Contralínea
Nydia Egremy
La explosión en Pasta de Conchos, Coahuila, fue un crimen en nombre de la “rentabilidad”. La muerte de 65 trabajadores confirmó que la privatización de los recursos del subsuelo -que impulsaron Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y a la que dio continuidad Vicente Fox- sólo acentuó el desarrollo desigual del país. Para acallar las críticas por la tragedia contra los dueños del carbón, el Grupo México tuvo el comedido apoyo del gobierno, la negligencia de inspectores laborales, la dilación estatal de la pesquisa y la presión de “tutores” sobre las familias de las víctimas.
El aire enrarecido que los trabajadores de la mina aspiraron día con día, aún flota en torno a la investigación de la tragedia del 19 de febrero de 2006. Al fondo del socavón, entre los desechos del estallido, permanecen las pruebas de que la tragedia pudo evitarse si los equipos detectores no hubieran sido “puenteados” (adulterados para no dejar de funcionar cuando el nivel de gas grisú fuese peligroso), si las paredes hubiesen sido “polveadas” (incluso hasta con harina) para detectar cualquier fuga de gas, y si la empresa propietaria hubiera reforzado los arcos del túnel.
Era claro que no existían condiciones para que los 65 trabajadores arrancaran el carbón a la veta. Cuando llegaron los rescatistas a la mina, el nivel de gas metano superaba el 52 por ciento, mientras que el permisible es apenas del 1 por ciento. Aún se desconoce el porcentaje de metano o grisú cuando Rolando Alcocer Soria, Agustín Botello Hernández, Isidoro Briseño Ríos, Margarito Cruz Ríos, Roberto Guerrero Ramírez, Javier Pérez Aguilar y Fermín Tavarez Garza le dieron nombre a la tragedia.
Con el resto de sus 58 colegas, estos hombres del carbón fueron lanzados con estrépito hacia paredes, techo y fondo de la mina.
Historias de la mina
Meses después del accidente, los medios nacionales olvidaron a las familias de las víctimas. Con la persistencia del afecto, todos evocan cuando supieron lo ocurrido. “El 19 de febrero, la empresa no nos avisó, lo dijeron otras personas. Cuando llegamos a la mina ya había mucha gente. Dentro estaban muchos medios de comunicación y a los familiares no nos dejaban pasar. Luego nos pasaron de 10 en 10 por unos minutos.
“Sólo cuando hablamos con el presidente municipal y el gobernador nos dejaron quedarnos en las instalaciones de la mina día y noche. Pasamos varios días sin dormir esperando que rescataran a los 65 mineros, y nada. Ya pasaron 10 meses y todavía esperamos que los rescaten, que no los dejen debajo de la mina”, relata un familiar.
Las esposas, hijas, hermanas y madres de los mineros no especulan sobre la causa de la desgracia. La conocen bien, lo supieron por boca de sus hombres. “Por todo lo que nuestros maridos nos platicaban de las malas condiciones en las que trabajaban y de los riesgos que pasaban cada día, así como por lo que nos hemos ido enterando a través de los rescatistas, sabemos que una causa de la explosión fueron los cables eléctricos en mal estado, deshilachados, mal pegados con cinta, que podían arder.
“Sabemos que entre las pruebas que evidencian la inseguridad de la mina hay un cable “cintiado” y deshilachado y unas cajas metálicas de color amarillo que sirven para darle corriente al minero y a los carros transportadores, que estaban ‘puenteadas’ y que hasta ahora no han querido sacar”.
Otra mujer recuerda “mi esposo también decía que el polvo de carbón es peligroso porque arde y explota igual o con más fuerza que el gas metano, es muy fino por ser cortado con el minero continuo, y muy peligroso, por eso debe ponerse polvo inerte, cosa que no se hacía. Todo el que trabaja ahí lo sabe: no había suficiente polvo inerte para hacerlo”.
Malas condiciones laborales
Los cuatro hermanos de la familia Guzmán Vitela se turnan la palabra. “Nuestro papá era de lo más lindo, era ‘a toda madre’. Todo cambió con la tragedia, yo le había dicho que no fuera a trabajar, pero como ya andaba en días para que lo terminaran, me dijo: ‘no m’ija, hay que ir para que no me chinguen’. Éramos una familia feliz, nunca nos faltó nada aunque mi papá nunca sacara pago, porque le hacían un montón de rebajes y sacaba 70 o 40 pesos por semana.
“En mi casa todo cambió, lo único que le pido a la empresa es que saque a los mineros, porque no son vigas, ni piedras para que se queden ahí. Hemos tenido mucha paciencia y ellos no tienen corazón, no sienten nuestro dolor”.
La esposa de otro minero narra con orgullo: “el trabajo de mi marido era intercalar vigas. Seguido me decía: ‘vengo bien cansado, porque caminamos mucho llevando las vigas que andamos poniendo, hoy fueron seis o siete’. En lunes y martes me decía ‘ahora sí va a salir bien la semana’, pero el día de su pago no le salía lo que le correspondía por su trabajo. Reclamaba, pero ellos se enojaban y le contestaban que para qué reclamaba, que le estaban pagando lo suficiente.
“Él tenía siete años trabajando en esa mina tan insegura y nunca le dieron vacaciones. El ultimo día que lo vimos, se despidió de nosotros y me dijo: ‘cuida a las niñas, ya no las dejes salir ahorita’”.
A pesar de que Industrial México (IMMSA, filial de Grupo México) firmó el compromiso para cubrir el salario triple de los 65 mineros a sus familias hasta que recibieran la indemnización y pensión, la empresa se niega a cumplir con la familia de Felipe de Jesús Torres Reyna.
Lucía Reyna no identificó el cuerpo de su hijo, “nada más contesté las preguntas que me hizo el doctor De León, como qué ropa traía cuando se fue a trabajar. Mi hijo José Luis fue quien lo identificó por sus facciones”. Representantes de Conciliación y Arbitraje le pidieron firmar unos documentos, antes la visitó “un licenciado de General de Hulla para ofrecerme 15 mil pesos por la muerte, pero no acepté; ya inicié trámites de pensión y estoy en espera de respuesta”.
Lucía ya no recibe ningún apoyo económico de la empresa, explica que cuando se encontró el cuerpo de su hijo “se canceló el pago triple de sueldo; el doctor me comentó que no me iban a pagar nada, que espere hasta que llegue la pensión y que cuando quisiera podía cobrar la indemnización. Pero en la Junta de Conciliación me dijeron que no era tan fácil, que había que hacer una averiguación previa”.
Ante la posibilidad de que las 64 familias de las víctimas reclamen indemnización, se les nombró un “tutor” para que concilien por separado con la empresa. A Lucía su tutor “sólo me dijo que no firmara nada y que si no querían pagarme, que para arreglar el pago de la semana habría que poner abogado, que cobra el 10 por ciento”.
Lucy López, de la organización Voces de Esperanza, explica que los mineros de Coahuila han vivido por años (toda su vida muchos de ellos), junto a la muerte. Saben que los trabajadores irán a la mina, pero no saben si de pronto la sirena les avise de una inundación, una explosión o un derrumbe.
Hasta ahora, los habitantes de Pasta de Conchos no han sucumbido al desánimo pero en su actitud se percibe la derrota. El patrón es quien da de comer y tiene la última palabra; nunca habían dado nada, ahora cuando menos algo les dieron a las viudas. Unos pocos luchan y siguen demandando los cuerpos de sus familiares, pero son hostigados, amenazados y violentados por los asesores y tutores que nombró el gobernador, afirma.
Alejandro Álvarez Béjar, de la Facultad de Economía de la UNAM, y Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), ven en el drama de Pasta de Conchos, un botón de muestra de la realidad que viven los trabajadores del país desde que se consolidó en México la filosofía neoliberal en el gobierno de Ernesto Zedillo.
“Para el neoliberalismo los trabajadores son, por un lado, explotables al máximo y por el otro lado, totalmente prescindibles. Así, se indujo el asalto al salario indirecto del trabajador, se le quitó el disfrute de prestaciones, se manipularon las pensiones y se utilizó su ahorro para dedicarlos a la especulación del capital financiero. La depredación del salario refleja un régimen también depredador en lo social”, sostiene Álvarez Béjar.
Carlos Rodríguez, cuya organización defiende los derechos humanos laborales para dignificar la vida de los pobres en general y en particular de los pobres del país, afirma que el modelo neoliberal “apunta directamente contra las conquistas de los trabajadores, como los contratos colectivos en México, que además de ser norma nacional, son compromisos internacionales”.
El antecedente del accidente de febrero de 2006 está en la desregulación del reglamento de Higiene y Seguridad en el Ambiente de Trabajo, impulsada por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997. Ese hecho fue denunciado por Cereal, la organización de Rodríguez, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, pues se deslindaba la responsabilidad de la autoridad laboral (Secretaría del Trabajo) de inspeccionar con el rigor del antiguo reglamento.
Las autoridades laborales del priísmo argumentaron que la reglamentación anterior resultaba un obstáculo para la inversión extranjera. Por lo que, en aras de la inversión extranjera –ya que en la minería mexicana el capital mayoritario es canadiense– se incrementaron los accidentes.
Para los habitantes de la región carbonífera de Coahuila, desde el primer accidente ocurrido en el Hondo, en 1906, hasta el más reciente en Pasta de Conchos, las tragedias han sido siempre por las mismas causas: condiciones inseguras y negligencia por quienes tienen la responsabilidad de cuidar las vidas de los trabajadores en un oficio de alto riesgo.
Y se preguntan: ¿Cuántas tragedias más tendrán que pasar para que los dueños de las minas, las autoridades y el sindicato se preocupen por la vida de los mineros del carbón, por la vida de quienes han hecho y siguen haciendo posible la modernización del país? ¿Cuándo podrán modernizar los mineros del carbón su forma de trabajo con las tecnologías que otros países aplican para mejorar su calidad de vida?
Dueños del subsuelo
Las empresas que explotan la región carbonífera se benefician de una ecuación sencilla: reproducción de las ganancias privadas igual a degradación de las condiciones laborales. Para que esa fórmula funcione se requiere la inestabilidad en el trabajo –favoreciendo el contratismo– y, la violación del derecho a un salario suficiente.
De acuerdo con información pública de Grupo México, el salario de un trabajador sindicalizado de Pasta de Conchos oscila entre 2 mil 838 y 5 mil 385 pesos mensuales, según las labores que realizan. En cambio, para las familias de los mineros y analistas el salario promedio apenas es de 400 pesos semanales.
Contrastar las ganancias y potencialidad económica del Grupo México con los salarios y condiciones de trabajo de los obreros de la minería en nuestro país es un ejercicio pasmoso. Tan sólo en su tercer informe trimestral correspondiente a 2006, el “holding”, minero-ferrocarrilero de Grupo México, tuvo un capital contable de 48 millones 735 mil 827 pesos y una utilidad neta por 11 millones 817mil 739 pesos.
No es sólo la forma en que opera Grupo México –el grupo minero más importante del país que controla el 90 por ciento del cobre y explota oro, plata, molibdeno– sino en general el grupo de propietarios de la región, insiste Carlos Rodríguez, quien además subraya que el salario del minero depende del tipo de contrato que tiene.
“Puede que el trabajador de una compañía contratista gane un poco más que un sindicalizado, no obstante las prestaciones, porque los contratan y pagan a destajo”. En esa rama industrial abunda el contratismo, como también admite la Cámara Minera, pues los llamados “avances” recientes en la minería, en parte descansan en las compañías contratistas, que no ofrecen prestaciones, aguinaldo o seguro social.
Otra violación a los derechos laborales de los mineros es la falta de respeto al contrato colectivo. “Hace tres semanas, en Pasta de Conchos hubo despidos, el testimonio de los trabajadores apunta a que la empresa no respetaba tres cláusulas del contrato colectivo, una de ellas que les permite –en caso de inseguridad de la mina– retirarse de las labores. Esto se consideró como falta injustificada y los despidió”, señala Rodríguez.
Contubernio e impunidad
En la explosión de Pasta de Conchos se expresó el contubernio de la autoridad laboral con la empresa. “Es claro y patente que los inspectores no realizaron su papel, ni las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que fue en perjuicio de los trabajadores e incluso a riesgo de su propia vida. Las violaciones a la ley dieron un mayor margen a la iniciativa privada y el gobierno de Vicente Fox dio continuidad a esa práctica instrumentada por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo”, refiere el coordinador de Cereal.
Preocupa a los organismos internacionales protectores de los trabajadores que no haya correspondencia entre el aumento de la demanda del carbón, el de la seguridad y de los dividendos. Tras los accidentes de Pasta de Conchos y de minas en China, en mayo de 2006, expertos de la OIT emitieron las “Recomendaciones Prácticas para las mejores condiciones de seguridad en las minas de carbón”.
Para este material se solicitó entrevista con Germán Larrea Mota Velasco, Director del Grupo México, sin embargo, no hubo respuesta.
