13 de septiembre del 2019.
El
pasado 6 de septiembre de 2019, Andrés Manuel López Obrador realizó una
visita al municipio de Charcas, en San Luis Potosí, en la cual señaló la
importancia de hacer que los recursos del coloquialmente llamado “Fondo
Minero” (Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y
Municipios Mineros) lleguen efectivamente a la población. Mencionó que
el problema del Fondo Minero es que los recursos no están llegando
directamente a la gente, sino que se quedan atorados en los
ayuntamientos y gobiernos estatales. Ofreció, como solución, que los
$24,862,678 que según le corresponden este año al municipio de Charcas
sean entregados directamente a los comités de padres de familia de las
33 escuelas primarias que se encuentran en este municipio.
Sin
menoscabar las necesidades presupuestales que enfrenta la
infraestructura de las escuelas, así como los profesores, alumnos y
padres de familia, tanto del municipio de Charcas como del resto del
país debido al abandono y negligencia histórico que han enfrentado a
manos del gobierno federal, manifestamos que, además de atender estas
necesidades a partir del Fondo Minero que inserta a estas comunidades en
una perversa lógica de dependencia con respeto a las actividades de
despojo a partir de la extracción que realizan las grandes empresas
mineras, también descarta de facto los daños al ambiente y a la salud
que ocasiona la actividad minera, la cual, en consecuencia, con el uso
del Fondo minero lava de manera tenue el tamaño y la permanencia de la
problemática que ocasiona.
El
gobierno federal en turno no ha comprendido aún que el problema de las
actividades mineras en México a gran escala no es uno de redistribución
de las ganancias generadas por las empresas mineras, sino de respetar el
derecho de las poblaciones a decidir autónomamente sobre los bienes
naturales localizados en los territorios y el tipo de actividades que
pueden desarrollarse en los mismos.
El
gobierno federal tiene la obligación de dotar con recursos suficientes a
los planteles educativos y al personal docente que labora en los
mismos. Al ligar el cumplimiento del derecho a la educación a la renta
de las actividades mineras, se condiciona la garantía de este derecho a
la presencia de actividades extractivas profundamente destructivas.
El
municipio de Charcas es, trágicamente, un caso que demuestra la
gravedad de incurrir en la lógica planteada por López Obrador. En el año
2016, en otro escándalo más involucrando a la empresa Industrial Minera
México, 5 trabajadores mineros perdieron la vida en accidentes
prevenibles. ¿Acaso los $24 millones de pesos del Fondo Minero
justifican el terrible deceso de estos trabajadores? ¿Justifican acaso
la contaminación y daños ambientales que los habitantes de Charcas
continuarán sufriendo años después de que cierren los proyectos
extractivos de Grupo México y el flujo de recursos del Fondo Minero se
interrumpa?
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
