Por:
Rodrigo Llanes Salazar /
Diario de Yucatán.
Junto al despojo de tierras ejidales de los pueblos Yucatán ha
surgido también un proceso de defensa de las tierras, el territorio y
los recursos naturales de la región.
El pasado sábado 12 de octubre se celebró en la comunidad de Ixil el
“Foro por la defensa, recuperación y conservación del territorio maya”.
En el documento de invitación al evento se plantea que “las comunidades
de la Península de Yucatán estamos siendo arrasadas por megaproyectos
inmobiliarios, fotovoltaicos, eólicos, turísticos, de granjas porcícolas
y de soya transgénica”.
Asimismo, en la invitación se relata que el ejido de Ixil “estuvo a
punto de desaparecer como consecuencia de actos fraudulentos llevados al
cabo por especuladores de tierras coludidos con funcionarios públicos,
que estuvieron a punto de transformar nuestras tierras ejidales en
propiedad privada para entregarlas a los megaproyectos”, particularmente
para la construcción de dos parques eólicos.
Gracias al acompañamiento de la Asamblea de Defensores del
Territorio Maya Múuch Xíinbal, la Red de Resistencia y Rebeldía Jo’,
Yansa y la Articulación Yucatán, el ejido de Ixil logró recuperar sus
tierras. Sin embargo, como reconocen ejidatarios y pobladores de Ixil,
el territorio de su pueblo sigue sufriendo amenazas de despojo,
particularmente el sitio conocido como “Las Trincheras”, que se ubica al
norte del ejido. Legalmente reconocidas como tierras nacionales, Las
Trincheras están siendo invadidas por personas externas a la comunidad.
Por estas razones, el ejido de Ixil y las organizaciones que lo
acompañan han comenzado a discutir la posibilidad de cambiar su régimen
legal de ejido a bienes comunales o comunidad agraria.
Como se explica en el folleto “El régimen de Bienes comunales: una
herramienta para la recuperación, defensa y conservación del territorio
ancestral de Ixil y otras comunidades mayas”, distribuido en el foro,
los Bienes comunales “son los núcleos agrarios que conservaron sus
tierras desde épocas coloniales cuyas tierras fueron restituidas,
reconocidas o confirmadas por la legislación agraria”.
En teoría, los ejidos fueron creados por medio de la dotación de
tierras a un grupo de campesinos por el Estado, mientras que los bienes
comunales o comunidades agrarias son aquellas comunidades que lograron
demostrar por medio de algún título de propiedad —como los títulos
virreinales— que han poseído las tierras desde tiempo atrás, o bien, que
fueron desposeídas de sus tierras y que, por tanto, éstas deben ser
restituidas.
El folleto antes citado, elaborado por Sergio Oceransky, de Yansa,
con aportes de la antropóloga Gabriela Torres-Mazuera y la abogada
Claudia Gómez, explica que en el caso de Yucatán, las comunidades mayas
no recibieron títulos colectivos de propiedad en la época de la Corona
Española, por lo que, después de la Revolución Mexicana y la
promulgación de la Constitución 1917, las comunidades mayas no pudieron
demostrar que habían sido despojadas de sus tierras. Entonces, fueron
reconocidas legalmente como ejidos (con dos excepciones, en Progreso y
Ticul).
Sin embargo, como han documentado varios estudios, actualmente la
figura legal del ejido es insuficiente para proteger las tierras de las
comunidades indígenas. Gracias a los cambios a la Ley Agraria, muchas
personas externas a los ejidos pueden ser reconocidas como ejidatarios y
comprar legal o ilegalmente tierras ejidales que han sido parceladas. A
diferencia de las tierras ejidales, las tierras de las comunidades
agrarias no pueden ser vendidas.
La Ley Agraria dispone en su Artículo 103 que los ejidos pueden decidir adoptar el régimen de comunidad agraria.
De acuerdo con ejidatarios de Ixil y las organizaciones que los
acompañan, el reconocimiento de Ixil como bienes comunales o comunidad
agraria permitiría detener el despojo de sus tierras y protegerlas para
las generaciones futuras, pero también demandar al gobierno la
restitución del territorio donde están Las Trincheras y dar, ahora sí,
certidumbre jurídica a los campesinos.
El reconocimiento como comunidad agraria “les blindaría mucho más de
posibles despojos futuros”, me comenta Oceransky. Los ejidatarios de
Ixil tienen “una base legal sólida para solicitar la restitución de sus
tierras. La comunidad lleva años cuidando las tierras, hacen un uso de
baja intensidad, sustentable, y hay una identificación con Las
Trincheras”, señala.
Cuando ejidatarios de Ixil y las organizaciones comenzaron a discutir
la posibilidad del cambio al régimen de bienes comunales, decidieron
organizar el foro del 12 de octubre, al que invitaron a varias
autoridades federales y estatales, entre ellas al titular de la
Procuraduría Agraria, Luis Hernández Palacios, y al titular de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del gobierno
federal, Román Meyer.
Es importante destacar que algunos medios de comunicación han
informado de manera errónea que el foro fue organizado por el gobierno,
cuando en realidad fue convocado y organizado por el comisariado ejidal
de Ixil, como consta en las cartas de invitación que el comisariado
ejidal envió a las distintas autoridades federales.
De acuerdo con Oceransky, cuando los empresarios interesados en las
tierras de Ixil se enteraron del foro, comenzaron a ejercer más presión
sobre los ejidatarios de Ixil.
De acuerdo con dos panelistas que participaron en el foro, al evento
asistieron varios ejidatarios de Chocholá, Chablekal, Tecoh, Seyé, entre
otros, que recibieron 200 pesos de empresarios para que fueran a
denunciar de corrupción al Procurador Agrario.
Fue un intento de boicot, me comenta Oceransky, en el que los
empresarios emplearon las tácticas de manipulación de siempre, tratando a
los ejidatarios como ganado. Sin embargo, me comenta, cuando los
ejidatarios que recibieron pagos para reventar el evento escucharon los
mensajes del foro, los recibieron con aplausos.
Lamentablemente, la mayoría de los medios de comunicación que
cubrieron el evento solo informaron —con errores— sobre esta parte del
evento. En la segunda parte del foro se realizaron mesas de trabajo con
las autoridades federales, en las que ejidatarios pudieron exponer los
problemas de despojo que han sufrido de empresarios y visitadores
agrarios. De acuerdo con participantes del Foro, el evento tuvo dos
logros importantes.
El primero es que en el Foro participaron representantes de más de 50
ejidos y de tres frentes organizativos en defensa de las tierras de
Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El segundo es que Luis Hernández, el
Procurador Agrario, hizo tres compromisos importantes: 1) que todas las
asambleas ejidales en las que se realicen cambios en el destino de
tierras requerirán su visto bueno (de modo que se vigilaría que no se
lleven al cabo compra-ventas ilegales de tierras); 2) que en 15 días
enviaría un equipo jurídico para dar seguimiento a los conflictos por
tierras ejidales en Yucatán, y 3) que las denuncias en concreto contra
funcionarios de la Procuraduría Agraria se integrarán en expedientes
frente al órgano interno de control.
México es parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial. Las disposiciones de esta
Convención son obligatorias para el Estado Mexicano.
Recientemente, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial, el órgano que se encarga de monitorear el cumplimiento de la
Convención, dio a conocer sus observaciones finales sobre los informes
que presentó México sobre el cumplimiento de la Convención. Entre estas
observaciones se señala que “el Estado no cuenta con mecanismos
adecuados para la protección, preservación, reclamación y restitución de
las tierras, territorios y recursos tradicionalmente ocupados por
pueblos indígenas”. Por tanto, el Comité recomienda al Estado mexicano
“establecer un mecanismo adecuado y eficaz, en coordinación con las
autoridades judiciales, agrarias y otras instituciones relevantes, que
permita la reclamación y restitución de tierras y territorios
ancestrales, asegurando que cuente con los recursos humanos, técnicos y
financieros adecuados”.
El Estado mexicano tiene que cumplir con la recomendación
internacional anterior. Pero la historia nos enseña que las presiones
desde afuera no son suficientes si no hay presión al interior de los
Estados.
Y, por lo menos en Yucatán, las comunidades y ejidos ya se están
organizando para hacer efectiva la protección de sus tierras,
territorios y recursos.
(Agradezco a Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez, Ivet Reyes y Sergio Oceransky sus aportaciones para este artículo).
