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6 de septiembre de 2018
10 de marzo de 2017
¡ALERTA! Intentan remover a mujer maya, comisaria ejidal, y despojar de tierras a Chocholá.
Por: Equipo Indignación.
Machismo, intereses
empresariales y autoridades agrarias se unen contra una mujer maya,
Comisaria ejidal de Chocholá, que defiende el territorio de su pueblo
frente a los intentos de despojo.
El
próximo domingo 12 de marzo de 2017 pretenden remover a Claudia Cob del
cargo en ilegal asamblea convocada por la Procuraduría Agraria, que
vulnera los derechos del pueblo y la autonomía del ejido.
¡Actúa! Y firma la petición para que la Procuraduría Agraria suspenda la asamblea del próximo domingo 12 de marzo
convocada ilegalmente para destituir a la Comisaria Ejidal, cese el
hostigamiento contra ejidatari@s de Chocholá e investigue y sancione a
los servidores públicos que han actuado ilegalmente a favor de la
empresa y en contra de los intereses del ejido.
A
la Fiscalía de Yucatán para que deje de criminalizar a quienes
defienden las tierras del pueblo de la ambición empresarial y el
despojo.
***
Claudia
Cob es una de las pocas mujeres que es Comisaria Ejidal en Yucatán y
representa un obstáculo para los intereses de empresarios y del gobierno
pues se opone a la venta de tierras, al despojo del territorio del
pueblo maya, particularmente en Chocholá.
La
actual Comisaria ejidal ha denunciado ante el Tribunal Agrario las
asambleas viciadas, fraudulentas y llenas de irregularidades de
anteriores comisarios y encabeza el movimiento del pueblo de Chocholá,
preocupado por el daño ambiental debido a la extracción de material
pétreo que lleva al cabo la empresa PRÓSER en tierras del ejido y por
una cementera que se instalaría en la misma zona.
La
Comisaria exige que todo el pueblo sea consultado sobre la venta de
tierras de uso común y el usufructo las mismas, y que se cuente
previamente con toda la información necesaria.
También
ha denunciado que la empresa Próser se ha beneficiado de terrenos del
ejido pues continúa explotando las tierras sin renovar el convenio desde
hace tres años y señala la preocupación por la afectación al medio
ambiente, pues ya llegaron al manto freático.
Como
represalia, Claudia Cob fue detenida el pasado 5 de enero, con falsas
acusaciones. Salió libre pero hay dos averiguaciones abiertas en la
Fiscalía de Yucatán contra ella, con número P3/3905/2016 y
F6/00013/2017.
De acuerdo con
ejidatarios y pobladores de Chocholá, empresarios interesados en las
tierras, la propia empresa PRÓSER y la Procuraduría Agraria estarían
actuando en contubernio para destituir a la Comisaria por afectar sus
intereses y estarían hostigando a los ejidatarios, en particular al
comisariado ejidal.
La Procuraduría
Agraria emitió una convocatoria a una asamblea para destituir a la
Comisaria ejidal, la cual se realizó el 26 de febrero pasado, pero no
hubo Quórum por lo que la Procuraduría convocó a una nueva asamblea,
ilegal, que tendrá lugar el próximo 12 de marzo, que violenta los
derechos del pueblo de Chocholá y la autonomía del ejido.
La
convocatoria de la Procuraduría Agraria es ilegal pues desde diciembre
el propio comisariado convocó a dicha asamblea, a petición de un grupo
de ejidatarios, y se ratificó en el cargo a todos los integrantes del
comisariado, incluyendo a la comisaria, por lo que resulta inexplicable
que la Procuraduría Agraria quiera realizar una nueva asamblea para
destituirla.
La Procuraduría Agraria
está violentando los derechos del pueblo maya, está violentando al
propio ejido de Chocholá y está actuando en contra de los intereses del
pueblo y en contra de una mujer.
Claudia
Cob ganó la elección con una diferencia mínima de tres votos,
enfrentando el machismo al interior del ejido, machismo que la
Procuraduría Agraria y empresarios podrían intentar explotar para
remover a quien les representa un obstáculo para sus intereses.
Manifestamos
nuestra preocupación por el hostigamiento promovido o tolerado por la
Procuraduría Agraria, que está contribuyendo al despojo de las tierras
de Chocholá y del territorio del pueblo maya al ceder a las presiones
empresariales y le exigimos:
1)
Suspender la asamblea ilegal del próximo domingo 12 de marzo con la que
intenta destituir a Claudia Cob, mujer maya, comisaria ejidal de
Chocholá, Yucatán, por defender las tierras de su pueblo, e
2)
Investigar y sancionar a los servidores públicos que han actuado
ilegalmente a favor de la empresa y en contra de los intereses del
ejido.
A la Fiscalía de Yucatán
le recordamos que el sistema de justicia penal, debe enfocarse en la
investigación, persecución y sanción de aquellos delitos que representan
un agravio a la sociedad, y no ser herramienta de coacción frente a
colectivos que están reclamando sus derechos.
Por tanto exigimos al Fiscal General del Estado:
1)
Realizar todas las actuaciones necesarias para detener de inmediato la
criminalización contra la comisaria ejidal de Chocholá y
2) Abstenerse de usar la Fiscalía como herramienta para hostigar a la Comisaria Ejidal.
Actúa para impedirlo. Firma aquí:
27 de agosto de 2013
Ebulá demanda al Estado mexicano ante la CIDH: A escrutinio internacional, un desalojo forzoso en Campeche.
San Antonio Ebulá demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el desalojo forzoso de que fue objeto en agosto de 2009, por la falta de acceso a la justicia tanto en materia agraria como penal, por la impunidad que protege al agresor y niega a las familias agraviadas la reparación del daño y por haber incumplido con sus obligaciones elementales en materia humanitaria en casos de desplazamientos.
Los desalojos forzosos son particularmente graves y representan una violación “prima facie” a los derechos humanos, además de que ponen en riesgo la vigencia de otros derechos, como el derecho a una vivienda adecuada, a la vida, a la salud, a la educación, entre otros.
Para el equipo Indignación es indispensable que este caso siente un precedente y se otorguen garantías de no repetición de hechos tan graves y de efectos tan dramáticos para la vida de los pueblos y de las familias.
El responsable de desalojos forzosos, tal como establece la legislación internacional, es siempre el Estado, en este caso por haber permitido que un particular, el empresario Eduardo Escalante, lo llevara al cabo. Las autoridades de Campeche protegieron al agresor durante el desalojo y, posteriormente, al omitir investigar. El equipo Indignación considera que es alto el riesgo de que hechos como estos se repitan mientras persista la impunidad.
La procuraduría de Campeche, a cargo de Renato Sales, avaló el cierre de la averiguación previa sin siquiera citar a declarar a quien fuera suegro del extinto Juan Camilo Mouriño. Por el contrario, violentó el derecho de las y los agraviados a la justicia y a la reparación del daño, a pesar de que las y los pobladores presentaron la denuncia y aportaron numerosas pruebas que inculpaban a Eduardo Escalante y que demostraban que Ebulá estaba reconocido como Pueblo por diversas instancias estatales y federales.
La Secretaría de la Reforma Agraria, por su parte, no ha resuelto aún el litigio que las y los habitantes de San Antonio Ebulá mantienen desde hace más de 20 años, negándoles el acceso a la justicia y generando incertidumbre acerca de sus tierras.
El anterior gobierno de Campeche protegió al agresor y omitió intervenir para proteger la vida, la integridad física y las propiedades de las familias de San Antonio Ebulá. Además, omitió cumplir con asistir humanitariamente a la población desplazada que vivió durante mes y medio en la terraza del Palacio de Gobierno.
El actual gobierno, por su parte, ante la presión internacional, llegó a un acuerdo con la población desplazada en septiembre de 2009 otorgando 31 hectáreas para la inmediata ocupación de las familias desplazadas pero ha incumplido con garantizar los servicios necesarios para la vida de un pueblo. Además, el actual gobierno es el responsable de no investigar el desalojo, de obsequiarle impunidad al agresor y de impedir así el acceso a la justicia a las y los agraviados.
Por estos hechos, y por la denegación de justicia en materia agraria, San Antonio Ebulá, junto con el equipo Indignación, demanda al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Ahora será el Estado mexicano quien tenga que responder ante un organismo internacional por graves violaciones a los derechos humanos.
Mientras persista la impunidad, es alto el riesgo de que hechos como el desalojo que agravió a más de 70 familias en Ebulá se repitan, más aún en una zona que no ha reconocido el derecho al territorio del pueblo maya, en una región en la que la tierra se encuentra sujeta a la especulación y a la presión generada por inversionistas y proyectos de “desarrollo”, en una entidad en la que el gobierno se muestra tan sometido al poder económico.
Resulta elocuente que un hijo del agresor mantenga un importante cargo en el gobierno del estado de Campeche y que una de sus hijas haya sido diputada estatal y actualmente sea Presidenta Municipal de la ciudad de Campeche.
Esta es la primera demanda que se presenta ante el Sistema Interamericano contra el Estado mexicano por hechos ocurridos en Campeche.
Campeche, 22 de agosto de 2013
Equipo Indignación A.C.
Equipo Indignación A.C.
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12 de noviembre de 2012
Los derechos humanos en el Ivonato
Raúl Lugo Rodríguez
www.raulugo.indignacion.org.mx
“Este quinquenio fue de locuaz y delirante polaridad: por un lado el
silencio cómplice e impune y por el otro la francachela ruidosa y frívola”. Con
esta frase se delinea, ya desde la misma introducción, lo que encontrará uno a
lo largo de las 78 páginas del informe sobre la situación de los derechos
humanos en el quinquenio saliente que, el lunes 5 de noviembre pasado, en el
Foro Cultural Amaro, en Mérida Yucatán, presentó el equipo de derechos humanos Indignación A.C.
El título del informe habla por sí mismo: Después de la fiesta… la resaca. Los derechos humanos en el Ivonato.
Muchos comentarios críticos habían aparecido sobre el desempeño de la titular
del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán, pero casi todos referidos al caos político
originado en la inexperiencia y/o negligencia de sus noveles funcionarios, o al
dispendio obsceno manifestado en viajes y fiestas, o al compadrazgo con
Televisa y TV Azteca que le costó millones de pesos al erario. No había habido,
sin embargo, un análisis pormenorizado de lo que el paso de Ivonne Ortega
Pacheco ha significado en materia de violaciones a los derechos humanos. A
partir de una rigurosa documentación emanada de los casos que Indignación A.C. pudo
acompañar a lo largo del periodo 2007-2012, este informe, que puede consultarse
en la página electrónica del equipo (www.indignacion.org.mx),
ha venido a saldar esta laguna.
El informe cuenta con seis capítulos antecedidos de una introducción y a
los que sigue un capítulo con conclusiones finales. El primer capítulo aborda
la temática del pueblo maya y su negado derecho a la autonomía (“ser maya y
aguantar que otros te hagan las leyes”), su derecho a elegir autoridades en municipios
y comisarías (con énfasis en el ejemplar caso de Kimbilá, comisaría de Izamal)
y, finalmente, los conflictos entre hacienda y ejido que dejan patente, en el
territorio de los pueblos indígenas, la persistencia en nuestro tiempo de las
secuelas del peonaje/esclavitud de la época de las haciendas
El segundo capítulo se centra en una realidad lacerante: la administración
de justicia. El informe registra un resumen del internacionalmente conocido
caso de don Ricardo Ucán y de la manera como el gobierno estatal intentó,
vanamente, justificar sus criminales negligencias ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. En este mismo apartado el
informe hace también un recuento pormenorizado, que subtitula “Morir tras las
rejas”, de los hechos de tortura y muertes en prisión que tuvieron lugar en el
quinquenio que termina.
El tercer capítulo aborda la problemática de género. Aunque la presencia de
una mujer al frente del Poder Ejecutivo hizo que algunos esperaran acciones
definitivas contra la violencia de género, el informe demuestra con datos que
tal cosa no ocurrió. También aquí, las conclusiones de Indignación A.C. están
sustentadas en el seguimiento de un caso que ha trascendido al ámbito nacional
e internacional, el caso M.A.R., todavía en curso. Las complicidades entre los
poderes, la mentalidad discriminatoria, la incapacidad de la Procuraduría
estatal de garantizar el derecho a la justicia, quedan al desnudo en este
capítulo que, además, aborda el problema de los feminicidios que “según la
gobernadora, nunca existieron”, para terminar con un análisis sobre la doble
vulnerabilidad de las mujeres mayas.
El cuarto capítulo enfrenta el tema de la violencia del Estado. La
represión del 4 de julio queda debidamente caracterizada y se abordan también
las otras violencias, que no son menos graves por haber recibido menos
publicidad en los medios. La presentación del informe, por cierto, contó con la
presencia y testimonio de uno de los agredidos cuyo caso viene reportado en el
informe.
El quinto capítulo asume la temática de la diversidad sexual. El panorama abarca,
desde el negado derecho a la igualdad, manifestado en la gresca local –con discriminatorias
modificaciones constitucionales incluidas– acerca del matrimonio universal,
hasta los casos de homofobia públicamente ejercitada desde instancias
religiosas. Una deuda del Ivonato con el carácter laico del Estado.
Finalmente, el informe habla en su último capítulo de una de las rémoras
actualizadas del priísmo más tradicional: la concentración del poder. Este
capítulo demuestra la sujeción de la mayoría de los diputados y diputadas a la
voluntad de la Jefa del Ejecutivo y la manera como ello provoca un
desequilibrio que redunda en un estado de indefensión ciudadana. Fiel a su
vocación, Indignación A.C. hace un detallado desmenuzamiento de la colusión
entre Ejecutivo y Legislativo en la relección del titular de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), durante cuyo mandato esta
institución “autónoma” ha exhibido una obscena obsequiosidad al Ejecutivo en
turno.
Aunque, por su misma naturaleza, las Conclusiones
que cierran el informe carecen de la mordiente descriptiva que tiene la
exposición de los casos en los capítulos anteriores, son muy útiles para que
nos hagamos una idea general del estado que guardan los derechos humanos en
Yucatán al terminarse el sexenio de Ivonne Ortega Pacheco. Por ello, las
transcribimos aquí como una invitación a los pacientes lectores y lectoras de
esta columna, a ojear y hojear este imprescindible informe.
Conclusiones
1.-
La justicia, entendida como la obligación que tiene el estado de eliminar las
inequidades existentes en la sociedad, generando condiciones materiales de
igualdad, restitución y reparación, fue la gran ausente de la administración de
Ivonne Ortega. A pesar de la publicitada puesta en marcha en el estado de la
reforma en materia de justicia, en los hechos, mujeres, indígenas, niños, adolescentes
y personas homosexuales continuaron siendo las principales víctimas de un
sistema que perpetúa la exclusión y niega la posibilidad de generar condiciones
de igualdad en los derechos para todas y todos.
2.-
Especialmente grave es el alto índice de casos de abuso policiaco, tortura, tratos
crueles, inhumanos y degradantes e incluso ejecuciones extrajudiciales, cometidas
por la policía preventiva y judicial del estado. Hasta la fecha no se tiene
conocimiento de que alguno de estos casos haya sido investigado y sancionado.
Preocupa que el Secretario de Seguridad Pública haya sido confirmado para el
presente sexenio sin haberse realizado una evaluación, desde la perspectiva de
los derechos humanos, de su labor durante la administración Ivonne Ortega.
3.-
De este contexto de impunidad ha sido cómplice la Comisión de Derechos Humanos del
estado de Yucatán. Su falta de posicionamiento ante graves violaciones de
derechos humanos, sus recomendaciones inocuas y tardías y la ausencia de
publicidad de las mismas reflejan que el papel del Ombudsman actual en la
administración de Ivonne Ortega fue el de cómplice. Yucatán sigue sin contar
con un verdadero defensor del pueblo.
4.-
La reforma en materia de justicia penal ha modificado el papel, pero no las
prácticas. Con el mismo personal, sin la implementación y establecimiento de un
verdadero sistema científico de investigación, existe el riesgo de que la
reforma cubra las formas, pero no el fondo. De extrema gravedad es la falta de
laboratorios de ADN para la investigación de delitos, fundamentalmente de
aquellos que afectan la integridad psico-sexual de las mujeres.
5.-
La administración de Ivonne Ortega privilegió los intereses de los grupos hegemónicos
por encima de las necesidades de la mayoría de la población. Su silencio ante
la intromisión de la iglesia en asuntos de la vida pública, así como su abierta
y discriminatoria campaña para oponerse al matrimonio universal, o su mutis
ante actos de párrocos que desde el púlpito discriminaban por orientación
sexual, son una muestra de que el estado laico fue violentado en la
administración que termina.
6.-
El gobierno del estado ha sido cómplice, por omisión, del sistemático despojo
de tierras que padece el pueblo maya. A lo largo del estado existe una ausencia
de certidumbre jurídica sobre las propiedades de hombres y mujeres mayas
descendientes de quienes fueron trabajadores de las antiguas haciendas henequeneras.
Su tardía respuesta en casos como los de Cucá, demuestra que la administración
saliente prioriza intereses de los antiguos dueños y empresarios hoteleros, por
encima del derecho del pueblo maya a contar con tierra y territorio.
7.-
En materia de derechos económicos, sociales y culturales no hubo avance alguno,
como obliga el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. Los pobres son los mismos de siempre, y la política de dispendio
ejercida durante el Ivonato, significó que la administración dejara de ejercer
presupuesto social, ahondando en las condiciones de depauperización de diversos
sectores de la sociedad.
8.-
Yucatán se consolidó como uno de los primeros estados en violencia contra las
mujeres. El alto índice de mujeres víctimas de violencia durante la administración
que culmina es muestra palpable de que la perspectiva de género se quedó en el
discurso, sin impacto alguno en la prevención de la violencia y en la
generación de condiciones adecuadas de acceso a la justicia para mujeres que la
sufren.
14 de febrero de 2011
CENTRO PRODH-INDIGNACIÓN :: Mi nombre es Basilia.
Comunicado conjunto
Basilia Ucán, mujer maya injustamente sentenciada
Centro ProDH e Indignación exigen su inmediata liberación
Testimonio de Basilia Ucán Nah from Centro Prodh on Vimeo.
Cancún, Quintana Roo, a 9 de febrero de 2011
Descarga el dossier de prensa apretando en la imagen y/o en el siguiente vinculo:
Firma por la libertad de Basilia aquí:
http://centroprodh.org.mx/prodh/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=Basilia&lang=es
§ El gobierno de Quintana Roo mantiene en injusta prisión a la señora Basilia Ucán Nah desde hace casi tres años
§ ¿Cuántas injusticias más hacen falta? Las prácticas del sistema penal mexicano, que afectan a Basilia Ucán Nah, son contrarias a los estándares mínimos de derechos humanos
§ El Centro Prodh e Indignación exigen su inmediata liberación y acciones concretas para que estos hechos no se repitan
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Indignación) han asumido la defensa de Basilia Ucán Nah, mujer indígena maya detenida injustamente en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, desde hace casi tres años, acusada de delitos que jamás cometió. Se le ha sentenciado a 12 años con tres meses de prisión por los delitos de corrupción de menores y lenocinio.
La señora Basilia Ucán Nah ha sido sometida, desde el 18 de marzo de 2008, a un procedimiento penal carente de las mínimas garantías procesales. Las irregularidades, violatorias de sus derechos humanos, evidencian cómo los sistema de procuración y administración de justicia, ante su ineficiencia, aprovechan la situación de vulnerabilidad que afecta a las mujeres indígenas para fabricar culpables y cumplir con su cuota de trabajo o con la expectativa social de que las autoridades actúen frente a la delincuencia.
Basilia Ucán es originaria de Yoactún, localidad próxima a la cabecera municipal de Felipe Carrillo Puerto. Es habitante de una zona predominantemente indígena del estado de Quintana Roo: casi el 70 por ciento de la población pertenece al pueblo maya peninsular. En marzo de 2007, a raíz de una llamada anónima que denunciaba hechos de “corrupción de menores” en perjuicio de dos adolescentes del sexo femenino, se inició una averiguación previa en la que, en principio, uno de los probables responsables señaló la participación de funcionarios y policías de Felipe Carrillo Puerto en la comisión de dichos ilícitos. No obstante durante las investigaciones el ministerio público, presionando a las víctimas y manipulando testimonios, terminó por fabricar una culpable en la persona de Basilia Ucán. El juez penal de primera instancia del Distrito Judicial de Felipe Carrillo Puerto –licenciado Ramón Jesús Aldaz Bencomo- hizo suyas esas probanzas a pesar de su ilegalidad y, sin considerar las pruebas de descargo que acreditaban la ilegalidad de las actuaciones ministeriales, emitió una sentencia condenatoria de 12 años de prisión.
Del análisis de la sentencia emitida el día 12 de octubre de 2010 se derivan diversas violaciones al debido proceso; a continuación algunas de ellas:
· Las probanzas presentadas por el ministerio público, a través de las cuales sostuvo su acusación, fueron recabadas de manera ilegal. A pesar de ello el juez las convalidó y utilizó como argumento para sustentar la sentencia.
· Las supuestas agraviadas nunca hicieron un señalamiento directo en contra de Basilia Ucán Nah, se retractaron de sus declaraciones y expresaron haber sido hostigadas y presionadas por las autoridades para firmar declaraciones que ni siquiera conocían.
· En su declaración ministerial, utilizada a manera de confesión, Basilia no refiere conocer a las menores ni acepta ningún hecho constitutivo de delito. Además esta declaración se realizó sin asistencia de abogado o persona de confianza.
Las organizaciones que han sumido su caso, dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, consideran que en el presente caso hay graves violaciones de derechos humanos porque:
A. Hay una doble discriminación que subsiste en el ámbito de la procuración e impartición de justicia: por ser indígena y por ser mujer, situación especialmente alarmante en una entidad donde la mayoría de la población es indígena maya. Lo anterior demuestra que no existen condiciones mínimas para que las personas pertenecientes al pueblo maya accedan a juicios equitativos y en donde sean consideradas sus diferencias culturales.
B. A pesar de la existencia de elementos que podrían evidenciar la participación de funcionarios públicos y policías de Felipe Carrillo Puerto en hechos relacionados con la explotación sexual infantil, en ningún momento el ministerio público realizó alguna investigación para verificar este hecho, al contrario, fabricó una culpable en la persona de Basilia para “rendir cuentas a la sociedad”. En consecuencia pareciera que no existen condiciones adecuadas de verdadero acceso a la justicia para posibles víctimas de explotación sexual infantil, pues se procesa a personas inocentes y se omite investigar a los verdaderos responsables de delitos tan graves como el citado.
C. Confirma que el actual sistema de justicia penal es ineficaz para realizar investigaciones de calidad que permitan, por un lado, disminuir el índice de impunidad que afecta a la sociedad y, por otro, garantizar que a toda persona sometida a un procedimiento de índole penal, se le hagan efectivas las mínimas garantías judiciales establecidas tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales. El proceso seguido a Basilia corrobora que las prácticas del procedimiento penal mexicano que han sido sistemáticamente señaladas por organismos internacionales como contrarias a los estándares mínimos de derechos humanos siguen siendo la base de la acción persecutoria del delito, con lo cual ni se garantiza la seguridad pública ni la existencia de juicios justos y equitativos.
Basilia ha apelado, con el apoyo jurídico de Indignación y el Centro Prodh, la sentencia condenatoria que fue emitida por el juez de la causa. En esa tesitura esperamos que, al emitir la sentencia de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Quintana Roo, tome en consideración las violaciones cometidas en perjuicio de Basilia, reconozca la inexistencia de elementos y dicte su inmediata e incondicional libertad.
Para mayor información sobre el caso consulte el dossier de prensa en el vínculo que se encuentra al iniciar esta entrada
Firma por la libertad de Basilia aquí:
http://centroprodh.org.mx/prodh/index.php?option=com_chronocontact&chronoformname=Basilia&lang=es
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