudadano, funciona conectado a la Matrix virtual, bajo el control de las evaluaciones, los formularios, las video-cámaras del ECU 911, las vigilancias de los organismos de “inteligencia. El paso al funcionamiento del sistema sin sujeto, de la política sin disensiones en una relación amigo-enemigo, de las relaciones personales vaciadas del eros. Un mundo de seducciones sometido al espectáculo y al consumo, el paso a la subsunción de la vida al capital.
CONTINUIDADES Y DESCONTINUIDADES
Hay un juego propagandístico que oculta este proceso, la supuesta oposición entre un neoliberalismo, entendido en su versión inicial como mercado libre y reducción del Estado, frente a variantes de keynesianismo, centrado en la intervención del Estado. De modo que Lenin Moreno sería el “traidor” a un modelo revolucionario que debe retornar. Las bases estructurales del modelo se construyeron en los diez años de mandato correista, bajo un discurso expropiado a la “izquierda”. Con ello, la transustanciación queda disuelta en la variación de formas y en el sonido (significantes) de las consignas. Tomemos un ejemplo: la demanda social del Banco del Afiliado del IESS, que implicaba el paso del poder de decisión sobre los ahorros sociales y la mejora de servicios para los afiliados, se transformó en la constitución del BIESS como banco de segundo piso, subsidiario de las operaciones privadas, mientras un alto porcentaje del ahorro de los afiliados iba a solventar los déficits fiscales. Un proceso similar se opera sobre la demanda de una Ley de Empresas Públicas. El caso emblemático es el ardid entre el Plan A y el Plan B del ITT-Yasuní, que jugó con la propaganda ecologista a nivel mundial y local, mientras el régimen continuaba con la exploración de los hidrocarburos, hasta llegar al momento del viraje público en agosto de 2013, en coherencia con el patrón extractivista de acumulación que jamás fue cuestionado.
Hay varias líneas de continuidad entre el correismo y el morenismo, sobre todo en los pilares estructurales del patrón extractivista, y en la dependencia-ligazón con los polos del capital transnacional, aunque con variaciones de orden de prelación, con el eje Este-Oeste, liderado por China-Rusia, en el período de Correa; y con el retorno de las relaciones con el Eje Norte-Sur, liderado por Estados Unidos, en el período presente.
En las discontinuidades no sólo hay un cambio de forma, sino el desplazamiento a una variante más agresiva de neoliberalismo en el régimen actual: los compromisos explícitos con el FMI, el retorno de la subordinación militar, la reentrada de transnacionales norteamericanas, implican un viraje geoeconómico y geopolítico.
De modo que nuestro país se encuentra atenazado entre dos proyectos fracasados: el modelo “progresista”, asentado en un Estado subsidiario, que desembocó en una crisis de iliquidez fiscal y de crecimiento de la deuda; y el plan de austeridad de inspiración fondomonetarista, que ha mostrado históricamente su ineficacia para solucionar las crisis de los países periféricos.
El Presidente Lenin Moreno anunció un paquete de medidas centradas en tres líneas: eliminación del subsidio y liberación de los precios de la gasolina extra y el diésel, de acuerdo al mercado internacional, para aliviar la iliquidez fiscal y sostener la dolarización; precarización laboral, con nuevas formas de flexibilización del contrato de trabajo, despido masivo (el gobierno reconoce que se han despedido 27 mil trabajadores en este año y anuncia el despido de 10 mil más hasta fin de año) y reducción del 20% de los ingresos de los trabajadores públicos por contrato, para mejorar la competitividad productiva e incentivar la inversión empresarial; y algunas medidas de compensación, sobre todo para sectores empresariales y comerciales.
La clave estructural está en la contrarreforma laboral que fortalece la acumulación de capital mediante el refuerzo de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de la ganancia rentista extraordinaria. No se trata de la creación de nuevas fuentes de trabajo, dentro de la lógica de un patrón productivo, sino de la segmentación de un puesto formal en dos o más puestos precarios; y de la utilización de la necesidad de formas diferenciadas de contratación colectiva en casos especiales, como la producción artesanal o el pequeño emprendimiento, o de áreas de nuevas tecnologías, para convertirlas en una ley general que favorecerá la violación del derecho a la estabilidad laboral.
Aunque el secreto decisivo está en las medidas que no se anuncian, sino que están en ejecución políticas de facto, la privatización de empresas públicas, la invasión de tierras y territorios comunales, la escalada del endeudamiento externo. Y el problema está en las secuelas derivadas: el alza del precio de los combustibles acarrea el alza de pasajes, la subida de la inflación (el incremento puede llegar al 2% anual) y el encarecimiento de la canasta básica (el incremento puede llegar al 5%); el despido de trabajadores implica la agudización de la pobreza. El gobierno busca la aprobación del capital internacional y de los organismos económicos multilaterales mediante la articulación funcional al nuevo patrón de la acumulación neo-imperialista por desposesión de bienes públicos, bienes comunales y bienes comunes de la naturaleza y la humanidad.
El discurso del régimen se ha movido en torno a tres relatos convergentes: el llamado a la austeridad, al sacrificio y a la comprensión de la población, para salir de una crisis que fue heredada del anterior régimen; el fantasma de la crisis venezolana; y la “valentía” del régimen para tomar medidas de reformas estructurales necesarias.
El camino está trazado. El paquetazo actual implica el paso del gradualismo a la estrategia de shock, del discurso vacío del diálogo a la política represiva abierta. Ante la movilización social, la respuesta ha sido la declaratoria del Estado de excepción y la represión contra las organizaciones sociales. El proyecto consta en la Carta firmada con el FMI, bajo el argumento de obtener créditos de los organismos multilaterales y recuperar la confianza del capital internacional; está en las “recomendaciones” de las Comisiones evaluadoras. De modo que el discurso “ahora no se ha subido el IVA”, o el hecho de que no se afecta todavía al marco de la seguridad social, es apenas un escalón de cálculo político. El régimen ha tratado de mostrar una imagen fuerte y de encubrir las divisiones internas, pero es la confesión de su debilidad y la delegación del proyecto al funcionamiento del capital global y a la calificación del FMI.
Enfrentamos un modelo bajo tutela del capital internacional; no se trata de una lucha corta, sino de una lucha popular prolongada, que requiere nuevos imaginarios, estrategias y formas de organización. El paso inicial es reconstituir la autonomía de la movilización y de la propuesta de los movimientos sociales ante los diversos intentos de instrumentalización desde intereses extraños a la vida de la sociedad.
RESISTENCIAS Y ALINEAMIENTOS
La respuesta social ha sido el enfrentamiento a las medidas desde los intereses sectoriales, sin la posibilidad todavía de la constitución de una fuerza confluyente que enfrente al modelo en su conjunto y presente una alternativa estratégica.
Los transportistas, bajo una conducción empresarial, se han movilizado contra el alza de combustibles, para negociar con el gobierno, el alza de pasajes y tarifas. Por ello, planteado su objetivo, suspendieron el paro del transporte. Esta decisión puede ser más bien favorable a un cauce autónomo de la movilización popular.
Los sindicatos han repetido el discurso de la defensa de las conquistas laborales y han denunciado el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, pero no han logrado representar los intereses de los subempleados y desempleados. Los pueblos indígenas rechazan sobre todo los efectos del alza de combustibles, con referencias formales al tema laboral. Hay todavía debilidades para una conducción política autónoma e integradora.
La disputa está en la orientación hacia dónde va la protesta. El vacío trata de ser capitalizado por intereses políticos externos a la dinámica social, orientados a la próxima contienda electoral.
De un lado, están las fuerzas que aprueban las medidas y respaldan al gobierno, especialmente el Partido CREO de Lasso, los banqueros y las cámaras empresariales, que representan el neoliberalismo globalizador. El Partido Socialcristiano tiene un juego doble, concentra su crítica al alza de combustibles, para buscar una distancia respecto al desgaste que puede afectar al régimen, mientras silencia y aprueba implícitamente las contra-reformas laborales.
Una de las fuerzas más activas en la movilización es el correismo, que tiene una estrategia de derrocamiento del gobierno y de adelanto de las elecciones, para ganar tiempo ante el riesgo de las condenas judiciales a Correa, que le impedirían intervenir como posible candidato vicepresidencial, en la reproducción esperanzada de la estrategia del retorno kirchnerista en Argentina. El relato del traidor y del ausente buscan agigantar el fantasma del expresidente.
Las visiones dominantes tratan a la sociedad como su sierva, el instrumento para sus objetivos. En su forma extrema, el patrón financiero-rentista se articula a prácticas del capital criminal y de mafiación de la política. En medio de las protestas, sobre todo en Guayaquil, resurgieron operativos semiespontáneos de vandalismo y saqueo; el cauce lumpenesco de la presencia de la masa, una violencia desarticuladora de los vínculos sociales. Ya no se trata de la seducción del emprendedor, sino de la prepotencia del capo y sus lugartenientes; no como un hecho extraño, sino como la proyección de la presencia de una lumpenburguesía articulada a la penetración creciente de carteles del capital criminal global. La biopolítica se complementa con la thanatopolítica.
LA OTRA HISTORIA
Surgen voces autónomas, como el movimiento de mujeres que busca ligar la lucha contra las medidas neoliberales a otros temas que siguen pendientes, como la descriminalización del aborto en caso de violación (en estos días se cumple el plazo para el veto presidencial)
El cauce del retorno a la comunidad y la defensa de la vida en armonía con la Pacha-mama pueden contribuir a una visión que vaya más allá de la respuesta coyuntural y sectorial. El regreso de los pueblos indígenas desde la movilización en territorio presenta algunos elementos de la construcción de un poder paralelo. La declaración del “Estado de excepción” en territorios indígenas es un símbolo de una soberanía diferenciada, fundamento del Estado plurinacional. Todavía hay posiciones parciales y locales, pero puede empezar a reconstruirse la autonomía de los movimientos sociales, con una propuesta propia.
Esa es la cuestión. Ante todo, al enfrentar un proyecto integral, hay que ver los diversos elementos: el paquetazo actual forma parte de una totalidad, el Plan de austeridad, que incluye las privatizaciones, el endeudamiento externo, el alineamiento con la Alianza del Pacífico, la entrega del Aeropuerto de San Cristóbal a la vigilancia norteamericana, las posteriores medidas de ajustes, empezando por alza de pasajes, elevación del IVA, afectación al IESS. Por tanto, se requiere una propuesta contrahegemónica, que puede partir del Acuerdo en torno a un patrón de acumulación productivo, la construcción del Estado plurinacional y una política soberana internacional. Y se requiere una estrategia que una el momento actual con un plan de lucha popular prolongada, un nuevo proceso de acumulación de fuerzas para cambiar la correlación actual. Puede irse creando condiciones para un estado de conciencia que exija QUE SE VAYAN TODOS.
Las tácticas insurreccionales de movilización, que pueden llegar a una huelga y levantamiento nacionales, debieran articularse a una estrategia de poder autónomo, para no terminar siendo absorbidos por intereses extraños, de la derecha socialcristiana, o del arribismo correista, o de intereses sectoriales de los transportistas, o de los recambios de presidente. ¿Cómo asegurar una diferenciación en las luchas con los objetivos de sectores extraños, que hoy quieren nuevamente enancarse en el descontento de nuestros pueblos?
El cimiento es la acción desde la sociedad, desde los anhelos y sueños de los de abajo, desde la confianza en nuestras propias fuerzas. Nos angustiamos porque no vemos un horizonte definido, pero tenemos semillas, cimientos desde los cuales partir: la comunidad es la fuente no sólo en el campo, sino también en la ciudad, la acción desde los territorios, las experiencias de fisuras postcapitalistas y postpatriarcalistas a nivel local y mundial. Podemos juntar nuestras luchas. Es posible iniciar un proceso de reconcentración ideológica y programática en caliente, en medio de la movilización.
Tal vez vuelve a ser posible regresar al sentido original del Pachakutik, el tiempo en espiral, el caracol, la caracola, traer el pasado al presente para caminar juntos al futuro: “…lo que cuenta es la diferencia del presente y lo actual. Lo nuevo, lo interesante es lo actual. Lo actual no es lo que somos, sino más bien lo que devenimos, lo que estamos deviniendo, es decir el Otro, nuestro devenir-otro. El presente, por el contrario, es lo que somos y, por ello mismo, lo que estamos ya dejando de ser.” (Deleuze 1993, 113-114)
Tal vez tenemos nuevamente la oportunidad de caminar en el sentido de la comunidad, y el grito del Estado plurinacional pase a ser una experiencia compartida, como lo fue en el Levantamiento del 90, desde los territorios hacia la toma de Quito; como fue, por un momento, la experiencia de los Parlamentos de los Pueblos en la insurrección del 21 de enero del 2000, la “efímera Comuna de Quito”, como dijo Alejandro Moreano. La movilización social parte nuevamente de los territorios, se levantan los Guarangas, Puruhaes, Cayambis, Panzaleos, Otavalos, Saraguros, Salasacas, Quichuas de la Sierra y la Amazonía, Shuaras, Cañaris, Caranquis, Coltas; y junto a ellos nuevos movimientos, sobre todo las organizaciones y colectivos de mujeres, los estudiantes, los restos de los sindicatos. Nuevamente se siente el poder comunitario que declara el Estado de excepción; los indios señalan la posibilidad de una salida alternativa a la crisis del capital. Tal vez sea por un momento, hasta crear las condiciones de la permanencia; un momento para que las semillas puedan empezar a crecer.
Tal vez podamos volver a escuchar la palabra de los pueblos originarios: “Estamos convencidos que a través de nuestra propuesta de vida y nuestras luchas por la autodeterminación y gobierno de nuestro territorio, nos hermanamos, compartimos y contribuimos a ser parte de todas las manifestaciones y luchas por la vida en toda la Amazonía, en todo el Ecuador, en toda Latinoamérica y en todo el planeta. Si nuestra lucha por la vida es parte de la lucha del mundo por su sobrevivencia, igualmente, la lucha del mundo nos pertenece.” (Sarayaku 2003) Y escuchamos las voces de “las mujeres que resistimos – en las calles, en nuestros territorios, desde nuestros territorios, desde nuestros espacios y comunidades – nosotras las compañeras feministas nuestroamericanas, las que ponemos el cuerpo y sostenemos la vida, “¡Nosotras seguiremos juntas hasta que la dignidad se haga costumbre!” (Mujeres 2019)
Ahora la lucha continúa, el llamado es al paro y al levantamiento general.
Referencias
Berardi, F. Generación Post-Alfa: patologías e imaginarios en el semiocapitalismo. Buenos Aires: Tinta Limón, 2007.
Castro-Gómez, S. Historia de la gubernamentalidad. Razón de Estado, liberalismo y neoliberalismo en M. Foucault. Bogotá: Siglo del Hombre, 2010.
Deleuze, Gilles. ¿Qué es la filosofía? España: Anagrama, 1993.
Deleuze, Gilles. «Posdata sobre las sociedades de control.» En El lenguaje libertario. Antología del pensamiento anarquista contemporáneo, de Ch. (compilador) Ferrer. Buenos Aires: Altamira, 1999.
Deleuze, Gilles, y Félix Guatarri. Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia . Valencia: Pre-textos, 2002.
Foucault, Michel. Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collége de France (1978 – 1979) . Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007.
Mujeres. «Comunicado.» Octubre 2019.
Sacchi, Emiliano. «Neoliberalismo y servidumbre maquínica. Gubernamentalidad cibernética.» Soft Power IV, nº 2 (Julio – Diciembre 2016): 145-163.
Sarayaku. El libro de la vida de Sarayaku para defender nuestro futuro. 2003.
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