Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería a raíz del asesinato de Manuela Solís e Ismael Solorio.

A la Familia Solorio y los compañeros en Chihuahua,

A la CPUVO y los compañeros en Oaxaca,

A las y los hermanos mexicanos,

A la comunidad internacional,

A los comunicadores,

A los gobiernos estatales y federal del Estado mexicano.

Nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a la Familia Solorio, sus amigos y la comunidad de Benito Juárez, Chihuahua, en especial a los hijos de Manuela e Ismael.

El 22 de octubre fue un día indignante y doloroso por el artero y cobarde asesinato del matrimonio Manuela Solis e Ismael Solorio, defensores de derechos humanos, habitantes del ejido Benito Juárez en el municipio de Buenaventura en Chihuahua, también miembros de El Barzón. Ambos habían sido amenazados de muerte por su labor en defensa de los bienes naturales en riesgo por la explotación desmedida del agua por otras comunidades y las actividades mineras de la trasnacional canadiense MAG Silver Corp (TSX: MAG). Esta compañía, a través de Minera Cascabel S.A. de C.V., comenzó a explorar mediante barrenos en terrenos comunales del ejido sin los permisos de la asamblea de ejidatarios, autoridades ambientales y violando las normas en la materia.

Ante tal situación, los ejidatarios exigieron la salida de Minera Cascabel y terminar con la explotación ilegal del agua. La situación en el ejido a raíz de la instalación de Minera Cascabel cambió: comenzaron a crearse conflictos entre los trabajadores de la empresa y los ejidatarios y habitantes que no autorizaron su instalación, la situación comenzó con discusiones personales, en redes sociales, amenazas de golpes, a peleas entre grupos por las agresiones de los trabajadores de la minera, llegando, la semana pasada, una agresión grupal de 20 empleados de la minera a Ismael y uno de sus hijos. Esto ocasionó que la población expulsara a los ejecutivos y empleados -hospedados en un hotel local- de la comunidad.

El doble asesinato en Chihuahua, a pocos meses de iniciado el conflicto minero, se suma a la lista de hermanos mexicanos asesinados por este tipo de conflictos.

En el mismo día, en Magdalena Ocotlán, Oaxaca, trabajadores de Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., filial de Fortuna Silver Mines Inc. (TSX: FVI), comenzaron a instalar una tubería para llevar agua a la empresa y ampliar su proceso de explotación y obtención de minerales. Ante tal hecho, la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) y las comunidades afectadas se movilizaron para detener las obras. Al ver esto, los empleados de Minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, los amenazaron de muerte con un armas de fuego y armas blancas. En ese momento, una patrulla de la policía estatal se aproximó y detuvo a los hombres armados.

Algunas horas después, comenzaron a llegar camiones con policías antimotines que protegieron la maquinaria para que los habitantes no pudieran detener la instalación de la tubería, lo que permitió que se continuara con la obra.

Esta situación, que continúa aún, está generando un clima de violencia y confrontación, ya que la empresa minera no tiene los permisos para instalar esa tubería por parte de las comunidades ni de las autoridades locales. Esta empresa minera tampoco cuenta con la licencia social para operar el proyecto minero, por lo que se instaló a la fuerza, ocasionando una fuerte división social.

La situación nacional es similar, más y más conflictos sociales por empresas mineras se conocen en todo México, lo mismo que en el mundo. El Estado mexicano, coludido con las empresas mineras -nacionales o trasnacionales- dividen a las comunidades, imponen proyectos mineros, devastan territorios, desplazan comunidades, asesinan activistas, persiguen judicialmente a comunidades y tratan a como dé lugar de evitar que las personas se organicen en defensa de sus territorios y los bienes comunes naturales.

La violencia generada por Minera Cascabel filial de MAG Silver Corp y Minera Cuzcatlán filial de Fortuna Silver Mines es inaceptable y debe parar. La defensa del territorio y de las comunidades y los derechos humanos que reivindicamos en la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) no se detendrá.

Por todo esto:

● Manifestamos nuestro repudio e indignación a los actos de MAG Silver Corp y Fortuna Silver Mines por la violencia, la descomposición social y la muerte que han llevado junto con sus proyectos mineros;

● Exigimos a los ejecutivos estatales Cesar Duarte en Chihuahua y Gabino Cué en Oaxaca que respeten nuestra Constitución e investiguen, detengan, castiguen a los culpables de los crímenes cometidos por los conflictos llevados por las empresas mineras. Asimismo, clausuren y cancelen toda actividad minera, origen y causa de los crimenes cometidos;

● Exigimos al Ejecutivo Federal que cancele todas las concesiones mineras de los proyectos Cinco de mayo en Chihuahua y San José en Oaxaca;

● Exigimos al Ejecutivo Federal se abra una investigación nacional de los crímenes cometidos por empresas mineras, así también se investigue la conflictividad social que estos proyectos mineros ocasionan y se detengan dichos proyectos;

● Exigimos al Estado mexicano que cumpla a cabalidad sus obligaciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenios y tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado.

“No enterramos a los luchadores sociales,

los sembramos para que nazca una nueva sociedad” S.O.

El MPJD condena el asesinato Ismael Solorio y Manuela Solís defensores de derechos humanos de Chihuahua.

México D.F., 23 de octubre de 2012 (MPJD).- El día de ayer, 22 de octubre de 2012 alrededor de las 14:30 horas, fueron asesinados Ismael Solorio y Manuela Solis, mientras circulaban por el kilómetro 26.5 de la carretera Ciudad Cuauhtemoc-Colonia Obregón, en el Municipio de Namiquipa, Chihuahua. 

Ismael y Manuela fueron fundadores de El Barzón en el estado de Chihuahua. Es de destacar, que estos asesinatos se dan en un contexto en el que ambos luchaban por la defensa del agua en la zona del semidesierto y a favor de conservar y proteger los acuíferos contra la sobreexplotación; asimismo, por evitar quela Compañíade Servicios Mineros Cascabel, -filial de la minera Canadiense MAGSILVER- continuara haciendo perforaciones aún sin contar con los permisos necesarios.

Estos hechos se suman a las constantes amenazas recibidas; el pasado 13 de octubre Ismael y su hijo Eric fueron golpeados por empleados de la minera, tras lo cual levantaron la denuncia correspondiente y se presentaron en el Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua para exigir al gobernador interviniera en el conflicto. Sin embargo, las autoridades no escucharon las advertencias y fueron omisas en la protección de la familia Solorio Solís.

Ante esto, campesinos afectados de la organización se manifestaron frente al palacio de gobierno para exigir protección ante las amenazas que ya habían  sido expuestas ante el Secretario de Gobierno de Chihuahua y que al no tomar medidas para resolver los conflictos, desembocaron en el asesinato de los defensores de derechos humanos.

El Movimiento porla Pazcon Justicia y Dignidad condena los asesinatos de Ismael Solorio y Manuela Solís, defensores de derechos humanos; exige a las instancias responsables que se aclaren los hechos y se encuentren a los responsables tanto materiales como intelectuales.

Demandamos que el gobierno del estado de Chihuahua garantice la seguridad de los campesinos que se mantienen protegiendo los acuíferos de la sobreexplotación que pone en riesgo sus plantaciones.

Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Carta de El Barzón a la Secretaría de Gobernación

El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC, se solidariza con El BARZON ante la indignación por el asesinato del compañero Ismael Solorio Urrutia y de su esposa Manuela Martha Solís

Quieren reventar El Barzón.

Por: Víctor M. Quintana S./La Jornada (antes del asesinato de Ismael Solorio y Manuela Solís).

A falta de normalistas revoltosos, buenos son los barzonistas…dirán los gatilleros a sueldo de algunas redacciones y el priísmo que piensa que la gobernabilidad sólo es posible en la unanimidad.

Así como a nivel nacional, con fundamento real o inventado, mínimo o máximo, se ha lanzado una campaña de linchamiento mediático contra los normalistas michoacanos y quienes los apoyan, en estas norteñas tierras, la campaña se endereza contra las y los barzonistas chihuahuenses en sus diversas expresiones y formas organizativas. Se comenzó desde el primer nivel del Gobierno del Estado y la prosiguen con peculiar denuedo algunos medios periodísticos impresos.

Parece que la chispa que inició la hoguera propiciatoria fue el que Lucha Castro se atreviera a cuestionar la versión oficial de que “El Wicked” sea el asesino (otro más) de Marisela Escobedo. Esto le valió a la fundadora de Mujeres Barzonistas y directora del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres y las diatribas del Fiscal General y del Secretario de Gobierno.

Los misiles verbales de los funcionarios no fueron más que la versión “reloaded” de la ofensiva que el propio Gobernador desató en mayo pasado contra las organizaciones no gubernamentales. De nuevo se esgrimieron “los intereses oscuros”, el “provecho personal”, etc. etc. contra la abogada, reconocida y premiada nacional e internacionalmente.  Manifestó así, el Gobierno del Estado, su incapacidad de ir al núcleo del debate, como lo demandaba la crítica de Lucha Castro, y se pusieron a tejer flojos argumentos “ad hominem”,  mejor dicho, “ad mulierem”, dejando sin  responder los cuestionamientos torales de la derecho humanista.

Los ataques no pararon ahí, se fueron en contra de los barzonistas y ejidatarios que se oponen a la explotación de la mina “El Cascabel” en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, teatro todavía de la disputa en contra de los aprovechamientos ilegales de las aguas del río del Carmen. En el centro de población, varios asalariados de la mina emboscaron y golpearon a uno de los ejidatarios opositores a la minera y a su hijo, y navajearon a otro. Lejos de amedrentarse los vecinos y ejidatarios que rechazan que sus tierras se conviertan en un páramo desertificado por el cianuro y la minería a cielo abierto, se fueron a la ciudad de Chihuahua a exigir del propio Secretario de Gobierno que garantice la paz y la gobernabilidad en su pueblo y que convoque a las dependencias federales involucradas para demostrarles la serie de falsificaciones y mentiras en que ha incurrido la filial de la trasnacional canadiense Mag Silver. El Secretario de Gobierno se comprometío a celebrar el jueves pasado dicha reunión y a emitir un comunicado en que el Gobierno del Estado reconoce la pluralidad de la sociedad chihuahuense y manifiesta su respeto a ella y su compromiso de no lanzar campañas de linchamiento como la que ya está en curso.

Aun no se publicaba el borrador de dicho manifiesto cuando el tricolor respondió de la manera que mejor maneja: el acarreo. Contrataron varios autobuses para traerse desde Benito Juárez supuestos defensores de la mina, entre los que se contaban sólo cinco ejidatarios. Llegaron al ahora Palacio de la Unanimidad, es decir, al Congreso del Estado, donde los recibió un grupo de diputados priístas que, ahora sí, dejaron de lado el adormilamiento, la abulia, para manifestarles su apoyo. No es la primera vez que los legisladores tricolores actúan no como representantes populares sino como empleados a sueldo de una minera canadiense. Ya lo habían hecho en el verano de 2008, cuando uno de ellos, aliado con los directivos de la empresa Mine Finders se trajo de allá a un grupo de contratistas y concesionarios de la empresa para increpar a los ejidatarios y al que esto escribe, entonces diputado local, por haber osado denunciar los perjuicios ambientales y sociales provocados en el mineral de Dolores, ejido Huizopa.

No termina ahí la campaña antibarzonista. En las más recientes semanas en diversos medios se culpabiliza a los vendedores ambulantes de esta organización de haber invadido diversos puntos de esta ciudad a la que ha costado tanto embellecer con macroplazas, megabalcones y demás. Como si fueran los únicos ambulantes organizados que se han lanzado a las calles en una época en que Chihuahua sigue sin recuperar los empleos que tuvo hace 12 años.

También las encargadas del área de vivienda de esta organización manifiestan que se han agravado en las últimas semanas los desalojos de personas con deudas, ejecutados con lujo de prepotencia por agencias  privadas de seguridad. Hasta las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señalan que va en ascenso la actitud hostil de las autoridades judiciales contra las mujeres que se  las nombran como coadyuvantes o asesoras en los cada vez más frecuentes casos de violencia de género.

 No estamos, pues, ante ataques que por casualidad, se enfoquen a una misma organización. Se trata con toda claridad de desprestigiar a El Barzón, tanto en sus dirigentes como en sus bases; tanto a los campesinos, como a los ambulantes y derechohumanistas.  ¿Será porque la capacidad de convocatoria y de protesta de El Barzón rompe el monopolio de control priísta en varios sectores importantes?

Ante una somnolienta y acomodaticia CNC, que no se manifiesta si no hay box lunch y banda musical que la reciba, menos ahora que tendrá “presidente campesino”. El Barzón se ha revelado como una fuerza importante para plantear y exigir la resolución de los problemas torales que afectan al campo chihuahuense: las tarifas eléctricas para riego agrícola, el acaparamiento del agua, la devastación de los recursos naturales.

Por otro lado, ¿qué no ha sido el PRI quien desde siempre ha corporativizado, manipulado, aprovechado políticamente a los ambulantes? ¿No llevan la mayoría de sus carritos o de sus puestos los círculos tricolores o los emblemas de la CNOP? ¿por qué ahora se escandalizan los medios acríticos y echan toda la responsabilidad a los barzonistas? ¿Será que se teme que así como se rompió el monopolio tricolor del ambulantaje, se rompa luego el dominio draconiano que ejercen sobre los transportes materialistas o los taxistas o los camiones urbanos, como ya ha ido sucediendo, aunque sea tímidamente?

Que hay linchamiento mediático y político contra El Barzón, es un hecho. Que lo mueven los intereses de las trasnacionales mineras, de quienes se han convertido en acaparadores de agua, de pozos y de subsidios para tecnificación del riego, y de quienes éstos contratan para sembrar miedo, también es un hecho, lo mismo que la grilla de organizaciones corporativas priístas que ven amenazados su poder, su convocatoria y su lucro.

Si ahí quedara todo de  por sí sería preocupante, pero lo es mucho más y más condenable cuando se percibe detrás de esta campaña, la participación del Gobierno del Estado. Porque muestra que en Chihuahua no ha bastado con acabar con los contrapesos  en las instancias políticas, como son el Congreso, la CEDH y el ICHITAIP. Ahora se percibe que se quiere debilitar también cualquier contrapeso en el ámbito de la sociedad, desprestigiando, difamando, rafagueando a quien opte por la crítica y la disidencia. 

EXIGIMOS JUSTICIA ANTE EL ASESINATO DE ISMAEL SOLORIO URRUTIA Y A MANUELA MARTHA SOLÍS, DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN CHIHUAHUA

El Contingente MX, colectivo de activistas por los derechos humanos con presencia en varios puntos del país, condenamos el asesinato de Manuela Martha Solís e Ismael Solorio, activistas y defensores de diversas causas, entre ellas el derecho al agua y contra las explotaciones mineras en el estado de Chihuahua por parte de empresas canadienses, que explotan los recursos naturales de la zona en complicidad con las autoridades.

Es de conocimiento público que este doble asesinato es el producto de toda una campaña de desprestigio, emprendida en contra de las diversas organizaciones de El Barzón desde hace varias semanas. Esta situación fue denunciada públicamente hace algunos días por la propia organización y otras organizaciones civiles de Chihuahua ante el Secretario de Gobierno de esta entidad. En dicha reunión se advirtió al representante del gobierno estatal sobre los recientes ataques a Solorio y a su hijo, así como a diversos barzonistas que se oponen a la instalación de la minera El Cascabel, filial de la empresa canadiense Mag Silver en el ejido de Benito Juárez.

El gobierno de César Duarte debe resolver estos crímenes, que se suman a la triste lista de asesinatos impunes de activistas y defensores de derechos humanos como Marisela Escobedo, Josefina Reyes y Susana Chávez. Exigimos a César Duarte y a las autoridades federales que se garantice la seguridad de todas las personas que se manifiestan por estos homicidios en el Palacio de Gobierno, especialmente a la comisión conformada por Lucha Castro, Linda Flores, Víctor Quintana y Martín Solís.

Además, exigimos que se garantice la libre circulación y el derecho a la manifestación pacífica de quienes exigen justicia. Que se permita velar a Manuela Solís e Ismael Solorio en el Palacio de Gobierno de Chihuahua, como es voluntad de sus familias. La seguridad del trayecto de los cuerpos y sus familias al municipio de Benito Juárez, así como el sepelio y el entierro, debe estar garantizada.

Finalmente, exigimos que se generen todas las condiciones que garanticen la labor de las personas que defienden derechos humanos en el estado de Chihuahua.

Contingente MX

México 23 de octubre de 2012