“Por más que no supiera nadar no entendemos cómo se ahogó.”

Por: Adriana Meyer / Página|12.

Imagen: Leandro Teysseire.

“La causa todavía no empezó”, dijo a Página|12 Verónica Heredia, la abogada que representa a Sergio Maldonado y la familia de Santiago. “Así lo dijimos el 1 de noviembre por las condiciones y el lugar donde se encuentra el cuerpo de Santiago, en un río que tenía treinta centímetros de agua cuando desapareció y por más que no supiera nadar no entendemos cómo se ahogó; porque los buzos pasaron por ahí siete veces en rastrillajes, el 17 de octubre se topan con el cuerpo y no dan ninguna explicación sobre por qué no lo encontraron antes.”
 

Dijo Heredia que ésas “son todas las preguntas que se amplían a cómo llegamos al 1º de agosto con la violencia desplegada por Gendarmería con la orden del juez Otranto. Por eso pedimos a la Corte Suprema que las respuestas sean aportadas en una nueva investigación por un grupo de expertos independiente”.  Así pasaron los doce meses que transcurrieron desde la última vez que los jóvenes mapuches y el payador chileno Nicasio Luna lo vieron con vida. Página|12 reconstruyó la actualidad del expediente con el enfoque de las partes y una fuente judicial clave en la investigación.
“Impugnamos el inicio del peritaje del DNI de Santiago, porque se rompió la cadena de custodia cuando se lo entregaron a Sergio el 24 de noviembre en la Morgue de la Suprema Corte, lo que surja no es válido”, apuntó sobre una de las medidas cuyo resultado aún está pendiente. “Le dijimos al juez Lleral que si se desconocen aún las condiciones en que estuvo el cuerpo tampoco podemos hacer un análisis de ese documento, no se puede reproducir lo que aún se desconoce”, agregó. El 10 de julio la familia se presentó en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), donde se está realizando el peritaje y observaron las condiciones en las que se va a reproducir el medio en que estuvo supuestamente sumergida la tarjeta de identidad de Santiago, que apareció en uno de los bolsillos de su pantalón casi intacto.

Heredia también cuestionó no haber sido notificada de la audiencia en la que Luna declaró como testigo, en la fiscalía de Aysén en Chile, y recordó que lo mismo sucedió cuando el juez federal Gustavo Lleral interrogó al mapuche Lucas Pilquiman. “Todas las partes deben estar presentes”, remarcó. El martes Página|12 publicó que el músico que sobrevivió a la represión en Cushamen había respondido las 49 preguntas que envió el juzgado federal de Rawson a cargo de Gustavo Lleral, no una por una sino con el relato que ya había hecho en enero ante la Defensoría chilena, en el que describió haber visto a Santiago corriendo con su mochila delante suyo, haber sido rodeado por gendarmes que le apuntaban y finalmente haber podido cruzar el río Chubut. Una vez a salvo, Luna escuchó decir a Matías Santana que a Maldonado se lo había llevado Gendarmería, y así lo dijo ante la justicia.

Sobre el informe del perito criminalístico Enrique Prueger, publicado el jueves por Página|12, la abogada destacó que “no fue pedido por la familia”, pero afirmó que “está en sintonía con las preguntas que le hicieron al juzgado sobre la autopsia, nosotros planteamos que no entendemos por qué llegan a tales conclusiones, y el juez rechazó contestar, fuimos a la Corte porque el magistrado no permite ni siquiera que hagamos estas preguntas a los peritos que firmaron la autopsia”. Cuando en noviembre se conoció el resultado de la autopsia Sergio Maldonado había dicho que el caso no cerraba, sino que se abrían más preguntas, y sin afirmarlo con la misma vehemencia que los mapuches, expuso sus sospechas sobre la permanencia del cuerpo en el pozo durante todo el tiempo que estuvo desaparecido. En tal sentido, el perito Prueger encontró errores y omisiones en la autopsia, y “afirmó que los estudios verificatorios de la misma contradicen las conclusiones”, algo similar a lo que venía planteando la familia desde aquel momento.

“A menos de un minuto”

Aunque las partes querellantes del caso Maldonado no están unificadas persiguen el mismo objetivo de esclarecer la desaparición y muerte del joven anarquista, viajero y tatuador, durante la represión del 1º de agosto en esos pocos cuadros de tierra lindantes con el millón de hectáreas de Benetton. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sintetizó de esta manera la actualidad de expediente: espera el resultado del peritaje sobre el DNI de Maldonado, que llegue al expediente la declaración de Luna, y cuando eso suceda pretende que Lleral insista con algunas declaraciones testimoniales de los mapuches que no pudieron concurrir aún por diferentes motivos.

Una de las medidas que quedó pendiente es la reconstrucción de los hechos, pero antes tienen que declarar todos los testigos, ya no los gendarmes que si son convocados eventualmente tendría que ser a indagatoria, explicó a este diario una fuente judicial. “No se puede aislar todo el operativo de lo que le pasó a Santiago Maldonado, el incendio de las pertenencias de los mapuches es un delito, los gendarmes no podían hacer eso, es parte del ingreso violento y las irregularidades que cometió Gendarmería, si reconstruimos el hecho hay que hacerlo desde que los gendarmes ingresan al territorio. Hay que investigar aparte el posible delito de daño o estrago del incendio de la casilla de guardia, que fue posterior, y luego ver si tiene que ver con esta causa. En cualquier caso, esa es la parte que no está en duda, que los gendarmes entraron, que hubo un par que fueron hacia la casilla, que tuvieron privadas de su libertad a Claudina y Ailinco Pilquiman y a dos menores por varias horas, que la noche anterior había estado Santiago Maldonado con otros, donde él va agarra la mochila y corre. Se pudieron recuperar muchas fotos y videos, además de que están los testimonios”, agregó el investigador.

El ingreso de los gendarmes allí no estaba autorizado, fue ilegal, “entraron a los tiros dispararon entre 60 y 80 veces cartuchos de goma, y persiguieron a las personas que estaban ahí hasta el río. Se quedaron cinco horas en ese lugar, controlando todo, hay una importante sumatoria de irregularidades”. No hizo falta apelar a la geolocalización, que en todo caso debió ser satelital por la falta de antenas en la zona, porque fueron los propios gendarmes quienes se ubicaron a sí mismos cerca del río, tanto al declarar en los sumarios internos como ante el juez. “Ya no hay dudas de que estuvieron donde pasó lo que pasó, sólo falta completar el relato de los testigos, tenemos en claro el momento en que pasó lo que pasó, sabemos que no estaban a cinco minutos los gendarmes de los mapuches sino a 30 segundos, como mucho un minuto de Santiago Maldonado, no pueden no haberlo visto”, afirmó la fuente.

El ministerio de Seguridad también tiene su parte. “La hipótesis de la desaparición forzada se constituye por dos elementos, no sólo porque hay una persona que no aparece sino porque la autoridad a cargo del operativo en el que desaparece esa persona oculta información, y eso lo hizo el ministerio. No están todas las fotos y todos los videos de lo que pasó ese día, lo que recuperamos fue por nuestra querella. Se le pidió a Gendarmería que aporte todas las cámaras fotográficas con todas las tarjetas de memoria, y sólo así se pudieron recuperar muchas imágenes. La información precisa sobre la cantidad de efectivos que participaron y los vehículos tardó mucho en llegar. Y fue llegando por partes, la introducción de pistas falsas en el expediente en forma sistemática la hizo el Ministerio de Seguridad”, afirmó la querella del Cels. “Ante un operativo donde hay una persona desaparecida actuaron con total normalidad, entonces lavaron una camioneta. No sabemos si la intencionalidad fue borrar pruebas, hay una denuncia concreta, una persona que no aparecía por muchos días, y se hicieron las cosas como si no hubiera pasado nada”, agregó sobre la justificación oficial que invocó un memo que ordena lavar los vehículos luego de los procedimientos.

El Cels había pedido medidas respecto de Pablo Noceti, porque él mismo se puso en el lugar de los hechos, dio una entrevista por radio con claridad expresando su idea y qué es lo que estaba haciendo en el lugar. Aunque el funcionario de Bullrich pasó por ahí a mediodía, una hora después del ingreso de la Gendarmería, no hay hasta ahora información sobre qué tipo de intervención tuvo en el operativo. “Una cosa es el ministerio de Seguridad respondiendo de esa manera hacia los reclamos de la comunidad mapuche, es una clara responsabilidad política, lo que no significa que se traslade en forma automática a la responsabilidad penal”, explicó esta parte querellante. Sin embargo, sí hay incidencia de Noceti en la etapa de investigación cuando fue alertado por el juez Otranto de algunas de las medidas de prueba en marcha. El cruce de llamadas telefónicas también es una medida pendiente, y en caso de ser solicitada Lleral ya cuenta con la sábana (listado de comunicaciones entrantes y salientes) del teléfono del funcionario.

Del análisis de las 19 declaraciones testimoniales que dieron los gendarmes en septiembre surgen decenas de inconsistencias y contradicciones que nunca fueron aclaradas. “Uno se ubica solo, otro se ubica solo con un tercero, hay otro que dice que no escuchó ningún disparo, el que disparó dice que lo hizo estando a diez metros del que dice que no disparó. Necesitamos completar lo que pasó no sólo para saber quién vio a Santiago y quién hizo qué, sino también para saber por qué se contradicen tanto”, concluyó la fuente.

El cuerpo de Maldonado apareció, no así su mochila y su celular, lo cual también podría jugar en contra de los verdeoliva, si es que llega en alguna instancia el momento en que sean llamados a indagatoria.

A criterio del Cels, las imágenes del expediente confirman las cosas objetivas que los mapuches describieron,  y que Gendarmería quería ocultar. “No llegaron al río, sí llegaron. Matías habla de un camión o camioneta que se pone de culata con la caja mirando hacia el río, él ve que meten un bulto y se va. Eso también sucedió. Metieron las cosas que se llevaron que no habían quemado. Hubo mucho movimiento de camionetas en todo el momento, hay elementos objetivos que coinciden con lo que declaró Santana”, indicó la querella. Sin embargo, afirmó que “no hay ningún indicio en el expediente de qué pasó con Santiago entre el 1º de agosto y el 17 de octubre”.

Cartas a Adis: 12 de enero.

Por: Sebastián Liera.

A lo mejor te preguntes por qué elegí esta fecha para intitular esta carta que te escribo y, sintiendo un poco de curiosidad, busques “12 de enero” vía san Google; si es así, encontrarás el artículo de Wikipedia que reza eso del duodécimo día del año en el calendario gregoriano, entre otras cosas; pero, lo que la autodenominada “enciclopedia libre” no te dirá es que hace 20 años, precisamente un 12 de enero, miles de hombres y mujeres salimos a las calles para exigir que se detuviera la masacre que de suyo estaba significando la persecución contra quienes con el nombre de Ejército Zapatista de Liberación Nacional le habían declarado la guerra al entonces jefe del poder Ejecutivo federal, el priísta Carlos Salinas de Gortari, y a las fuerzas armadas bajo su constitucional comandancia general.

Decirte que la informe y multimentada sociedad civil mexicana paró una guerra que según las estimaciones más conservadoras en menos de dos semanas ya costaba poco más de un centenar de vidas quizás no te signifique nada, sobre todo cuando 20 años después ves a tu país sumido en una tragedia que habiéndose cobrado cientos de miles de vidas no parece detenerse; pero tengo razones suficientes para afirmar que fue justo ése día, el 12 de enero de 1994, que nuestra suave patria comenzó a enfilarse hacia el rumbo que ha tomado y que lanzando la mirada de vuelta a ese punto podría encontrar la clave para regresar sobre sus propios pasos.

México, hijo, lo sabe hasta don Perogrullo, es muchos méxicos; pero, desde aquél 12 de enero, los méxicos que en México son pueden agruparse sobre todo en dos tipos de méxicos: el de los que tienen por ingredientes principales la represión, el despojo, la burla y la explotación capitalistas de quienes despachan en las gerencias general y departamentales que algunos todavía llaman gobiernos federal y estatales, y el de quienes han apostado por la resistencia y la rebeldía organizadas para tejer experiencias de libertad, justicia y democracia dignas.

Antes de la irrupción del EZLN, los méxicos que en México son, si bien tenían ambas opciones, parecían no tener más alternativa que inclinarse hacia la primera. El llamado neozapatismo descorrió el maquillaje de una nación que celebraba su entrada al llamado “primer mundo” luego de que el virrey neoliberal que despachaba en Los Pinos había conseguido que olvidáramos que iba desnudo y, entre otros trucos de magia y prestidigitación, decretado la inexistencia de decenas de pueblos indígenas cuyos hombres y cuyas mujeres sobrevivían y sobreviven en la más vergonzosa de las miserias.

En medio de la líquida promulgación del fin de la historia, se escucharon fuerte y claro las voces y los pasos de quienes con solidez gritaron un “¡Ya Basta!” que hizo de la posmoderna embriaguez del libre mercado la cruda barroca de la modernidad capitalista salvaje; así que la respuesta del virrey, reducido a lo que en verdad era: gerente del México, S.A., fue ordenar el envío de helicópteros y tanquetas que bombardearon y destruyeron todo lo que pudieron a su paso. Por eso se hizo necesario, m’ijo, que saliéramos a las calles y con aquello de “¡No están solos!” y eso otro de “¡Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él!” detuviéramos la primera sangría.

Éramos gente buena y honesta que reconocimos que la demanda del EZLN de un nuevo pacto nacional que incluyera a los pueblos indígenas era justa; no obstante, al tiempo que le exigimos al gerente de la política ficción nacional que parara la masacre, le demandamos al zapatismo que apostara por la vía política y pacífica en vez de la vía armada. El salinato nos respondió con la promesa de una serie de reformas que garantizarían dicho pacto, el zapatismo asegurando que no dispararía una sola bala más; en consecuencia, nosotras y nosotros dimos nuestra palabra de luchar por una democracia, una libertad y una justicia dignas y verdaderas para los méxicos que en estas tierras somos.

Muchos han sido y serán los errores achacables al zapatismo, hijo; pero en 20 años sus mujeres y sus hombres, que nos dieron título de Señora Sociedad Civil, no han cejado en sus intentos de construir experiencias organizativas que buscan garantizar no sólo una vida digna a sus propios pueblos, sino a las y los mexicanos todos; en cambio, el salinato, que nos redujo a asociaciones civiles asistencialistas, continuó con el desprecio, la persecución, la amenaza, el secuestro, el asesinato, la desaparición y el robo y no ceja en su intento de hacer pedazos al país todo.

El zapatismo cumplió a carta cabal su palabra y el salinato no; pero, de algún modo, desde la llamada sociedad civil ya sabíamos que eso ocurriría. Lo trágico de todo esto es que fuimos precisamente la mayoría de esa sociedad civil la que tampoco cumplimos y, hoy, en lugar de parar la guerra como lo hicimos el 12 de enero de hace 20 años, conforme hemos ido traicionando la palabra que empeñamos es la guerra la que nos ha ido parando a nosotras y a nosotros.

Detrás del hijo de Moreira.

Por Lydia Cacho/Sinembargo.

No estoy dispuesta ni lo estaré nunca a celebrar el asesinado de nadie. Lo que estoy es convencida de que quienes cometen delitos deben pagar por ellos de acuerdo a las reglas jurídicas establecidas para quien incurre en conductas antisociales. Que desde los asesinos hasta quienes comete peculado deben pagar, como bien lo exige la ley, con la privación de la libertad y las multas correspondientes. Lo mismo aplica para quienes utilizando el poder que les confiere un puesto público, debilitan a las instituciones con el tráfico de influencias, llevan a cabo negocios sucios, ejercen nepotismo, lavan dinero, o robustecen sus fortunas personales dejando en quiebra a sus ayuntamientos y estados, traicionando a la sociedad entera. El mismo rasero para toda la sociedad.

Dicho lo anterior debo confesar que a mi, como a millones de personas, las declaraciones que Humberto Moreira hizo hoy me dejaron pasmada. Y sí, seré políticamente incorrecta, pero debo decir lo que muchos piensan y callan por pudor. En medio de su auténtico dolor por la trágica muerte de su hijo, Moreira es el mismo cínico de siempre. Declaró “Mi hijo es un muerto más de esta guerra, unos desgraciados le dieron dos balazos en la cabeza”. Cuando el ex gobernador que dejó a Coahuila en un estado financiero calamitoso, por no hablar de la impunidad y violencia rampante, dijo estas palabras y acto seguido aprovechó para asegurar que se le había calumniado, pero que esto sí, no lo va a perdonar.

Y debo decir que si su hijo fuera un muerto más de esta guerra, él estaría como el resto de los padres y madres, haciendo fila, lleno de ansiedad y angustia, para que la procuraduría estatal recogiera su caso antes de los otros dos mil pendientes. Si su hijo fuera otro más no hubiera sido contratado por su tío como coordinador regional de la Sedesol estatal. Si su hijo fuera una víctima más de esta guerra, seis horas después de su asesinato no habrían 23 funcionarios públicos federales coordinándose para llevar a cabo una estrategia de seguridad. Si el padre del joven asesinado fuese un hombre común, sin poder político (con averiguaciones previas abiertas y acusaciones sobre corrupción y otros probables delitos), las autoridades federales no solamente le hubiesen negado la ayuda, sino hubiesen dicho, como dicen de miles de jóvenes pobres y desconocidos que han sido ultimados en pueblos del norte del país, que seguro andaba en malos pasos, o de plano García Luna y Cárdenas Palomino lo habrían tachado como un narco más en su larga lista de muertos acusados falsamente.

Si el hijo de Moreira fuese uno más de esos miles de asesinados de esta guerra, Poiré, el mismísimo secretario de Gobernación, no le hubiera tomado la llamada al padre. Tampoco hubiese sucedido lo que sucedió: horas después de su muerte se conformó un grupo de trabajo con autoridades estatales y federales que se comprometieron a esclarecer los hechos a la brevedad posible, y castigar a los responsables. Si fueran víctimas normales, como nos asegura Moreira, no se habrían reunido en menos de seis horas Victoria Pacheco, la subprocuradora de Control Regional de la PGR, con el General Luis Arturo Oliversen, Jefe del Estado Mayor Presidencial de la Sedena y el Almirante José Santiago Valdés, Jefe del Estado Mayor General de la Armada de México. Y como no es un joven común, sino el hijo de una privilegiada clase política, también llegaron a esa pronta reunión el director general del Cisen Jaime Domingo López (responsable de la Seguridad Nacional), el Comisario de SSPF, Luis Cárdenas Palomino, y el comandante de la novena región militar, el General Noé Sandoval.

Todas las familias de jóvenes desaparecidos, asesinados y asesinadas en México saben que las personas comunes van al Ministerio Público, pero antes rezan para que las autoridades y algunos medios coludidos con ellas no publiquen algún mensaje difamatorio que mande a su familiar asesinado al cajón de los “culpables a priori” en los que la autoridad no desperdicia ni diez minutos porque descarta su derecho como víctima y le somete al juicio sumario post-mortem sin derecho a réplica.

Las y los reporteros de este país hemos escuchado demasiadas historias de familias desgarradas por el asesinato impune de sus hijos como para guardar silencio ahora. Porque sin escatimar el dolor de la pérdida que sufre la familia Moreira y la joven viuda, debo decir que este inmenso y desproporcionado despliegue de los personajes más importantes de la seguridad nacional en tan pocas horas, advierte el futuro que hemos de enfrentar. Todo parece indicar que los favores que el presidente Calderón desde ya hace al PRI no tienen límites, y nos recuerda justamente la razón por la que el país se cae a pedazos en lo concerniente a derechos humanos e impartición de justicia.

Porque las madres y los padres de las cientos de jóvenes asesinadas en Chihuahua siguen suplicado después de diez años, que la autoridad reúna lo que se reunió hoy por la familia Moreira: los elementos técnicos, científicos y humanos de mayor calidad para detener a los culpables de inmediato. Lo mismo las miles de familias que han seguido su viacrucis justiciero con Sicilia.

Esto nos lleva a preguntarnos, si las autoridades tienen esa capacidad de respuesta y prometen esos resultados ¿por qué no funciona con todas las familias? Ya sé que me dirán que porque este es un país de  gobernantes corruptos y abusivos y la justicia es para quien puede pagarla. Pero esa no es la respuesta que busco, es simplemente un diagnóstico añejo y certero de las circunstancias; la pregunta es válida, porque si efectivamente es posible trabajar en equipo, juntar a los mejores elementos, llevar a cabo una análisis criminológico de alto nivel y dar con los culpables de quienes en medio de un camino rural balearon a un joven ¿por qué no replicar esa estrategia y sacar al país del marasmo de muerte e impunidad? ¿Por qué incluso en asesinatos de otros políticos no se dio este nivel de respuesta?

He visto a demasiadas familias, ricas, pobres y clasemedieras honestas sentadas en procuradurías y juzgados, llorando, restregándose las manos de ansiedad y angustia, suplicando que la policía vaya a donde asesinaron a su hijo o hija. A padres que me narran llorando cómo llegó antes el Ejército al lugar de los hechos y de inmediato dijeron que dos balazos en la cabeza son símbolo de ejecución y  que “muy  probablemente” la víctima estaba metida en malos pasos.

No importa cuan corrupto sea un político, los hijos no merecen pagar por los delitos de sus padres. José Eduardo no es la excepción. Se equivocan quienes celebran su muerte como castigo a sus familiares, este país lo que necesita es justicia, no venganzas ni odio. Pero también necesita equidad jurídica. Moreira debería, como todo padre mexicano, esperar respetuosamente detrás del otro padre coahuilense a cuyo hijo asesinaron hace seis meses y a quien el procurador aun no recibe. Entonces si creeríamos que su hijo es otra víctima más de esta guerra. Y debería preguntarse ¿qué condiciones dejó él en el estado para que otros padres sufrieran lo que él experimenta hoy? 

@lydiacachosi

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/04-10-2012/9925. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

PALINURO :: Una propuesta práctica para la izquierda.

Por Ramón Cotarelo.

Los últimos acontecimientos en Madrid y otros lugares de España son muestra de un deterioro alarmante de la democracia. La desmesurada violencia policial en la represión de un 25S pacífico; el hecho de que los agentes fueran sin identificar, en contra de la ley y que sus mandos se jacten de ello; la brutalidad indiscriminada desatada por las provocaciones de los propios agentes disfrazados de manifestantes, contra toda norma moral; las identificaciones aleatorias e intimidatorias; las detenciones discrecionales; el hostigamiento y amedrentamiento sistemático de la población, todo ello prueba una neta involución política hacia formas políticas autoritarias, casi dictatoriales.

Y la consecuencia más evidente es la generalizada conciencia de indefensión de la ciudadanía frente a las arbitrariedades del poder, lo cual produce un estado de creciente irritación popular ante la que la autoridad solo responde intensificando la violencia.

El gobierno salido de las elecciones arrastra un déficit de legitimidad sobrevenida al haber incumplido clamorosamente todo el programa en virtud del cual se lo eligió. Por este motivo tiene tanta autoridad para gobernar como el mancebo de la botica. Sabedor de esta carencia de legitimidad, el poder no se molesta en guardar las apariencias, prescinde de todos los frenos y contrapesos propios del Estado de derecho y actúa a golpe de decreto, sin someterse a control alguno. El Parlamento, vaciado de contenido por la mayoría absolutísima del PP, no pinta literalmente nada. Las demás instituciones de fiscalización, como la Defensora del Pueblo, por ejemplo, están al servicio incondicional del gobierno. Solo los tribunales mantienen un remedo de independencia, pero es de efectos tardíos, inseguros y quizá poco eficaces. Cuando el ministro Wert mantiene la subvención a los centros educativos segregados por sexo en contra de una sentencia del Tribunal Supremo hay poca duda sobre lo que aquí se dice.

El círculo se cierra con el control del gobierno sobre los medios de comunicación, total en el caso de los públicos -que actúan como unidades de agitprop del PP- y casi total en el de los privados. Un control que, con los esfuerzos de una batería de plumillas e ideólogos, fabrica una realidad diaria tipo Potemkin, esto es, simulada, ficticia. Una realidad en la que el pueblo que protesta contra el golpe de Estado de la banca es presentado por la autoridad como golpista, en que los escasos diputados que denuncian la violencia institucional son acusados de violentos y en la que son los manifestantes pacíficos como los de las fotos los que atacan a la policía.

Y no hay mecanismos de defensa. 

Gracias a las redes sociales todo el mundo puede ver lo que ha pasado, lo que está pasando, cómo la policía va sin identificar, se extralimita de continuo, carga brutalmente y maltrata a la ciudadanía que está ejerciendo un derecho. Luego, la delegada del gobierno ocupa los medios y miente con todo descaro, reduce los manifestantes a la décima parte, los insulta tratándolos de golpistas, asegura que atacan a la policía y que esta actúa correctamente. El gobierno ampara y sostiene estas patrañas y los medios de comunicación al servicio de la autoridad, esto es, casi todos, propalan los embustes, los infundios, las calumnias y son cómplices del poder en la tarea de criminalizar la oposición extraparlamenteria y parte de la parlamentaria, en concreto el puñado de diputados que ha tenido el coraje y la honradez de sumarse a los manifestantes.

La iglesia, como siempre que la derecha actúa en defensa de sus intereses, calla, y la gente tiene que informarse en las redes sociales y los medios extranjeros, hoy al alcance de la mano gracias a internet. Pero lo hace y eso se traduce luego en una acción política práctica extraparlamentaria que, aunque la delegada Cifuentes y quienes están tan ciegos como ella la vean como un problema de orden público, tiene un alcance inmenso, cada vez más de manifiesto. El sábado vuelve el pueblo soberano a rodear el parlamento para protestar por una forma de hacer política que reputa antidemocrática, injusta e inmoral. Lo hace de modo espontáneo, sin organización jerarquizada porque los partidos no pueden ya canalizar las aspiraciones de los ciudadanos, unos porque, siendo los partidos dinásticos, están comprometidos con la situación que se impugna y los otros porque tienen perfiles ideológicos restrictivos, casi sectarios, que no invitan a seguirlos. El poder reacciona con desmesurada violencia frente a este movimiento pacífico de desobediencia civil y, en su necia locura no se da cuenta de que está alimentándolo. Las instituciones que habían de servir de contrapeso son cómplices del atropello y, aunque ya sea claro que el movimiento es imparable, lo es por el sacrificio de la gente, dispuesta a padecer la violencia del poder, indefensa.

Pero no debiera ser así. Debiéramos encontrar mecanismos de defensa de la protesta tanto colectiva como individualizadamente, que pudieran enfrentarse al poder desde una posición de altura moral y con la legalidad en la mano, para  pararlo, reducirlo y proteger el movimiento.

Por ello propongo celebrar una conferencia de organizaciones de la izquierda, de toda la izquierda, incluido el PSOE, para consensuar la constitución de un Tribunal Cívico, compuesto por media docena de personas de indudable integridad moral y altura intelectual que conozca los casos de conculcación de los derechos de los ciudadanos a manos de las autoridades. La cuestión sería ponerse de acuerdo en los nombres, cosa que no debiera ser difícil por consenso y serviría como un primer paso claro y práctico en pro de la unidad de la izquierda. Pienso en nombres como los de José Luis Sampedro o Federico Mayor Zaragoza, gente que dé la talla y goce de merecido reconocimiento.

La función del Tribunal Cívico será dictaminar sobre los casos que investigue, los abusos, las arbitrariedades, poniéndolos en conocimiento de los medios y también de los tribunales de justicia nacionales e internacionales. El Tribunal Cívico debe disponer  de un cuerpo o gabinete de letrados que recurra permanente y sistemáticamente a los órganos judiciales en defensa de los derechos de los ciudadanos para oponerse individual y colectivamente a las decisiones de un poder que no quiere límites. 

Dado que la Defensora del Pueblo defiende al gobierno que ataca al pueblo, que el Parlamento se limita a convalidar las políticas antipopulares del gobierno y que los tribunales de justicia no son operativos en el control de las desmesuras gubernativas, poner en pie un organismo de este tipo es un gran paso en la actividad de proteger un movimiento popular, espontáneo, de crítica y regeneración del sistema político y en defensa de un orden más humano y justo aquí y ahora, no en un hipotético futuro.

(Las imágen son dos fotos encontradas en Twitter que recogen momentos de la represión policial del 25S. No he visto que tuvieran derechos reservados y he asumido que están en creative commons. De no ser así, un simple aviso como comentario en esta misma entrada bastará para retirarlas).

PALINURO :: El caso Garzón.

Por: Ramón Cotarelo.

Desde el comienzo de la peripecia judicial del juez Garzón hubo gente que la comparó con el caso Dreyfus. Por supuesto no se refería a que hubiera similitud objetiva alguna entre ambos asuntos. El caso Dreyfus fue uno de antisemitismo, militarismo y nacionalismo, mientras que el de Garzón es uno de jurisdicciones, de derechos, de procesos, en definitiva, político. Hay quien dice que no es tal puesto que se trata de un asunto exclusivamente jurídico, de los que entiende y debe entender el Tribunal Supremo. Pero eso no es cierto. Todo lo jurídico es político porque el derecho es siempre materia de interpretación y toda interpretación se hace en función de una jerarquía de valores que son inevitablemente políticos, cuestionables. La prueba es que hay que conceder la decisión última a un órgano en virtud de la propia concesión y no de la razón última de la decisión. Lo cual abre perspectivas tenebrosas.

La referencia al caso Dreyfus se hace a la vista del impacto social que produce una decisión judicial, las reacciones que se dan, el problema moral que plantea, que sacude a la sociedad y reverbera en el exterior de forma preocupante pues proyecta una imagen del país que las naciones civilizadas repudian.

Son los hombres los que hacen la justicia y no son hechos por ella aunque algunos iluminados puedan pensar así. La sentencia del Supremo recuerda a Garzón que no se puede administrar justicia a cualquier precio. Pero ese pudiera ser el caso, precisamente, de la sentencia.

La justicia, además, debe ser inteligible. Un juez cuya acción en general (no toda, claro) ha sido de servicio ejemplar a la justicia, que ha sabido conjugar eficiencia judicial con garantías del proceso debido (aunque haya quien sostenga que tampoco siempre) y que ha abierto caminos para la jurisdicción penal universal, verdadero medio de proteger los derechos humanos en todo el planeta, un juez así, digo, ¿cómo puede ser un prevaricador por partida doble o triple? Eso hay que explicarlo muy bien.

Sin embargo, lo que se tiene no son explicaciones sino un modo de proceder que parece tratar de conseguir un objetivo (la condena de Garzón) sin tener que darlas o, cuando menos, sin tener que dar las verdaderas. Los tiempos procesales (rapidez insólita en el proceso de las escuchas y lentitud de paquidermo en el de los crímenes del franquismo con el tercer proceso por cohecho impropio moviéndose en la ambigüedad) no son inocentes. Lo decía Palinuro hace unos días, que a lo mejor no se condenaba a Garzón en el proceso por los crímenes del franquismo porque, habiendo sido condenado por las escuchas, ya no hacía falta y se evitaba el bochorno mundial de condenar al único juez que ha tenido el valor y la entereza de hacer justicia a las víctimas del franquismo, decenas de miles, muertas y vivas, que la esperan hace setenta años. A ello se añade ahora el archivo de la causa por el supuesto cohecho impropio que parece pensado para castigar más a Garzón pues en lugar de reconocer que no hay causa, como pedía el fiscal, el juez imputa un delito de cohecho pero archiva por prescripción con lo que no da al imputado posibilidad de defenderse. No solo quieren a Garzón enterrado sino con una estaca clavada en el corazón.

El gobierno y los jueces más conservadores piden respeto para las decisiones del Supremo. Pero el respeto no se pide; se gana. Y no es el caso. Por lo demás, hasta el gobierno entenderá que las decisiones judiciales no son en sí mismas límite a la libertad de expresión. El único límite que esta libertad tiene es la comisión de un delito, por ejemplo, en este caso, de desacato. Pero la crítica que no insulta, injuria, calumnia o amenaza gravemente no es desacato.

Justicia de parte, justicia de Régimen.

Por: Hugo Martínez Abarca.

Hay dos argumentos que se están usando para no rechazar la persecución y condena a Garzón desde algunos ámbitos de la izquierda:

1.- La izquierda debería defender con uñas y dientes el derecho de defensa y para ello negarse a que se escuche al abogado en sus comunicaciones con su cliente. Reconozco que no he pensado mucho sobre si tal principio debe ser absoluto o si caben excepciones. El carácter absoluto de tal principio llenaría las facultades de derecho de delincuentes que buscaran blindarse. En las tramas económicas siempre existen abogados entre otras cosas para encontrar las fórmulas jurídicas que dificulten la detección y desarticulación del complejo delictivo: no sé si se escucharon las conversaciones del abogado Luis del Nido pero según su condena cuando hablaba con los otros corruptos no era un ejercicio del derecho de defensa sino parte de la actividad delictiva. Desconozco si en el caso Gürtel esto también es así. Pero no parece ni una aberración ni algo insólito en las investigaciones en España (ayer se recordaban las recientes escuchas a los abogados de Anonymous o incluso en el de Marta del Castillo -más cuestionable aún por no pensarse que el abogado fuera parte de trama alguna sino por intentar encontrar el cadáver de la víctima-). Puede que las escuchas no fueran adecuadas pero en ese caso como en tantísimos otros lo que procedía era anularlas, no dar el inédito salto a la condena por prevaricación del juez.

2.- Garzón, que tantas veces ha aplicado la teoría del entorno de la cosa entornada, que cerró periódicos y partidos y miró para otro lado ante algunas aberraciones que se seguían para condenar al enemigo, habría probado su propia medicina. Habría una suerte de justicia poética. Esta lógica es la misma que la de quienes deciden que la tortura no es tan mala si se aplica a criminales porque prueban su propia medicina. Es la lógica del derecho del enemigo, contra el que todo vale. Del mismo modo que esa lógica era inaceptable en aquellos casos, hay que rechazarla en éste: a cada uno le caerá Garzón bien, mal o regular (o incluso puede caernos horrorosamente por algunas de sus instrucciones y apreciar muchísimo otras en la hipótesis de que los humanos seamos poliédricos e incluso cambiantes ¡a veces para bien!) pero eso no tiene nada que ver con el caso. ¿Había que sentir admiración por Lasa y Zabala y considerarlos santos o héroes para repudiar sus torturas y asesinatos?

La justicia sólo es tal si es justicia para todos. Incluso en el caso de que consideremos adecuado que al juez que se pase en las escuchas haya que freírlo, el hecho de que sólo se haya hecho en este caso hace fácilmente interpretable la persecución. No sólo no se ha perseguido a quienes han practicado otras escuchas luego anuladas: tampoco al juez que en este mismo caso continuó con las escuchas, ni al fiscal ni policías que las avalaron o las pidieron. Incluso en la misma trayectoria de Garzón hay casos que levantan muchas más dudas (en el mejor de los casos): cuando Garzón cerró el diario Egin Aznar respondió “¿Alguien pensaba que no nos íbamos a atrever?” dando a entender que no se trataba de una decisión judicial sino política; unas semanas después el gobierno le dio una medalla que incluía compensación económica; unos años después los tribunales decretaron ilegal toda la operación aunque fuera demasiado tarde para resucitar un diario. Nadie investigó si aquello era legítimo o no, si la actuación del juez era errónea o injusta a sabiendas. Porque les era útil.

A Garzón no le condenan por saltarse o no la ley, algo que es completamente irrelevante en este país. Le condenan porque cuando empezó a meter sus narices en los crímenes contra la humanidad y la corrupción masiva dejó de ser útil al régimen. Por meter las narices donde no le llaman. La persecución a Garzón es un aviso a navegantes que ayer mismo tuvo su continuidad: el CGPJ investiga al juez Castro, tan implacable en el caso Palma Arena-Urdangarín que el principal instrumento de defensa de Matas y Manos Limpias (sic) está siendo intentar una y otra vez que el caso pase de sus manos a la Audiencia Nacional. Ya sucedió hace años cuando se apartó a los jueces de la Audiencia Nacional incómodos para el mayororejismo triunfante y uno se teme que pueda suceder a Pedraz si insiste en investigar el asesinato de José Couso aunque el régimen haya acordado con EEUU que nuestro compatriota asesinado no merece justicia alguna.

Acompañar la impostura de una estructura judicial que se pone exquisita por una vez ante unas escuchas o ante unas filtraciones es hacer el juego a quienes lanzan un recado evidente: caben todas las tropelías que se decidan si se es útil, pero si se husmea lo que no se debe siempre habrá una excusa para ser arrastrado por el fango.¿Es Garzón el mayor luchador contra la libertad que ha conocido nuestra tierra? No, pero desde los años 60 elaboramos la categoría de víctima cuya principal característica es que si a alguien le hacen una tropelía esa persona se convierte en buena y admiráble, en un héroe. Garzón es un personaje peculiar algunas de cuyas instrucciones nos pueden resultar infames pero que ha hecho otras (las más recientes, por cierto) que han intentado suponer saltos históricos para la humanidad en la búsqueda de la justicia universal. Y le persiguen por esto último.

La persecución a Garzón cuando éste ha sido incómodo para el régimen es un síntoma más, de esos que llegan cada día, de colapso de la Transición, de fin de régimen. El régimen se defiende mostrando sus fragilidades.

La condena. El pelotón. La ejecución.

Por: Ramón Cotarelo.

La condena

Lo sabíamos. Lo sabía el propio Garzón. La sentencia estaba predeterminada. Lo sabe la gente que dice en un 61 por ciento que el juez es víctima de una persecución. La condena estaba decidida de antemano. Los políticos pringados en la Gürtel, junto a los presuntos delincuentes, se dieron la mano con los herederos ideológicos del franquismo para poner fin a la carrera del único juez que se atrevió a hacer justicia a las víctimas del franquismo y, de paso, descubrió y persiguió la mayor trama de corrupción de la democracia. La misma alianza que sostuvo la dictadura de Franco durante cuarenta años: fascistas con políticos corruptos y delincuentes.

Esa coalición siniestra tenía un objetivo clarísimo: impedir que Garzón llevara adelante un (muy merecido) proceso penal por genocidio contra Franco y sus secuaces y ver si, de nuevo de paso, se conseguía anular el procedimiento de la Gürtel.

Por eso ha habido tres causas contra Garzón y se han visto en el orden que se sabe. Se trataba de condenar al juez por un daño colateral (la supuesta prevaricación de las escuchas) para que no pareciera que se le condenaba por investigar el franquismo, aunque la acusación sea la misma. Pero no haya duda. Lo de menos es si la condena por prevaricación es o no justa; que no lo es porque no hay prevaricación. Lo esencial era yugular la investigación de los crímenes del franquismo y hacerlo como un escarmiento para que sirva de aviso por si algún otro juez cae en la tentación de hacer justicia pero sin que parezca que se actúa por esto. Ahora, a lo mejor sale absuelto en la causa por el franquismo. Es muy posible.

El pelotón

Los nombres: Luciano Varela, Francisco Monterde, Andrés Martínez Arrieta, Joaquín Giménez (presidente del tribunal), Miguel Colmenero (ponente de la sentencia), Juan Ramón Berdugo y Manuel Marchena. Cada uno de estos hombres (alguno recusado por Garzón) es responsable de sus actos. Todos han condenado por unanimidad. Cada uno de ellos ha actuado, se supone, ateniéndose a derecho. Pero son seres humanos y pueden tener más (o, simplemente, otras) razones. La envidia, los celos, la venganza, la enemistad también son razones, y muy poderosas, que pueden haberlos movido a una decisión injusta. Tal cosa proclama el asimismo juez Garzón que achaca injusticia a la sentencia. A quien diga que siete magistrados no pueden equivocarse cabe responder que no se trata de una equivocación sino de una injusticia y que siete magistrados pueden ser tan injustos y hasta prevaricadores como uno o cien mil. ¿Quién condenó al justo y salvó a Barrabás? La masa.

Si esto es España, un juez dedicado a perseguir dictadores vivos o muertos está jugándose su carrera; si, además, destapa la corrupción de los políticos de la derecha, ya la ha perdido. Es cuestión de conseguir que los jueces, sensibles a la herencia franquista y los intereses de la gente como Dios manda, hagan lo que tienen que hacer. Según el juez Garzón, impedirle que se defienda, maniatarlo.

"Van a fusilar

a un hombre que tiene los brazos atados.

Hay cuatro soldados para disparar.

Son cuatro soldados

callados,

que están amarrados

lo mismo que el hombre amarrado que van

a matar"

(Nicolás Guillén).

La ejecución

Los siete magistrados que han condenado por unanimidad no pueden ignorar que han destrozado la vida de un hombre honrado y puesto fin vergonzoso y vergonzante a una carrera profesional que era punto de orgullo nacional. Por eso han disparado en sentido metafórico con balas dum dum, para que no quede ni rastro del ejecutado, del hombre cuya ambición personal han truncado; esperan que para siempre. Y con ello han truncado también la última esperanza de la gente de nuestro país en la Justicia de la justicia. Aquí solo hay venganza. Venganza por agravios imaginarios y quizá también reales. Por razones de edad, algunos de los jueces del Supremo que han condenado ejercieron durante la Dictadura, profesando como Derecho y Justicia lo que no era sino arbitrariedad e injusticia. Es más, hasta podemos conceder que hayan actuado pensando genuinamente que lo hacían en justicia. Pero ¿lo hicieron también en equidad?

La sentencia está pidiendo reacciones a gritos. El juez Garzón acudirá en amparo al Tribunal Constitucional y al Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aduce violación del derecho a la defensa y al juicio justo. Empezando porque se le niega el derecho a la doble vuelta. Hay quien dice que no es un derecho fundamental porque no está recogido en los que la Constitución considera tales. Cuando los derechos fundamentales son anteriores a toda Constitución y, además, este está recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado por España. También hay quien dice que, aunque esté recogido, no es un derecho fundamental. Por decir que no quede. Pero lo es. Es parte del derecho a un juicio justo. Que no lo ha habido. Así que el juez Garzón reaccionará y hay una larga batalla por delante.

Igualmente debemos reaccionar quienes creemos que, al condenar a Garzón, el Supremo nos ha condenado a todos, mermando nuestros derechos, empezando por el no menos fundamental, básico, de la seguridad jurídica. Si prevaricación es toda interpretación de la ley que no guste a los magistrados del supremo, nadie estará seguro en nuestro país, máxime cuando, según parece, se puede destituir a los jueces justos. Por eso, nuestra reacción debe ser pedir la depuración de las responsabilidades de la Dictadura en el poder judicial de hoy. Es obvio que, el haber prestado acatamiento al franquismo y sus principios del Movimiento Nacional, y haber aplicado sus leyes como si fueran justas, contamina; quizá incluso inhabilite o debiera inhabilitar para administrar justicia en un Estado democrático.

Pero ¿qué país es este?

Por: Ramón Cotarelo.

¿Está en la tierra o en algún punto perdido de una galaxia ignota? ¿Está habitado por seres humanos racionales o por entes de sinrazón? ¿Por ciudadanos conscientes de sus derechos y de su dignidad o por siervos acobardados? ¿Por hombres y mujeres que caminan erguidos o por bestias de carga que humillan la cerviz? Que la lectora y el lector se respondan después de haber leído las breves consideraciones siguientes.

El único juez que ha tenido la entereza y la honradez de hacer justicia a las decenas de víctimas de una dictadura asesina está siendo juzgado por quienes son sus pares en lo formal pero no me lo parecen en lo substancial, tras haber admitido una querella formulada por los herederos ideológicos de la dictadura que en cualquier otro país del mundo estarían prohibidos. Tienen que venir del extranjero (y, en concreto, el New York Times y la justicia argentina) a recordarnos y demostrarnos la indignidad que significa perseguir penalmente a un magistrado del que cualquier otra nación civilizada se sentiría orgullosa. Ese otro colega suyo que instruyó la causa contra él asesorando a la parte acusadora privada será todo lo progresista que quiera pero, a mi modesto entender, se ha labrado a pulso un lugar en la historia universal de la infamia.

De igual modo el juez que tuvo el coraje y la decencia de imputar varios supuesto delitos a Urdangarin está ahora sometido a investigación por el Consejo General del Poder Judicial y no es impensable que acabe sancionado, mientras que el imputado, al que se atribuye la comisión de varios delitos por millones de euros se dispone a "pedir disculpas", como quien ha faltado a una regla de cortesía.

En cambio, el juez Grande Marlaska archiva la causa por la muerte de 62 militares españoles en el caso del Yak 42, ya que los responsables de subcontratar una subcontrata de una contrata no lo hicieron con ánimo causar daño alguno a las víctimas. Y la fiscalía anticorrupción renuncia a impugnar la sentencia que absuelve al ex-presidente Camps del presunto delito de cohecho. Camps, a quien otro juez del que era "más que amigo" intentó exonerar con anterioridad, se va por fin de rositas sin haber probado que pagó por los trajes del regalo y dejando en el oído del país entero la memoria de unas conversaciones telefónicas que son una vergüenza.

¿Nos apostamos algo a que también acaba investigado, imputado, procesado, quizá condenado, el juez Pablo Ruz, que acusa a varios altos cargos y empresarios del supuesto delito de apropiación indebida de fondos públicos con motivo de la visita del Papa en 2006?

Parece bastante claro que estas medidas tratan de amedrentar a los jueces castigando a aquellos que no se doblegan a los intereses de una mafia de políticos corruptos, empresarios afanalotodo y puros delincuentes. Y eso a escasas fechas de que el Jefe del Estado predicara a la nación que la justicia es igual para todos. No lo es para su yerno, no lo es para él, ni para muchos políticos del PP, ni para los curas, ni para los banqueros. La ley solo es igual (igual de dura) para las gentes del común, incluidos los jueces que creen su deber hacer justicia.

Gentes del común que rezongamos nuestro descontento en conversaciones privadas e inundamos las redes sociales con nuestras quejas, pero no sabemos o no podemos plantarnos y decir ¡basta! Porque no somos una nación en el sentido moderno del término; porque, se diga lo que se diga, aquí no hubo revolución burguesa, vinculada al origen de esa nación hecha de ciudadanos libres bajo el imperio de la ley. Aquí hemos conservado el antiguo régimen mezcla de oligarquía, caciquismo, siervos y predominio clerical que se vale del Estado de derecho como Procusto de su famosa cama.

¿Qué? ¿Cuál era la respuesta a la pregunta del principio?

Carta al juez Garzón.

Por: Ramón Cotarelo.

Señor juez: como usted sabe perfectamente el poder judicial no reside en órgano colegiado alguno sino que está investido en cada juez por separado. Usted es el poder judicial y el poder judicial que usted ha sido es honra y prez de la administración de justicia, cosa que se le reconoce fuera del país pero no dentro. Y eso es lo que explica la presencia de observadores internacionales en este proceso. Hay mucha gente en el mundo interesada en saber cuál será el desenlace. Lo cual nos humilla como país pero es la mejor garantía posible para usted. Las injusticias son más difíciles de perpetrar a la luz pública; prefieren la oscuridad.

La coalición contra usted agrupa a reaccionarios y franquistas, presuntos delincuentes que pretenden conseguir la nulidad de sus acciones y colegas animados por la más negra envidia corporativa. Es una alianza fuerte pero, aunque lo fuera mucho más, no prevalecerá porque para prevalecer hace falta tener ideas y profesarlas sinceramente, no de un modo cínico, bastante frecuente. Aquí las ideas y los ideales los tiene usted y la audacia de realizarlos, también. Frente a esos ideales nada podrán la mañas, las triquiñuelas artificiosas y los pelos del rabo de la esfinge, que diría Unamuno, de la siniestra coalición.

En todos los casos en que ha tomado decisiones lo ha hecho con respeto a la legalidad y animado solo del deseo de hacer justicia. Es posible que en ocasiones se haya equivocado. Pero una equivocación, suponiendo que la haya, no es un delito. Además, las normas son interpretables por naturaleza. La función del juez es precisamente esa, interpretar las normas. Puede que algunas interpretaciones sean erróneas pero eso tampoco es delito. Construir tres casos judiciales prácticamente de la nada y mantenerlos vivos a toda costa, al extremo de seguir adelante sin la acusación del ministerio fiscal y con un tribunal que ya se ha fracturado casi a la mitad en la decisión sobre proseguir el caso o no revela una clara intencionalidad política. Como la revela claramente el hecho de perseguir penalmente a un juez por discrepancias en materia jurisdiccional.

De todos modos el firmante de esta carta y quienes quieran adherirse queremos manifestar que el juez Garzón ha ejercido sus funciones de forma ejemplar, que el país le debe mucho y que, en esta hora aciaga para él, somos muchos, muchísimos quienes lo consideramos un juez extraordinario, un ciudadano modelo y un hombre cabal.

CNI convoca a Talleres de Diálogo y Reflexión sobre las principales problemáticas de nuestros pueblos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

CONGRESO NACIONAL INDIGENA

La Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, en Coordinación con las Autoridades Municipales y Agrarias del Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar.
...
Considerando:

a) La necesidad de articular todas las luchas de resistencia indígenas y no indígenas contra el despojo de nuestras tierras, territorios, recursos naturales y patrimonio biocultural que realizan las empresas transnacionales en México y el mundo.

b) La importancia de definir e implementar formas, medios y mecanismos de comunicación, acción y defensa ante la embestida del monstruo neoliberal representado por las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices que, insertos en procesos nefastos de corrupción, afectan con sus proyectos de muerte a nuestras comunidades y pueblos originarios.

c) Que los hermanos de nuestras diferentes naciones, pueblos, tribus, barrios y comunidades Yaqui, Seri, Rarámuri, Wixáritari, Nahua, Ñuntaj+y, Purhépecha, Ñha-Ñhu, Mixteco, Totonaco, Tenek, Tlapaneco, Triqui, Binnizá, Ayuuk, Tsotsil, Mepha, Tseltal, Tojolabal, Chol, Chontal, Maya, Mazateco, Chinanteco, O’depüt e Ikoots, entre otros, en el Norte, Centro Sur y Sureste de México estamos siendo víctimas del peor despojo que de nuestras tierras se haya hecho en toda la historia por las empresas y gobiernos neoliberales, valiéndose de reformas y leyes que han sido aprobadas de espaldas al pueblo de México; aunadas al uso indiscriminado de las fuerzas represivas del Estado oficiales así como de paramilitares que permanentemente hostigan, invaden, asesinan y desaparecen a hermanas y hermanos luchadores de nuestros pueblos y comunidades.

d) Que en nuestro país se está violando la Constitución, los Derechos Humanos y los Derechos fundamentales de los pueblos originarios con retenes militares, policiacos y de migración que ya no permiten que haya paz en nuestro país y en nuestros pueblos, comunidades, tribus y barrios.

e) Que en la comunidad purhépecha de Nurío en la XXIX Reunión Nacional Ampliada del Congreso Nacional Indígena de la Región Centro-Pacífico, se acordó convocar en este año a la realización de Talleres de Diálogo y Reflexión sobre las principales problemáticas de nuestros pueblos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas; asumiendo la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, el compromiso de la realización del taller correspondiente al estado de Oaxaca de conformidad con los acuerdos de nuestra reunión del 14 de agosto pasado.

f) Que al igual que en otras regiones de México y el mundo, en el Istmo de Tehuantepec los pueblos Ikoots y Binnizá nos hemos hermanado en la lucha y resistencia contra el megaproyecto del Corredor Eólico del Istmo, que las empresas transnacionales en su mayoría españolas realizan sin nuestro consentimiento en nuestras tierras y territorios.

g) Que es tiempo que las palabras de resistencia y las luchas todas de los pueblos indios, llamen al pueblo de México y a los pueblos del mundo para salvar a la patria y a la madre tierra del despojo y la depredación de la que ahora somos víctimas por intereses capitalistas de empresarios y gobiernos apátridas.



Taller Nacional de Diálogo y Reflexión sobre los impactos de las Empresas Transnacionales en las regiones indígenas de México.

Que se llevará a cabo los días 26 y 27 de Noviembre de 2011, en San Mateo del Mar, territorio Ikoots del istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México; de acuerdo con la siguiente propuesta general de trabajo:

Mesa 1: Situación de los pueblos afectados y amenazados por los proyectos de las empresas mineras.

Mesa 2: Los impactos y proyectos de las presas, acueductos e hidroeléctricas.

Mesa 3: Situación de los pueblos afectados por carreteras, autopistas, libramientos.

Mesa 4: Situación de los Pueblos y comunidades afectadas por la privatización de bosques, selvas, bioprospección y transgénicos.

Mesa 5: Situación de Los pueblos afectados por la petroquímica, la energética y el caso del Corredor Eólico del Istmo.

La participación en las distintas mesas se podrá realizar a través de participaciones libres y/o por presentación de ponencias previamente registradas. La comisión organizadora se reserva la programación de participaciones y/o ponencias especiales. El registro de delegados del CNI, invitados y observadores queda abierto a partir de la publicación de la presente convocatoria a los correos y teléfonos siguientes:
mpiosanmateodelmar@hotmail.com Teléfono 019715220075.
Horario 9:00 a 16:00 Hrs.
La recepción de participantes se dará desde el 25 de noviembre por la tarde en la sede del evento. El hospedaje y la alimentación de los delegados, invitados y participantes, se brindará por la comunidad anfitriona. Se recomienda traer sabanas. Los participantes asumirán los costos de transportación desde sus lugares de origen al lugar Sede.
Los casos y situaciones no previstas en la presente convocatoria serán resueltos por la comisión organizadora del taller.

Atentamente
¡Nunca más un México Sin Nosotros¡ ¡La tierra, el agua, el aire y el territorio no se vende, se ama y se defiende¡ Por las Autoridades Municipales y Agrarias de San Mateo del Mar: Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio.

Congreso Nacional Indígena.
Dada en San Mateo del Mar, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México
A 2 de Octubre de 2011

C. LUCIANO ÁLVAREZ CEPEDA
Alcalde Municipal

C. FRANCISCO VALLE PIAMONTE
Presidente Municipal Constnal.

C. JOSÉ GUTIÉRREZ LUIS
Presidente del Comisariado de Bienes Comunales

C. ROBERTO GUTEMBERG MONTERO
Presidente del Consejo de Vigilancia

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hermanas y Hermanos del Congreso Nacional Indígena: Compañeras y compañeros de la Otra Campaña:

Hacemos de su conocimiento que nos estamos organizando para transportarnos a San Mateo del Mar, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; con el fin de asistir al Taller Nacional de Diálogo y Reflexión Sobre los Impactos de las Empresas Transnacionales en la Regiones Indígenas de México , que se llevará a cabo los días 26 y 27 de Noviembre del presente año, en cumplimiento al acuerdo del C N I .
Consideramos que es muy importante la presencia de las delegadas y delegados de los Pueblos; Naciones; Tribus ; y Barrios que integran al CNI en toda la República Mexicana; por tal motivo , vamos a alquilar un autobús que saldrá de la Ciudad de México el día Jueves 24 a las veintidos horas, aproximadamente y regresará a la capital el día lunes 28 de este mes.
El costo del viaje es de $ 800.00 ( Ochocientos pesos M.N.) por persona y es de ida y vuelta; Se tiene contemplado que para l@s Delegad@s del CNI el costo será de $500.00 (Quinientos pesos M.N.); pero si hay personas que estén interesados en asistir y tienen problemas para juntar el costo del pasaje, por favor comunicárnoslo para ver si encontramos una solución, particularmente si son delegados del CNI, pues hoy necesitamos hacer un diagnóstico de la situación que priva en nuestras regiones y pueblos. Por lo anterior es importante escuchar la palabra de los Pueblos, Naciones , Tribus y Barrios de Nuestro País.
Como tenemos que contratar el autobús el sábado próximo, o sea el día 19, les agradeceremos que nos confirmen a la brevedad si están dispuestos a asistir, y nos envíen la lista con los nombres de las personas que van a ir , para asegurar su lugar.
Para mayores informes dirigirse a los siguientes correos electrónicos:

cafezinalebrije@yahoo.com.mx

yolomyj@hotmail.com

Las reservaciones se irán cubriendo de acuerdo con los registros que nos vayan solicitando y esperamos contar con su apoyo para cumplir con los propósitos del Taller.

Atentamente ,
Comisión de Transporte

Plantón por la liberación de los Pres@s Polític@s en huelga de hambre

Libertad a l@s pres@s en huelga de hambre

L@s compañer@s privad@s de libertad en el CERSS #5 de San Cristobal de las Casas se han declarado este 29 de septiembre en huelga de hambre total y 3 de ell@s un ayuno de 12 horas diarias, debido a las enfermedades graves que padecen.

Ante el encarcelamiento injusto y el desprecio de un país que aún se aposenta en los modos coloniales de imposición cashlana, l@s compañer@s pres@s se ven obligad@s a utilizar una de las pocas armas de defensa y reivindicación que tienen, poniendo en riesgo su cuerpo y su vida. Sus derechos fundamentales fueron violados desde el momento de su detención y durante todo el proceso, négandoles el acceso a una defensa adecuada y a traductores calificados, y sin respetar en ningún momento el derecho al debido proceso. La gran mayoría de ell@s fueron torturados física y psicológicamente, much@s en casas anónimas que fungen como centros de tortura. Dentro de la cárcel están viviendo en condiciones inhumanas, en un régimen de hacinamiento, prácticamente sin acceso a atención médica y expuestos al autoritarismo y la arbitrariedad de las autoridades penitenciarias. Esto es un llamado a solidarizarnos con la huelga de hambre indefinida que se libra desde el interior del penal de San Cristobal, es un llamado a movilizarnos y a exigír la liberación total y sin condiciones de nuestr@s pres@s. No podemos permitir que el olvido y el silencio sepulten sus vidas. Queremos hacer un especial hincapié en exigir la libertad del preso político Alberto Patishtán Gómez, privado de su libertad desde el año 2000 y acusado de delitos que jamás cometió y que fueron prefabricados desde instancias gubernamentales.

EXIGIMOS LA LIBERACIÓN INMEDIATA DE L@S COMPAÑER@S DE LA VOZ DEL AMATE Y LOS SOLIDARIOS DE LA VOZ DEL AMATE, ASI COMO LA LIBERTAD DEL COMPAÑERO ADHERENTE DE VOCES INOCENTES

video de ColectivoKomanIlel

PÁNICO E-SCÉNICO :: La risa del juez.

Publicado en Reforma, Sección Cultura, el 11 de marzo de 2011.

por José Ramón Enríquez.

En el próximo octubre se cumplirán cuarenta años del estreno de El juicio de Vicente Leñero. Yo tuve la fortuna de actuar en esa obra, bajo la dirección del maestro Retes, y de conocer de primera mano las dificultades para su estreno. Era teatro documental y reproducía en escena, sabiamente editados por la pluma de Leñero, momentos cruciales del juicio a José de León Toral y Concepción Acevedo, la Madre Conchita, acusados de asesinar a Álvaro Obregón. Al parecer, en 1971, todavía el tema molestaba y hasta la muerte, me parece, de Ezequiel Padilla, no se permitió su estreno.

Era el México del priísmo duro que salía apenas de la represión del 68 y sufría la de los Halcones en la Ribera de San Cosme. Sin embargo, pudo recuperarse la voz de los protagonistas y escuchar los alegatos de los abogados.

Dramáticamente la obra era impecable y estaba espléndidamente encabezado su reparto por Aarón Hernán y Silvia Caos. El público se calentaba, en realidad, y tomaba partido. Pero era por las posturas políticas de los personajes, no por la impartición de la justicia. Tal vez ese juicio público, con jurado y tan bien estructurado por los abogados, fue una excepción por tratarse de un magnicidio. Tal vez el sistema penal era como el de ahora, un laberinto brutal, una cloaca en la que está perdido quien ha tenido la mala suerte de caer.

Como quiera que sea, El juicio de Leñero es ejemplar comparado con Presunto culpable, la película de Roberto Hernández. Toño Zúñiga se hubiera dado por bien servido al ser tratado como aquellos magnicidas. Desde luego, no minimizo las torturas inaceptables en el caso de Toral, pero me refiero a la claridad de un juicio presentado a la luz del día.

A Zúñiga le ocurre lo que a las víctimas de la Inquisición española: bastó una acusación, sin prueba alguna, para ser presentado como culpable por un Ministerio Público y ser sentenciado por un Juez.

Y vale la pena dejar claro para la memoria el nombre de ese juez, cuya risa en la película vuelve inútil cualquier calificación: se llama Licenciado Héctor Palomares y dictó dos veces la misma sentencia condenatoria. La Licenciada Marisela Guzmán fungió como Ministerio Público, al menos en el segundo juicio, y también vale la pena recordar cómo respondió a la pregunta de Zúñiga de por qué lo acusaba cuando sabía que era inocente: “Es mi chamba”.

Los elementos del drama son perfectos y, sin embargo, mucho me temo que serían vistos como inverosímiles porque quien no supiera que uno de nuestros auténticos dramas nacionales es el sistema de justicia. Y, más dramático aún, que los legisladores (que tienen el poder de modificar leyes a todas luces injustas) no hagan nada.

Estamos acostumbrados a lanzar invectivas contra el Ejecutivo, casi siempre justas, y a denunciar airadamente, como en este caso, al Judicial, pero el Legislativo es el que está criminalmente perdiendo el tiempo en la grilla y en el reparto de privilegios. Nuestros diputados y senadores son culpables por mantener en el infierno a quienes ellos saben muy bien que son inocentes.

Y nosotros somos sus cómplices, por omisión. Por no exigir que en sus plataformas pasen de la estupidez retórica a puntos tan claros como la reforma integral del sistema de justicia, y que la agenda legislativa no deje para mañana lo que debe hacer hoy.

La justicia de México es culpable mientras no demuestre lo contrario, y los legisladores que así la mantienen comparten la risa incalificable del juez frente a los inocentes.

panicoes@hotmail.com

Día nacional en Repudio al mal gobierno

El 19 de noviembre se llevo a cabo la marcha por el día nacional en repudio al mal gobierno; una marcha con muchos ánimos, combativa; está partió del ángel de la independencia a los pinos, o a lo que se pudo llegar de los pinos, pues ya sabemos que ese espacio resguarda al capo mayor de la delincuencia organizada; con varios camiones de granaderos que impidieron el paso de l@s compas.

La marcha contó con la participación de una multitud de organizaciones sociales como el Frente Popular Francisco Villa independiente-UNOPI, la Prepa Popular Francisco Villa de Ecatepec Edo. De México, Alianza Mexicana de Organizaciones Sociales, el Municipio Autónomo de San Juan Copala, La Colonia mano con mano de Tampico Tamaulipas, Brigada Callejera en Apoyo a la Mujer Eliza Martínez, el frente amplio contra la súper vía Poniente de la Magdalena Contreras, Jóvenes en Resistencia alternativa, Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas (CARZCCH), Comité Estudiantil Metropolitano, espacio Internacional Anticapitalista contra la cumbre de cambio climático (COP 16), Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier-San Luis Potosí, Frente de Pueblos del Anáhuac-Tláhuac, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla-Tlaxcala Región Izta-Popo, Organización Campesina Emiliano Zapata-Democrática-Independiente-UNOPII-Chiapas (OCEZ-DI-UNOPII)