PALINURO :: El caso Garzón.

Por: Ramón Cotarelo.

Desde el comienzo de la peripecia judicial del juez Garzón hubo gente que la comparó con el caso Dreyfus. Por supuesto no se refería a que hubiera similitud objetiva alguna entre ambos asuntos. El caso Dreyfus fue uno de antisemitismo, militarismo y nacionalismo, mientras que el de Garzón es uno de jurisdicciones, de derechos, de procesos, en definitiva, político. Hay quien dice que no es tal puesto que se trata de un asunto exclusivamente jurídico, de los que entiende y debe entender el Tribunal Supremo. Pero eso no es cierto. Todo lo jurídico es político porque el derecho es siempre materia de interpretación y toda interpretación se hace en función de una jerarquía de valores que son inevitablemente políticos, cuestionables. La prueba es que hay que conceder la decisión última a un órgano en virtud de la propia concesión y no de la razón última de la decisión. Lo cual abre perspectivas tenebrosas.

La referencia al caso Dreyfus se hace a la vista del impacto social que produce una decisión judicial, las reacciones que se dan, el problema moral que plantea, que sacude a la sociedad y reverbera en el exterior de forma preocupante pues proyecta una imagen del país que las naciones civilizadas repudian.

Son los hombres los que hacen la justicia y no son hechos por ella aunque algunos iluminados puedan pensar así. La sentencia del Supremo recuerda a Garzón que no se puede administrar justicia a cualquier precio. Pero ese pudiera ser el caso, precisamente, de la sentencia.

La justicia, además, debe ser inteligible. Un juez cuya acción en general (no toda, claro) ha sido de servicio ejemplar a la justicia, que ha sabido conjugar eficiencia judicial con garantías del proceso debido (aunque haya quien sostenga que tampoco siempre) y que ha abierto caminos para la jurisdicción penal universal, verdadero medio de proteger los derechos humanos en todo el planeta, un juez así, digo, ¿cómo puede ser un prevaricador por partida doble o triple? Eso hay que explicarlo muy bien.

Sin embargo, lo que se tiene no son explicaciones sino un modo de proceder que parece tratar de conseguir un objetivo (la condena de Garzón) sin tener que darlas o, cuando menos, sin tener que dar las verdaderas. Los tiempos procesales (rapidez insólita en el proceso de las escuchas y lentitud de paquidermo en el de los crímenes del franquismo con el tercer proceso por cohecho impropio moviéndose en la ambigüedad) no son inocentes. Lo decía Palinuro hace unos días, que a lo mejor no se condenaba a Garzón en el proceso por los crímenes del franquismo porque, habiendo sido condenado por las escuchas, ya no hacía falta y se evitaba el bochorno mundial de condenar al único juez que ha tenido el valor y la entereza de hacer justicia a las víctimas del franquismo, decenas de miles, muertas y vivas, que la esperan hace setenta años. A ello se añade ahora el archivo de la causa por el supuesto cohecho impropio que parece pensado para castigar más a Garzón pues en lugar de reconocer que no hay causa, como pedía el fiscal, el juez imputa un delito de cohecho pero archiva por prescripción con lo que no da al imputado posibilidad de defenderse. No solo quieren a Garzón enterrado sino con una estaca clavada en el corazón.

El gobierno y los jueces más conservadores piden respeto para las decisiones del Supremo. Pero el respeto no se pide; se gana. Y no es el caso. Por lo demás, hasta el gobierno entenderá que las decisiones judiciales no son en sí mismas límite a la libertad de expresión. El único límite que esta libertad tiene es la comisión de un delito, por ejemplo, en este caso, de desacato. Pero la crítica que no insulta, injuria, calumnia o amenaza gravemente no es desacato.

Justicia de parte, justicia de Régimen.

Por: Hugo Martínez Abarca.

Hay dos argumentos que se están usando para no rechazar la persecución y condena a Garzón desde algunos ámbitos de la izquierda:

1.- La izquierda debería defender con uñas y dientes el derecho de defensa y para ello negarse a que se escuche al abogado en sus comunicaciones con su cliente. Reconozco que no he pensado mucho sobre si tal principio debe ser absoluto o si caben excepciones. El carácter absoluto de tal principio llenaría las facultades de derecho de delincuentes que buscaran blindarse. En las tramas económicas siempre existen abogados entre otras cosas para encontrar las fórmulas jurídicas que dificulten la detección y desarticulación del complejo delictivo: no sé si se escucharon las conversaciones del abogado Luis del Nido pero según su condena cuando hablaba con los otros corruptos no era un ejercicio del derecho de defensa sino parte de la actividad delictiva. Desconozco si en el caso Gürtel esto también es así. Pero no parece ni una aberración ni algo insólito en las investigaciones en España (ayer se recordaban las recientes escuchas a los abogados de Anonymous o incluso en el de Marta del Castillo -más cuestionable aún por no pensarse que el abogado fuera parte de trama alguna sino por intentar encontrar el cadáver de la víctima-). Puede que las escuchas no fueran adecuadas pero en ese caso como en tantísimos otros lo que procedía era anularlas, no dar el inédito salto a la condena por prevaricación del juez.

2.- Garzón, que tantas veces ha aplicado la teoría del entorno de la cosa entornada, que cerró periódicos y partidos y miró para otro lado ante algunas aberraciones que se seguían para condenar al enemigo, habría probado su propia medicina. Habría una suerte de justicia poética. Esta lógica es la misma que la de quienes deciden que la tortura no es tan mala si se aplica a criminales porque prueban su propia medicina. Es la lógica del derecho del enemigo, contra el que todo vale. Del mismo modo que esa lógica era inaceptable en aquellos casos, hay que rechazarla en éste: a cada uno le caerá Garzón bien, mal o regular (o incluso puede caernos horrorosamente por algunas de sus instrucciones y apreciar muchísimo otras en la hipótesis de que los humanos seamos poliédricos e incluso cambiantes ¡a veces para bien!) pero eso no tiene nada que ver con el caso. ¿Había que sentir admiración por Lasa y Zabala y considerarlos santos o héroes para repudiar sus torturas y asesinatos?

La justicia sólo es tal si es justicia para todos. Incluso en el caso de que consideremos adecuado que al juez que se pase en las escuchas haya que freírlo, el hecho de que sólo se haya hecho en este caso hace fácilmente interpretable la persecución. No sólo no se ha perseguido a quienes han practicado otras escuchas luego anuladas: tampoco al juez que en este mismo caso continuó con las escuchas, ni al fiscal ni policías que las avalaron o las pidieron. Incluso en la misma trayectoria de Garzón hay casos que levantan muchas más dudas (en el mejor de los casos): cuando Garzón cerró el diario Egin Aznar respondió “¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever?” dando a entender que no se trataba de una decisión judicial sino política; unas semanas después el gobierno le dio una medalla que incluía compensación económica; unos años después los tribunales decretaron ilegal toda la operación aunque fuera demasiado tarde para resucitar un diario. Nadie investigó si aquello era legítimo o no, si la actuación del juez era errónea o injusta a sabiendas. Porque les era útil.

A Garzón no le condenan por saltarse o no la ley, algo que es completamente irrelevante en este país. Le condenan porque cuando empezó a meter sus narices en los crímenes contra la humanidad y la corrupción masiva dejó de ser útil al régimen. Por meter las narices donde no le llaman. La persecución a Garzón es un aviso a navegantes que ayer mismo tuvo su continuidad: el CGPJ investiga al juez Castro, tan implacable en el caso Palma Arena-Urdangarín que el principal instrumento de defensa de Matas y Manos Limpias (sic) está siendo intentar una y otra vez que el caso pase de sus manos a la Audiencia Nacional. Ya sucedió hace años cuando se apartó a los jueces de la Audiencia Nacional incómodos para el mayororejismo triunfante y uno se teme que pueda suceder a Pedraz si insiste en investigar el asesinato de José Couso aunque el régimen haya acordado con EEUU que nuestro compatriota asesinado no merece justicia alguna.

Acompañar la impostura de una estructura judicial que se pone exquisita por una vez ante unas escuchas o ante unas filtraciones es hacer el juego a quienes lanzan un recado evidente: caben todas las tropelías que se decidan si se es útil, pero si se husmea lo que no se debe siempre habrá una excusa para ser arrastrado por el fango.¿Es Garzón el mayor luchador contra la libertad que ha conocido nuestra tierra? No, pero desde los años 60 elaboramos la categoría de víctima cuya principal característica es que si a alguien le hacen una tropelía esa persona se convierte en buena y admiráble, en un héroe. Garzón es un personaje peculiar algunas de cuyas instrucciones nos pueden resultar infames pero que ha hecho otras (las más recientes, por cierto) que han intentado suponer saltos históricos para la humanidad en la búsqueda de la justicia universal. Y le persiguen por esto último.

La persecución a Garzón cuando éste ha sido incómodo para el régimen es un síntoma más, de esos que llegan cada día, de colapso de la Transición, de fin de régimen. El régimen se defiende mostrando sus fragilidades.

La condena. El pelotón. La ejecución.

Por: Ramón Cotarelo.

La condena

Lo sabíamos. Lo sabía el propio Garzón. La sentencia estaba predeterminada. Lo sabe la gente que dice en un 61 por ciento que el juez es víctima de una persecución. La condena estaba decidida de antemano. Los políticos pringados en la Gürtel, junto a los presuntos delincuentes, se dieron la mano con los herederos ideológicos del franquismo para poner fin a la carrera del único juez que se atrevió a hacer justicia a las víctimas del franquismo y, de paso, descubrió y persiguió la mayor trama de corrupción de la democracia. La misma alianza que sostuvo la dictadura de Franco durante cuarenta años: fascistas con políticos corruptos y delincuentes.

Esa coalición siniestra tenía un objetivo clarísimo: impedir que Garzón llevara adelante un (muy merecido) proceso penal por genocidio contra Franco y sus secuaces y ver si, de nuevo de paso, se conseguía anular el procedimiento de la Gürtel.

Por eso ha habido tres causas contra Garzón y se han visto en el orden que se sabe. Se trataba de condenar al juez por un daño colateral (la supuesta prevaricación de las escuchas) para que no pareciera que se le condenaba por investigar el franquismo, aunque la acusación sea la misma. Pero no haya duda. Lo de menos es si la condena por prevaricación es o no justa; que no lo es porque no hay prevaricación. Lo esencial era yugular la investigación de los crímenes del franquismo y hacerlo como un escarmiento para que sirva de aviso por si algún otro juez cae en la tentación de hacer justicia pero sin que parezca que se actúa por esto. Ahora, a lo mejor sale absuelto en la causa por el franquismo. Es muy posible.

El pelotón

Los nombres: Luciano Varela, Francisco Monterde, Andrés Martínez Arrieta, Joaquín Giménez (presidente del tribunal), Miguel Colmenero (ponente de la sentencia), Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena. Cada uno de estos hombres (alguno recusado por Garzón) es responsable de sus actos. Todos han condenado por unanimidad. Cada uno de ellos ha actuado, se supone, ateniéndose a derecho. Pero son seres humanos y pueden tener más (o, simplemente, otras) razones. La envidia, los celos, la venganza, la enemistad también son razones, y muy poderosas, que pueden haberlos movido a una decisión injusta. Tal cosa proclama el asimismo juez Garzón que achaca injusticia a la sentencia. A quien diga que siete magistrados no pueden equivocarse cabe responder que no se trata de una equivocación sino de una injusticia y que siete magistrados pueden ser tan injustos y hasta prevaricadores como uno o cien mil. ¿Quién condenó al justo y salvó a Barrabás? La masa.

Si esto es España, un juez dedicado a perseguir dictadores vivos o muertos está jugándose su carrera; si, además, destapa la corrupción de los políticos de la derecha, ya la ha perdido. Es cuestión de conseguir que los jueces, sensibles a la herencia franquista y los intereses de la gente como Dios manda, hagan lo que tienen que hacer. Según el juez Garzón, impedirle que se defienda, maniatarlo.

"Van a fusilar

a un hombre que tiene los brazos atados.

Hay cuatro soldados para disparar.

Son cuatro soldados

callados,

que están amarrados

lo mismo que el hombre amarrado que van

a matar"

(Nicolás Guillén).

La ejecución

Los siete magistrados que han condenado por unanimidad no pueden ignorar que han destrozado la vida de un hombre honrado y puesto fin vergonzoso y vergonzante a una carrera profesional que era punto de orgullo nacional. Por eso han disparado en sentido metafórico con balas dum dum, para que no quede ni rastro del ejecutado, del hombre cuya ambición personal han truncado; esperan que para siempre. Y con ello han truncado también la última esperanza de la gente de nuestro país en la Justicia de la justicia. Aquí solo hay venganza. Venganza por agravios imaginarios y quizá también reales. Por razones de edad, algunos de los jueces del Supremo que han condenado ejercieron durante la Dictadura, profesando como Derecho y Justicia lo que no era sino arbitrariedad e injusticia. Es más, hasta podemos conceder que hayan actuado pensando genuinamente que lo hacían en justicia. Pero ¿lo hicieron también en equidad?

La sentencia está pidiendo reacciones a gritos. El juez Garzón acudirá en amparo al Tribunal Constitucional y al Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aduce violación del derecho a la defensa y al juicio justo. Empezando porque se le niega el derecho a la doble vuelta. Hay quien dice que no es un derecho fundamental porque no está recogido en los que la Constitución considera tales. Cuando los derechos fundamentales son anteriores a toda Constitución y, además, este está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por España. También hay quien dice que, aunque esté recogido, no es un derecho fundamental. Por decir que no quede. Pero lo es. Es parte del derecho a un juicio justo. Que no lo ha habido. Así que el juez Garzón reaccionará y hay una larga batalla por delante.

Igualmente debemos reaccionar quienes creemos que, al condenar a Garzón, el Supremo nos ha condenado a todos, mermando nuestros derechos, empezando por el no menos fundamental, básico, de la seguridad jurídica. Si prevaricación es toda interpretación de la ley que no guste a los magistrados del supremo, nadie estará seguro en nuestro país, máxime cuando, según parece, se puede destituir a los jueces justos. Por eso, nuestra reacción debe ser pedir la depuración de las responsabilidades de la Dictadura en el poder judicial de hoy. Es obvio que, el haber prestado acatamiento al franquismo y sus principios del Movimiento Nacional, y haber aplicado sus leyes como si fueran justas, contamina; quizá incluso inhabilite o debiera inhabilitar para administrar justicia en un Estado democrático.

Pero ¿qué país es este?

Por: Ramón Cotarelo.

¿Está en la tierra o en algún punto perdido de una galaxia ignota? ¿Está habitado por seres humanos racionales o por entes de sinrazón? ¿Por ciudadanos conscientes de sus derechos y de su dignidad o por siervos acobardados? ¿Por hombres y mujeres que caminan erguidos o por bestias de carga que humillan la cerviz? Que la lectora y el lector se respondan después de haber leído las breves consideraciones siguientes.

El único juez que ha tenido la entereza y la honradez de hacer justicia a las decenas de víctimas de una dictadura asesina está siendo juzgado por quienes son sus pares en lo formal pero no me lo parecen en lo substancial, tras haber admitido una querella formulada por los herederos ideológicos de la dictadura que en cualquier otro país del mundo estarían prohibidos. Tienen que venir del extranjero (y, en concreto, el New York Times y la justicia argentina) a recordarnos y demostrarnos la indignidad que significa perseguir penalmente a un magistrado del que cualquier otra nación civilizada se sentiría orgullosa. Ese otro colega suyo que instruyó la causa contra él asesorando a la parte acusadora privada será todo lo progresista que quiera pero, a mi modesto entender, se ha labrado a pulso un lugar en la historia universal de la infamia.

De igual modo el juez que tuvo el coraje y la decencia de imputar varios supuesto delitos a Urdangarin está ahora sometido a investigación por el Consejo General del Poder Judicial y no es impensable que acabe sancionado, mientras que el imputado, al que se atribuye la comisión de varios delitos por millones de euros se dispone a "pedir disculpas", como quien ha faltado a una regla de cortesía.

En cambio, el juez Grande Marlaska archiva la causa por la muerte de 62 militares españoles en el caso del Yak 42, ya que los responsables de subcontratar una subcontrata de una contrata no lo hicieron con ánimo causar daño alguno a las víctimas. Y la fiscalía anticorrupción renuncia a impugnar la sentencia que absuelve al ex-presidente Camps del presunto delito de cohecho. Camps, a quien otro juez del que era "más que amigo" intentó exonerar con anterioridad, se va por fin de rositas sin haber probado que pagó por los trajes del regalo y dejando en el oído del país entero la memoria de unas conversaciones telefónicas que son una vergüenza.

¿Nos apostamos algo a que también acaba investigado, imputado, procesado, quizá condenado, el juez Pablo Ruz, que acusa a varios altos cargos y empresarios del supuesto delito de apropiación indebida de fondos públicos con motivo de la visita del Papa en 2006?

Parece bastante claro que estas medidas tratan de amedrentar a los jueces castigando a aquellos que no se doblegan a los intereses de una mafia de políticos corruptos, empresarios afanalotodo y puros delincuentes. Y eso a escasas fechas de que el Jefe del Estado predicara a la nación que la justicia es igual para todos. No lo es para su yerno, no lo es para él, ni para muchos políticos del PP, ni para los curas, ni para los banqueros. La ley solo es igual (igual de dura) para las gentes del común, incluidos los jueces que creen su deber hacer justicia.

Gentes del común que rezongamos nuestro descontento en conversaciones privadas e inundamos las redes sociales con nuestras quejas, pero no sabemos o no podemos plantarnos y decir ¡basta! Porque no somos una nación en el sentido moderno del término; porque, se diga lo que se diga, aquí no hubo revolución burguesa, vinculada al origen de esa nación hecha de ciudadanos libres bajo el imperio de la ley. Aquí hemos conservado el antiguo régimen mezcla de oligarquía, caciquismo, siervos y predominio clerical que se vale del Estado de derecho como Procusto de su famosa cama.

¿Qué? ¿Cuál era la respuesta a la pregunta del principio?

Carta al juez Garzón.

Por: Ramón Cotarelo.

Señor juez: como usted sabe perfectamente el poder judicial no reside en órgano colegiado alguno sino que está investido en cada juez por separado. Usted es el poder judicial y el poder judicial que usted ha sido es honra y prez de la administración de justicia, cosa que se le reconoce fuera del país pero no dentro. Y eso es lo que explica la presencia de observadores internacionales en este proceso. Hay mucha gente en el mundo interesada en saber cuál será el desenlace. Lo cual nos humilla como país pero es la mejor garantía posible para usted. Las injusticias son más difíciles de perpetrar a la luz pública; prefieren la oscuridad.

La coalición contra usted agrupa a reaccionarios y franquistas, presuntos delincuentes que pretenden conseguir la nulidad de sus acciones y colegas animados por la más negra envidia corporativa. Es una alianza fuerte pero, aunque lo fuera mucho más, no prevalecerá porque para prevalecer hace falta tener ideas y profesarlas sinceramente, no de un modo cínico, bastante frecuente. Aquí las ideas y los ideales los tiene usted y la audacia de realizarlos, también. Frente a esos ideales nada podrán la mañas, las triquiñuelas artificiosas y los pelos del rabo de la esfinge, que diría Unamuno, de la siniestra coalición.

En todos los casos en que ha tomado decisiones lo ha hecho con respeto a la legalidad y animado solo del deseo de hacer justicia. Es posible que en ocasiones se haya equivocado. Pero una equivocación, suponiendo que la haya, no es un delito. Además, las normas son interpretables por naturaleza. La función del juez es precisamente esa, interpretar las normas. Puede que algunas interpretaciones sean erróneas pero eso tampoco es delito. Construir tres casos judiciales prácticamente de la nada y mantenerlos vivos a toda costa, al extremo de seguir adelante sin la acusación del ministerio fiscal y con un tribunal que ya se ha fracturado casi a la mitad en la decisión sobre proseguir el caso o no revela una clara intencionalidad política. Como la revela claramente el hecho de perseguir penalmente a un juez por discrepancias en materia jurisdiccional.

De todos modos el firmante de esta carta y quienes quieran adherirse queremos manifestar que el juez Garzón ha ejercido sus funciones de forma ejemplar, que el país le debe mucho y que, en esta hora aciaga para él, somos muchos, muchísimos quienes lo consideramos un juez extraordinario, un ciudadano modelo y un hombre cabal.