Por:
Decio Machado /
VientoSur.
El final de la era correista fue dantesco respecto a la gestión
realizada durante el primer período de mandato de Rafael Correa. Ese fue
el momento en que la sociedad ecuatoriana comenzó a comprender la
enorme distancia existente entre la realidad actual del país y la imagen
que de este se había forjado a través del fuerte aparato de propaganda
del régimen, tanto dentro como fuera del Ecuador.
Más allá de que el poder Ejecutivo hubiera sometido al resto de
poderes del Estado bajo su control, lógica propia de cualquier gobierno
de perfil autoritario, la corrupción institucional históricamente
existente en el país se tecnificó y la protesta social fue brutalmente
criminalizada. Diversos líderes indígenas en territorios resistentes a
la presión extractivista fueron asesinados bajo la más absoluta
impunidad, ejerciéndose la represión más brutal del régimen en el paro
nacional convocado por el movimiento indígena y las organizaciones
sindicales en agosto del año 2015. En lo económico y terminado el
boom de los commodities,
Rafael Correa entregó un país donde el gasto público era ampliamente
superior a los ingresos permanentes necesarios para sostenerlo, lo que
implicaba reformas de carácter estructural que abría la posibilidad a
diferentes opciones para el nuevo gobierno de Lenín Moreno.
La investidura presidencial de Lenín Moreno se dio en mayo del 2017;
sin embargo, la producción en el país se había estancado desde el año
2014, no consiguiendo reactivarse desde entonces hasta ahora. El ingreso
promedio por habitante en estos seis años apenas se ha movido en una
franja de 20 dólares hacia abajo, alcanzando el
empleo adecuado
-eufemismo inventado en la era correista para señalar a quienes al menos
perciben el equivalente al salario mínimo (394 dólares)- a tan solo el
37,9% de la población económica activa.
El deterioro de la capacidad adquisitiva de la sociedad ecuatoriana
tiene como grupos más afectados a los asalariados privados y
trabajadores por cuenta propia, quienes en los últimos seis años han
visto un crecimiento prácticamente nulo de sus salarios. Sin embargo,
durante lo que va de período de la gestión morenista y en aras a reducir
el volumen de un Estado al que se calificó como obeso, se eliminaron 20
ministerios y 23 mil funcionarios públicos fueron cesados. En las
actuales condiciones de estancamiento económico del país y con un sector
empresarial que invierte muy por debajo del promedio latinoamericano en
la economía nacional, lo cual ya de por sí es irrisorio, el mercado
laboral privado ha sido incapaz de absorber a los servidores públicos
cesados, incorporándose estos al ejercito de reserva del mercado de
trabajo ecuatoriano.
En paralelo, la banca y otros grupos del gran capital que operan en
la economía ecuatoriana continuaron obteniendo utilidades millonarias
-tal como ya sucedía durante el período de gestión correista- pese al
estancamiento. Entre 2015 y 2018 la banca obtuvo utilidades por 1.777
millones de dólares, mientras apenas 30 compañías obtuvieron casi cinco
mil millones de dólares en el mismo concepto. En contraste, la elevada
desigualdad en la distribución de la propiedad de la tierra se mantuvo.
Con una economía dolarizada desde principios de siglo, lo que anula
cualquier capacidad de soberanía monetaria, y a falta de ingresos
permanentes pese a las soflamas propagandísticas de industrialización
por sustitución de importaciones y cambio de matriz productiva
enarboladas durante el régimen de Correa, la deuda comenzó a dispararse
de forma desmesurada. Entre 2010 y 2019 la deuda por ecuatoriano creció 7
veces, pasando de 538,81 dólares a 3.582 dólares; el pago de intereses
por ecuatoriano creció 11 veces, de 38,31 dólares a 435,29 dólares; y el
gasto en deuda creció 12 veces, evolucionando de 613 millones de
dólares a 7.400 millones de dólares. En términos comparativos, el gasto
de deuda actual (intereses y amortizaciones por 7.400 millones de
dólares) supera casi dos veces el presupuesto de educación (4.970,9
millones de dólares) y el casi tres veces del presupuesto en salud
(2.882,9 millones de dólares).
Así, mientras la propaganda correista en manos de jóvenes tecnócratas
de la comunicación y la publicidad -aprendices andinos de Goebbels-
definía económicamente al país como el
jaguar latinoamericano, la sociedad ecuatoriana terminó descubriendo que Ecuador no pasaba de ser un desdentado
oso perezoso que vivió de las rentas petroleras bajo una economía rentista que funcionó adecuadamente tan solo mientras duró el
boom de los commodities.
De esta forma el gasto de consumo ha ido decayendo tanto en términos
públicos como privados, visualizándose claramente como los servicios
públicos se han ido paulatinamente deteriorando. Terminada la gran
fiesta propiciada por los excedentes petroleros, nunca hubo una
redistribución de la riqueza durante el período correista sino la
transferencia de los excedentes del Estado para sostener políticas de
subsidios e inversión pública en infraestructura -modernización del
Estado capitalista-, se apagó el motor de la economía nacional. Incluso
las importaciones de maquinaria se han reducido al día de hoy,
reflejándose así la limitada capacidad de sostener la tan anhelada
tecnificación productiva con la que todo el establishment político y
empresarial sueña en el país. Consecuencia de todo ello: desaceleración
económica.
De esta manera, al aumento del déficit fiscal le siguió el incremento
del endeudamiento, a lo que le siguió a su vez problemas de acceso al
financiamiento, lo que hizo que comenzaran a bajar la reservas
internacionales del país. Con créditos internacionales chinos a tasas de
interés que recuerdan a
El Avaro de Molière, el gobierno de Moreno decidió entregarse, en cuerpo y alma, al FMI.
En este contexto el Ecuador de Lenín Moreno, quien hasta mayo del
2018 -fecha de nombramiento del ministro de Economía y Finanzas actual-
no tuvo claro su hoja de ruta económica, decidió adecuarse a las recetas
fondomonetaristas para equilibrar la economía nacional. A cambio de
4.200 millones de dólares que el FMI debe desembolsar en el transcurso
de tres años y 6.000 millones de dólares más provenientes de otros
organismos multilaterales, Moreno se comprometió a emprender un fuerte
ajuste económico con el objetivo de lograr equilibrios de carácter
fiscal y externo a corto plazo, liberalizando y flexibilizando todo lo
posible la economía nacional, mientras a medio y largo plazo se
profundizaría el carácter primario-exportador que ha acompañado la
historia económica del Ecuador. El discurso fue el que siempre se aplica
previo a este tipo de medidas: “Nos vemos obligados a pedirle al pueblo
ecuatoriano un sacrificio debido a las condiciones en las que hemos
recibido el país…”.
El antecedente al Paro Nacional
Con territorios claramente olvidados en la periferia del nacional
debido a la carencia de recursos por parte del Estado, estalló el paro
en la provincia del Carchi. Allí, en un territorio con un PIB per cápita
de casi la mitad de lo que tiene Pichincha -provincia donde está
instalada la capital del país-, de los 34.853 millones de dólares del
Presupuesto General del Estado en el año 2018 tan solo le
correspondieron 64 millones, alcanzando su índice de necesidades básicas
insatisfechas al 45% de la población. Con una tasa de
empleo digno
de apenas el 26% frente la 37,9% promedio del país, la población del
Carchi se lanzó a las calles, cortando carreteras y con sus gobiernos
municipales y provincial a la cabeza de las movilizaciones junto a
gremios y movimientos sociales.
Inicialmente el gobierno se negó a negociar mientras se mantuviera el
paro. Tras siete días de movilizaciones continuas y con el principal
acceso fronterizo con Colombia cortado por los manifestantes -cientos de
camiones quedaban varados pudriéndose los alimentos perecederos que
transportaban-, Lenin Moreno se vio obligado a negociar con los
huelguistas aceptando una parte importante de sus reivindicaciones. Todo
ello no sin antes emprender una fuerte represión por parte de las
fuerzas de orden público que tuvo como respuesta popular el asalto al
edificio de la Gobernación -sede del gobierno central en el territorio-
en la ciudad de Tulcán, capital de la provincia.
Sería el 30 de septiembre cuando se solucionara el paro en el Carchi,
apenas dos días antes de que comenzará las jornadas de lucha a nivel
nacional. Su resolución fue fruto de que los dirigentes carchenses del
paro detectaron las operaciones de actores externos a la provincia
vinculados al correísmo que intentaban hacer con la movilización local
una estrategia ajena a las demandas de los movilizados y dividiendo al
movimiento.
Cabe indicar que el gobierno nacional y especialmente su frente
político demostró no haber aprendido nada de los sucesos acaecidos
durante la semana de cortes de carretera y conflicto constante entre la
población carchense y aparatos represivos del Estado.
Es evidente que el presidente Lenín Moreno encabeza un gobierno
extremadamente débil, sin base social y sin inteligencia política. El
apoyo a su gestión está por debajo del 16%, gran parte de sus ministros
intencionadamente apenas tienen aparición pública y quien maneja el
frente político del gobierno es María Paula Romo -ministra del
Interior-, quien junto a Juan Sebastián Roldán -secretario particular
del presidente y portavoz oficial del Ejecutivo- provienen de una
organización llamada Ruptura de los 25, la cual se autodefinió años
atrás como una “organización política moderna y contemporánea” pero que
en la actualidad ejerce la vieja política a través de sus jóvenes
dirigentes.
Si la gestión de la crisis del Carchi fue patética por parte de los
responsables gubernamentales, que decir de lo que vendría inmediatamente
después…
Y llegó el Paro Nacional
Así se llegó al día 1 de octubre, momento en el que Lenín Moreno
mediante cadena gubernamental televisada anunciaría lo que las
organizaciones sociales definirían como un
paquetazo neoliberal
con base en las exigencias de ajuste presupuestario implementadas por el
FMI. El mandatario anunciaría en aquel momento que mediante Decreto
Presidencial 883 se eliminaría el subsidio al combustible, a la par que
la reducción del 20% de la masa salarial de todos los contratos
ocasionales en la función pública que se vayan renovando, la reducción
del período anual de vacaciones de los empleados públicos de 30 a 15
días, así como obligación por parte de los trabajadores de las empresas
públicas de aportar obligatoriamente un día de salario mensual al erario
público. En paralelo, se decretaban una serie de medidas laborales que
implican la flexibilización del mercado de trabajo privado,
justificándolo bajo el argumente de la necesidad de implementar un
modelo acorde con los nuevos tiempos.
Al día siguiente la Confederación Nacional Indígena del Ecuador
(CONAIE) junto a otras organizaciones sindicales y sociales del país
anunciaban la convocatoria de un gran paro nacional contra las medidas
económicas del gobierno.
Entre ese mismo miércoles 2 y el domingo 6 de octubre se sucedieron
múltiples asambleas populares fundamentalmente en provincias de fuerte
ascendía indígena, zonas de Sierra Centro y territorio amazónico. En
paralelo comenzaban los cortes de carretera y las movilizaciones en
diferentes localidades. El sábado y el domingo, los cortes de carretera
tenían ya paralizado todo el Ecuador. De la misma manera, en Quito, los
estudiantes universitarios salían a las calles en solidaridad al
llamamiento indígena reivindicando la derogación del Decreto 883 y el
resto de medidas económicas anunciadas por el presidente de la
República. La respuesta gubernamental fue la represión acompañada por
una sorpresiva declaración del estado de excepción (limitación de los
derechos de tránsito, asociación y reunión, libertad de información,
inviolabilidad de domicilio y correspondencia).
Un evidentemente nervioso presidente Lenín Moreno anunciaría dicho
estado de excepción en una nueva cadena gubernamental televisiva en la
cual aparecería rodeado por su vicepresidente, Otto Sonnenholzner (un
joven empresario sin experiencia política y llegado de las élites
costeñas que fue nombrado a dedo tras la detención por vinculación en el
caso Odebrecht de su primer vicepresidente -Jorge Glass- y de la
destitución de la que fuera su segunda vicepresidenta -María Alejandra
Vicuña- por cobro de coimas), su ministro de Defensa y los principales
mandos de los diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas.
Para sorpresa de la sociedad ecuatoriana la emisión de dicho espacio
televisivo se hacía desde Guayaquil, segunda ciudad en importancia del
país. El gobierno nacional había abandonado, con nocturnidad y alevosía,
la capital del país. Lo que pretendía ser un acto de fuerza con la
declaración del estado de excepción se convirtió comunicacionalmente en
la visualización más palpable de debilidad gubernamental.
El gobierno había abandonado el Palacio de Carondelet porque tenía
miedo de que las instalaciones presidenciales fuesen tomadas por los
manifestantes. Pensar en esa posibilidad, era pensar a su vez en que sus
fuerzas armadas permitieran el acceso de los manifestantes,
evidenciando su desconfianza respecto a que el propio ejército
ecuatoriano apostase por una cambio de mando en el país dada la
incapacidad gubernamental demostrada.
Esa misma noche y durante los días siguientes, Oswaldo Jarrín, actual
ministro de Defensa y quien en 2012 calificara la desvinculación del
Ecuador con la Escuela de las Américas de muestra del “fundamentalismo
ideológico” del Gobierno de Rafael Correa, amenazó en reiteradas
ocasiones a los movilizados de usar armamento letal si es que se
ocupaban sobre instalaciones que el Gobierno considerase como
estratégicas. Nada importó y las movilizaciones continuaron a escala
nacional.
El lunes 7 de octubre comenzaron a llegar a Quito columnas de miles
de manifestantes provenientes de las provincias indígenas. Las entradas a
la capital estaban fuertemente resguardas por contingentes de
operativos especiales de la Policía Nacional. Pese a ello y ante el
número cada vez mayor de manifestantes los indígenas entraron en Quito,
no sin que previamente hubiese fuertes altercados e incluso tanquetas y
patrulleros quemados. Los detenidos y heridos en las reyertas comenzaban
a contabilizarse por centenares.
Pese a la fuerte campaña de miedo articulada en las redes sociales por
influencers
de perfil conservador, entre los barrios humildes quiteños de la
periferia de la ciudad hubo multitud de gestos solidarios ante la
llegada de los indígenas. Los indígenas se congregaron en El Arbolito,
parque céntrico de la capital ecuatoriana donde han tenido lugar
históricos episodios que terminaron derrocando diversos gobiernos
durante la década de inestabilidad política que precedió a la llegada de
Rafael Correa al palacio presidencial de Carondelet.
Durante el martes 8 y miércoles 9 de octubre siguieron llegando
numerosos grupos indígenas a la capital, mientras en el resto del
territorio nacional eran tomados diversas instalaciones gubernamentales
por parte de los indígenas, se mantenían los cortes de carretera e
incluso se eran ocupados pozos petroleros en la zona amazónica
clausurándose su bombeo. El último grupo en llegar a la capital fue en
la noche del jueves, momento en el que arribaron unos mil indigenas más
llegados de territorios amazónicos.
El grito era unísono en todo el país: “La movilización es indefinida
hasta que el gobierno nacional derogue el Decreto 883 y el paquetazo
neoliberal”. Mientras, en Quito, las movilizaciones se daban por doquier
y a todas horas, intensificándose paulatinamente la represión policial
sobre los manifestantes. En territorios indígenas e incluso en la
capital fueron retenidos distintos destacamentos militares y efectivos
de la Policía Nacional, todos fueron entregados posteriormente a las
autoridades del Estado sin daños ni lesiones, mientras en paralelo las
detenciones de manifestantes se elevaban por encima de mil, se socorría a
más de medio millar de heridos y se contabilizaban hasta la noche del
12 de octubre cinco víctimas mortales. Algunos de los uniformados
retenidos fueron obligados a cargar sobre sus hombros los féretros de
los indígenas caídos durante las jornadas de movilización bajo la
consigna de que “sientan sobre sus hombres el peso de nuestros muertos”.
Dos condiciones interesantes se dieron en la capital ecuatoriana: por
un lado era palpable la estrategia de twitteros, generadores de opinión
pública en diversos medios de comunicación y varios periodistas
descalificando al movimiento indígena en las redes sociales; mientras
por otro lado, en la vida real, la solidaridad con los manifestantes era
más que palpable. Mientras la redes sociales no dejan de ser aún un
espacio para las élites ecuatorianas dada la aun escasa democratización
digital existente en el país; estudiantes universitarios de todo tipo de
disciplinas, especialmente de medicina y enfermería, practicaban la
asistencia médica diaria a los heridos en los recintos universitarios.
En paralelo, amplios sectores de la sociedad quiteña entregaban mantas,
ropa, zapatos, víveres y agua en los recintos en los que pernoctan los
recién llegados a la capital. Por último, se creó un amplio despliegue
de medios alternativos para dar cobertura a las movilizaciones que
estaban siendo criminalizadas en los medios de comunicación
tradicionales. Se vio un Quito solidario con los históricamente
olvidados frente a un Quito imperante en el mundo digital que lleno de
perjuicios y con una estrategia claramente diseñada pretendía
criminalizar a los más pobres de la sociedad ecuatoriana. Vale decir que
no funcionó la estrategia de enfrentar a blancos urbanitas con cobrizos
habitantes de las zonas rurales del país, como tampoco les funcionó
atemorizar a las clases acomodadas quiteñas para enfrentarles a los
pobres venidos de otras tierras. De hecho, según la encuestadora
CEDATOS, nada sospechosa de ser de tendencia izquierdista, el 76% de los
ecuatorianos apoya la consigna indígena de derogar el Decreto 883.
Las movilizaciones fueron sorprendidas por hordas que no respondían
al llamado de los movimientos sociales y que se infiltraron en las
movilizaciones. Aquí se combinaron grupos delictivos que buscaban
usufructuar de bienes ajenos, grupos organizados por la sensibilidad
política correista y población que llegaba de barrios urbano marginales
ya no solo a reclamar el fin de las medidas económicas sino la salida
del gobierno. Ambos grupos coincidieron en sembrar el caos en diferentes
momentos de las movilizaciones.
La CONAIE, en varias ocasiones, se desvinculó de estas acciones
vandálicas, llegando incluso a conformar una guardia indígena que puso
orden en las manifestaciones que se daban en la capital. La turba no
perteneciente a las movilizaciones impulsadas por los movimientos
sociales se vio obligada a actuar en zonas por donde no recorrían las
manifestaciones, terminando por quemar la Controlaría General del
Estado, lugar donde se guardan los expedientes de investigación de
tramas de corrupción institucional que tuvieron lugar durante la década
correista. Sospechosamente dicho atentado se dio ante la pasividad de
las fuerzas de orden público.
En la tarde del 12 de octubre, “Día de la Interculturalidad y la
Plurinacionalidad” en Ecuador, el Gobierno Nacional, quien en
innumerables ocasiones se reiteró en afirmar que no discutiría sobre el
Decreto 883, se vio obligado a acceder a analizar su contenido con los
movilizados. Horas antes, el movimiento de mujeres quiteño había salido a
las calles junto a las mujeres indígenas declarando a María Paula Romo,
ministra del Interior y quien se auto define como feminista,
responsable de la represión y traidora al movimiento de mujeres.
Bastó el anuncio de que la CONAIE estaba reuniendo a sus dirigencias
para analizar la propuesta de diálogo de Lenín Moreno, exigiendo
garantías mínimas (realizar la negociación en un lugar independiente
bajo el auspicio de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y NNUU) y que
dicho diálogo fuera público y retransmitido por los medios de
comunicación, para que se incrementara aún más la algarabía en las
calles de Quito. A partir de ese momento diversos grupos incontrolados,
muchos de ellos posiblemente impulsados por actores ajenos a las
convocatorias, sembrarían el caos en toda la ciudad.
Ante la incapacidad de gestión por parte del Ministerio del Interior,
el aparato militar presionó al presidente Lenín Moreno para que se
decretara el toque de queda. A partir de las 15:00 horas se prohibió el
transito en las calles y los recintos en los que los indígenas se
concentraron para desvincularse de la trama desestabilizadora fueron
rodeados por los aparatos represivos del Estado. En las universidades
los estudiantes se vieron obligados a armar cadenas humanas frente a
militares y policía interponiendo sus cuerpos en defensa de los
indígenas acogidos.
El movimiento indígena denunció inmediatamente la actividad de grupos
correistas tras estos disturbios. Ya en la noche, CONAIE emitía un
comunicado reconociendo la conmovedora e incansable voluntad del pueblo
ecuatoriano de luchar contra el retorno de las políticas neoliberales al
país, a la par que denunciaba la decisión del Estado por seguir
asesinando indígenas y gente en las calles hasta derrotar la
movilización. Pese a ello, la CONAIE se comprometió en sostener la
movilización a nivel nacional, rechazando cualquier intención de
desprestigiar la lucha histórica que se está llevando a cabo en estos
momentos.
La noche quiteña cerró con un fuerte y confuso cacerolazo que se
expandió por toda la ciudad. Unos reclamaban paz, otros la derogación de
las medidas económicas implementadas por el Gobierno, pero en ambos
casos la población capitalina le decía al presidente de la República que
estaban haciendo sentir su voz crítica respecto a la gestión
gubernamental.
En la tarde del domingo 12 de octubre se dio la mesa de diálogo entre
diferentes dirigentes sociales con los pueblos y nacionalidad indígenas
a la cabeza y el gobierno nacional. Bajo el título “mesas para un
acuerdo de paz”, el gobierno nacional se vio obligado previamente a
cumplir cada una de las exigencias indígenas: fue retransmitido en
directo por diversas cadenas de televisión, se dio en un complejo
hotelero a las afueras de la ciudad -lugar imparcial- y estuvo
auspiciado con Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal del Ecuador.
Tras tres horas de debate el pueblo ecuatoriano asistía a un episodio
insólito. La CONAIE le decía al presidente Moreno que si quería de
verdad la paz retirase el Decreto 883 o de lo contrario la movilización
se mantendría en Quito y en todo país. El presidente Moreno y su
gabinete de ministros terminarían aceptando. La noche de ayer en Quito y
en todo el país se convirtió en una fiesta donde militares, policías y
el pueblo se abrazaban en cada una de las barricadas de Quito, cortes de
carreteras por todo el país e instalaciones públicas tomadas.
CONAIE desconvocaba en vivo y en directo en esa misma retransmisión el paro nacional.
Análisis final
En la agenda del movimiento indígena, los sindicatos y las
organizaciones sociales que apoyan el paro no está derrocar al actual
gobierno. La izquierda social e incluso la política no ganaría nada en
estos momentos con la salida de Lenín Moreno del palacio presidencial.
Una convocatoria de elecciones anticipadas tan solo beneficiaría en
estos momentos la llegada al poder de una derecha aun más reaccionaria o
del correísmo. Desde los mundos más reivindicativos que conforman el
tejido de los movimientos sociales ecuatorianos, fundamentalmente los
indios y las mujeres, ambas opciones son consideradas como aun peores
que el mantenimiento del gobierno actual pese a su paulatina
derechización.
Por su lado, el correísmo, con una agenda política de urgencia que
busca como sea desestabilizar al actual gobierno en aras a que se
proceda con la convocatoria de elecciones anticipadas, demostró durante
estas movilizaciones que su estrategia esta basada en una política de
tierra quemada.
Frente a un gobierno que al medio día de sábado 11 de octubre estaba a
punto de ceder respecto al Decreto 883, objetivo fundamental de la
movilización, optó por provocar la caotización de Quito en aras a sus
interés político institucionales. Rompiendo, al igual que lo intentó
hacer anteriormente en la provincia del Carchi, la estrategia de lucha
de los impulsores del paro nacional. Rafael Correa desde el exterior del
país intentó protagonizar la lucha de un movimiento al que él mismo
había criminalizado y reprimido durante la década de gestión de su
gobierno.
En el ámbito de la política institucional la derecha esta dividida.
Una parte de ella apoyó a Lenín Moreno durante lo que lleva de mandato,
mientras la otra se declara abiertamente opositora, pese a que durante
esta crisis ambas se unieran contra el movimiento indígena. Para el
sector empresarial Moreno no es más que una
cabeza de puente, es
el mandatario que debe aplicar las políticas impopulares para que no
recaiga sobre su futuro recambio dicho costo político y social.
Conscientes las corrientes conservadoras de que la debilidad
gubernamental les permite aspirar en febrero del 2021 al poder, una vez
restituida la normalidad marcarán de forma inmediata diferencias con el
mandatario, entendiendo que nada de lo que se sienta cercano al actual
gobierno nacional tiene la más mínima posibilidad de ganar las próximas
elecciones.
De igual manera, una nueva generación de políticos ecuatorianos que
pretendían ser el recambio de la actual vieja derecha nacional ha
quedado quemada en la gestión de esta crisis. Personajes con notables
aspiraciones políticas como María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán o el
propio Otto Sonnenholzner han demostrado falencias notables a la hora
de administrar el Estado en una coyuntura como la actual, quedando con
escasas posibilidades de reconfigurar su maltrecha imagen ante la
sociedad ecuatoriana.
En paralelo, la actual crisis desnudó determinados problemas de
carácter estructural que transversalizan desde la constitución de la
República al Estado ecuatoriano: sigue vigente la vieja matriz colonial,
el racismo y una indignante inequidad social basada en una marcada
estructura de clases. En Ecuador el 42% de la población indígena viven
en condiciones de pobreza, el 18% vive en pobreza extrema y solo el 3%
de este target social tiene títulos universitarios.
Este triunfo del movimiento indígena desde el ámbito de las
organizaciones sociales se contrapone a una cada más envejecida
izquierda política e institucional que se muestra incapaz de generar el
más mínimo elemento de atracción entre la sociedad ecuatoriana. Mientras
en el movimiento indígena se ha hecho visible una nueva camada de
dirigentes jóvenes con grandes dotes de organización para futuras luchas
reivindicativas, la izquierda político institucional sigue aferrada a
un discurso del pasado siglo y liderada por dirigentes con escasa
voluntad de recambio.
El triunfo indígena liderado por sus nuevas estructuras dirigentes,
sumado a interesantes cuadros entre las jóvenes militantes del
movimiento de mujeres, permiten atisbar con optimismo cierto horizonte
en las lucha por la emancipación de los pueblos en este pequeño país
andino. En paralelo y a su derecha, que un gobierno débil y derrotado
que tendrá serias dificultades para gestionar el país en lo que le queda
de mandato hasta las elecciones de febrero de 2021.
