La Red Mexicana de Trabajo Sexual marchará nuevamente este primero de mayo.

+ Marchará por décima ocasión, desde que fue convocada en el 2006 por el EZLN

Por: Jaime Montejo / Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle.

México, D.F. a 27 de abril de 2015.- Integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual y de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", convocan a trabajadoras sexuales no asalariadas, trabajadoras sexuales transgénero no asalariadas, promotoras de salud y periodistas comunitarias, a marchar el primero de mayo del año en curso, con otros sectores de la clase trabajadora.

La marcha tiene por objeto conmemorar las diferentes luchas, que en este momento se dan en "el talón", contra la represión policíaca, la discriminación, la explotación material y simbólica y despojo de sus fuentes de trabajo, a lo largo y ancho de todo el país.

Algunas de las demandas de las trabajadoras sexuales son las siguientes:

Acceso a la vivienda digna.

Que el Jefe de Gobierno publique unos "Lineamientos Generales" como lo establece el artículo 23, fracciones XV y XXX de la Ley orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, para que las delegaciones políticas respeten nuestros derechos como trabajadoras no asalariadas.

Exigimos que la Jefatura de Gobierno del D.F., elabore un Protocolo de Actuación donde las autoridades de la fiscalía anti-trata de la Procuraduría General de Justicia del D.F., hagan una diferencia entre trabajadoras sexuales y víctimas de trata de personas, en sus diferentes actuaciones realizadas en la ciudad.

Que el Gobierno del D.F. (GDF), asuma el compromiso de garantizar que todas y cada una de las trabajadoras/es sexuales de la vía pública cuenten con sus credenciales y licencias respectivas y que estas se respeten por parte de hoteleros y "representantes".

Que la Asamblea Legislativa del D.F., derogue la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del D.F., tal y como lo mandato la Sentencia 212/2013 del Poder Judicial de la Federación.

Que la Secretaría del Trabajo y promoción del Empleo. le de un cumplimiento cabal a la Sentencia mencionada, en lo correspondiente al acceso a la salud, educación, proyectos productivos y acceso a otras fuentes laborales, para quienes así lo deseen.

Que el jefe de Gobierno y la Comisión de derechos Humanos del D.F. (CDHDF), elaboren el capítulo de trabajadoras/es no asalariadas/os y lo incorporen al Programa de derechos Humanos del D.F.

Que en toda la república se reconozca el trabajo sexual independiente, como trabajo no asalariado.

Que la Cámara de Diputados y senado de la República, reconozcan derechos laborales de trabajadoras sexuales y obligaciones patronales de patronos de la industria sexual.

Exigimos que no se criminalice a las mujeres migrantes ni se les condene por trata de personas siendo inocentes, por trabajar en bares y cantinas como meseras, cocineras, bailarinas o trabajadoras sexuales.

Que el gobierno del estado de Chiapas deje de clausurar bares y cantinas por no contar con la licencia respectiva, cuando ésta ya fue pagada y no ha sido expedido por la Secretaría de Salud del estado.

Que el gobierno de Puebla, deje de perseguir a nuestras compañeras que trabajan por su cuenta y deje de clausuras los lugares donde ellas laboran.

Que se deje de criminalizar el baile erótico como ocurre actualmente en Chiapas, Coahuila, estado de México y Distrito Federal.

Que se suprima el delito de lenocinio de los diferentes Códigos penales de la república mexicana.

Que se reforme la LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS; para que los diferentes tipos legales incluyan Medios, Fines y Conductas, contemplados en el protocolo de Palermo para definir lo que es trata de personas y no se sigan generando condenas por "lenocinio" elevado por esta norma jurídica a rango de trata de personas.

Que no se utilicen condones, lubricantes solubles al agua y material educativo como elementos de prueba para fincar los delitos de lenocinio, trata de personas y delincuencia organizada.

Que cesen las pruebas obligatorias de vih, sida y demás infecciones de transmisión sexual, entre trabajadoras/es sexuales por ser una medida discriminatoria que no aporta elementos a la protección de la salud pública y sí favorece la extorsión policíaca y sanitaria.

Que cesen las clausuras de bares, cantinas, hoteles y demás negocios donde se presume que se ejerce el trabajo sexual.

Alto a los crímenes de odio de trabajadoras sexuales y transgénero en toda la república.

"Respeto total al trabajo sexual"

"Por el derecho a trabajar en el sexo siendo migrantes"

“Trabajo sexual, no es trata de personas”

XV Encuentro Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

Por Jaime Montejo/Agencia de Noticias Independientes Noti-Calle.

México, D.F., 26 de junio de 2012.- Pese a los logros obtenidos en 16 años de posicionamiento de las demandas, denuncias y propuestas de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, en este momento nos encontramos ante un franco deterioro de las conquistas laborales obtenidas en los diferentes estados y ciudades, donde las integrantes de la organización han tenido y tienen actualmente presencia comunitaria. Al grado que la actual “Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, criminaliza las obligaciones patronales y los derechos laborales, que aún no hemos hecho realidad.

Estamos viviendo un retroceso equiparable a 25 años en materia de lucha contra el Sida y la discriminación, ya que se siguen utilizando los condones como prueba para fincar delitos relacionados con el ejercicio del trabajo sexual, situación que no fue contemplada en la nueva “ley general” contra la trata de personas y que a las autoridades de la Secretaría de Salud y del CENSIDA, parecen no importarles. El único logro es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), acreditó el uso faccioso de los condones en un operativo policíaco contra la trata de personas y recomendó, a través de una propuesta conciliatoria correspondiente a la queja 109/2012 y acumuladas del 11 de abril de 2012, no volver a hacerlo, ya que ello contraviene políticas públicas en materia de salud.

Algunas acciones prioritarias planteadas en el encuentro, son las siguientes:

Que trabajadoras-res sexuales se amparen contra las disposiciones de 3 artículos de la “ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos”, publicada en el Diario oficial de la Federación el 14 de junio del año en curso.

Estos son: El inciso I del artículo 19, que prohíbe contratos de prestación de servicios sexuales y por tanto proscribe las obligaciones patronales y los derechos laborales en contextos de sexo comercial.

El artículo 40, que suprime el consentimiento otorgado por las presuntas víctimas de trata como excluyente de responsabilidad penal, lo cual cancela el derecho a decidir de las trabajadoras-res sexuales.

El artículo 106, que prohíbe toda publicidad de contactos sexuales, que viola el derecho a la libertad sexual y a la libertad de expresión e información.

Así mismo, enviaremos al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia una petición para que inicie una acción de inconstitucionalidad contra dichos artículos de la ley mencionada.

Que en la siguiente legislatura federal y algunas locales, deje de ser  causal de pérdida de patria potestad de hijos e hijas menores de 12 años que una mujer se dedique a la prostitución ya que dicha situación ha generado que tratantes de personas y otros explotadores sexuales, extorsiones a trabajadoras sexuales con la amenaza de entregar sus hijos al DIF, donde la maternidad es utilizada como un mecanismo de control para someter a quienes son obligadas a dedicarse a la prostitución. Por ello se buscará que sean derogadas todas las disposiciones de los Códigos Civiles y Códigos de Procedimiento Civil de los estados de la república.

Que en los “protocolos facultativos” de las procuradurías generales de justicia de los estados y general de la república, se haga la diferencia entre víctimas de trata y trabajadoras sexuales independientes. Así mismo, que se tome en consideración la lectura de los derechos de las víctimas de trata en los operativos policíacos contra los delitos relacionados con la trata de personas.

Que los condones y otros insumos para la salud indispensables en el ejercicio del sexo seguro y el sexo protegido, dejen de ser utilizados para fincar delitos relacionados con el ejercicio de la prostitución, como son el lenocinio, la incitación a la prostitución, la trata de personas y la explotación sexual. Lo haremos a través de reformas al Código Penal, modificación de protocolos facultativos de las procuradurías de justicia con respecto al actuar de las autoridades en los delitos mencionados y/o con la promoción un Acuerdo de Salubridad General.

Que sea considerado explotación sexual, el cobro indebido de servicios de salud sexual y reproductiva, mal llamados de control sanitario, que ya están incluidos en el cuadro básico gratuito del Seguro Popular. También promoveremos la firma de convenios entre Servicios de Salud Municipales, CAPASITS y Seguro Popular, para garantizar el acceso universal a la salud por parte de trabajadoras-res sexuales. Ejemplos a seguir: Culiacán, Sinaloa; Puebla, capital, San Luis Potosí, capital y estado de Veracruz donde se ratificó el carácter gratuito de dichos servicios de salud y en donde se trabaja para que ello sea realiza como en las ciudades de Orizaba y Coatzacoalcos.

Que el “Programa de Acción Específico 2013-2018 en respuesta al VIH/SIDA e ITS”, del CENSIDA, incluya como indicadores de discriminación, el que trabajadoras-res sexuales sean obligadas a practicarse la prueba de VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y que el cobro de dichos servicios, sea tomado como un agravante de dicha situación, ya que dichos servicios vienen pagados por el Seguro Popular, con cargo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Que violar derechos humanos de presuntas víctimas de trata de personas y/o testigos, en operativos policíacos contra dicho delito, sea castigado con penas que no alcancen fianza. Entre dichas violaciones a los derechos humanos, están las detenciones arbitrarias, los peritajes vaginales sin consentimiento informado, trato discriminatorio, violencia policíaca durante el operativo, etc.

Que las multas excesivas aplicadas a presuntas víctimas de trata y/o trabajadoras sexuales, serán equiparables a explotación sexual.

Así mismo, se dijo que se continuará promoviendo el reconocimiento de las trabajadoras-res sexuales como trabajadoras-res no asalariados; se seguirán promoviendo campañas de promoción del uso del condón y de movilización social contra la trata de personas con fines de explotación sexual; se le dará continuidad al establecimiento de mesas de trabajo y convenios de convivencia armónica con autoridades municipales, estatales y federales en los lugares donde los grupos de trabajadoras–res sexuales, lo consideren pertinente, se profundizar la organización comunitaria de las trabajadoras –res sexuales en los tiempos y modos que cada grupo determine, a la lucha contra la guerra, a la resistencia civil contra los rescates de los centros históricos que expulsan a las trabajadoras sexuales de dichos lugares, y se dará prioridad a la unidad en acciones directas con otros sectores de los trabajadores del campo y la ciudad, como es luchar contra la militarización de las comunidades autónomas zapatistas, la libertad de las y los presos políticos como el profesor Alberto Patishtán y el base de apoyo zapatista Francisco Santiz López..

Trabajadoras sexuales: La estrategia del gobierno es cerrar nuestras fuentes de trabajo.

¡LA OTRA CAMPAÑA VA!