Por: Marcos Chávez* / Contralínea.
De concretarse la reprivatización y extranjerización petrolera y eléctrica, Estados Unidos y las fuerzas reaccionarias “mexicanas” habrán logrado una de sus mayores victorias de la historia reciente sobre los intereses nacionales. Los medios de comunicación ya se aprestan a celebrar el golpe al país. ¿Al día siguiente de que ocurra –si es que ocurre–, los encabezados de los corporativos mediáticos serán idénticos al del Mexican Herald que en 1913 celebró la Decena Trágica y a ocho columnas tituló: “Viva Díaz, viva Huerta”? Tal vez agregarán: “Viva Peña”
Dice el analista Lorenzo Meyer: “un país cuyas elites dirigentes no sean capaces de formular un gran proyecto colectivo de cara al futuro, aceptado como legítimo por la mayoría de sus ciudadanos y que sirva de elemento guía en la toma de las grandes decisiones políticas, corre el peligro de convertirse en una comunidad sin derrotero y, con el correr del tiempo, en derrotada desde adentro” (La desvanecida ruta de la ambición nacional).
Es cierto que nada garantiza el éxito de un proyecto de nación basado en la credibilidad social, la legitimidad política y la justicia; en la atención de las necesidades materiales, los intereses, los anhelos –y hasta las utopías– heterogéneos de la población; en la habilidad y la capacidad de los dirigentes y las organizaciones para consensuar, negociar y establecer las alianzas democráticas necesarias para alcanzar tales propósitos, así como para atender, resolver o neutralizar legalmente las contradicciones y las disputas inherentes entre los individuos, los grupos, las regiones, las clases y las naciones.
Históricamente, toda nación, por su propia dinámica, está sometida a constantes tensiones y, en ciertas épocas particulares, los equilibrios económicos y sociales alcanzados, a menudo razonablemente temporales y frágiles, suelen alterarse inevitablemente, fracturarse y provocar crisis políticas, nuevos reacomodos y pactos estabilizadores entre las fuerzas en lucha, o incluso suscitar cambios radicales. Las tensiones y las asechanzas internas y externas son permanentes, ya que, como agrega Meyer, todo proyecto, ya sea que aspire a ser colectivo o de cualquier otro, implica una interpretación y reinterpretación determinada del pasado, un diagnóstico del presente y una visión del futuro; una construcción ideológica dominante pero no única, y una percepción de la naturaleza humana y la sociedad que no necesariamente son compartidos por todos; un acuerdo sobre las formas de ejercer el poder político, normado por un diseño institucional y constitucional, el cual está sujeto a la pugna sistemática entre dos o más propuestas –de la derecha, de la izquierda o del pantano centrista– sobre la manera de cómo organizar el presente para dar forma al porvenir; por obtener o mantener el control de los instrumentos de dominación, los esfuerzos por conquistar y retener la imaginación de la base social como sustento de la legitimidad de un proyecto específico.
Las confrontaciones, con diversos grados de intensidad, son socialmente normales dentro de los límites fijados por un sistema político democrático, el cual tiene la capacidad para asimilarlos y sobrevivir a las tormentas. Sin embargo, los conflictos tienden a ser agudos, violentos, cuando una elite o un bloque dominante, en un régimen autoritario, agita arrogantemente el avispero de la lucha de clases al ejercer arbitrariamente el poder, con el objeto de imponer unilateralmente, desde arriba, su propio proyecto, y tratar de estúpida a la sociedad al intentar convencerla que éste responde a los intereses nacionales y no sólo a los suyos. Lo anterior es el caso de la audaz contrarreforma energética de Enrique Peña Nieto.
Groucho Marx en la Presidencia: “Éstos son mis principios. Si no le gustan…, los cambiaré”.
El “audaz” y neoporfirista traje a la medida para la nueva rapiña petrolera neoliberal. Todo está en venta. La cuestión es sólo de precio. Los cambios que se impondrán a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las leyes secundarias, se ajustan al principio enunciado por Enrique Peña Nieto: “Pemex y CFE no se venden ni se privatizan”…, pero las industrias petrolera y eléctrica sí.
1) Hasta nuevo aviso, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se conservarán como entidades públicas, con sus mismas funciones, pero mejorando su “competitividad”. Para Pemex se propone un cambio aún indefinido en su trato fiscal, bajo tres principios reiterados por el vicepresidente Luis Videgaray: que mantenga los recursos necesarios para cubrir sus costos de operación y de capital en las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y que sus directivos decidan el destino de sus utilidades (se reinviertan o pague dividendo al Estado); que continúe con su esquema de regalías y derechos, pero de manera “moderada”, “flexible”, “más bajos que en la actualidad”; y que pague sus impuestos. El mismo vice dice que Pemex paga una tasa sobre sus ingresos de aproximadamente 61.5 por ciento, “pero si hablamos de utilidades es poco más de 70 por ciento, dependiendo del año y del precio del barril”. ¿Cuál es el nivel “flexible” de los gravámenes fiscales que propondrán para que se pueda cumplir el primer punto?
Porque lo único claro hasta el momento es que, según la Auditoría Superior de la Federación, basada en información de la propia paraestatal, Pemex es la empresa petrolera que más impuestos paga en el mundo y la que tiene la mayor carga tributaria (http://eleconomista.com.mx/industrias/2012/02/29/pemex-paga-impuestos-record-2011). Que sin esa hemorragia tributaria sus trabajos de exploración, extracción e infraestructura no estarían en ruinas, toda vez que dispondría de los recursos necesarios para financiarlos. Que sus hojas de balance, después de la ordeña tributaria realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (impuesto a la renta, aprovechamientos, derechos, ordinarios, extraordinarios), no arrojaría las pérdidas registradas ininterrumpidas desde 1997, salvo en 2006. En el primer semestre de 2013, del primer año peñista, su pérdida integral fue por 45.3 mil millones de pesos, o 3.5 mil millones de dólares, 20.5 por ciento más nominal que en el mismo lapso de 2012. Que sus pasivos no superarían sus activos (179.6 millones de dólares contra 154.5 mil millones de dólares), y su patrimonio no sería negativo (25 mil millones de dólares), expresión de su deterioro. Evidentemente, tampoco se vería obligado a recurrir al endeudamiento para compensar el saqueo fiscal al que está sometida. Al menos sus débitos acumulados de corto y largo plazo no ascenderían a 760 mil millones de pesos (58.7 mil millones de dólares), equivalentes al 85.6 por ciento de la deuda externa del gobierno federal (67.8 mil millones de dólares) y al 64 por ciento de la del sector privado (97mil millones de dólares).
Con ésos y otros datos, también es natural que Luis Videgaray eluda responder si Pemex está o no en quiebra, que su ojo clínico como responsable de cobrarle los gravámenes se obnubile o se vuelva estrábico, y se vea obligado a decir que depende desde dónde se observen las finanzas de la empresa: si antes o después del pago de impuestos. No se requiere de un grado de doctor en economía para saber que, con un despojo de esas proporciones, cualquier empresa que no sea pública ya hubiera quebrado y desaparecido hace tiempo. Sólo basta el sentido común para intuirlo; para suponer que a ninguna otra le gustaría tener tratos con una paraestatal condenada deliberadamente a la indigencia después de pagar sus tributos, ya que no le redundaría ningún beneficio. Más aún, hasta alguien con ese nivel de razonamiento podría conjeturar que, premeditadamente, se orilló a Petróleos Mexicanos a esa situación para justificar su ineficiencia y su ineludible remate. Hasta Emilio Lozoya Austin, director de la empresa, sin ruborizarse, ha dicho que “Pemex no está en quiebra”.
Enrique Peña y Luis Videgaray agregan que quieren un Pemex que funcione como una empresa “competitiva”. ¿Pero qué empresa puede serlo cuando, antes del pago de impuestos, es considerada como una de las mejores del mundo, y una de las peores después de cubrirlos? ¿Cuál soporta una carga de 75 por ciento? Nuestros ínclitos hombres de presa, como Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas, por ejemplo, arrojan espuma por la boca ante un impuesto a la renta de 30 por ciento o un IETU (impuesto empresarial a tasa única) de 15 por ciento, pese a que, gracias a las deducciones, exenciones y la “creatividad” contable, pagan una tasa marginal menor a la que cualquier sufrido clasemediero acasillado por Hacienda. ¿Qué empresa, petrolera o no, se ve obligada a pagar impuestos diariamente –alguien los estimó en 600 millones de pesos– y luego ajustar la cantidad al cierre del mes?
Pemex y la CFE no se reprivatizarán y no se venderá ni un tornillo de ellas. Aunque se reducirá aún más su presencia altamaño de un enano, y detrás de ellas se tratará de esconder al elefante de la reprivatización petrolera y eléctrica.
2) La reprivatización de las industrias petrolera y eléctrica, o cómo reabrir otra vez las puertas del templo a los mercaderes expulsados por Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos. La propuesta es explícita: legalizar el contratismo para permitir la participación privada nacional y extranjera en la exploración, la extracción y en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, en la refinación, el transporte, el almacenamiento y su distribución; sustraer de las áreas estratégicas del Estado a la petroquímica básica para entregarlas a la voracidad empresarial; concederles un sueño jurídicamente tranquilo a quienes deseen dedicarse al procesamiento de gas natural, su distribución y comercialización; abrir a la industria eléctrica la generación de esta energía, la red nacional de transmisión y de las redes generales de distribución.
¿Qué quedará por reprivatizar con la contrarreforma? Sólo la industria nuclear. ¿Por cuánto tiempo?
3) El cuerno de la abundancia o el reparto de la renta petrolera hacia arriba. Los peñistas se empeñan en negarlo. La iniciativa rechaza esa opción. El vice dice: “no compartiremos la renta petrolera”. La participación privada en Pemex, a través de los contratos de utilidad compartida y los contratos de servicios que desde hace años existen, no implica su reparto; la renta petrolera, “que deriva del valor del petróleo que está en el subsuelo” y el petróleo, seguirán siendo de los mexicanos. Tales contratos sólo compartirán las utilidades generadas con la asociación y el porcentaje pagado “estará por debajo del 50 por ciento, [y el] porcentaje disminuirá mientras disminuyen los riesgos para las empresas privadas”.
Eso dice Videgaray.
¿Qué dice Pemex sobre la renta petrolera?
“La renta petrolera es la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de venta en el mercado internacional, menos los costos de extracción o, dicho de manera más sencilla, es los ingresos menos los costos, de tal manera que la renta petrolera es lo que queda para repartir.
“Valor de los hidrocarburos – costos de extracción = renta petrolera”.
¿Cuáles son los componentes de la renta petrolera?
La renta petrolera está determinada por tres variables: el precio al que se vende el petróleo, el volumen de producción que puede alcanzarse en un momento determinado y los costos de extracción. Considerando estas tres variables, la renta petrolera de un país será mayor entre más altos sean el precio del petróleo y más alto sea el volumen de producción. La renta petrolera también será mayor mientras más bajos sean los costos de extracción (www. pemex.com/index.cfm?action=content§ionid= 136&catid=11880).
¿En qué quedamos?
¿Pagar un porcentaje de las utilidades, cualquiera que sea, representa o no el reparto de la renta con los nuevos “socios” que llegarán con la contrarreforma neoliberal y que destruirán las reformas cardenistas, ese “rayo en cielo despejado” como las calificaron los historiadores Meyer y Zoraida Vázquez? (México frente a Estados Unidos).
Un pago mayor significará una mayor participación en la renta petrolera. Obviamente uno menor otorgará una tajada famélica. Y ella, en menor o mayor cuantía, se transferirá hacia el exterior o los bolsillos de las corporaciones locales. ¿Quiénes sancionarán los contratos? ¿Los directivos de Pemex que manejan la paraestatal con la pulcritud digna de los señores feudales, o de otros sultanes fuera del organismo, en caso de que se cree un nuevo ente para repartir los codiciados contratos, en un país donde se enseñorea la impunidad?
Alguien no entiende. Alguien no se sabe explicar. O alguien miente descaradamente, con la soberbia que le concede el poder despótico.
Algunos sí han entendido perfectamente. Por ejemplo los apologistas que han recibido con optimismo el “histórico” plan: Forbes y The Economist, entre otros.
Lo anterior me recuerda el júbilo de la colonia estadunidense en México, que el Mexican Herald del 19 de febrero de 1913 saludó desde su primera plana al nuevo gobierno en forma por demás significativa: “¡Viva Díaz! ¡Viva Huerta! [...] After a year of anarchy, a militar dictator looks good to Mexico” (Jaime Cárdenas, En defensa del petróleo).
Ello, luego de que el gobierno mexicano de la época claudicara en su intento por elevar el impuesto del timbre petrolero. De alguna manera, lo anterior se sumó como un ingrediente a la Decena Trágica y los posteriores asesinatos de Madero y Pino Suárez, alentados, entre otros, por el embajador Henry Lane Wilson, defensor de las petroleras.
¿Ahora tendremos que decir: “¡Viva Díaz! ¡Viva Huerta! ¡Viva Peña! [...] After a year of anarchy, a militar dictator looks good to Mexico”.
*Economista.
Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/03/la-contrarreforma-energetica/
