Por:
José Luis Ríos Vera /
Rebelión.
Desde la campaña presidencial, el presidente electo Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) convocó a la “Reconciliación Nacional”. Con la aplastante
derrota electoral del bloque oligárquico, las clases y sectores
dominantes se le han sumado a gran velocidad, bajo su consigna de
“reconciliación por México”
[1], como se aprecia de modo diáfano en el video “Yo creo en México”
[2].
Conforme al curso que ha tomado el actual periodo de transición, el
gobierno de “reconciliación nacional”, tiende a constituirse como una
amalgama
pluriclasista con predominio de la oligarquía dominante.
En su proceso de desenvolvimiento, toca a la crítica social y al
movimiento obrero-popular reflexionar y exhibir las
contradicciones
existentes dentro de este bloque pluriclasista (intereses y proyectos
opuestos), observar los movimientos en el campo de la relación de
fuerzas, así como prestar atención en los periodos de agudización de
contradicciones y tensiones entre éstas y de sus episodios de crisis.
El
nuevo pacto social
enarbolado por el gobierno electo para el periodo 2018-2024, implica
alianzas de clase que suponen significativas concesiones y compromisos
con las clases dominantes, las cuales
delimitan los alcances del bienestar y la justicia social que proclama el proyecto
neodesarrollista. Para el nuevo gobierno, hasta hoy, “financiar el desarrollo” con
justicia social está subordinado a la hegemonía neoliberal: estabilidad
macroeconómica, equilibrio fiscal, predominio financiero
[3],
rechazo a la reforma hacendaria progresiva, “facilidades” a la
inversión, TLCAN y la propia continuidad de la reforma energética, etc.
Sobre esta base, no se perciben hasta hoy problemas de inestabilidad de
la hegemonía política concentrada en el bloque en el poder. Como señaló
AMLO en su
Carta a los inversionistas [4], la inversión
pública pretende estimular como “capital semilla” a la iniciativa
privada (local-trasnacional) para que ésta asuma el papel de “motor de
la economía”, haciendo de México un “paraíso de la inversión” (Alfonso
Romo).
La lucha popular en la defensa de los derechos
laborales, sociales y colectivos, exige gran organización y
fortalecimiento frente a una clase dominante que no ha dudado en
imprimir su sello en cualquier espacio o instancia que el nuevo gobierno
mantiene o
abre en aras de la “estabilidad económica” y la “conciliación de todas las clases sociales” (AMLO).
Los grandes capitales, amparados por una poderosa narrativa mediática,
se han visto obligados –ante las nuevas condiciones– a saltar
directamente a la escena política. Con el nuevo dominio partidista del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las Cámaras, aunado a la
conformación del equipo del gobierno electo, al tiempo del
desmoronamiento significativo de la
representación política que el bloque oligárquico concentraba bajo el otrora bloque de partidos
PRI, PAN, PRD,
–ahora más ocupados por su supervivencia–, la oligarquía dominante está
obligada a aceptar la nueva composición de fuerzas al interior del
régimen partidista, y sobre esa base, buscar
por todos los medios imponer su agenda
[5].
De ahí los juicios mediáticos contra distintos miembros que AMLO ha
designado para ocupar posiciones clave del futuro gobierno (Hacienda,
Pemex, CFE, Energía), o que próximamente designará.
Como se ha
registrado en la “renegociación” del TLCAN 2.0, el programa económico de
las clases dominantes del capital en México (locales-extranjeros), es
la salvaguarda del
globalismo, de la dependencia económica (inversiones, tecnología, mercados), de la
integración subordinada al bloque “América del Norte”
. A este programa se añade
el mantenimiento de la
hegemonía de la política económica neoliberal,
ligada a un patrón de producción volcado a la exportación y constituido
por grandes monopolios de propiedad trasnacional. Así también, en este
programa sobresalen sus imperativos de impulso de infraestructura para
acelerar la acumulación, el despojo de recursos (territorio, agua,
energéticos, etc.,
[6]), la distribución regresiva de la riqueza,
la disciplina corporativa del mundo del trabajo, la superexplotación y
precarización de la fuerza de trabajo, el predominio financiero, en
otros términos, la continuidad de esta agresiva modalidad de acumulación
y reproducción del capital.
El principal interés de las clases dominantes para el próximo periodo de gobierno consiste en
salvaguardar esta modalidad de acumulación predominante en el capitalismo dependiente mexicano, esto es,
el “modelo económico de desarrollo” hasta hoy vigente.
La
oligarquía se contrapone a aquellas modificaciones que puedan trastocar
los principales ciclos, estructuras y políticas económicas que establecen y
dinamizan esta modalidad de acumulación. Al mismo tiempo, el capital despliega y busca imponer sus ilimitados intereses.
¿Hasta qué punto el gobierno de reconciliación nacional, podrá
modificar la forma de reproducción del capital predominante desde hace
más de tres décadas? ¿Cómo podrá construir fuerzas políticas para
inclinar la balanza de poder hacia la construcción de una nueva
modalidad de acumulación del capital, según el discurso del nuevo
gobierno, “incluyente”, de “bienestar general”, con “justicia social”,
“democrática”?
La convocatoria de AMLO hacia el
establecimiento de una “nueva forma de régimen político” –más allá de la
reorganización del aparato burocrático de Estado y de su “nuevo estilo
de gobernar”–, en esencia, estaría vinculado indisolublemente a la
construcción de un nuevo patrón de reproducción del capitalismo mexicano
y sus inescindibles relaciones políticas que lo conforman. En sentido
estricto, difícilmente podrá emanar una “nueva forma de régimen
político” si el proceso de reproducción del capital en el que se
sustentan las relaciones de poder clasistas no experimenta sustantivas
transformaciones.
¿Un gobierno de raigambre pluriclasista
puede construir la capacidad de transformar el patrón de reproducción
del capital vigente? Si atendemos a la reciente experiencia de los
gobiernos progresistas de América Latina, la respuesta es bastante
pesimista. Las clases dominantes, la
lumpenburguesía –según la ingeniosa noción acuñada por Günder Frank
– es apátrida, profundamente
dependiente,
no tiene proyecto de país, y por lo mismo, carece de conciencia
nacional. Si en un primer momento estos gobiernos progresistas lograron
construir amplias alianzas de clase, lo hicieron bajo el predominio
neoliberal, lo que frenó el viraje
estructural a favor de las
clases explotadas. Y cuando se presentaron tiempos decisivos –a partir
de la crisis mundial de 2008 y sus impactos en las economías
latinoamericanas– la oligarquía no dudó en la contraofensiva autoritaria
y en el desmantelamiento de los avances “progresistas” en la política
social y de bienestar. El papel de los recientes golpes de Estado en
América Latina vinculados a la nueva panoplia de recursos
de excepción
de las oligarquías (judiciales, mediáticos, de desestabilización
económica, etc.,), es un espejo en el que podría reconocerse el nuevo
gobierno
si este optara por cambiar la balanza de poder en contra de la oligarquía en México.
[7]
Conocidos o no estos escenarios (de excepción), lo cierto es que el
nuevo gobierno mexicano se ha inclinado por la “estabilidad económica”,
la “reconciliación nacional” y “un gobierno para todos”, lo que supone
que su objetivo de la “cuarta transformación histórica de México” no
contempla grandes cuestionamientos al capital, sino que, como señaló
Alfonso Romo, ésta se construirá “de la mano con la inversión privada”
[8].
Si bien es cierto que el futuro presidente de México nunca ha
proclamado como horizonte un gobierno de los trabajadores, sino uno que
represente “a pobres y a ricos” (AMLO), no causa sorpresa la prematura
alianza de clase con empresarios –“matrimonio” le llama Alfonso Romo,
futuro Jefe de Oficina de la Presidencia–. Sin embargo, sí es de hacer
notar que esta alianza implica –como ya viene ocurriendo– que el
gobierno de “unidad nacional” otorgará sustantivas concesiones a las
fracciones dominantes.
El problema que aparece es que
justamente fueron los intereses de las clases dominantes, establecidos
bajo la hegemonía neoliberal, la causa principal de la hecatombe
electoral y de su representación política en el bloque partidista
PRI-PAN-PRD, en la pasada elección. Así, si las relaciones del nuevo
gobierno con las clases propietarias son “muy cercanas”, y las
concesiones muy significativas, la pregunta es: ¿cómo, dónde y con qué
solidez el nuevo gobierno establecerá la alianza con las clases
trabajadoras y populares, más allá de una mera fuente de legitimidad?
¿Cómo va a incorporar los conjuntos de intereses de las clases populares
en su llamado gobierno de unidad? ¿El nuevo gobierno mexicano podrá
encausar un
viraje estructural, es decir,
un cambio en el patrón de acumulación del capital mucho más
favorable
a las clases populares al tiempo que hace prevalecer la hegemonía
neoliberal? Es ésta una de las contradicciones principales que estará
atravesando a este gobierno.
Tomando en consideración el
apetito voraz del capital, y a sólo dos meses antes de la toma de
posesión de la investidura presidencial, se registra ya el programa
ilimitado del
capital dirigido a preservar la hegemonía neoliberal del actual bloque
en el poder y orientado a subordinar, tutelar y minimizar el carácter
“social” (educación y salud) y “nacional” que también contempla –hasta
ahora pálidamente– el proyecto Morenista.
En este sentido, las
voces de la oligarquía imperante en México, tales como Consejo Mexicano
de Negocios (CMN), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex,
Grupo Monterrey, empresarios particulares, empresas principales (locales
y extranjeras), representantes del sector privado, consultores, bancos,
fondos de inversión internacionales, calificadoras, empujan con fuerza
sus intereses, demandas y declaraciones influyentes, difundidas a diario
por la prensa, tales como: “México no se puede reinventar cada seis
años”; “se requiere un balance entre continuidad y cambio”; “La nueva
administración debe cuidar la Reforma Energética”; “Sin TLCAN bajará la
calificación de deuda de México”; El Nuevo Aeropuerto “es la cabeza de
la logística de los futuros 50 años”; etc., etc.
A continuación señalamos una serie irrefrenable de
demandas e intereses que el capital defiende e impulsa,
muchas veces creando “espacios de diálogo” en distintos encuentros,
“foros”, “mesas de análisis” abiertas (y a puertas cerradas también) con
el gobierno electo–, y ello, dentro de estos primeros dos meses
posteriores a la elección presidencial.
–Continuidad de reformas estructurales (energética, educativa, telecomunicaciones…)
–Política energética pro-mercado (asociación con capitales
trasnacionales, continuación de subastas y licitaciones petroleras y
eléctricas, respeto a la inversión extranjera, rechazo a la
modernización y construcción de nuevas refinerías, eliminación de
estímulos fiscales al precio de gasolina, liberalización de precios e
importación de gasolinas, vigilancia de la política energética, control
de finanzas de Pemex, etc.)
–Estabilidad Macroeconómica y
finanzas públicas “sanas”: equilibrio fiscal, continuidad de política
monetaria, autonomía de Banxico, cambio flexible, disminución de la
deuda, austeridad y reducción del gasto público, conservación de nota
crediticia, cancelación de programas sociales o en su caso revaloración
sobre la “viabilidad técnica” de las propuestas de campaña de AMLO;
–Sistema financiero sólido y con libre competencia [9];
–Crecimiento económico;
–Influencia en políticas públicas (salud, educación, alimentación, cultura, infraestructura [10]);
–Certeza jurídica a las inversiones;
–Comisión Fiscal de Vigilancia “sobre los Programas asistenciales de AMLO”;
–Revisión de líneas de crédito con el FMI;
–Defensa del Libre comercio, protección del TLCAN: fortalecimiento de
núcleos manufactureros exportadores (fomento de la “política
industrial”) centrados en los encadenamientos de valor de “América del
Norte”; impulso a las exportaciones, fomento a las empresas; aumento de
contenido nacional en las exportaciones “sin romper con tratados
comerciales”;
–Política comercial centrada en Estados Unidos, y diversificación comercial “complementaria”;
–Sostenimiento de la “integración laboral de América del Norte”:
rechazo a las demandas de EU y Canadá (de Democracia y Justicia laboral,
y mejores condiciones salariales y de contratación en México)
–Desarrollo y Promoción del Turismo (Ecoturismo, pueblos mágicos, turismo de salud);
–Políticas de fomento a obras de infraestructura: Continuidad de la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM);
respeto a las “inversiones irreversibles” de constructoras en el NAIM;
modernización de red ferroviaria, puertos, aeropuertos, carreteras; Tren
Maya (“con recursos distintos” de los que se destinan a la promoción
turística); canal ferroviario del Istmo de Tehuantepec [11]; Participación e impulso de construcción de gasoductos, oleoductos, hidroeléctricas y desarrollo de Megaproyectos;
–Crecimiento del “mercado de energías limpias”;
–Profundización de la Reforma Laboral (Ley Secundaria)
–Flexibilización laboral, liberalización de la subcontratación y tercerización; defensa de sindicatos de protección;
–Incremento de la productividad laboral;
–Política salarial “suficiente” y “responsable”;
–Estímulo a la formación de “capital humano especializado”;
–Reforma fiscal: deducibilidad del 100% de prestaciones laborales;
reducción de impuestos a la nómina, IVA en alimentos y medicinas;
disminución del ISR;
–Reforma del sistema de pensiones;
–Rechazo a una reforma fiscal recaudatoria, redistributiva y progresiva;
–Combate a la economía informal;
–Desarrollo de Zonas Económicas Especiales (ZEE [12]);
–Educación: establecimiento de cuotas en universidades públicas,
impulso a las universidades particulares, crecimiento de modelos de
autonomía y autogestión escolar en la educación básica (privatización);
mayor integración de los modelos de enseñanza y “calidad” del
aprendizaje y de los contenidos de planes de estudio con las necesidades
del mundo corporativo; Aprovechamiento de la capacidad de las
universidades existentes y rechazo a creación de nuevas Universidades;
–Empleo y Contratación de Jóvenes “con subsidio del gobierno”;
–Subvenciones e impulso del agronegocio, de los transgénicos [13];
–Crecimiento de la Megaminería;
–Representación (directa-indirecta) del empresariado en posiciones clave del gobierno (Banxico, Hacienda, Pemex, CNBV, etc.);
–Respeto al “orden institucional” y Estado de Derecho;
–Contrapesos al poder ejecutivo y al Congreso “para reducir incertidumbre”;
–Combate a la inseguridad y pacificación social;
Como se advierte, el capital se juega la reproducción de sus
condiciones materiales de existencia. Y para ello concentra igualmente
una amplia gama de
intereses políticos, por medio de los cuales pueda preservar la hegemonía política.
Como vemos, es un desafío la construcción y el impulso de la
organización política de los trabajadores y desposeídos. Y es que, una
vez que la “rebelión ciudadana” se manifestase en las urnas como lo
hizo, pareciera que ésta se ha perdido de la escena política a la espera
del cumplimiento de las promesas de “trasformación nacional”
encabezadas por AMLO. Como se aprecia en este programa
ilimitado del capital y las relaciones “sumamente cercanas”
[14]
que mantiene con el nuevo gobierno, no habrá transformación histórica
que se presente por sí misma. Resta a las clases trabajadoras y
populares fortalecer sus organizaciones y fuerzas políticas en la lucha
por la defensa de sus intereses y necesidades en el plano de todas las
relaciones sociales, las que incluyen evidentemente sus relaciones con
la naturaleza y el territorio.
Notas:
[1]
No solamente se adhirió la clase empresarial a la “reconciliación”
enarbolada por el próximo gobierno. Los otros candidatos presidenciales,
representantes políticos de todas las fuerzas partidistas,
expresidentes del país, entre los que destaca Carlos Salinas de Gortari,
intelectuales conservadores, medios de comunicación, el clero, y muchos
otros sectores dominantes, hicieron suyas las palabras “reconciliación
por México”. [2] El reparto que da vida al breve video (2
minutos) se conforma por un pequeño grupo de la oligarquía mexicana
saludando la “democracia” y al nuevo gobierno: Blanca Treviño (Softtek),
M. Aramburuzabala (Tresalia), D. Servitje (Bimbo), Antonio del Valle
(Grupo Kaluz), C. Danel (Gentera), José Antonio Fernández (Femsa),
Claudio X. González (Mexicanos Primero), E. Tricio (Lala) y Alejandro
Ramírez (Cinépolis).
[3] Como señala Guillermo Almeyra:
la burguesía, Morena y el nuevo presidente “comparten no sólo los
valores capitalistas y la confianza en las instituciones del capital
sino también la aceptación plena de este capitalismo dirigido por el
capital financiero internacional”. Ver, “¿Dónde estamos actualmente?”
Rebelión.org, 20/07/2018, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=244353
[4] EL FINANCIERO, 4/04/2018. http://www.elfinanciero.com.mx/economia/amlo-pide-a-inversionistas-confiar-en-el
[5]
Según uno de los empresarios más influyentes de México, Claudio X.
González Laporte, aunque Morena dominará el Congreso, no será como en
los tiempos del “partido hegemónico” con el PRI, “porque ahora hay
organismos internacionales, firmas calificadoras e instituciones que
observan que se cuide y preserve la estabilidad macroeconómica”. El Universal, 20/8/2018, http://www.eluniversal.com.mx/cartera/amlo-no-podra-serenar-al-pais-de-un-dia-otro-claudio-x-gonzalez
[6]
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (ONU) existen en la actualidad “4 mil concesiones en
las que se han entregado los territorios de los pueblos originarios para
la explotación de sus recursos por grandes empresas”. La Jornada, 28/08/2018, p. 20. https://www.jornada.com.mx/2018/08/28/politica/020n2pol
[7] A este respecto, Alfonso Romo señaló: “López Obrador sabe que mercados pueden afectar su agenda”, El Financiero, 06/07/2018, http://www.elfinanciero.com.mx/economia/no-se-preven-cambios-en-reforma-energetica-asegura-romo
[8]
En este mismo sentido se refiere el presidente del “banco de casa”
(Banorte), Carlos Hank González, cuando señala que “Banorte construye
puentes que acercan a los empresarios de todas las regiones del país con
el equipo de transición del próximo gobierno, para pensar juntos en la
transformación que queremos para México”. La Jornada (en línea), 20/8/2018, http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/08/20/banorte-convoca-a-dialogo-entre-empresarios-y-proximo-gobierno-7727.html .
[9] Ver el “decálogo” de la Asociación de Bancos de México para el próximo gobierno, El Economista, 4/04/2018, https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/ABM-emite-decalogo-para-el-desarrollo-economico-de-Mexico--20180404-0052.html
[10]
Ver la Agenda México 2030 del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales
(CEEG), organismo que aglutina a 50 empresas multinacionales con
presencia en México, donde están expuestas más de 100 propuestas de
política pública, con énfasis en fomento de infraestructura ligado al
objetivo de convertir a México en “el quinto país exportador a nivel
mundial para 2030”. http://ceeg.mx/new/wp-content/uploads/2016/12/Agenda_CEEG_2017-con-carta.pdf
[11]
Estos dos últimos proyectos, junto con la plantación de un millón de
árboles en el sureste del país, programas prioritarios del gobierno
electo, obedecen a “viejos” proyectos de corte empresarial de los
gobiernos de Fox y Calderón en la primera década del presente siglo. Ver
www.sputnik.org: “Las zonas económicas especiales no sacarán adelante a México", 17/07/2018, https://mundo.sputniknews.com/politica/201807171080471232-mexico-amlo-eeuu-desafios-tlc/
[12]
Llama la atención que el proyecto de las Zonas Económicas Especiales
(ZEE) impulsado por el gobierno próximo, se inscribe sobre las propias
bases del proyecto en curso de las ZEE del actual gobierno de Enrique
Peña Nieto, empujado por el ex secretario de Hacienda –hoy canciller–
Luis Videgaray, y coordinado por el empresario Gerardo Gutiérrez
Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial. Si bien el
“objetivo” de las ZEE es el “impulso del desarrollo” de regiones
marginadas, la realidad es que se trata del impulso de nuevas geografías
para la explotación de recursos humanos y naturales por los capitales
locales y trasnacionales, sin más resultado que la reproducción del
subdesarrollo.
[13] Víctor Villalobos Arámbula, el
próximo titular del gobierno de AMLO en la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), es “uno de
los principales promotores de transgénicos y defensor de los intereses
de las trasnacionales de los agronegocios en México”, ver Silvia
Ribeiro, “Nuevo proyecto para terminar el campesinado”. Desinformemonos.org, 17/07/2018. https://desinformemonos.org/nuevo-proyecto-terminar-campesinado/
[14]
Así lo refieren las 50 empresas multinacionales constituidas en el
Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), cuando declara que el
CEEG trabaja “en forma sumamente cercana con el equipo del presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador para aterrizar nuestras
propuestas…”. La Jornada (en línea), 7/09/2018, http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/09/07/empresarios-trabajan-de-201ccerca201d-con-amlo-ceeg-3285.html
