Raúl Lugo Rodriguez
www.raulugo.indignacion.org.mx
La tortura ha acompañado el ejercicio
del poder desde tiempos inmemoriales. En la construcción lenta de Estados democráticos,
la tortura se ha convertido en el fiel de la balanza, la piedra de toque: un
solo acto de tortura permitido, alentado, solapado por el Estado obra en
descrédito de su calidad de Estado democrático. No es casual que la prohibición
de la tortura encabece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay
suficientes referentes históricos, que sería aquí prolijo mencionar, que
corroboran la calificación de crimen de lesa humanidad al ejercicio de la
tortura.
Pues bien, si de calificaciones se
trata, el Estado mexicano no es para nada democrático. Y no me refiero a la
reinstauración de la presidencia imperial, aplaudida hoy por tantos; tampoco me
refiero al berenjenal en el que nos meterá la reforma política y la
des-federalización de los órganos electorales. Vaya, ni siquiera me refiero a
la desnacionalización del petróleo. Me refiero a algo mucho más elemental: la
persistencia de la tortura.
Yucatán tiene la fama de ser uno de los
estados más tranquilos de la república. Es cierto que la calidad de vida que está
a la vista en este rincón del sureste mexicano no se compara con las trágicas
condiciones de otros estados, como Michoacán, Guerrero o Morelos. Hace muchos
años, el excelente caricaturista yucateco, Tony Peraza, hizo un cartón
memorable poco después del paso del huracán Isidoro: en la imagen se mostraba a
una mujer indígena maya representando a Yucatán, con su típico traje regional.
El huracán le levantaba el colorido terno y lo que se veía debajo era un
armazón hecho de palitos. Eso mismo puede aplicarse a la proverbial tranquilidad
a la que continuamente se alude cuando se menciona a Yucatán: basta levantarle un
poco la falda para ver que es una construcción levantada sobre graves
violaciones a los derechos humanos.
El equipo Indignación ha presentado
ayer, 24 de marzo, Día Internacional del derecho a la verdad sobre las
violaciones a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas y aniversario
del martirio de Monseñor Romero, el informe titulado: La celda de la amargura.
Informe sobre tortura y otros tratos crueles en Yucatán. En él se hace
un recuento de las obligaciones que ha adquirido el Estado mexicano al firmar y
ratificar numerosos convenios y declaraciones internacionales sobre la tortura,
para después contrastar ese dato con los casos de tortura que han ocurrido
recientemente en el estado de Yucatán.
En la introducción al informe se establece:
“La tortura es un crimen inaceptable, que agravia a
quien la padece, a quien la comete y a toda la sociedad. Ejecutada desde el
ejercicio de la autoridad, corrompe la función misma del Estado. La tortura es
una deleznable práctica extendida y tolerada en Yucatán. Tan ignominiosa como
la tortura, es la tolerancia hacia ese crimen,
su aceptación, su encubrimiento.
Resulta deplorable, inaceptable, que a más de 27 años de haber
contraído México las obligaciones internacionales que lo comprometen a combatir
este crimen y a 10 años de la expedición estatal de la ley contra la tortura,
ley que tanta reticencia encontró y que tantos obstáculos tuvo que sortear para
emitirse, no sólo continúe, sino que sea una práctica sistemática, extendida,
recurrente en el estado.
Yucatán ha sido catalogado como una de las entidades federativas más seguras del país en los últimos años. Sin embargo, detrás de esta aparente situación de seguridad, se encuentra oculta una práctica sistemática por parte de los cuerpos policiacos, sean ministeriales o preventivos, estatales o municipales: la comisión de actos brutales, crueles, inhumanos y degradantes, abusos policiacos de toda índole y casos que constituyen tortura.
La práctica de la tortura o la comisión de actos crueles, inhumanos o
degradantes por parte de los cuerpos policiacos han adquirido carta de
naturalización en la entidad. Bajo el argumento de mantener el orden y el
estatus de estado limpio de crimen, se justifica cualquier actuación, por parte
de elementos policíacos, se ésta lícita o ilícita.
A la práctica de tortura sigue, generalmente, la abulia, el
encubrimiento, la inacción de las autoridades ministeriales que omiten realizar
investigaciones efectivas, eficientes e imparciales, así como la complicidad de
una Comisión Pública de Derechos Humanos que, a pesar de la gran cantidad de
casos denunciados, emite recomendaciones tardías e inocuas, que en los hechos
son insuficientes para hacer frente a esta deleznable práctica, esta grave violación
a los derechos humanos, encubierta y tolerada por las autoridades y por el
propio Ombudsman estatal”.
Después de la descripción de algunos casos de tortura que el equipo
Indignación ha seguido de cerca y de un capítulo que detalla las acciones
erráticas y las graves omisiones por parte de la institución pública de defensa
de los derechos humanos, tan complaciente con el gobierno, el informe concluye
planteando las siguientes recomendaciones:
Exigencias
a)
Hacer cumplir la prohibición de la tortura en todas
las instituciones del estado de Yucatán, en todas las cárceles y centros de
detención, y hacer de inmediato explícita esta prohibición, conminando a todos
los funcionarios, autoridades o agentes de policía a desterrar esta práctica y
a denunciar cualquier caso del que se haya tenido conocimiento.
b)
fomenta la práctica continuada de la tortura, niega
a las víctimas sus derechos y socava el Estado de derecho. Dicha investigación
debe realizarse en forma inmediata, imparcial, independiente y exhaustiva.
c)
Investigar y sancionar a todos aquellos agentes o
funcionarios que han encubierto casos de tortura o han omitido actuar frente
tratos crueles, inhumanos y degradantes.
d)
Garantizar la reparación integral del daño para las
víctimas de tortura, misma que debe incluir la rehabilitación, la compensación,
la restitución, la satisfacción y garantías de que el delito no se repetirá.
e)
Para lo anterior, es indispensable establecer
mecanismos efectivos e independientes para supervisar la actuación de los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de que puedan
investigarse adecuadamente las denuncias de tortura, malos tratos y
discriminación dentro del sistema de justicia penal y de que puedan proporcionarse
los remedios necesarios.
f) Dar
cumplimiento a las recomendaciones derivadas del informe sobre la visita a México del Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
El informe puede consultarse y descargarse en el portal electrónico de
Indignación (www.indignacion.org.mx).
El informe viene acompañado de una carta dirigida por Indignación al titular
del Ejecutivo estatal, a la fiscal y al jefe de la policía. Las personas que
quieran unirse a esta acción y exigirle al gobierno del estado de Yucatán la
erradicación de la tortura, pueden hacerlo en: http://indignacion.org.mx/torturayucatan
