Los derechos indígenas y el gobierno del cambio.

Por: Francisco López Bárcenas / La Jornada.

Si todo resulta como el presidente electo lo ha anunciado, sus primeros actos de gobierno serán violatorios de los derechos de los pueblos indígenas, al menos del de la consulta previa, libre e informada y los territoriales, y si no se rectifica a tiempo, se podrían seguir violando otros derechos conexos, como los de desarrollo, el de identidad cultural –base fundamental de otros derechos– y de representación política. Eso se desprende del nombramiento, por el presidente electo, de quien será el responsable de las políticas públicas del próximo gobierno federal, el anuncio de la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y las primeras obras que se realizarán, entre ellas el tren maya y las zonas económicas exclusivas proyectadas en el gobierno que se va.

Sobre la consulta, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales establece la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular mediante sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, consultas que deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. El nombramiento de funcionarios, igual que la creación de la institución responsable de llevar a cabo las políticas del gobierno o la continuación de obras ya iniciadas, son medidas cuya ejecución puede afectar a los pueblos indígenas y deberían consultarse con ellos, más cuando hay voces que tienen propuestas distintas en cuanto a la institución que opere esas políticas.

Gran inquietud ha generado en vastos sectores de los pueblos y comunidades indígenas el anuncio de la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, la nueva institución del estado para atender las demandas indígenas, sobre todo porque el presidente electo lo anunció como un organismo descentralizado, con recursos económicos suficientes para sacar a los pueblos indígenas de la pobreza, del abandono, de la marginación, lo que anuncia un regreso a las políticas indigenistas del siglo pasado en lugar de avanzar hacia el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y sus derechos estratégicos para un cambio de rumbo: los territoriales y políticos, estos los más importantes. De esto el presidente electo no dijo nada y su silencio dice mucho: es un tema que no se toca ni en el discurso.

Esta actitud del próximo presidente de la República tiene concordancia con el anuncio hecho por el mismo de la construcción del tren maya, que indudablemente afectará los territorios y la vida de los pueblos indígenas, obra que tampoco se consultará porque, según su propio dicho, no causará ninguna afectación a los pueblos, pues se usarán las antiguas líneas del ferrocarril, lo cual denota, por lo menos, ignorancia sobre el tema, pues las condiciones ecológicas y culturales no son las mismas de cuando aquellas obras se construyeron; y sobre las zonas económicas exclusivas dijo que ya se inició la consulta, pues en su campaña lo planteó y lo va a seguir planteando, posición que lleva implícita la trivialización de un derecho fundamental que por años los pueblos indígenas han reclamado que se respete.

Mal comienza un gobierno que prometió encabezar la cuarta transformación de nuestro país y en quien los mexicanos han puesto sus esperanzas de cambio. Es cierto que no se le puede reclamar que se esté desentendiendo de sus promesas de campaña porque nunca prometió respetar los derechos de los pueblos indígenas. Pero una obligación de todo buen gobierno es respetar el estado de derecho y nuestra legislación reconoce a los pueblos indígenas como titulares de derechos colectivos, entre ellos el de ser pueblos, ejercer su libre determinación, controlar sus territorios, acceder de manera preferente a los recursos naturales, participar del gobierno mexicano mediante sus propios mecanismos y generar su propio desarrollo, entre otros. La legitimidad obtenida en las urnas no da para desentenderse de éstos.

Y el grupo de indígenas e indigenistas que lo acompaña hasta ahora sólo se ha dedicado a celebrar lo acertado de desaparecer la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), que en su tiempo muchos de ellos propusieron que se creara, pero nada dicen de la obligación de consultar a los pueblos indígenas para que opinen sobre esta medida, y menos del respeto de los derechos, como es su obligación. Es tiempo de que rectifiquen antes que el descontento de los pueblos comience a manifestarse. Es deseable que alguien le diga que por el camino que avanzan lo único que lograrán será la protesta de los pueblos, no su apoyo para lograr un México diferente, por el que votamos los mexicanos.

Neoindigenismo versus autonomías de los pueblos indígenas.

Por: Gilberto López y Rivas / La Jornada.

Si la antropología, como ciencia, nace con el pecado original de estar estrechamente ligada al colonialismo, y a los esfuerzos por imponer en el ámbito mundial las relaciones capitalistas, la disciplina antropológica en México surge de su vínculo fundamental con el indigenismo. El indigenismo tiene sus orígenes en los años posteriores al movimiento armado revolucionario de 1910 a 1917, cuando la escuela mexicana de antropología, encabezada por Manuel Gamio, empieza a elaborar los contextos conceptuales que darían contenido a la política del Estado para con los pueblos indígenas.

A partir del primer Congreso Indigenista Interamericano que tiene lugar en Pátzcuaro, Michoacán, en abril de 1940, el indigenismo, particularmente integracionista, se extiende a escala latinoamericana a partir de su influencia en países como Perú, Ecuador, Guatemala y Bolivia, con la creación de institutos nacionales indigenistas, cuya función fue idear y poner en práctica la acción indigenista gubernamental. En rigor, el indigenismo trata de borrar las diversidades étnico-culturales e incorporar a los indígenas al mercado laboral, en el campo y en la ciudad.

Precisamente, una de las conquistas del movimiento indígena encabezado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena ha sido identificar en el debate nacional la naturaleza paternalista, autoritaria y enajenante del indigenismo.

Antagónico a los autogobiernos de pueblos y comunidades, el indigenismo se desarrolla a partir de contradictorias y complementarias políticas desde los aparatos estatales y grupos dominantes nacionales y regionales que –de acuerdo a necesidades y coyunturas económicas y políticas– afirman un integracionismo asimilacionista de las entidades étnicas diferenciadas a la nacionalidad mexicana, o establecen un diferencialismo segregacionista, siendo ambas políticas, negadoras de las culturas y los pueblos indígenas.

La constatación de esta tesis en el movimiento indígena y la traición a los Acuerdos de San Andrés provocan una ruptura con el Estado mexicano que da cauce a procesos autonómicos de profundidad histórica, como los Municipios Rebeldes-Juntas de Buen Gobierno zapatistas, y experiencias muy diversas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Chihuahua, entre otras entidades. Con toda razón se consideró que en el diálogo de San Andrés, habían tenido lugar los funerales del indigenismo. El reconocimiento a la libre determinación mediante la autonomía rompe con el cordón umbilical del indigenismo y con las políticas corporativas del régimen de partido de Estado que, por muchos años, sometieron política e ideológicamente a los pueblos originarios.

Los antropólogos contribuyen al desarrollo teórico y práctico de estas políticas, desde que Gamio definió a la antropología como la ciencia del buen gobierno, iniciándose una relación orgánica entre antropólogos y Estado mexicano cuya ruptura inicia con el movimiento estudiantil-popular de 1968, que creó las condiciones para que las corrientes críticas antropológicas se manifestaran y denunciarán los procesos etnocidas contenidos en el indigenismo, definido por el entrañable Rodolfo Stavenhagen como un “aparato de control burocrático y político de los pueblos indígenas por parte de las autoridades estatales… (y una) forma de recrear sistemas jerárquicos, autoritarios, estatificados de clientelismo”.

El desarrollo del indigenismo ha pasado por diversas fases y sus ideologías se adaptan y persisten en el tiempo; sin embargo, su especificidad es que se trata de una política de Estado criollo-mestizo para con los pueblos indígenas y, en consecuencia, en todas sus variantes, ha sido por naturaleza autoritario y jerárquico y constituye un sistema teórico-práctico que se impone a los pueblos desde aparatos burocráticos, como una fuerza objetivamente opresiva, manipuladora y disolvente. El indigenismo se caracteriza por el uso de una retórica de respeto a las lenguas y costumbres indígenas, con una práctica de destrucción de las estructuras étnicas de los pueblos indios.

Con el próximo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y sus 132 coordinaciones regionales, ahora, a cargo de integrantes de las propias etnias, los viejos fantasmas del indigenismo regresan como formas de mediación del apoyo asistencialista del Estado, impuestas desde arriba y desde fuera. Estas coordinaciones dividirán a los pueblos y difícilmente podrían apoyar las luchas autonómicas contra la recolonización de sus territorios por parte de las corporaciones capitalistas petroleras, mineras, eólicas, hídricas y turísticas, dado que jerárquicamente dependen de un organismo de gobierno.

¿Que posición tomara el flamante INPI si tienen lugar movilizaciones en contra de los anunciados megaproyectos del nuevo gobierno? ¿Se escucharán las voces de los pueblos indígenas o se impondrá el neoindigenismo de Estado?