PLAN B* :: El padrotaje de Estado.

Por: Lydia Cacho / Cimacnoticias.

Nadie le conocía fuera de Cozumel, era un joven regordete presuntuoso por ser sobrino del gobernador de Quintana Roo. Nació en 1979 y a su padre Roberto Borge Martín lo encarcelaron por cometer fraude fiscal.

Rubén, un compañero que estudió administración de empresas en el Tec de Monterrey con Beto Borge hijo, asegura que el joven le dijo que él sería gobernador, que sería el más poderoso priísta de México.

A los 23 años Roberto Borge fue contratado por el gobernador González Canto para foguearse como su secretario particular, más tarde como tesorero general del estado y después oficial mayor.

En 2009 fue nombrado diputado del PRI. La idea era ponerlo en la mira pública como precampaña electoral. Dejó la diputación en menos de ocho meses; pero antes, su boda fue pagada con recursos del erario.

Los correos electrónicos publicados hace años demuestran cómo el gobernador Félix González erogó tres millones de pesos de dinero estatal para la fiesta con 900 invitados.

Con 33 años, Borge se convirtió en gobernador. A los 10 meses de asumir la gubernatura pagó con recursos públicos 11 millones y medio de pesos para liberar los gravámenes que el Registro Público de la Propiedad tenía sobre su padre.

El joven creó en seis meses un ambiente de terror entre sus colaboradores; utilizó a 90 elementos policiacos para buscar a su perro Simón y lanzó una amenaza a quien tuviera al can.

Ha pasado más de una tercera parte de su mandato fuera del país en viajes de placer, utilizando la empresa de jets privados subsanada con recursos públicos.

A todas partes viaja con su compañera Gabriela Medrano, la joven diputada federal de Partido Verde; quien sin experiencia política alguna (como su gobernador) ha operado la entrada de la empresa china Dragon Mart bajo argumentos insostenibles y falaces.

Borge es líder de esta nueva generación de priístas jóvenes, ambiciosos, fascinados con la vida de lujo que el poder público les confiere; ellos intentan ocultar sus grandes limitaciones intelectuales y políticas ejerciendo violencia.

“Botarga puño de hierro” le llama un priísta ex colaborador que trabajó a su lado durante cuatro meses. Fue Borge quien prometió a Peña Nieto que el tricolor recuperaría el estado en 2013 (durante años el PRD gobernó el norte del estado, la zona más rica y productiva). Y sí, el PRI ganó las elecciones creando un sofisticado sistema financiero paralelo.

Borge llevó a cabo uno de los más grandes desvíos de recursos de bienestar social de la historia de Quintana Roo. Desfalcó al DIF y al Instituto Quintanarroense de las Mujeres (IQM), instancias que reciben recursos de coinversión federal, estatal y municipal.

Desvió dinero del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y del Programa de Apoyo a las Instancias de la Mujer en las Entidades Federativas (PAIMEF), para la compra de votos. Las quiebras resultados de esos desvíos comienzan a evidenciarse.

Recientemente ordenó el cierre de las oficinas del instituto. Exigió a quienes laboraban en el IQM que firmaran su renuncia. Las que intentaron rebelarse aduciendo que el presupuesto del IQM estaba etiquetado y debe resarcirse, fueron amenazadas advirtiendo que el gobernador ha dicho que “quien se rebele se enfrentará a las consecuencias y al PRI”.

Quedan abiertas sólo tres oficinas: Cancún, Chetumal y Cozumel. Cerraron José María Morelos y Carrillo Puerto (zona maya), Playa del Carmen e Isla Mujeres.

El IQM tiene un presupuesto de 6.5 millones de pesos, los cuales fueron desviados para adquirir voto forzado de las usuarias. He documentado que a cada delegada del IQM le exigieron asegurar 100 votos obligados con credenciales del IFE. Ahora firmaron sin liquidación por razones de quiebra económica.

Los seis y medio millones de pesos del IQM se desviaron al Instituto de Administración Pública de Quintana Roo (Iapqroo). En lugar de contratar directamente a especialistas en temas de género, estudios sobre salud, violencia y política pública, el Iapqroo contrata externamente por el 40 por ciento del monto reportado, con lo que el 60 por ciento del recurso se deriva, forzando a las mujeres a trabajar el triple por menos sueldo.

Todo se hizo con transferencias virtuales para entregar el recurso al PRI; el 60 por ciento de los sueldos terminaron en la campaña. Una experta define acertadamente esta práctica explotadora como “padrotaje de Estado”.

Borge gastó 3 millones de pesos para remodelar su palco en el estadio de beisbol (la mitad del presupuesto anual del IQM). Quintana Roo no está quebrado, se creó un sistema paralelo de finanzas que escapa al escrutinio público, pero no a la investigación periodística.
 

Twitter: @lydiacachosi

 

* Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

Detrás del hijo de Moreira.

Por Lydia Cacho/Sinembargo.

No estoy dispuesta ni lo estaré nunca a celebrar el asesinado de nadie. Lo que estoy es convencida de que quienes cometen delitos deben pagar por ellos de acuerdo a las reglas jurídicas establecidas para quien incurre en conductas antisociales. Que desde los asesinos hasta quienes comete peculado deben pagar, como bien lo exige la ley, con la privación de la libertad y las multas correspondientes. Lo mismo aplica para quienes utilizando el poder que les confiere un puesto público, debilitan a las instituciones con el tráfico de influencias, llevan a cabo negocios sucios, ejercen nepotismo, lavan dinero, o robustecen sus fortunas personales dejando en quiebra a sus ayuntamientos y estados, traicionando a la sociedad entera. El mismo rasero para toda la sociedad.

Dicho lo anterior debo confesar que a mi, como a millones de personas, las declaraciones que Humberto Moreira hizo hoy me dejaron pasmada. Y sí, seré políticamente incorrecta, pero debo decir lo que muchos piensan y callan por pudor. En medio de su auténtico dolor por la trágica muerte de su hijo, Moreira es el mismo cínico de siempre. Declaró “Mi hijo es un muerto más de esta guerra, unos desgraciados le dieron dos balazos en la cabeza”. Cuando el ex gobernador que dejó a Coahuila en un estado financiero calamitoso, por no hablar de la impunidad y violencia rampante, dijo estas palabras y acto seguido aprovechó para asegurar que se le había calumniado, pero que esto sí, no lo va a perdonar.

Y debo decir que si su hijo fuera un muerto más de esta guerra, él estaría como el resto de los padres y madres, haciendo fila, lleno de ansiedad y angustia, para que la procuraduría estatal recogiera su caso antes de los otros dos mil pendientes. Si su hijo fuera otro más no hubiera sido contratado por su tío como coordinador regional de la Sedesol estatal. Si su hijo fuera una víctima más de esta guerra, seis horas después de su asesinato no habrían 23 funcionarios públicos federales coordinándose para llevar a cabo una estrategia de seguridad. Si el padre del joven asesinado fuese un hombre común, sin poder político (con averiguaciones previas abiertas y acusaciones sobre corrupción y otros probables delitos), las autoridades federales no solamente le hubiesen negado la ayuda, sino hubiesen dicho, como dicen de miles de jóvenes pobres y desconocidos que han sido ultimados en pueblos del norte del país, que seguro andaba en malos pasos, o de plano García Luna y Cárdenas Palomino lo habrían tachado como un narco más en su larga lista de muertos acusados falsamente.

Si el hijo de Moreira fuese uno más de esos miles de asesinados de esta guerra, Poiré, el mismísimo secretario de Gobernación, no le hubiera tomado la llamada al padre. Tampoco hubiese sucedido lo que sucedió: horas después de su muerte se conformó un grupo de trabajo con autoridades estatales y federales que se comprometieron a esclarecer los hechos a la brevedad posible, y castigar a los responsables. Si fueran víctimas normales, como nos asegura Moreira, no se habrían reunido en menos de seis horas Victoria Pacheco, la subprocuradora de Control Regional de la PGR, con el General Luis Arturo Oliversen, Jefe del Estado Mayor Presidencial de la Sedena y el Almirante José Santiago Valdés, Jefe del Estado Mayor General de la Armada de México. Y como no es un joven común, sino el hijo de una privilegiada clase política, también llegaron a esa pronta reunión el director general del Cisen Jaime Domingo López (responsable de la Seguridad Nacional), el Comisario de SSPF, Luis Cárdenas Palomino, y el comandante de la novena región militar, el General Noé Sandoval.

Todas las familias de jóvenes desaparecidos, asesinados y asesinadas en México saben que las personas comunes van al Ministerio Público, pero antes rezan para que las autoridades y algunos medios coludidos con ellas no publiquen algún mensaje difamatorio que mande a su familiar asesinado al cajón de los “culpables a priori” en los que la autoridad no desperdicia ni diez minutos porque descarta su derecho como víctima y le somete al juicio sumario post-mortem sin derecho a réplica.

Las y los reporteros de este país hemos escuchado demasiadas historias de familias desgarradas por el asesinato impune de sus hijos como para guardar silencio ahora. Porque sin escatimar el dolor de la pérdida que sufre la familia Moreira y la joven viuda, debo decir que este inmenso y desproporcionado despliegue de los personajes más importantes de la seguridad nacional en tan pocas horas, advierte el futuro que hemos de enfrentar. Todo parece indicar que los favores que el presidente Calderón desde ya hace al PRI no tienen límites, y nos recuerda justamente la razón por la que el país se cae a pedazos en lo concerniente a derechos humanos e impartición de justicia.

Porque las madres y los padres de las cientos de jóvenes asesinadas en Chihuahua siguen suplicado después de diez años, que la autoridad reúna lo que se reunió hoy por la familia Moreira: los elementos técnicos, científicos y humanos de mayor calidad para detener a los culpables de inmediato. Lo mismo las miles de familias que han seguido su viacrucis justiciero con Sicilia.

Esto nos lleva a preguntarnos, si las autoridades tienen esa capacidad de respuesta y prometen esos resultados ¿por qué no funciona con todas las familias? Ya sé que me dirán que porque este es un país de  gobernantes corruptos y abusivos y la justicia es para quien puede pagarla. Pero esa no es la respuesta que busco, es simplemente un diagnóstico añejo y certero de las circunstancias; la pregunta es válida, porque si efectivamente es posible trabajar en equipo, juntar a los mejores elementos, llevar a cabo una análisis criminológico de alto nivel y dar con los culpables de quienes en medio de un camino rural balearon a un joven ¿por qué no replicar esa estrategia y sacar al país del marasmo de muerte e impunidad? ¿Por qué incluso en asesinatos de otros políticos no se dio este nivel de respuesta?

He visto a demasiadas familias, ricas, pobres y clasemedieras honestas sentadas en procuradurías y juzgados, llorando, restregándose las manos de ansiedad y angustia, suplicando que la policía vaya a donde asesinaron a su hijo o hija. A padres que me narran llorando cómo llegó antes el Ejército al lugar de los hechos y de inmediato dijeron que dos balazos en la cabeza son símbolo de ejecución y  que “muy  probablemente” la víctima estaba metida en malos pasos.

No importa cuan corrupto sea un político, los hijos no merecen pagar por los delitos de sus padres. José Eduardo no es la excepción. Se equivocan quienes celebran su muerte como castigo a sus familiares, este país lo que necesita es justicia, no venganzas ni odio. Pero también necesita equidad jurídica. Moreira debería, como todo padre mexicano, esperar respetuosamente detrás del otro padre coahuilense a cuyo hijo asesinaron hace seis meses y a quien el procurador aun no recibe. Entonces si creeríamos que su hijo es otra víctima más de esta guerra. Y debería preguntarse ¿qué condiciones dejó él en el estado para que otros padres sufrieran lo que él experimenta hoy? 

@lydiacachosi

Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX en la siguiente dirección: http://www.sinembargo.mx/opinion/04-10-2012/9925. Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. SINEMBARGO.MX

La mujer del sicario.

Por: Lydia Cacho.

Sentada frente a mí está “Lupe”, delgada ojerosa y asustada. “Nos va a matar, Lydia, nos va a matar”. Se refiere a Octavio su esposo, un albañil que al perder su trabajo hace dos años fue invitado por un vecino a trabajar de vigía de narcotienditas disfrazadas de expendios de cerveza en el centro de Cancún. “Él era un buen hombre, nunca nos había pegado, nomás gritaba”. A la mujer, como a otras esposas de narcotraficantes y sicarios que he entrevistado, no le queda muy claro qué sucedió con su esposo. Seis meses después de ser vigía, el jefe de zona descubrió que era magnífico manejando el machete, por su infancia campesina.

Octavio explicó a su mujer que lo habían ascendido, que unos policías de Cancún lo iban a entrenar en un rancho a la salida a Mérida; a tres kilómetro de la base militar tienen una escuela. Les enseñan a disparar, a ahorcar, a asesinar y a torturar. A Octavio le asignaron dos tareas: vigía y cortacabezas. Estaba emocionado, por primera vez en su vida podía llevar dinero a casa, ir al supermercado como la gente rica, comprar una carriola para su bebé y una motocicleta que siempre quiso. Renovó la cocina de la casa para que su mujer estuviera a gusto y cocinara frijol con puerco. A ella le regaló como protección una medalla grande de puro oro de la Virgen de Guadalupe.

“Cuando comenzó a contarme cosas yo me asustaba, y si le decía algo me decía que era un trabajo más, y que sus jefes eran policías, que el procurador sabía y tenían prometido para no meterse con ellos. Empezó a traer los periódicos, él ni sabe leer, guardaba las fotos grandes y los pegaba en el baño, en la pared. Yo decidí irme el día que me dijo: ‘Mira, a éstos me los eché yo’. Era la foto del Poresto, donde estaban unos policías degollados. “Yo no quiero que mi hijo aprenda a su papá”.

En realidad “Lupe” decidió irse el día que él le puso una golpiza cargando al bebé y la amenazó con ultimar su vida si lo dejaba. Desde un lugar seguro la mujer me mira y pregunta una y otra vez ¿cómo se vuelve uno tan malo?, ¿qué les pasa, a poco todos podemos volvernos así y matar con tanta saña?

Octavio pertenece a los grupos de sicarios desechables. Hombres de estratos sociales bajos que han perdido el trabajo, hartos de la pobreza, cargados de una fuerte dosis de resentimiento social, criados en familias en que la violencia es un método educativo normalizado. No son los sicarios de élite, como el profesional entrevistado por el periodista Charles Bowden en el documental El Sicario room 164 (reseñado en la revista Proceso del 6 de febrero).

Los profesionales en defender a los cárteles, entrenados con tácticas policiacas y de guerra, son los que llevan a cabo trabajos en conjunto con militares y federales corruptos, los que ofrecen protección y limpieza social a los procuradores de los diferentes estados de la República, los que ultiman a agentes de la DEA, ICE y FBI, acribillan a políticos de alto rango, o matan a soldados de cárteles enemigos.

Sin embargo, lo que ambos tipos de sicarios tienen en común es la facilidad con que asumen la personalidad de multihomicidas, la falta de filtros emocionales que los hacen pasar de una vida normal a una de torturadores y verdugos. ¿Cómo pasan de personas normales, a sádicos inquebrantables?, ¿qué les inspira, qué les mueve? Tal vez habría que entender cómo adquieren ese sentido de pertenencia que nadie más les ofreció nunca, cómo hacen del odio su religión y de la muerte un rito pasajero de poder y gloria. Creo que sólo se aprende a gozar del dolor ajeno cuando no se puede con el propio.

Me parece que la pregunta de las mujeres de sicarios que he entrevistado, es la pregunta de una buena parte de las y los mexicanos. ¿Cuándo y a qué hora dejamos de mirar cómo se deshumanizaban miles de personas en nuestro país? O preguntaremos como lo hizo Benedetti, el poeta: “Qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia, qué paliza paterna te generó cobarde, qué tristes sumisiones te hicieron despiadado”.

Y volver a empezar, aunque suene aburrido, a exigir e implementar otra manera de educar y no cejar en plantear y demandar estrategias efectivas para erradicar la pobreza; trabajar por la renovación del modelo económico, sí, aunque suene trillado, porque quejarse no es actuar. Habrá que exigir el fin de una guerra absurda que propaga la veneración por la muerte y asume la violencia como único método de resolución de conflictos. Volver al origen, cuando matar sonaba absurdo, indeseable, imposible, inaceptable.

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PLAN B :: Paramilitares en casa.

Lydia Cacho

Cuando aun tenía escoltas de la AFI por amenazas de muerte, los guardias privados de mi vecino, un millonario norteamericano, preguntaron a mi escolta como conseguir armas. Cada día encontramos más grupos de seguridad privada dispuestos a llevar armas, legales o ilegales, para proteger las propiedades y personas de las familias adineradas de México, que a pesar de la inseguridad eligen quedarse en nuestro país.

Las leyes de la física dicen que todo vacío tiende a llenarse eventualmente; es así como el vacío de seguridad poco a poco es llenado por especialistas de protección personal. Ni siquiera las agencias de seguridad tradicional parecen confiables para quienes pueden pagarlas. Nada pueden contra narcotraficantes, sicarios, zetas y secuestradores profesionales fuertemente armados. El comercio de armas ilegales es una realidad.

Este fenómeno no es nuevo, Colombia pasó por la creación de cuerpos especializados que más tarde pasaron a formar parte de grupos paramilitares criminales llamados Autodefensas Unidas. La complejidad del tema apenas nos permite poner sobre la mesa algunas preocupaciones.

En los tiempos del famoso Tigre Azcárraga, dueño del gran emporio televisivo nacional, el ejército creó un grupo de especialistas asignados para él y para los periodistas de la empresa. Estos soldados fueron elegidos minuciosamente, entrenados como escoltas y dotados de armas, cuyos permisos se renuevan cada año luego de un examen y el registro. Nadie más que el ejército puede autorizar la asignación de armas legales para guardianes que no pertenezcan a agencias policíacas especializadas. Y sólo el ejército aprueba la portación de armas para caza deportiva o clubes de tiro. Los escoltas desarmados, lo sabemos, no son otra cosa que escudos humanos para balas, testigos de robo o secuestro, o chóferes de lujo. Los empresarios también lo saben.

Monterrey, el Distrito Federal, Sinaloa y Guadalajara son algunas de las ciudades con un mayor número de familias resguardadas por escoltas privados, la mayoría armados y entrenados para matar si es necesario. Algunos privilegiados, como la dueña de FEMSA, son escoltados por el FBI.

Cada día más empresas especializadas en valoración de riesgo (risk assesment) abren oficinas en México. Son ejecutivos altamente especializados en estrategias integrales de protección de personas y familias adineradas. Negocian rescates, investigan al personal que labora en casa o en la empresa, desde la nana hasta la secretaria. Algunos que han hecho grandes fortunas en Colombia, a raíz de la guerra contra el narco y la inseguridad resultante, han visto el potencial de México. Su creciente presencia contradice las buenas noticias que nos cuentan desde Gobernación. Más allá de la anécdota resulta imprescindible analizar las consecuencias que pueden resultar de este fenómeno de cuerpos de seguridad privada o policías paralelas. Cuando el dueño de un poderoso diario nacional dijo que huye de México por miedo, otros veinte le siguen. El nerviosismo del gobierno no es menor, los inversionistas que se expatrían por la inseguridad, eventualmente se llevaran su dinero, dejarán de invertir en nuestro país. Décadas de corrupción e impunidad revelan sus efectos, ahora contra ricos y pobres.

PLAN B :: ¿Por qué creerle a García Luna?

Lydia Cacho

Mientras México enfrenta una guerra abierta contra el narco terrorismo quedamos estupefactas al ver a los Agentes Federales de Investigación, AFIs atacados por su creador, el ahora Secretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna. En un momento que exige solidez de los cuerpos de seguridad e inteligencia. García Luna, padre del FBI a la mexicana eligió abrir violentamente un flanco en su batalla contra de la PGR y su brazo operativo, la AFI. El procurador Eduardo Medina Mora se lava las manos aduciendo que este es un problema laboral (ya es su costumbre hacerla de Poncio Pilatos). Pero lo que subyace en esta ofensiva intra-policíaca es mucho más que la simple fusión de los cuerpos policíacos. Se revela la inconsistencia del encargado de los operativos de seguridad en el país.

Los argumentos de García Luna hoy contra la AFI son los mismos que utilizó en el 2001 para desaparecer a la Policía Judicial Federal. El experto descalifica a la agencia por su ineficacia, corrupción y la falta de vinculación interinstitucional. La diferencia ahora, es que la AFI es su propia creación, gasto miles de millones de pesos en crearla y en rpesumirla en horarios triple a e en sexenio foxista ¿se acuera usted de los spots con guapos de 1.90 vestidos como el FBI desyunando en casa antes de salir a rescatar al país de los secuestradores y narcotraficantes? Pues ahora resulta que sus robocops se le transformaron a García Luna en oxidados monitos de hojalata corrmpibles e ineficaces.

En julio de 2004 García Luna como coordinador general de la AFI declaró “la investigación, formación y operación policíaca en México enfrenta un rezago de 30 años”; aseguró que formaría cuadros para combatir el crimen mediante la inteligencia y la tecnología. El modelo de la AFI, aseguró, es de alta inteligencia porque se detectan infiltrados mediante métodos de control blindados. “Estamos patentados” presumió el mismo que ahora intenta pulverizar al equipo que hace cuatro años era “lo mejor en inteligencia, un modelo tipo FBI inspirado en las policías de Alemania, Francia, España y Estados Unidos”. Una declaración constante de García Luna del 2001 al 2005 fue que la multimillonaria inversión que el gobierno hacía en la creación de la AFI estaba protegida en un marco legal sólido; que en cinco años estaría desplegado en todo el país combatiendo al crimen del lado de la sociedad. Presumió el número de bandas de secuestradores atrapados en 2003 ¿le suena conocido?

El 16 de febrero de 2005, García Luna declaró que la AFI era “Una policía de exportación”. En septiembre de 2008 destruye a su criatura. Hay AFIs corruptos, es cierto, pero también los hay honestos, con licenciaturas en psicología, derecho y sociología, entrenados en España, Israel y Estados Unidos. Cientos de especialistas “de exportación” van a ser destituidos de la AFI con el mismo rasero. Las y los criminólogos, victimólogos, especialistas en desactivar al crimen organizado, a movimientos terroristas y guerrilleros, los grupos elite de agentes federales expertos en inteligencia, se convirtieron de la noche a la mañana en personas desechables, non gratas.
Hace días se avisó a la AFI que deben renunciar a su antigüedad; entrarán como novatos a la PFP. Les darán toletes y escudos y los usarán como “carne de cañón” aseguran agentes especializados en Inteligencia e intercepción aérea. ¿Qué pasó con su sistema blindado? ¿Por qué habremos de creerle ahora a García Luna? Entendemos que es inaceptable la participación de algunos agentes federales en grupos criminales; sin embargo debemos preguntarnos si el presidente le dio el puesto a García Luna por haber creado al FBI mexicano (léase AFI) y ahora resulta que él dice que su mérito es un rotundo fiasco. En el camino para demostrar ese fiasco, ha arrebatado a todos los y las agentes federales sus derechos laborales, les descalifica como si todos fueran lo mismo, sin derechoa a ser investigados y a demostrar que no son corruptos. Las preguntas son muchas y precisan de respuesta ¿Si García Luna dice que todos se han corrompido como sabemos que él no es parte de esa corrupción? ¿por qué no transparenta la manera en que su gente de confianza extorsiona a los agentes federales y para darles plazas les quita casi la mitad de sus viáticos? ¿ y qué hay del acoso sexual dentro de su corporación? ¿que hay de las dobles plazas en AFI y PFP? ¿cómo asegurar que este nuevo intento no será otro fracaso el próximo sexenio? Lo más grave, me parece, es que Felipe Calderón le entrega, en el momento menos indicado un cheque en blanco al principal responsable del gran fracaso de seguridad nacional de los últimos años ¿por qué? La sociedad mexicana requiere respuestas

PLAN B :: Rescatar a México.

Lydia Cacho.

La angustia que produce la violencia social que se vive en México parece no encontrar salida. Hay una tendencia a la descalificación de toda crítica. La gente que se siente abrumada por el miedo a la violencia, a la propagación de narcotráfico, del secuestro, de los feminicidios, de la pedofilia; busca respuestas que le den paz emocional. Necesitamos saber que hay esperanza, porque sin ella nada de esto que sucede tendría sentido.

Los grupos budistas buscan iluminar al país con pensamientos de luz y armonía, miles de católicas, judías y cristianas hacen oración en grupo por toda la geografía nacional. Muchos han decidido dejar de leer los periódicos porque no pueden manejar la angustia. Los directivos de algunos medios electrónicos y escritos escuchan la solicitud del presidente Calderón para acallar las malas noticias.

Participar de ese juego de silenciamiento de la realidad no es solamente peligroso, sino carece de sentido. Es como el hombre cuyo médico le ha dicho que tiene cáncer y visita a un yerbero. Todo saldrá bien, se dice. Meses después cae fulminado en el hospital, la metástasis ha llegado a los huesos, al hígado y al páncreas. Las enfermedades del cuerpo, como las de la sociedad, no mejoran por el simple hecho de ignorarlas.

En un país convulsionado por la violencia, nadie tiene derecho a exigir derechos sin asumir responsabilidades. El presidente Calderón, sujeto al miedo de haberse envalentonado al abrir una guerra sin cuartel en todo el país, no tiene derecho a exigir a la sociedad su apoyo y, al mismo tiempo, cancelar el derecho que ésta tiene a estar informada.

Los criminales buscan la opacidad; esa es la esencia de la impunidad. Lo sabe bien la gente de Cancún con los zetas que se han apropiado de los edificios de la Zona Hotelera, y un alcalde y un gobernador que no se atreven a hablar del tema en Quintana Roo.

Lo saben en Piedras Negras, Coahuila, quienes la semana pasada estuvieron en el Hotel restaurante Barrocas frente al Chapo Guzmán y su mano derecha “El yerno”. La gente de Eagle Pass, a quienes la banda de El Chapo les ha quitado todo, casas, ranchos, negocios. Lo saben las familias de Tijuana y Nuevo León con desaparecidos que intentaron denunciar a secuestradores ante las autoridades. Las defensoras de derechos humanos de Chihuahua, amenazadas de muerte por judiciales. Lo sabe el General que la semana pasada pidió a Calderón que nombre a un Secretario de Gobernación que sí sepa sobre seguridad nacional. Lo sabemos en todo México: si nuestros derechos humanos y constitucionales no están garantizados y protegidos, nadie, ni el Presidente, tiene derecho a exigir responsabilidad para sumarse a una guerra que sólo genera más violencia.

Me parece que hay que abrir los ojos, mirarlo todo, escuchar al miedo, enfrentarlo. Es buena idea iluminar a México, cada rincón de oscuridad ya sea político, criminal o empresarial. Iluminar con la verdad, con la información. Sólo así rescataremos nuestros derechos, de la mano de nuestra responsabilidad. Calderón tiene el derecho de convocar a todos a combatir el cáncer de la inseguridad; por lo mismo, no puede cancelar el derecho de la sociedad a informarse sobre esa enfermedad.

BIENVENIDA A la digna palabra de Lydia Cacho.

No precisa de mayor presentación. Quienes han estado cerca de lo que ha sucedido en este país en los últimos años seguramente se habrán enterado, primero, de la publicación del libro Los demonios del Edén, desgarradora, por el contexto desesperanzador en que se ubica, narración de como operan las redes de pederastas en México y sus vínculos con las cúpulas del poder económico y político; después, del resultado de tamaña hazaña: su secuestro, por petición de uno de los empresarios protectores de la prostitución infantil y el tráfico de personas para el mercado sexual, Kamel Nacif (amigo del reciclado señor Vicente Fox y del actual director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes), a manos de policías judiciales que operaron bajo las órdenes del tristemente célebre góber precioso, Mario Marín.
Sí, hablamos de la señora Lydia Cacho; periodista y defensora de los derechos sobre todo de niñas y niños en Cancún, particularmente expuest@s a ser convertid@s en mercancía sexual por los Marín con que Calderón codesgobierna, los Yunes con que ése señor paga sus deudas políticas a la Gordillo o los Nacif que protege mientras se llena de acusaciones contra la sociedad y los medios de una escalada de violencia que día a día se acrecienta por un modelo económico que el usurpador defiende a ultranza.
Así, pues, sin más nada qué decir, La Otra Chilanga anuncia que la señora Cacho nos ha honrado con la autorización expresa de que publiquemos en este rincón virtual la palabra que puebla la dignidad que le reviste; gesto que viene a sumarse a la trayectoria que chilangas muy otras y pachucos que las acompañan han podido ir construyendo como para lograr nuestras primeras mil entradas, visitas de casi cien países y dos años por cumplir de navegar virtualmente en medio de la terquedad de no quedarnos callad@s.
A ella, por su generosidad, y a ustedes, lectoras y lectores nuestr@s, por su compañía: muchas gracias.