“Nosotros no necesitamos que nos vengan a decir cómo ser
sustentables porque desde nuestros abuelos lo venimos siendo, cuidando
al medio ambiente y la forma de producir nuestros alimentos. Nosotros
como mayas sabemos cómo sustentar el medio ambiente haciendo lo que nos
corresponde hacer, no como la sustentabilidad que proponen estos
gobiernos que es muy distinta a la que nosotros practicamos; porque lo
que vemos es que ellos están buscando beneficiar a los empresarios aún
si es a costa de la devastación de selvas como en el caso de las
empresas de energías renovables, las fotovoltaicas, que deforestarán
miles de hectáreas con el permiso de los gobiernos.”
La Red de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno T’ho’ denuncia que:
A más de un mes (6 de junio de 2018) de que el Tercer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito con sede en Cancún, emitió la
sentencia definitiva a favor del amparo interpuesto por comunidades
mayas del Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, La Jornada Maya
publicó tres notas periodísticas que arremeten contra los amparados para
desvirtuar un movimiento legítimo de organizaciones mayas y
ambientalistas comprometidos con las demandas de estos pueblos y
organizaciones.
Las notas referidas son las firmadas por el señor Andrés Silva Piotrowsky, (
https://www.lajornadamaya.mx/2018-07-20/Amparados-en-el-absurdo), el reportero Hubert Carrera Palí (
https://www.lajornadamaya.mx/2018-07-23/Abrupto-golpe-a-la-sustentabilidad), así como el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Campeche Roberto Alcalá Ferráez, (
https://www.lajornadamaya.mx/2018-07-19/-Le-partieron-la-madre-a-quienes-confiaron-en-ASPY–Semarnatcam).
Cuando no se tienen los argumentos que conceden la razón, (como es el
caso de algunos signatarios y/o beneficiarios del Acuerdo de
Sustentabilidad para la Península de Yucatán [ASPY]) se recurre a
sembrar dudas de la autenticidad u honorabilidad de quien sí los tiene e
incluso puede comprobar.
Llama la atención que la línea en la redacción de los tres autores es
similar, sobre todo con Roberto Alcalá Ferráez y Andrés Silva
Piotrowsky; el señor Hubert Carrera Palí reportero del mismo diario,
sólo repite en su nota lo que dijo el titular de la SEMARNAT en
Campeche.
Descalificar ante los medios al oponente, manejar medias verdades,
tratar los hechos con ligereza, tergiversarlos, ocultarlos, o de plano
mentir, todo esto para confundir, son costumbres del corrupto sistema
político mexicano, del que se sirven políticos y empresarios criminales,
manipulando siempre para imponer su “línea” y/o implantar una versión a
modo, tal como sucedió con la “Verdad Histórica”, en la “investigación”
de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Lamentamos constatar el mismo método (modus operandi) y lo evidenciamos con estos ejemplos:
- Manejo de información a medias:
Hablan de beneficios a futuro (promesas) para las comunidades y
ostentan su conocimiento del manejo de los parámetros internacionales de
reducción de emisiones de carbono, ninguno aclara cuáles son esos
beneficios y mucho menos hablan de las consecuencias negativas que se
sufrirán por la acción de los megaproyectos a nuestras tierras, tampoco
mencionan que el documento del ASPY se puede comercializar y seguir
contaminando.
Descalificación de los actores opositores y utilización de mentiras:
Dice Roberto Alcalá Ferráez: “Es una posición radical, tendenciosa y
sin fundamento. Lo han hecho sólo por servir a intereses mezquinos de
carácter extranjero adversos al cuidado y protección del medio
ambiente”.
Y dice Andrés Silva Piotrowsky: “El nivel de absurdo que han
alcanzado quienes hoy reclaman que el ASPY se someta a un proceso de
consulta es monumental. El acuerdo no despoja de nada a nadie. Obliga,
por el contrario a garantizar la aplicación de siete salvaguardas:…”
Y de entre las siete destacamos dos, que desde la integración del
ASPY no se cumplieron sólo aparecen en el papel: “…2.-Transparencia y
rendición de cuentas y 3.- Respeto de los conocimientos y los derechos
de los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades locales”.
Roberto Alcalá Ferráez también dice: “…No hay un soporte legal para
frenar y acabar de un tajo con el ASPY, puesto que todo su programa se
sustenta en la aplicación de políticas públicas ambientalistas y modelo
ambientales que mitiguen el cambio climático …”
Mentira, el soporte legal que fue demostrado por el abogado Raymundo
Espinoza fue la VIOLACIÓN de derechos colectivos de los pueblos mayas.
Esto ha sido reconocido por un juez que conoce el alcance de las leyes
nacionales e internacionales (que México ha firmado); y que garantizan,
entre otros derechos, que las comunidades indígenas deben de ser
consultadas cuando los proyectos de carácter público o privado (vengan
del ASPY o no) afecten su entorno, sus parcelas, sus caminos, sus
depósitos de agua, sus milpas, sus selvas, su vida cotidiana, su
población, los animales del campo, las aves, murciélagos y abejas, su
Territorio heredado por los abuelos y abuelas mayas, que poblaron y
pueblan esta península desde hace varios miles de años.
- Tergiversación de personajes y de hechos:
Dice Andrés Silva Piotrowsky: “La interpretación resulta
incomprensible, y el hecho de que un magistrado haya estado dispuesto a
otorgarles el amparo solicitado es solamente una muestra de la
ignorancia que impera en nuestro sistema de justicia, al menos en
materia de medio ambiente”.
Afortunadamente la lucha de los mayas organizados, las organizaciones
que los apoyan y el excelente trabajo de su abogado, nos permiten ver
que Silva o está muy mal informado o se presta al trabajo de
distorsionar las leyes y los hechos.
Aquí también miente Silva Piotrowsky: “…Como quiera que sea, la
decisión de otorgar el amparo ya ha sido tomada, sin que haya mediado
discusión alguna y sin que se haya podido ofrecer defensa alguna del
acuerdo ….”.
La discusión sucedió en todo el proceso del juicio. El abogado
Raymundo Espinoza que representó al Consejo Indígena Maya de Bacalar
tuvo que enfrentar a cerca de 50 abogados que enviaron las empresas y el
gobierno; y logró demostrar que el Estado Mexicano a través de su
aparato judicial, está obligado a garantizar los derechos de los pueblos
indígenas, entre éstos, informarles, consultarles, preguntarles qué es
lo que ellos piensan de estos proyectos legaloides que, envueltos en
celofanes de altruismo, ecología y siembra “orgánica” convierten el
territorio maya y sus recursos (tierra, agua, aire y sol) en mercancía, y
se hace desde el poder y sus lacayos, valiéndose de las instituciones
del Estado incluyendo vergonzosamente a las educativas.
El proyecto “modernizador” llámese Investigación biológica de
“rescate” (biopiratería), banco de material de piedra, turismo
“ecológico”, compañía cervecera, granjas para albergar miles de cerdos,
zonas habitacionales que construyen rápidamente inmobiliarios
irresponsables que resultan extensas y caras o diminutas y en serie;
proyectos de producción de “energía limpia” (“limpia” el espacio
afectando todo tipo de vida), vienen desde arriba, los únicos
beneficiados son los mismos de siempre y las trasnacionales voraces que
despojan y devastan el territorio.
Los pueblos mayas, conocedores del mismo, nos lo han venido
advirtiendo, si esto continúa, la vida corre peligro, los pueblos y su
cultura desaparecerán y nos han dicho que ellos continuarán luchando por
su Derecho a la Autodeterminación, lo cual suena necesario y sensato y
nos remite a su historia, a la experiencia y a los conocimientos
heredados.
Dice Roberto Alcalá Ferráez: “para cuidar el medio ambiente y mitigar
el cambio climático ¿hay que pedir permiso a los ambientalistas? se
cuestionó [habla el reportero] al tiempo de que reiteró su lamento por
todo el trabajo inútil que se hizo con el total apoyo de instituciones
gubernamentales, ONG, ambientalistas, académicos, científicos nacionales
e internacionales, y el esfuerzo conjunto de los gobernadores de la
península de Yucatán”.
Cínicamente reconoce que no participaron los pueblos mayas,
obviamente el trabajo de diseñar y armar el ASPY lo hicieron entre los
que saldrían beneficiados de alguna forma con el acuerdo.
El amparo se otorga porque no se tomó en cuenta a los mayas, aunque
la población que se reconoce como maya signifique más del 60% de la
población. En ningún momento han mencionado que el amparo se otorga
porque los principales derechos de los pueblos originarios están
plasmados en la Constitución y en el Convenio 169 de la OIT. Aquí ya no
“les conviene” que se aplique el Estado de Derecho tan cacareado por
empresarios, funcionarios y demás autoridades.
Aun siendo una OBLIGACIÓN, no se les informó a los pueblos mayas ni
se les pidió opinión alguna a pesar de que son mayoría en la Península y
están habitando su Territorio, no se tomó en cuenta su cultura y
patrimonio tangible e intangible, no se proporcionó información en su
lengua maya.
Una muestra más del racismo que domina los círculos de poder y
asociaciones son las ganancias que capturan promoviendo a los pueblos
mayas del período clásico y sus vestigios arqueológicos, así como las
bondades turísticas del territorio maya, y son sus verdaderos herederos
quienes han estado denunciando las irregularidades desde hace 6 meses.
Los engaños comenzaron acompañados de algunos regalos para los niños,
después solo abusos, despojos y amenazas, por parte de personeros del
gobierno y de las empresas que andan en busca de adultos mayores cuyos
hijos viven lejos para que firmen contratos ventajosos para las
empresas, o peor aun, dividiendo a las comunidades y comprando,
literalmente, conciencias de algunos miembros de la comunidad, pues
ofrecen entregar dinero a cambio de la firma o para convencer a los
comuneros y lograr la mayoría.
Cuando se sigue una línea dictada, como el juego de “teléfono
descompuesto” siempre se cae en contradicciones, por ejemplo Andrés
Silva Piotrowsky desliza el asunto monetario: “… se preguntan por ahí
que dónde están las grandes cantidades de dinero destinadas al ASPY,
provenientes del sector privado (que al parecer, resulta ser algo así
como “el maligno”). Lo cierto es que no hay hasta la fecha un solo peso
destinado expresamente al acuerdo: no se ha perdido nada, nadie se ha
llevado nada y nadie se enriquece a partir de la existencia del ASPY”.
Mientras que el titular de SEMARNAT en Campeche habla de pérdidas de
millones: “le partieron la madre a miles de peninsulares que habían
confiado en el Acuerdo de Sustentabilidad para la Península de Yucatán
(ASPY), con lo que se viene abajo todo un esfuerzo coordinado de más de
seis años y millones de pesos para mitigar el cambio climático …”
Silva Piotrowsky comenta: “En realidad, no propone [ASPY] nada
particularmente novedoso, sino que retoma objetivos y metas ya
establecidos en diversos instrumentos, como la declaratoria de Río
Branco, la de Nueva York …”
Y nos preguntamos, ¿por qué si existen todos esos programas y
estrategias contra el cambio climático, nadie se ha tomado la molestia
de darlas a conocer a los pueblos mayas y a la población en general?
Conocer de las capacidades y las bondades de estos “instrumentos” que
van a “lograr la cero deforestación” y “significar beneficios
importantes para las comunidades rurales de la península”, así como sus
impactos ecológicos y sociales, es indispensable para que las
comunidades tomen decisiones que les beneficien y no les afecten.
Hasta el día de hoy sólo hemos visto desprecio e indiferencia de las
autoridades hacia los pueblos mayas, falta de información oportuna y
culturalmente adecuada, contratos ventajosos para las empresas o
particulares privados, logrados con engaños. Si hay reclamo o no se
desea rentar o vender, vienen las amenazas y los despojos legaloides de
cientos y cientos de hectáreas para propósitos que no tienen que ver con
beneficios, más bien con pérdidas para la población en general.
Los beneficiados son los de proyectos voraces inmobiliarios,
turísticos, agropecuarios y en el caso de los megaproyectos energéticos,
circula ya en la región peninsular amplia información, por diferentes
medios, de las denuncias que están haciendo organizaciones que
representan a los pueblos mayas afectados. Actualmente se encuentran
defendiéndose poblaciones como Homún, Chablekal, Sta. Gertrudis Copo,
Chocholá, Sinanché, Muna y Tikul, entre otras, están luchando por que se
respeten sus derechos establecidos en las leyes nacionales e
internacionales y en defensa de su Cultura y Territorio Estos son los
hechos.
[Roberto Alcalá Ferráez] “subrayó que en Campeche no habrá ningún
tipo de consulta, porque es facultad del Ejecutivo estatal decidir qué
es lo que hace y qué no. En el caso de la Zona Económica Especial (ZEE)
de Seybaplaya, y precisó que no tiene por qué llevarse a cabo consulta
alguna, ya que el proyecto no forma parte del ASPY.”
Andrés Silva Piotrowsky dice: “Pero eso no quiere decir que los
principios, los objetivos y las metas del ASPY hayan desaparecido. Están
vigentes en los planes estatales de desarrollo, en los programas
sectoriales de medio ambiente de las tres entidades, en los programas de
acción contra el cambio climático y en las estrategias de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero, en los organismos
internacionales a los que pertenecen o a los que se han adherido los
tres gobiernos estatales, como Río Branco, Nueva York, Bonn, y el Grupo
de Trabajo de los Gobernadores por los Bosques y el Clima y la Agenda
2030. ¿Se pretende amparar contra todo esto?”
Para finalizar acudimos a las palabras del antropólogo Dr. Ezequiel Zárate Toledo (
https://www.lajornadamaya.mx/2018-06-05/Proyectos-energeticos-mantienen-el-control-de-comunidades)
quién declaró que “los proyectos energéticos, tanto en Yucatán como en
México, a raíz de la reforma energética, se convirtieron en espacios
para que los grupos de poder mantengan el control sobre las comunidades,
sobre todo por la falta de participación y políticas de Estado para
fomentar la información y el diálogo […] Se da el derecho a explotación a
unos privados, lo cual genera problemas”.
Indicó que se piensa que las grandes infraestructuras energéticas son
el único sistema que puede prevalecer, “a pesar de que hay ejemplos en
otros países donde los proyectos energéticos comunitarios se realizan.”
Señaló que los ciudadanos están alejados de los aspectos técnicos y
financieros de los proyectos y eso les impide el acceso a la toma de
decisiones informadas. Mencionó que “cuando se dan procesos violentos y
alterados para establecer los parques eólicos o solares la sociedad
reproduce esas conductas arbitrarias.”
Por lo anterior rechazamos la manera en que se ha dado a conocer la información en
La Jornada Maya,
además manifestamos todo nuestro apoyo a los pueblos mayas y a las
organizaciones que luchan junto con ellos pues consideramos que la
demanda del respeto a sus derechos como pueblo originarios es justa y
necesaria.
