Los derechos humanos en el Ivonato

Raúl Lugo Rodríguez

www.raulugo.indignacion.org.mx

“Este quinquenio fue de locuaz y delirante polaridad: por un lado el silencio cómplice e impune y por el otro la francachela ruidosa y frívola”. Con esta frase se delinea, ya desde la misma introducción, lo que encontrará uno a lo largo de las 78 páginas del informe sobre la situación de los derechos humanos en el quinquenio saliente que, el lunes 5 de noviembre pasado, en el Foro Cultural Amaro, en Mérida Yucatán, presentó el equipo de derechos humanos Indignación A.C.

El título del informe habla por sí mismo: Después de la fiesta… la resaca. Los derechos humanos en el Ivonato. Muchos comentarios críticos habían aparecido sobre el desempeño de la titular del Poder Ejecutivo del estado de Yucatán, pero casi todos referidos al caos político originado en la inexperiencia y/o negligencia de sus noveles funcionarios, o al dispendio obsceno manifestado en viajes y fiestas, o al compadrazgo con Televisa y TV Azteca que le costó millones de pesos al erario. No había habido, sin embargo, un análisis pormenorizado de lo que el paso de Ivonne Ortega Pacheco ha significado en materia de violaciones a los derechos humanos. A partir de una rigurosa documentación emanada de los casos que Indignación A.C. pudo acompañar a lo largo del periodo 2007-2012, este informe, que puede consultarse en la página electrónica del equipo (www.indignacion.org.mx), ha venido a saldar esta laguna.

El informe cuenta con seis capítulos antecedidos de una introducción y a los que sigue un capítulo con conclusiones finales. El primer capítulo aborda la temática del pueblo maya y su negado derecho a la autonomía (“ser maya y aguantar que otros te hagan las leyes”), su derecho a elegir autoridades en municipios y comisarías (con énfasis en el ejemplar caso de Kimbilá, comisaría de Izamal) y, finalmente, los conflictos entre hacienda y ejido que dejan patente, en el territorio de los pueblos indígenas, la persistencia en nuestro tiempo de las secuelas del peonaje/esclavitud de la época de las haciendas

El segundo capítulo se centra en una realidad lacerante: la administración de justicia. El informe registra un resumen del internacionalmente conocido caso de don Ricardo Ucán y de la manera como el gobierno estatal intentó, vanamente, justificar sus criminales negligencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. En este mismo apartado el informe hace también un recuento pormenorizado, que subtitula “Morir tras las rejas”, de los hechos de tortura y muertes en prisión que tuvieron lugar en el quinquenio que termina.

El tercer capítulo aborda la problemática de género. Aunque la presencia de una mujer al frente del Poder Ejecutivo hizo que algunos esperaran acciones definitivas contra la violencia de género, el informe demuestra con datos que tal cosa no ocurrió. También aquí, las conclusiones de Indignación A.C. están sustentadas en el seguimiento de un caso que ha trascendido al ámbito nacional e internacional, el caso M.A.R., todavía en curso. Las complicidades entre los poderes, la mentalidad discriminatoria, la incapacidad de la Procuraduría estatal de garantizar el derecho a la justicia, quedan al desnudo en este capítulo que, además, aborda el problema de los feminicidios que “según la gobernadora, nunca existieron”, para terminar con un análisis sobre la doble vulnerabilidad de las mujeres mayas.

El cuarto capítulo enfrenta el tema de la violencia del Estado. La represión del 4 de julio queda debidamente caracterizada y se abordan también las otras violencias, que no son menos graves por haber recibido menos publicidad en los medios. La presentación del informe, por cierto, contó con la presencia y testimonio de uno de los agredidos cuyo caso viene reportado en el informe.

El quinto capítulo asume la temática de la diversidad sexual. El panorama abarca, desde el negado derecho a la igualdad, manifestado en la gresca local –con discriminatorias modificaciones constitucionales incluidas– acerca del matrimonio universal, hasta los casos de homofobia públicamente ejercitada desde instancias religiosas. Una deuda del Ivonato con el carácter laico del Estado.

Finalmente, el informe habla en su último capítulo de una de las rémoras actualizadas del priísmo más tradicional: la concentración del poder. Este capítulo demuestra la sujeción de la mayoría de los diputados y diputadas a la voluntad de la Jefa del Ejecutivo y la manera como ello provoca un desequilibrio que redunda en un estado de indefensión ciudadana. Fiel a su vocación, Indignación A.C. hace un detallado desmenuzamiento de la colusión entre Ejecutivo y Legislativo en la relección del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), durante cuyo mandato esta institución “autónoma” ha exhibido una obscena obsequiosidad al Ejecutivo en turno.

Aunque, por su misma naturaleza, las Conclusiones que cierran el informe carecen de la mordiente descriptiva que tiene la exposición de los casos en los capítulos anteriores, son muy útiles para que nos hagamos una idea general del estado que guardan los derechos humanos en Yucatán al terminarse el sexenio de Ivonne Ortega Pacheco. Por ello, las transcribimos aquí como una invitación a los pacientes lectores y lectoras de esta columna, a ojear y hojear este imprescindible informe.

Conclusiones

1.- La justicia, entendida como la obligación que tiene el estado de eliminar las inequidades existentes en la sociedad, generando condiciones materiales de igualdad, restitución y reparación, fue la gran ausente de la administración de Ivonne Ortega. A pesar de la publicitada puesta en marcha en el estado de la reforma en materia de justicia, en los hechos, mujeres, indígenas, niños, adolescentes y personas homosexuales continuaron siendo las principales víctimas de un sistema que perpetúa la exclusión y niega la posibilidad de generar condiciones de igualdad en los derechos para todas y todos.

2.- Especialmente grave es el alto índice de casos de abuso policiaco, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso ejecuciones extrajudiciales, cometidas por la policía preventiva y judicial del estado. Hasta la fecha no se tiene conocimiento de que alguno de estos casos haya sido investigado y sancionado. Preocupa que el Secretario de Seguridad Pública haya sido confirmado para el presente sexenio sin haberse realizado una evaluación, desde la perspectiva de los derechos humanos, de su labor durante la administración Ivonne Ortega.

3.- De este contexto de impunidad ha sido cómplice la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán. Su falta de posicionamiento ante graves violaciones de derechos humanos, sus recomendaciones inocuas y tardías y la ausencia de publicidad de las mismas reflejan que el papel del Ombudsman actual en la administración de Ivonne Ortega fue el de cómplice. Yucatán sigue sin contar con un verdadero defensor del pueblo.

4.- La reforma en materia de justicia penal ha modificado el papel, pero no las prácticas. Con el mismo personal, sin la implementación y establecimiento de un verdadero sistema científico de investigación, existe el riesgo de que la reforma cubra las formas, pero no el fondo. De extrema gravedad es la falta de laboratorios de ADN para la investigación de delitos, fundamentalmente de aquellos que afectan la integridad psico-sexual de las mujeres.

5.- La administración de Ivonne Ortega privilegió los intereses de los grupos hegemónicos por encima de las necesidades de la mayoría de la población. Su silencio ante la intromisión de la iglesia en asuntos de la vida pública, así como su abierta y discriminatoria campaña para oponerse al matrimonio universal, o su mutis ante actos de párrocos que desde el púlpito discriminaban por orientación sexual, son una muestra de que el estado laico fue violentado en la administración que termina.

6.- El gobierno del estado ha sido cómplice, por omisión, del sistemático despojo de tierras que padece el pueblo maya. A lo largo del estado existe una ausencia de certidumbre jurídica sobre las propiedades de hombres y mujeres mayas descendientes de quienes fueron trabajadores de las antiguas haciendas henequeneras. Su tardía respuesta en casos como los de Cucá, demuestra que la administración saliente prioriza intereses de los antiguos dueños y empresarios hoteleros, por encima del derecho del pueblo maya a contar con tierra y territorio.

7.- En materia de derechos económicos, sociales y culturales no hubo avance alguno, como obliga el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los pobres son los mismos de siempre, y la política de dispendio ejercida durante el Ivonato, significó que la administración dejara de ejercer presupuesto social, ahondando en las condiciones de depauperización de diversos sectores de la sociedad.

8.- Yucatán se consolidó como uno de los primeros estados en violencia contra las mujeres. El alto índice de mujeres víctimas de violencia durante la administración que culmina es muestra palpable de que la perspectiva de género se quedó en el discurso, sin impacto alguno en la prevención de la violencia y en la generación de condiciones adecuadas de acceso a la justicia para mujeres que la sufren.