PLAN B* :: El padrotaje de Estado.

Por: Lydia Cacho / Cimacnoticias.

Nadie le conocía fuera de Cozumel, era un joven regordete presuntuoso por ser sobrino del gobernador de Quintana Roo. Nació en 1979 y a su padre Roberto Borge Martín lo encarcelaron por cometer fraude fiscal.

Rubén, un compañero que estudió administración de empresas en el Tec de Monterrey con Beto Borge hijo, asegura que el joven le dijo que él sería gobernador, que sería el más poderoso priísta de México.

A los 23 años Roberto Borge fue contratado por el gobernador González Canto para foguearse como su secretario particular, más tarde como tesorero general del estado y después oficial mayor.

En 2009 fue nombrado diputado del PRI. La idea era ponerlo en la mira pública como precampaña electoral. Dejó la diputación en menos de ocho meses; pero antes, su boda fue pagada con recursos del erario.

Los correos electrónicos publicados hace años demuestran cómo el gobernador Félix González erogó tres millones de pesos de dinero estatal para la fiesta con 900 invitados.

Con 33 años, Borge se convirtió en gobernador. A los 10 meses de asumir la gubernatura pagó con recursos públicos 11 millones y medio de pesos para liberar los gravámenes que el Registro Público de la Propiedad tenía sobre su padre.

El joven creó en seis meses un ambiente de terror entre sus colaboradores; utilizó a 90 elementos policiacos para buscar a su perro Simón y lanzó una amenaza a quien tuviera al can.

Ha pasado más de una tercera parte de su mandato fuera del país en viajes de placer, utilizando la empresa de jets privados subsanada con recursos públicos.

A todas partes viaja con su compañera Gabriela Medrano, la joven diputada federal de Partido Verde; quien sin experiencia política alguna (como su gobernador) ha operado la entrada de la empresa china Dragon Mart bajo argumentos insostenibles y falaces.

Borge es líder de esta nueva generación de priístas jóvenes, ambiciosos, fascinados con la vida de lujo que el poder público les confiere; ellos intentan ocultar sus grandes limitaciones intelectuales y políticas ejerciendo violencia.

“Botarga puño de hierro” le llama un priísta ex colaborador que trabajó a su lado durante cuatro meses. Fue Borge quien prometió a Peña Nieto que el tricolor recuperaría el estado en 2013 (durante años el PRD gobernó el norte del estado, la zona más rica y productiva). Y sí, el PRI ganó las elecciones creando un sofisticado sistema financiero paralelo.

Borge llevó a cabo uno de los más grandes desvíos de recursos de bienestar social de la historia de Quintana Roo. Desfalcó al DIF y al Instituto Quintanarroense de las Mujeres (IQM), instancias que reciben recursos de coinversión federal, estatal y municipal.

Desvió dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF), para la compra de votos. Las quiebras resultados de esos desvíos comienzan a evidenciarse.

Recientemente ordenó el cierre de las oficinas del instituto. Exigió a quienes laboraban en el IQM que firmaran su renuncia. Las que intentaron rebelarse aduciendo que el presupuesto del IQM estaba etiquetado y debe resarcirse, fueron amenazadas advirtiendo que el gobernador ha dicho que “quien se rebele se enfrentará a las consecuencias y al PRI”.

Quedan abiertas sólo tres oficinas: Cancún, Chetumal y Cozumel. Cerraron José María Morelos y Carrillo Puerto (zona maya), Playa del Carmen e Isla Mujeres.

El IQM tiene un presupuesto de 6.5 millones de pesos, los cuales fueron desviados para adquirir voto forzado de las usuarias. He documentado que a cada delegada del IQM le exigieron asegurar 100 votos obligados con credenciales del IFE. Ahora firmaron sin liquidación por razones de quiebra económica.

Los seis y medio millones de pesos del IQM se desviaron al Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo). En lugar de contratar directamente a especialistas en temas de género, estudios sobre salud, violencia y política pública, el Iapqroo contrata externamente por el 40 por ciento del monto reportado, con lo que el 60 por ciento del recurso se deriva, forzando a las mujeres a trabajar el triple por menos sueldo.

Todo se hizo con transferencias virtuales para entregar el recurso al PRI; el 60 por ciento de los sueldos terminaron en la campaña. Una experta define acertadamente esta práctica explotadora como “padrotaje de Estado”.

Borge gastó 3 millones de pesos para remodelar su palco en el estadio de beisbol (la mitad del presupuesto anual del IQM). Quintana Roo no está quebrado, se creó un sistema paralelo de finanzas que escapa al escrutinio público, pero no a la investigación periodística.
 

Twitter: @lydiacachosi

 

* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

PLAN B :: Paramilitares en casa.

Lydia Cacho

Cuando aun tenía escoltas de la AFI por amenazas de muerte, los guardias privados de mi vecino, un millonario norteamericano, preguntaron a mi escolta como conseguir armas. Cada día encontramos más grupos de seguridad privada dispuestos a llevar armas, legales o ilegales, para proteger las propiedades y personas de las familias adineradas de México, que a pesar de la inseguridad eligen quedarse en nuestro país.

Las leyes de la física dicen que todo vacío tiende a llenarse eventualmente; es así como el vacío de seguridad poco a poco es llenado por especialistas de protección personal. Ni siquiera las agencias de seguridad tradicional parecen confiables para quienes pueden pagarlas. Nada pueden contra narcotraficantes, sicarios, zetas y secuestradores profesionales fuertemente armados. El comercio de armas ilegales es una realidad.

Este fenómeno no es nuevo, Colombia pasó por la creación de cuerpos especializados que más tarde pasaron a formar parte de grupos paramilitares criminales llamados Autodefensas Unidas. La complejidad del tema apenas nos permite poner sobre la mesa algunas preocupaciones.

En los tiempos del famoso Tigre Azcárraga, dueño del gran emporio televisivo nacional, el ejército creó un grupo de especialistas asignados para él y para los periodistas de la empresa. Estos soldados fueron elegidos minuciosamente, entrenados como escoltas y dotados de armas, cuyos permisos se renuevan cada año luego de un examen y el registro. Nadie más que el ejército puede autorizar la asignación de armas legales para guardianes que no pertenezcan a agencias policíacas especializadas. Y sólo el ejército aprueba la portación de armas para caza deportiva o clubes de tiro. Los escoltas desarmados, lo sabemos, no son otra cosa que escudos humanos para balas, testigos de robo o secuestro, o chóferes de lujo. Los empresarios también lo saben.

Monterrey, el Distrito Federal, Sinaloa y Guadalajara son algunas de las ciudades con un mayor número de familias resguardadas por escoltas privados, la mayoría armados y entrenados para matar si es necesario. Algunos privilegiados, como la dueña de FEMSA, son escoltados por el FBI.

Cada día más empresas especializadas en valoración de riesgo (risk assesment) abren oficinas en México. Son ejecutivos altamente especializados en estrategias integrales de protección de personas y familias adineradas. Negocian rescates, investigan al personal que labora en casa o en la empresa, desde la nana hasta la secretaria. Algunos que han hecho grandes fortunas en Colombia, a raíz de la guerra contra el narco y la inseguridad resultante, han visto el potencial de México. Su creciente presencia contradice las buenas noticias que nos cuentan desde Gobernación. Más allá de la anécdota resulta imprescindible analizar las consecuencias que pueden resultar de este fenómeno de cuerpos de seguridad privada o policías paralelas. Cuando el dueño de un poderoso diario nacional dijo que huye de México por miedo, otros veinte le siguen. El nerviosismo del gobierno no es menor, los inversionistas que se expatrían por la inseguridad, eventualmente se llevaran su dinero, dejarán de invertir en nuestro país. Décadas de corrupción e impunidad revelan sus efectos, ahora contra ricos y pobres.

PLAN B :: ¿Por qué creerle a García Luna?

Lydia Cacho

Mientras México enfrenta una guerra abierta contra el narco terrorismo quedamos estupefactas al ver a los Agentes Federales de Investigación, AFIs atacados por su creador, el ahora Secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna. En un momento que exige solidez de los cuerpos de seguridad e inteligencia. García Luna, padre del FBI a la mexicana eligió abrir violentamente un flanco en su batalla contra de la PGR y su brazo operativo, la AFI. El procurador Eduardo Medina Mora se lava las manos aduciendo que este es un problema laboral (ya es su costumbre hacerla de Poncio Pilatos). Pero lo que subyace en esta ofensiva intra-policíaca es mucho más que la simple fusión de los cuerpos policíacos. Se revela la inconsistencia del encargado de los operativos de seguridad en el país.

Los argumentos de García Luna hoy contra la AFI son los mismos que utilizó en el 2001 para desaparecer a la Policía Judicial Federal. El experto descalifica a la agencia por su ineficacia, corrupción y la falta de vinculación interinstitucional. La diferencia ahora, es que la AFI es su propia creación, gasto miles de millones de pesos en crearla y en rpesumirla en horarios triple a e en sexenio foxista ¿se acuera usted de los spots con guapos de 1.90 vestidos como el FBI desyunando en casa antes de salir a rescatar al país de los secuestradores y narcotraficantes? Pues ahora resulta que sus robocops se le transformaron a García Luna en oxidados monitos de hojalata corrmpibles e ineficaces.

En julio de 2004 García Luna como coordinador general de la AFI declaró “la investigación, formación y operación policíaca en México enfrenta un rezago de 30 años”; aseguró que formaría cuadros para combatir el crimen mediante la inteligencia y la tecnología. El modelo de la AFI, aseguró, es de alta inteligencia porque se detectan infiltrados mediante métodos de control blindados. “Estamos patentados” presumió el mismo que ahora intenta pulverizar al equipo que hace cuatro años era “lo mejor en inteligencia, un modelo tipo FBI inspirado en las policías de Alemania, Francia, España y Estados Unidos”. Una declaración constante de García Luna del 2001 al 2005 fue que la multimillonaria inversión que el gobierno hacía en la creación de la AFI estaba protegida en un marco legal sólido; que en cinco años estaría desplegado en todo el país combatiendo al crimen del lado de la sociedad. Presumió el número de bandas de secuestradores atrapados en 2003 ¿le suena conocido?

El 16 de febrero de 2005, García Luna declaró que la AFI era “Una policía de exportación”. En septiembre de 2008 destruye a su criatura. Hay AFIs corruptos, es cierto, pero también los hay honestos, con licenciaturas en psicología, derecho y sociología, entrenados en España, Israel y Estados Unidos. Cientos de especialistas “de exportación” van a ser destituidos de la AFI con el mismo rasero. Las y los criminólogos, victimólogos, especialistas en desactivar al crimen organizado, a movimientos terroristas y guerrilleros, los grupos elite de agentes federales expertos en inteligencia, se convirtieron de la noche a la mañana en personas desechables, non gratas.
Hace días se avisó a la AFI que deben renunciar a su antigüedad; entrarán como novatos a la PFP. Les darán toletes y escudos y los usarán como “carne de cañón” aseguran agentes especializados en Inteligencia e intercepción aérea. ¿Qué pasó con su sistema blindado? ¿Por qué habremos de creerle ahora a García Luna? Entendemos que es inaceptable la participación de algunos agentes federales en grupos criminales; sin embargo debemos preguntarnos si el presidente le dio el puesto a García Luna por haber creado al FBI mexicano (léase AFI) y ahora resulta que él dice que su mérito es un rotundo fiasco. En el camino para demostrar ese fiasco, ha arrebatado a todos los y las agentes federales sus derechos laborales, les descalifica como si todos fueran lo mismo, sin derechoa a ser investigados y a demostrar que no son corruptos. Las preguntas son muchas y precisan de respuesta ¿Si García Luna dice que todos se han corrompido como sabemos que él no es parte de esa corrupción? ¿por qué no transparenta la manera en que su gente de confianza extorsiona a los agentes federales y para darles plazas les quita casi la mitad de sus viáticos? ¿ y qué hay del acoso sexual dentro de su corporación? ¿que hay de las dobles plazas en AFI y PFP? ¿cómo asegurar que este nuevo intento no será otro fracaso el próximo sexenio? Lo más grave, me parece, es que Felipe Calderón le entrega, en el momento menos indicado un cheque en blanco al principal responsable del gran fracaso de seguridad nacional de los últimos años ¿por qué? La sociedad mexicana requiere respuestas

PLAN B :: Buenas noticias.

Lydia Cacho

En medio de tanta masacre, una extraordinaria noticia, una luz en el camino sobre la transformación del Sistema de Justicia Penal mexicano se dio en la ciudad de Chihuahua, y claro, con la cantidad de dramas sangrientos, casi pasó desapercibido: el primer paso para un juicio oral por feminicidio, personificado por dos extraordinarias mujeres.
Lucha Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C, logró llevar la denuncia de un intento de feminicidio ante el nuevo Sistema de Justicia Penal de Chihuahua. El viernes cinco de este mes la abogada llegó al juzgado al lado de Dolores Tarín, una valiente mujer que sobrevivió al atentado de un sicario.
La experiencia del juicio oral fue dramática y emocionante para todas y todos los involucrados, incluido el propio Juez, quien hizo un buen trabajo; hasta los policías estaban entusiasmados.
Por un lado el Ministerio Público, representando a la Procuraduría del Estado, presentó una solicitud al Juez de Garantía para que se negara el juicio oral, quería un juicio abreviado. En su propuesta, el sicario se declararía culpable y obtendría el beneficio de la pena mas baja por haber aceptado matar a la mujer. La abogada argumentó que eso se podría considerar sólo si el sicario, a cambio, proporcionaba información para procesar al autor intelectual, quien se fue de la ciudad sin dejar rastro y a quien el MP jamás investigó.
El Juez escuchó a todas las partes, debatieron abiertamente con buenos argumentos, la víctima se sintió validada por el Juez e incluso pudo decirle al Ministerio Público lo que todas las víctimas de delitos en este país quieren decir cuando la autoridad en lugar de defender los intereses de la sociedad, defiende a los criminales.
La víctima y su abogada argumentaron mientras el Juez considerablemente azorado ante la parcialidad del Ministerio Publico hacia el sicario, anotaba las contradicciones. Al final se dio la razón a las mujeres y se admitió un juicio oral por un delito de violencia de género.
Imagine usted que algún día, todas y todos los mexicanos tengamos derecho a ser escuchados, a evidenciar claramente cuando el representante de la Procuraduría representa a los criminales. Un día en que las víctimas y sus familiares ya no serán interpretados en cientos de hojas escritas en lenguajes anacrónicos con términos legales incomprensibles; sometidos a la opacidad de un sistema en el que las decisiones se toman con discrecionalidad, y sin que la jueza o el juez pueda escuchar toda la historia en vivo, de una buena vez.
En unas semanas comienza ya este juicio oral, en el estado que durante más de una década ha sido desgarrado por la destrucción sistemática de vidas, cuerpos y dignidad de mujeres y niñas.
Dolores Tarín llega al juicio con la valentía de una mujer que sabe que su cabeza tiene precio, Lucha Castro con amenazas de muerte del crimen organizado de Chihuahua; pero allí estuvieron, en el juzgado, preparadas, fuertes, congruentes; haciendo historia.
En medio de tanto dolor y tragedia, podemos celebrar que en México no se vale darse por vencida. Aunque siga el debate sobre el costo millonario del sistema de juicios orales, sobre el poder que perderán abogados que cobran sumas millonarias para resolver casos en la opacidad y la corrupción, y sobre las dificultades para su implementación, lo cierto es que hoy podemos celebrar un paso pequeño para la justicia; inmenso para las mujeres de Chihuahua.

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PLAN B :: Rescatar a México.

Lydia Cacho.

La angustia que produce la violencia social que se vive en México parece no encontrar salida. Hay una tendencia a la descalificación de toda crítica. La gente que se siente abrumada por el miedo a la violencia, a la propagación de narcotráfico, del secuestro, de los feminicidios, de la pedofilia; busca respuestas que le den paz emocional. Necesitamos saber que hay esperanza, porque sin ella nada de esto que sucede tendría sentido.

Los grupos budistas buscan iluminar al país con pensamientos de luz y armonía, miles de católicas, judías y cristianas hacen oración en grupo por toda la geografía nacional. Muchos han decidido dejar de leer los periódicos porque no pueden manejar la angustia. Los directivos de algunos medios electrónicos y escritos escuchan la solicitud del presidente Calderón para acallar las malas noticias.

Participar de ese juego de silenciamiento de la realidad no es solamente peligroso, sino carece de sentido. Es como el hombre cuyo médico le ha dicho que tiene cáncer y visita a un yerbero. Todo saldrá bien, se dice. Meses después cae fulminado en el hospital, la metástasis ha llegado a los huesos, al hígado y al páncreas. Las enfermedades del cuerpo, como las de la sociedad, no mejoran por el simple hecho de ignorarlas.

En un país convulsionado por la violencia, nadie tiene derecho a exigir derechos sin asumir responsabilidades. El presidente Calderón, sujeto al miedo de haberse envalentonado al abrir una guerra sin cuartel en todo el país, no tiene derecho a exigir a la sociedad su apoyo y, al mismo tiempo, cancelar el derecho que ésta tiene a estar informada.

Los criminales buscan la opacidad; esa es la esencia de la impunidad. Lo sabe bien la gente de Cancún con los zetas que se han apropiado de los edificios de la Zona Hotelera, y un alcalde y un gobernador que no se atreven a hablar del tema en Quintana Roo.

Lo saben en Piedras Negras, Coahuila, quienes la semana pasada estuvieron en el Hotel restaurante Barrocas frente al Chapo Guzmán y su mano derecha “El yerno”. La gente de Eagle Pass, a quienes la banda de El Chapo les ha quitado todo, casas, ranchos, negocios. Lo saben las familias de Tijuana y Nuevo León con desaparecidos que intentaron denunciar a secuestradores ante las autoridades. Las defensoras de derechos humanos de Chihuahua, amenazadas de muerte por judiciales. Lo sabe el General que la semana pasada pidió a Calderón que nombre a un Secretario de Gobernación que sí sepa sobre seguridad nacional. Lo sabemos en todo México: si nuestros derechos humanos y constitucionales no están garantizados y protegidos, nadie, ni el Presidente, tiene derecho a exigir responsabilidad para sumarse a una guerra que sólo genera más violencia.

Me parece que hay que abrir los ojos, mirarlo todo, escuchar al miedo, enfrentarlo. Es buena idea iluminar a México, cada rincón de oscuridad ya sea político, criminal o empresarial. Iluminar con la verdad, con la información. Sólo así rescataremos nuestros derechos, de la mano de nuestra responsabilidad. Calderón tiene el derecho de convocar a todos a combatir el cáncer de la inseguridad; por lo mismo, no puede cancelar el derecho de la sociedad a informarse sobre esa enfermedad.

PLAN B :: Sociedad maniatada.

Lydia Cacho

Carlos me platicaba que cuando sus hijos vieron en los diarios la nota sobre el asesinato y secuestro del chico que compartía con ellos las clases de deportes, se vio obligado a explicarles que Fernando fue secuestrado para sacarles dinero a sus padres, pero los delincuentes decidieron matarlo de cualquier forma. El niño de nueve años, que escuchaba angustiado, le dijo “Papá, vámonos de México, este país no quiere a los niños”. Hace unos meses una mujer maya de Quintana Roo me aseguró que este país no quiere a las indígenas, que les explota y les discrimina. Un joven que pertenece a los Emmos, me explicó cómo crearon una tribu urbana a la que pertenecen miles que se cuidan entre sí, porque a las y los adolescentes no se les escucha y se les trata como delincuentes. Isabel Miranda de Wallace, valiente madre de un secuestrado, dijo que Calderón la ignora porque le recuerda la incapacidad del Estado en temas de justicia. A ella, la mujer que dejó de una pieza al país cuando persiguió a los secuestradores de su hijo, no la recibieron en los Pinos, porque no representa al poder empresarial, sino al poder ciudadano. Lo mismo las miles de familias de asesinadas en Chihuahua, las familias de Tijuana, Morelos y Sinaloa cuyas criaturas adolescentes fueron secuestradas, mutiladas y asesinadas.

José Luís Rodríguez Zapatero ha dicho que España fue reconstruida por la sociedad civil al lado de su partido. Suecia, Suiza y Francia no serían lo que son sin la fortaleza de la sociedad civil que participó activamente en su democratización. Todas las representaciones civiles han tenido cabida en sus gobiernos y se refleja en las políticas públicas y las transformaciones sociales. En México en cambio, la sociedad civil es ignorada por el gobierno, ¿por qué? Para el PRI la cosa pública era patrimonio exclusivo de la clase política. La sociedad equivalía a: electorado, contribuyentes y carne de cañón del corporativismo. El PRI quería base social no interlocutores.

Para el PAN, en cambio, decir sociedad civil es decir iniciativa privada. O sea, lo que es bueno para los empresarios es supuestamente bueno para el país. Sociedad civil es sinónimo de Coparmex y empresarios de elite. Y en asuntos de moral pública y educación quien manda es la Iglesia. Para el panismo más recalcitrante, las organizaciones de la sociedad civil son la peste, deben ser controladas, descalificadas o eliminadas de ser posible. El activismo social y las causas humanitarias, como los derechos de las mujeres, de la infancia, el indigenismo, los movimientos culturales, los de diversidad sexual, y la defensa del ecosistema, les producen irritación. A la mayoría de panistas en el poder les parece que los derechos humanos son asunto de “rojillos”, sinónimo de agitadores sociales. Los medios y periodistas son un estorbo si no se someten al poder. Las 400 mil personas expulsadas por pobreza y violencia cada año, son simples migrantes, y quienes les defienden son organizaciones rebeldes que buscan problemas. Los millones de personas convencidas en defender el petróleo son descalificadas como apátridas e ignorantes. Las y los académicos con buenos proyectos para la renovación del sistema de justicia penal, son intervencionistas.

En un país con ciento cuatro millones de habitantes, sólo cuenta la opinión de diez mil. Eso no es democracia.

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