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14 de octubre de 2019

Denuncia La 72 nueva amenaza armada e incumplimiento de medidas cautelares.

Por: Sistema Integral de Información en Derechos Humanos.

Ciudad de México, 11 de octubre de 2019. La 72, Hogar-refugio para personas migrantes -ubicada en Tenosique, Tabasco-, denunció el hostigamiento y amenazas por parte de personas armadas el día de ayer sin que intervinieran los agentes policiales estatales encargados de su resguardo ni los municipales que se encontraban en el lugar.

Las y los defensores de los migrantes relataron que por la noche se presentaron personas armadas en vehículos preguntando por una persona que presuntamente se encontraba en el albergue; apuntaron a las personas que resguardan la entrada del lugar y amenazaron con volver. Aunque las medidas cautelares con las que cuenta el albergue obligan a que una patrulla de la policía estatal de Tabasco dé seguridad por las noches, no se encontraba, y un agente municipal que estaba no intervino mientras sucedía el incidente de seguridad.

El incidente ocurrió justo cuando el albergue se preparaba para hacer pública una denuncia de inacción de las autoridades frente al secuestro de personas migrantes. De acuerdo con lo documentado por La 72, desde mediados de julio hasta septiembre de 2019, hay un alarmante incremento en el número de secuestros y privaciones ilegales de la libertad en Tenosique y sus comunidades.

“Constatamos al menos 36 personas migrantes que sufrieron secuestro /privación ilegal de la libertad en 7 episodios diferentes. La gran mayoría de los casos sucedieron pasado el ejido Guadalupe Victoria, aproximadamente 7 kilómetros a la entrada de Tenosique. Otro de los puntos conflictivos se localiza en las vías del tren, entre la salida de Tenosique y el puente de Boca del Cerro. En cinco de los casos mencionados se han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes en Tenosique. En uno de los casos se acudió a la Fiscalía de Alto Impacto de Combate al Secuestro de Villahermosa, cuando una de las víctimas consiguió escapar, mientras sus compañeros seguían privados de la libertad”, abundaron.

Las y los defensores señalaron que a pesar de múltiples elementos que señalan a una misma banda de crimen organizado, que emplea armas de fuego y una gran violencia para conseguir el pago de rescate, y contando la Fiscalía con pruebas de pagos de rescate donde repetidamente aparecen los nombres de las mismas personas que retiran los envíos, no se ha hecho nada contra los criminales.

“Denunciamos la ineficacia y la negligencia de la Fiscalía General del Estado y de su Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes de Tenosique, y la incapacidad de su Policía Ministerial para realizar investigaciones rápidas y eficaces, acorde a la gravedad de los delitos cometidos. La Lic. Sara Cabrales, titular de la Fiscalía de Migrantes, trató de clasificar una de las carpetas de investigación mencionadas antes como robo en lugar de privación ilegal de la libertad. La Fiscal y una de sus auxiliares han sido señaladas en reiteradas ocasiones por personas migrantes por solicitar cantidades económicas para iniciar o acelerar denuncias, y para entregar copias de denuncias sin ningún recibo como comprobante”, denunciaron.

30 de septiembre de 2019

El lado (más) oscuro del capitalismo.

Por: George Scialabba (The Baffler) / CTXT.

Son tiempos oscuros para la república [estadounidense], concuerdan en decir todas las personas de derechas. Desafortunadamente, la mayoría de las personas de derechas no saben de la misa la media. Estamos comprensiblemente obsesionados con el hecho de que un cazurro vengativo y mezquino tenga un dedo en el botón nuclear y poder de veto sobre importantes esfuerzos para prevenir una catástrofe climática mundial. Eso es perturbador, lo reconozco, pero el elefante en la cacharrería y sus facilitadores republicanos son al menos un mal conocido. Sus expolios se llevan a cabo a plena luz del día, podemos cuantificar el daño que provocan y sabemos (en teoría) cómo frenarlos.

Mucho más insidiosos son los efectos sistémicos de un conjunto de nuevas prácticas (algunas legales, otras no) alejadas del escrutinio público. El equipo político de demolición que nos gobierna está desgarrando el tejido de nuestra economía y sociedad desde fuera. Estos nuevos depredadores, de los que se habla en tres recientes libros, están consumiéndolo desde dentro.

El libro que más te abre los ojos (hasta casi hacerlos salir de las órbitas) es Dark Commerce. How a New Illicit Economy Is Threatening Our Future [El comercio oscuro: cómo una nueva economía ilícita amenaza nuestro futuro], de Louise Shelley, una profesora de la Universidad George Mason y sin duda la decana de los estudios ilícitos, si tal disciplina existe. (Y si no, claramente debería existir). A los lectores que todavía no conozcan uno de los libros clásicos sobre este tema, como por ejemplo McMafia de Misha Glenny o Ilícito de Moisés Naím, o cualquiera de los anteriores libros de Shelley, podría resultarles sorprendente enterarse de lo profunda y extensa que es la ilegalidad económica contemporánea.

Las cantidades de las que hablamos son desorbitadas:
– El ingreso anual que se calcula que generan todos los tipos de delincuencia transnacional oscila entre 1,6 y 2,2 billones de dólares, más o menos el 7% del comercio mundial, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia.
– El ingreso anual que se calcula que genera la venta de drogas ilegales: 320 mil millones de dólares.
– Las ventas anuales de productos falsificados o pirateados (por ejemplo, ventas online de fármacos ‘rebajados’): 461 mil millones de dólares.
– La tala y exportación ilegal de madera: entre 30 mil y 100 mil millones de dólares.
– El comercio ilegal de pescado, especies silvestres, minerales y residuos: entre 91 mil y 258 mil millones de dólares.
– Fármacos desviados y de baja calidad: 75 mil millones de dólares.
– Minería ilegal: entre 12 mil y 48 mil millones de dólares.
– Contrabando de tabaco: entre 8.700 y 11.800 millones de dólares.
Estas son las fuentes de ingresos más lucrativas, pero algunas otras actividades ilegales no son menos peligrosas o despreciables. La venta de armas de pequeño calibre y ligeras (1.700–3.500 millones de dólares) generan beneficios para grupos como las FARC, Los Zetas, ISIS, Al-Nusra y Al-Shabaab, que son tanto clientes como proveedores de este vasto mercado. Los componentes de las armas de destrucción masiva se venden en la dark web, una red informática inmensa y secreta a la que solo se puede acceder mediante un software especial que otorga anonimato. Los países menos desarrollados o asolados por los conflictos también sufren el saqueo de antigüedades por la bonita suma de unos 1.500 millones de dólares cada año.

Y luego está el tráfico de personas, que existe en diferentes formatos. Está el tráfico de órganos, por un valor aproximado de 1.000 millones al año. El tráfico de refugiados y de trabajadores forzosos o en condiciones de servidumbre produjo entre 4.700 y 5.700 millones de euros en Europa solo en 2015. Se trafica con mujeres tanto para la prostitución como para el matrimonio forzoso. Shelley no aporta un cálculo numérico para cuantificar el tráfico de mujeres, pero sí señala que la Organización Mundial del Trabajo calcula que 25 millones de personas sufren una u otra forma de trabajo forzoso.

Las cifras de facturación no son las únicas estadísticas sorprendentes de El comercio oscuro. La internet oscura, escribe Shelley, es “quinientas veces más grande que la internet superficial”. ¿Es eso cierto? Pues ahí no se queda la cosa. Cuatro de cada cinco visitas a la internet oscura “fueron hacia destinos online con material pedófilo”. ¡Caray! Si la internet oscura es quinientas veces más grande que la internet iluminada y si un 80% de los visitantes buscan pornografía infantil, ¿qué nos dice eso sobre la humanidad? Pues parece decirnos que somos una especie muy retorcida y que quizá deberíamos rendirnos ante el calentamiento global y esperar que lo que se salga del océano de aquí a varios millones de años tenga unos valores morales mejores que los nuestros.

El mundo no basta

Shelley es una experta en el comercio internacional de cuernos de rinoceronte, al que consagra un capítulo de su libro. Hace un siglo había un millón de rinocerontes negros en África, pero hoy en día quedan solo 5.000 (una disminución del 99,5 %). La extinción es probable, y esta es una calamidad que no se puede achacar al calentamiento global. Los millonarios chinos y vietnamitas constituyen el grueso de la demanda; valoran los cuernos de rinoceronte como símbolo de posición social, por sus supuestos efectos medicinales y, cada vez más, a medida que se avecina la extinción, como inversión. Una oferta reducida ha hecho que el precio ascienda hasta los 60.000 dólares el kilo. Por lo general, los clientes efectúan un pedido a los grupos criminales organizados de Asia, y estos contactan a sus homólogos en el sur de África. Se contrata a personas desempleadas, se las equipa y se las envía para que maten a los animales y les corten los cuernos. Luego, los cuernos se trasladan a Asia con la colaboración de aduanas, transportes, policías y agentes de seguridad, corruptos todos ellos, y en algunos casos, marchantes de arte y casas de subastas. Hacen falta muchas manos para acabar con una especie.

Echaremos de menos al rinoceronte, al menos durante un tiempo (somos una especie bastante desconsiderada y pronto tendremos otras preocupaciones existenciales). En cualquier caso, por muy valiosos que sean, ninguna especie puede competir en valor (ya sea biológico o económico) con las selvas tropicales del mundo, que estabilizan el clima del planeta y contienen una gran parte de la biodiversidad. Una de las selvas tropicales más ricas de la tierra (“puede que el ecosistema más rico del mundo”, según Shelley) solía estar en Sarawak (Malasia). Desde 1981 en adelante, el jefe del gobierno taló y vendió cuatro quintas partes del mismo, y se metió 15.000 millones de dólares en su bolsillo, en el de su familia y en el de sus compinches. Contó con la ayuda de un crédito de 800 millones de dólares de Goldman Sachs y con la de numerosas instituciones financieras adicionales, que no tuvieron problema en ayudarle a esconder las ganancias. (Igual que muchos otros delincuentes millonarios, también él se metió en el negocio inmobiliario. Compró un edificio en el centro de Seattle, en el que más tarde el FBI ubicó su cuartel general del noroeste de EE.UU. y del que rechazó mudarse cuando se le comunicó a quién pertenecía; otro fantástico ejemplo más de la destreza investigativa de la Oficina y de su integridad a prueba de bombas).

No contentos con destruir el medio ambiente, los criminales están saboteando los esfuerzos por salvarlo. La Comisión Europea tiene una política de “fijación previa de límites máximos” con respecto a los créditos de emisión de carbono, que las empresas con bajas emisiones de carbono pueden vender a las empresas contaminadoras.[1]  Los hackers irrumpieron en el registro de carbono de la CE para robar créditos, y luego los vendieron por valor de 6.500 millones de dólares, además de obtener rebajas del IVA por algo que ni siquiera habían pagado. Más aún, “Interpol cree que el mercado de carbono valorado en 176.000 millones de dólares es vulnerable a otros tipos de intrusión criminal, como por ejemplo el fraude de valores, la manipulación de precios entre empresas vinculadas y la venta de créditos de carbono inexistentes”.

Todo lo relacionado con la internet oscura da escalofríos. Aunque haya actividades legítimas que sucedan allí (si es que se desarrolla alguna), parece ser principalmente un supermercado de narcóticos, pornografía infantil, tráfico de personas, armas y programas maliciosos. La legendaria web oscura Silk Road [La ruta de la seda] procesa 600.000 mensajes al mes, lo que se traduce en un número desconocido de pedidos, y en sus dos años de funcionamiento facilitó la venta de 1.200 millones de dólares en drogas, armas y programas maliciosos, que se pagaron utilizando bitcoins. En particular, los programas maliciosos son un mercado en crecimiento. Cada año, se roba medio millón de registros y hace cinco años la increíble cantidad de uno de cada diez estadounidenses de más de 16 años había sido víctima del robo de identidad. Antes de ser desmantelada en 2016, se calculaba que la red de cibercrimen Avalanche estaba detrás de programas maliciosos que infectaban a medio millón de ordenadores cada día. Vienen a por ti y a por mí, de eso no cabe duda; si no lo han hecho ya, claro está.

Las instituciones financieras desempeñan un papel muy importante en el comercio oscuro. Todo ese dinero sucio tiene que ser blanqueado y muchos bancos participan de la diversión; cuatro grandes bancos (Citibank, HSBC, Wachovia y Deutsche Bank) recibieron cuantiosas multas por este motivo. Western Union es una importante correa de transmisión del dinero de la droga entre México y Estados Unidos y de ganancias del tráfico sexual entre Europa Occidental y Europa del Este. Una investigación sobre 55 países en desarrollo descubrió que los flujos financieros ilícitos equivalían a casi un 4% de todo su PIB combinado en 2011. Los bienes raíces son un medio muy conocido: un estudio realizado en seis localidades de Estados Unidos concluyó que la gente que había estado bajo el escrutinio de la policía había tramitado, de manera directa o indirecta, un 30% de las compras inmobiliarias. El lavado de dinero mediante “operaciones comerciales” es habitual: mercancías (coches, lavadoras, etc.) se compran con dinero negro y se envían a otro país, allí se venden y los beneficios que se obtienen ya son dinero limpio. El cambio de divisas también tiene lugar en la internet oscura, y de las criptomonedas se dice a veces que son el futuro del lavado de dinero. Los libertarios que idearon las criptomonedas querían librarse de los gobiernos. Ahora parece que su mayor logro terminará siendo liberar a los criminales de los gobiernos.

De todos modos, seguro que se está llevando a cabo una campaña de seguridad pública inmensa y coordinada en nuestro nombre, ¿no? ¿Qué tal le está yendo? Pésimamente. “Ninguna de las categorías criminales ha dado muestras de un marcado descenso” en la economía oscura mundial, reconoce Shelley (aparte del comercio ilegal de clorofluorocarbonos). En parte, esto se debe a que hay mucho personal de seguridad pública que está en nómina o que ha sido intimidado, pero también a que la lucha contra la delincuencia requiere una gran cantidad de recursos y la fuente principal de ingresos para los gobiernos son los impuestos. En la actualidad, los ricos evaden el pago de impuestos a escala épica: los infractores corporativos estadounidenses tienen por sí solos 2,1 billones de dólares alojados en paraísos fiscales. Los millonarios de otros países son, sin duda, igual de reacios a pagar impuestos. Los conservadores, que siempre se muestran débiles a la hora de perseguir los delitos graves, aunque hagan mucho ruido a la hora de condenar los delitos menores, obviamente no van a darse cuenta de que las fuerzas de seguridad pública no tienen el dinero que necesitan para atrapar a los peces gordos, ni tampoco suscriben las otras propuestas de Shelley: “un Plan Marshall moderno… para garantizar que todo el mundo tiene oportunidades laborales legítimas en sus países de origen”, lo que serviría para disminuir el número de desesperados del que los criminales emprendedores habitualmente reclutan a sus soldados de a pie; y un mejor acceso a la asistencia sanitaria para frenar la demanda de fármacos ilegales de aquellos que no pueden permitirse los productos de las grandes empresas farmacéuticas. Dios nos libre de interferir de tal modo con el libre mercado.

Los sospechosos habituales

A pesar de su letalidad, casi todos los tipos de crimen económico conllevan al menos un intercambio de algún tipo y son por tanto fáciles de entender. Lo que pasa en Wall Street en la actualidad es una cosa completamente diferente. A lo largo de las dos últimas décadas, de acuerdo con el economista de Oxford Walter Mattli, los mercados de capital mundiales se han vuelto oscuros. Eso es malo hasta para aquellos de nosotros que tenemos poco o ningún capital.

En su libro Darkness by Design: The Hidden Power in Global Capital Markets [Oscuridad intencionada: el poder escondido en los mercados de capital mundiales], Mattli consigue la difícil tarea de hacer que hasta los que no son ricos echen de menos la antigua bolsa de Nueva York. Durante dos siglos, la bolsa de Nueva York fue la mejor opción de la ciudad y después del país. La estructura era bastante democrática: las empresas bursátiles eran relativamente pequeñas y tenían igualdad de votos en el órgano directivo de la bolsa. Tener una reputación íntegra era indispensable para una firma comercial pública y, además de eso, los antiguos miembros de la burguesía parecían contar con un abundante y caduco espíritu cívico. (Intenten imaginarse a Robert Rubin, Jamie Dimon, Lloyd Blankfein y el resto de los tiburones y comadrejas actuales con esa cualidad). Por eso invertían las ganancias de la Bolsa en una buena gestión pública, en recopilar datos y en monitorear las transacciones. El fraude era raro, por lo general se detectaba y se castigaba con severidad. En consecuencia, la bolsa cumplía su cometido con creces: recaudar capital para las nuevas empresas y disciplinar o recompensar a las empresas existentes.

En la década de 1960, la revolución informática comenzó a llegar a Wall Street. Primero se automatizaron las tareas administrativas y luego las operaciones bursátiles en sí. Los ordenadores, servidores, software y personal informático que hacían falta eran caros, y esto otorgaba una ventaja a los principales actores: los bancos de inversión y las corredurías bursátiles. Estas últimas iniciaron una fase de fusiones y adquisiciones compulsivas que dejaron al sector bursátil y a la Bolsa en manos de un reducido número de empresas gigantescas.

Estas empresas (Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley, UBS y otras) ya no dependían de la Bolsa para poner en contacto a compradores con vendedores, ni para proporcionar liquidez (una serie de fondos acumulados que permitían procesar los pedidos de manera fluida). El único obstáculo que había para las actividades más rentables (los mercados internos u “oscuros”, las operaciones bursátiles en grandes bloques y las operaciones bursátiles de alta velocidad) era la supervisión que llevaba a cabo la Bolsa de Nueva York. Por eso hicieron lo que siempre han hecho los amos del universo de Wall Street: cabildearon con éxito para que el gobierno tomara medidas en favor de sus intereses comerciales y lo presentaron como si fuera una obediencia inevitable a los imperativos de eficacia, progreso y modernización. En 2005, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC por sus siglas en inglés) promulgó una serie de normas para reestructurar radicalmente la Bolsa de Nueva York según los términos que exigían las grandes empresas. Al año siguiente la antigua Bolsa de Nueva York pasó en la práctica a mejor vida.

¿Por qué debería importarnos esto? ¿Acaso no se trata de un ejemplo de gánsteres capitalistas tendiéndose una emboscada los unos a los otros? ¿De depredadores sucumbiendo ante superdepredarores? Sí y no. La Bolsa de Nueva York no está compuesta de Daniel Berrigans y Dorothy Days [activistas sociales vinculados a la Iglesia católica], eso es cierto; pero la mayoría de la actividad que tenía lugar allí estaba de alguna forma relacionada con el mundo real de la producción. Gracias a las extraordinarias velocidades que propiciaron los retransmisores de microondas (que en algunos casos alcanzan la velocidad de la luz) el volumen de operaciones bursátiles se ha multiplicado por mil y en su mayor parte son operaciones de arbitraje.

Las operaciones de arbitraje (transacciones trepidantes que aprovechan fluctuaciones minúsculas o temporales en el precio de las acciones) son socialmente inútiles. La defensa convencional de esta práctica sostiene que el arbitraje promueve una determinación eficaz del precio. Mentira y, además, las mismas grandes empresas que dicen que es verdad están también obstaculizando una herramienta verdaderamente útil para determinar el precio: el inversor informado. A menudo, los individuos o gerentes de fondos de pensiones y fondos comunes de inversión investigan en profundidad a las empresas y toman así sus decisiones de inversión. Los operadores de alta velocidad tienen acceso preferencial a información bursátil y cuando se enteran de órdenes institucionales de gran volumen pueden adelantarse (eso se llama “anticiparse a la orden”, que es la versión moderna de la ilegalizada práctica de “inversión ventajista”) y comprar o vender antes de que se emita la orden, lo que cambia el precio y les hace ganar (si esa es la palabra correcta) un pequeño beneficio. Cuando se realiza millones de veces, no solo roba mucho dinero de los fondos de pensiones y comunes (vamos, de ti y de mí), sino que también desincentiva la investigación en profundidad sobre las empresas, que es lo que de verdad mantiene la precisión en los precios de las acciones.

La fragmentación de las bolsas ha propiciado un cambio radical en el equilibrio de poder entre las grandes empresas y las bolsas que son, en teoría, las responsables de fijar las reglas según las cuales operan las primeras. En realidad, ahora las bolsas dependen completamente de las empresas, que han conseguido tantas concesiones y privilegios especiales que ya no existe ninguna pretensión de igualdad en el tratamiento que se da a los grandes y a los pequeños inversores. La oscuridad intencionada contiene numerosos ejemplos de ese tratamiento especial: suministro preferencial de datos, ‘colocar’ los servidores de clientes importantes en el parqué de operaciones, quote stuffing [una estrategia con la que se ralentiza intencionadamente el sistema inundandolo de un  gran número de órdenes y cancelaciones en cuestión de microsegundos, spoofing [la introducción una orden de compra o venta que no se pretende llevar a cabo para incitar a otros participantes a invertir] y cientos de Clases Especiales de Órdenes (SOTs por sus siglas en inglés), algunas de las cuales están diseñadas por las grandes empresas y todas ellas son, básicamente, fraudes. No llegué a entender completamente todas las descripciones que hace Mattli sobre cómo funciona este nuevo modelo de operaciones bursátiles, así que me consoló leer que “un regulador jubilado con un reconocido historial de 15 años al mando de dos importantes organizaciones de regulación financiera me confesó hace poco que ya no entendía cómo funcionaban en realidad estos complejos mercados de capital”.

La consecuencia última de la fragmentación son las “plataformas oscuras” (mercados privados que no ofrecen información previa a la negociación sobre precios ni volúmenes de las órdenes). Estas plataformas, cuya intención original era prevenir la inversión ventajista, han sido diseñadas, en cambio, para facilitarla, mediante la connivencia entre sus administradores y los operadores de alta frecuencia que participan en ellas.

Mattli ofrece sus recomendaciones utilizando el enérgico tono cargado de sentido común del profesor de Oxford: ¡Hágase la luz sobre los inversores! O, de forma más prosaica, hágase que el Congreso y la Comisión de Valores y Bolsa realicen sus trabajos. Desafortunadamente, como reconoce en ocasiones, ninguno de ellos quieren hacer su trabajo. El lobby bancario está muy organizado y (sobra decirlo) bien financiado; Mattli cita a un observador de Wall Street de la década de 1970: “Los bancos… ya tienen más poder que el Congreso”. A estas alturas, la contienda ya ni existe. Y la SEC está en un lado de la puerta giratoria, en cuyo otro extremo se encuentran los grandes bancos y las corredurías bursátiles (en las que, según se dice, alguien con la actitud correcta puede ganar muchísimo dinero). Lo mismo vale rezar para que llueva en el Sáhara que para que se haga la luz sobre Wall Street.

Tras una larga lista de terrores desconocidos, casi supone un alivio regresar a otros con los que estamos más familiarizados: los problemas y dilemas de nuestro futuro digital. Hoy en día, el presente digital ya da bastante miedo, como deja patente James Bridle en New Dark Age: Technology and the End of the Future [La nueva edad de las tinieblas: la tecnología y el fin del futuro]. El libro es un agudo e informativo paseo por diez temas (ligeramente) relacionados entre sí (todos los cuales, en una encantadora muestra de vanidad, comienzan por la letra c). No existe una tesis central en la obra de Bridle, pero hay gran cantidad de información y reflexión sobre los métodos informáticos que rigen la investigación farmacéutica y sobre la fusión nuclear; sobre la curva Keeling, una gráfica que muestra la siempre creciente concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, y su relación inversa con la capacidad cognitiva humana; sobre DeepDream, un programa que ceba imágenes a unas redes neuronales y genera unos resultados sorprendentes; y sobre otros temas. Bridle se muestra sucesivamente entretenido, sorprendido o indignado, que es la manera perfecta de abordar el fenómeno devora-futuros que describe.

La prosa de Bridle puede ser lírica y amenazante al mismo tiempo. Por ejemplo:
“En algún lugar entre los yihadistas y los estrategas militares, entre la guerra y la paz, entre el negro y el blanco, se encuentra la zona gris en la que habitamos la mayoría de nosotros hoy en día. La zona gris es el mejor descriptor para un entorno inundado de hechos imposibles de demostrar y falsedades demostrables que, sin embargo, nos acosan, como si fueran zombis, mediante conversaciones, engatusamientos y persuasiones. La zona gris es el terreno resbaladizo y casi inasible en el que nos encontramos ahora mismo como consecuencia de nuestras muy extendidas herramientas tecnológicas para generar conocimiento. Es un mundo de cognoscibilidad limitada y de dudas existenciales, que es igual de terrible tanto para el extremista como para los que creen en las teorías de la conspiración. En este mundo nos vemos obligados a reconocer el limitado alcance del cálculo empírico y el escaso beneficio que ofrecen los abrumadores flujos de información”.

Directo al vídeo

El gran logro de La nueva edad de las tinieblas es un capítulo, más inquietante que nada de lo que haya leído nunca, sobre la programación infantil de YouTube. Un inmenso archipiélago de vídeos, algunos elaborados por humanos y otros por bots informáticos, compiten por el número de visitas de los niños, lo que significa, en primer lugar, que hay que atraer la atención de los algoritmos de recomendación de YouTube. A menos que tenga la suerte de que una masa crítica de niños lo encuentre y lo recomiende, la forma más segura de atraer la atención de YouTube es incluir en el título de tu vídeo el nombre de un vídeo que ya sea popular.

Por ejemplo, algo como Cars 2 Silver Rayo McQueen Corredor Huevos Sorpresa Disney Pixar Zaini Racer Plateado de ToyCollector. Es “uno de los millones y millones de vídeos sobre huevos sorpresa que hay en YouTube”. Un huevo sorpresa de chocolate que contiene un juguete en su interior, y por extensión, cualquier cosa que contenga otra cosa dentro. Por lo que parece, a los niños les gustan estos y otros vídeos en lo que se abren cajas o se desenvuelven paquetes para desvelar una sorpresa. Uno de los realizadores de huevos sorpresa con juguete dentro se alió con Cars, una taquillera película de Disney para niños. Gracias a esta feliz sinergia, Cars 2 Silver Rayo, etc. ha conseguido alcanzar los 33 millones de visitas y ha dado pie a infinitas variaciones (“millones y millones” de ellas). Y “huevo sorpresa” es solo uno de los géneros audiovisuales. También está la Familia dedo (dedos bailando y cantando versos mediocres), Aprende los colores, Peppa Pig, Cabezas equivocadas, y sus infinitos imitadores, todos siguiendo la misma fórmula, y una proporción desconocida de ellos totalmente automatizados.

¿Por qué? ¿Para qué sirve esta producción incesante de basura profunda e irremediablemente inútil? Ingresos por publicidad, obviamente. Los vídeos vienen siempre precedidos, seguidos o interrumpidos por un anuncio destinado al segmento demográfico de niños entre uno y seis años. La comisión por el anuncio se comparte entre el realizador del vídeo y el propietario de YouTube, que es Google. Es un gran negocio: los realizadores más populares de la plataforma han ganado decenas de millones de dólares. Solo Dios (y puede que Hacienda) sabrá cuáles son las ganancias reales de Google.

¿Todo este balbuceo de bebé y sinsentido infantil es al menos inofensivo? Todo lo contrario, nos informa Bridle. No importa ya la contracción de la imaginación de millones de niños (los vídeos infantiles de YouTube son tan parecidos a los cuentos de hadas tradicionales y a las historias para niños como las dos dimensiones se parecen a las tres). Peor incluso, algunos de ellos son verdaderamente tóxicos.  Los personajes tienen características y formas  extrañas e incomprensibles; y no pocas veces, coprofagia, sadismo, violaciones y violencia: es imposible que estas cosas no surjan en las decenas de millones de vídeos que existen, muchos de los cuales han sido realizados en las mismas condiciones que predominan en los talleres miseria o por programas de ordenador. “No se trata de la intención”, concluye Bridle, “sino de un tipo de violencia intrínseca a la combinación de sistemas digitales e incentivos capitalistas”. Claramente, también se trata en parte de la intención: eso es lo que pasa cuando haces que los niños sean un centro de beneficios.

La iniciativa, parece poderse afirmar, reside en los malvados. La cantidad y calidad de energía e invención que se destina a las infames actividades que se describen en estos tres libros podrían con facilidad acabar con la pobreza, la desigualdad, los conflictos internacionales y la crisis climática. Seguro que los infractores piensan que es más divertido dirigir el mundo que hacer contrabando de cuernos de rinoceronte o implantar programas maliciosos, ¿no? Entonces, si no puedes combatirlos, haz que se unan a ti; puede que así consigas al menos despertar su imaginación.

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George Scialabba es editor colaborador en The Baffler y el autor de los libros For the Republic y What Are Intellectuals Good For?

Este artículo se publicó en The Baffler.

Traducción de Álvaro San José.

Dark Commerce. How a New Illicit Economy Is Threatening Our Future, de Louise Shelley. Princeton University Press.
Darkness by Design: The Hidden Power in Global Capital Markets, de Walter Mattli. Princeton University Press.
New Dark Age: Technology and the End of the Future, de James Bridle. Verso.

11 de septiembre de 2019

El Proyecto Miroslava le sube el costo al asesinato de periodistas en México.

Por: María Teresa Ronderos / The New York Times.

Foto: Hérika Martínez/Agence France-Presse - Getty Images.
BOGOTÁ — ¿Cuánto cuesta matar a un periodista? En México, casi nada para el pistolero, quizás unos pesos para que las autoridades miren a otro lado, y listo: silenciado el incómodo reportero. Según las cuentas de Artículo 19, en ese país han asesinado a 131 periodistas desde 2000 hasta el 24 de agosto de 2019. Otros veinticuatro fueron desaparecidos forzadamente. La impunidad en todos estos casos es casi absoluta. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), de las 790 investigaciones abiertas desde 2010, apenas 118 han llegado a una corte y solo ha habido una decena de sentencias condenatorias exclusivamente contra autores materiales. Ningún castigo para los autores intelectuales.

Hartos de la impunidad, un grupo de periodistas dijeron “¡Basta!”, y hace un año crearon el Colectivo 23 de Marzo para investigar la muerte de una de sus colegas más respetadas, Miroslava Breach. Corresponsal del diario La Jornada y columnista de El Norte de Juárez, Breach contaba de frente lo que realmente pasaba en Chihuahua, su estado. En marzo de 2016 denunció que en municipios en Chihuahua precandidatos a presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) tendrían vínculos con narcotraficantes. El PRI reemplazó a dos aspirantes denunciados y la aspirante del PAN, que resultó elegida, negó vigorosamente tener relación alguna con los carteles. La denuncia le costó a Miroslava nuevas amenazas.

La periodista chihuahuense siguió adelante con sus investigaciones. Documentó los despojos de la expansión del grupo criminal que montó la familia Salazar, al servicio del Cártel de Sinaloa, en su natal municipio de Chínipas en la Sierra Tarahumara. Escarbó los vínculos entre este y otros grupos con la política de Chihuahua y de Sonora. Armó un expediente del gobernador de su estado, César Duarte, quien hoy está prófugo de la justicia y con veintiuna órdenes de captura por peculado y enriquecimiento ilícito.

En febrero de 2017, Breach sacó a la luz, con nombre y apellido, cómo directores de varias policías municipales de esos estados eran fichas del narco. Esa fue la última gota. El 23 de marzo de 2017 fue asesinada por un pistolero cuando se disponía a llevar a su hijo Carlos, de 14 años, al colegio. El gobernador Javier Corral, de quien Miroslava había sido cercana, anunció que este crimen no quedaría impune y se mostró enérgico y decidido a develar el complot criminal que acabó con una persona tan valiosa —y valerosa— para su comunidad. Pronto las autoridades anunciaron capturas y dieron conferencias de prensa en las que se daba por esclarecido el caso.

Sin embargo, había demasiados elementos forzados en ese relato perfecto. Fue entonces cuando varios colegas de diferentes medios y estados decidieron aliarse para investigar por ellos mismos. Se unieron al esfuerzo, al que bautizaron Proyecto Miroslava, Forbidden Stories, un equipo periodístico colaborativo francés cuya razón de ser es terminar las historias de los periodistas silenciados; el portal británico Bellingcat, especializado en investigación de fuentes abiertas; y la red de periodismo investigativo trasnacional Centro Latinoamericano de Periodismo Investigativo (CLIP).

Lo que el Proyecto Miroslava encontró, según la publicación de esta semana, es una sábana llena de agujeros. Asesinatos alrededor del caso que no fueron investigados; autoridades que no indagaron en el municipio de Chínipas, de donde probablemente salieron las órdenes de matar a la periodista y donde se refugiaron los asesinos; comunicaciones entre los sospechosos a las que no se les siguió la pista, y una pistola plantada en un asesinato posiblemente para desviar la investigación.

La serie periodística que Proyecto Miroslava publica esta semana cuestiona a fondo la independencia de las autoridades mexicanas a la hora de hacer justicia, aún en un asesinato que, como este, ocupó por días las primeras planas de los principales medios mexicanos. Si no, cómo se entiende que declararan como testigos bajo identidad reservada a los políticos que habían presionado a Miroslava a revelar sus fuentes, cuando ella denunció la infiltración de los narcotraficantes en la política de Chihuahua. Ni la investigación estatal ni, según avanza, la causa federal, establecen vínculo alguno entre la muerte de la periodista y el crimen organizado o la política, a pesar de que esto era precisamente lo que ella estaba investigando.

Develar este matrimonio perverso entre narcos y políticos, tan frecuente en nuestro continente, requiere de alianzas periodísticas fuertes, incluso internacionales, como lo ha hecho este proyecto. Es una manera efectiva de subirle la presión ciudadana a los gobernantes para que hagan justicia. Es la salida poderosa que tiene el oficio para conseguir que ese contubernio no doblegue a las sociedades bajo el miedo.

“El silencio es complicidad”, repetía con frecuencia Miroslava. Sus colegas le hacen hoy honor rompiendo el silencio para empezar a derrotar la impunidad. Un camino similar se ha recorrido ya en otros países. En los años setenta, el Proyecto Arizona juntó a 38 reporteros y editores de diferentes medios para investigar el asesinato del periodista Don Bolles en Estados Unidos. No consiguió poner tras las rejas a quien le puso la bomba a este reportero, pero sí hizo que Arizona destinara nuevos recursos para la lucha contra las mafias y los legisladores del estado sacaron leyes más duras contra el robo de tierras. Después, en Colombia, el Proyecto Manizales, liderado por la revista Semana, llevó a varios medios a investigar el asesinato de Orlando Sierra, subdirector del diario regional La Patria. La publicación simultánea del reportaje, la persistencia del diario de Sierra y el interés solidario de los colegas para que el caso no se olvidara puso finalmente al autor intelectual, un político local, tras las rejas.
 
El Proyecto Miroslava vuelve a plantear las preguntas que la justicia dejó sin responder. Así, los reporteros mexicanos —arriesgándose, pues se trata de la temible narcopolítica—, han salido solidarios a subirle el costo a asesinar a un periodista. Les toca ahora a las autoridades ponerse a la altura.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tanto quiere romper con el pasado de corrupción y que, ante la crítica, insiste en que respeta la libertad de prensa, podría demostrar que habla en serio si desentraña los complots que silenciaron a Miroslava, a Javier Valdez y a Regina Martínez entre muchos otros reporteros caídos mientras intentaban hacer de México un país más transparente y democrático.

31 de julio de 2018

Informe sexenal del Observatorio Laboral del Trabajo Sexual en México durante el mandato de Enrique Peña Nieto.


Por: Jaime Montejo / Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle.


La violencia del narcotráfico y de las fuerzas del orden contra las trabajadoras sexuales ha mantenido el mismo nivel que en el sexenio de Felipe Calderón, catalogado por trabajadoras sexuales consultadas como los mandatos donde se ha incitado al odio hacia ellas, con el pretexto al combate del crimen organizado o a la trata de personas.

Las disposiciones sobre la perdida de la patria potestad, se mantienen vigentes, pese al Amparo en revisión 2159/2012, donde los ministros de una sala de la SCJN señalaron que “causales como la consistente en que la madre se dedique a la prostitución, no debe entenderse como una situación que, per se, justifique que la madre no detente la guarda y custodia de sus menores hijos, sino que su actualización debe verificarse solamente cuando implique una puesta en peligro o imposibilidad de cumplir con los deberes inherentes de la guarda y custodia. Es más, la inclusión de supuestos de este tipo por parte del legislador se encuentran muy cerca de un escenario de discriminación, ya que implican inevitablemente la idea de la mujer como un ser inferior, como ser cosificado para el deseo del hombre, y que resulta incapaz de ser una “buena” madre.”

Las prohibiciones del table dance, visto equivocadamente por legisladores y legisladoras, como un baile “a la sombra de la trata de personas”, avanzó en Tamaulipas, Guanajuato, Chiapas, Estado de México y Coahuila, de manera legal y de facto en la Ciudad de México, donde las clausuras y operativos anti-trata, prácticamente acabaron con ese tipo de espectáculo.

Violencia del narcotráfico y fuerzas del orden

El avance de la violencia provocada por grupos de sicarios del crimen organizado y su colusión con fuerzas de seguridad del Estado mexicano, así como la militarización de vastas regiones de la república por parte del ejército, la marina y la Policía Federal; ha traído consigo el desplazamiento de trabajadoras sexuales en al menos 23 estados de la república como Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y estado de México, entre otros (Baja California, Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas).

No tenemos informes sobre Baja California Sur, Campeche, Querétaro, Tabasco y Yucatán.

Con respecto a la Ciudad de México, la extorsión de que son objeto trabajadoras sexuales del turno nocturno ha disminuido notablemente su presencia en la calle. Lo que no pudieron hacer los operativos anti-trata, lograron hacerlo los nuevos sicarios protegidos por las autoridades capitalinas, señalaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, que prefieren guardar el anonimato por temor a su integridad.

Tlaxcala y Puebla, se debaten entre el control de los padrotes de toda la vida y los nuevos dueños del negocio.

Vimos como entidades federales donde se prohibió el baile erótico como el estado de México, Coahuila y Tamaulipas, la violencia del narcotráfico y las autoridades encargadas de su combate, se han ensañado en las trabajadoras sexuales y la trata de personas, campean con toda impunidad.

Patria potestad de trabajadoras sexuales

Los códigos civiles de Baja California, Nuevo León y Puebla, contemplan como causal de perdida de patria potestad, que una mujer se dedique o ejerza la prostitución (En el caso de Puebla, que lo haga de forma pública).

En 24 entidades federales y en el Código Civil Federal, una de las causales de pérdida de patria potestad, es la tener costumbres perversas.

En la Ciudad de México, es una causal, que no se tenga un modo honesto de vida o desamparo (para poblaciones callejeras). En Guerrero, es causal tener una conducta irresponsable. En Jalisco, las malas costumbres y no tener un modo de vivir decente. En Morelos, comprometer la moralidad de sus hijos.

Sólo en Sinaloa, San Luis Potosí y Quintana Roo, no existen dichas causales de pérdida de patria potestad.

Las causas de pérdida de patria potestad señaladas, son utilizadas contra las trabajadoras sexuales y contra el interés superior de sus hijos de tener a su madre a su lado.

También, en toda la república, el que una persona ejerza la prostitución, aunque el código civil no lo diga explícitamente, es causal de pérdida de patria potestad; porque a juicio de los jueces de lo familiar, atenta contra el desarrollo de la personalidad, compromete el adecuado desarrollo del menor o afecta el desarrollo psicosocial del menor.

El que una trabajadora sexual pierda la patria potestad de sus hijos por ganarse la vida con el ejercicio de la prostitución, ha sido utilizado por tratantes, padrotes, madrotas y otros proxenetas, para amenazarlas con quitarles a sus hijos y enviarlos al DIF (Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia), sino les entregan las cuotas de extorsión exigidas.

En estos casos, el DIF en la práctica ha coadyuvado con la trata sexual. Esto es, la maternidad de las trabajadoras sexuales es utilizada, como un mecanismo de control en situaciones de trata sexual y el DIF es la institución gubernamental encargada de aplicar estos preceptos jurídicos.

Desde dos años antes de la expedición de la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos”, Brigada Callejera ha denunciado dicha situación y a ningún congreso local, o integrantes de la Cámara de Diputados o del Senado de la república, les ha interesado.

Tampoco ha habido eco entre otras organizaciones feministas.

La única institución que ha hecho eco de esto, es el Programa de VIH, Sida de la CNDH, en su cartilla de derechos humanos de personas trabajadoras sexuales y documentos relativos al tema.

Criminalización del condón

Policías ministeriales no han detenido la práctica de utilizar los condones como elementos de prueba para fincar el delito de trata de personas, lenocinio y delincuencia organizada en Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Jalisco y Estado de México, entre otros estados más, tanto por las procuradurías y fiscalías estatales, como por la misma PGR.

Todos los partidos políticos han hecho oídos sordos a la demanda de publicar en el Diario Oficial de la Federación un “Memorándum y Acuerdo para dejar de utilizar los condones como prueba de esos delitos”, propuesta ampliamente explicada en el libro “Pliego Petitorio” de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

El oficio que la directora del Censida, doctora Patricia Uribe Zúñiga envió a todas las procuradurías y fiscalías de la república, donde señaló que el condón no debería utilizarse para incriminar trata de personas, debe formar parte del archivo muerto de las autoridades ministeriales mexicanas.

Avance importante

Un avance importante en la lucha de las trabajadoras sexuales, fue la expedición de la cartilla de derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales por parte del programa de VIH, Sida; así como el documento el VIH, el sida y los derechos humanos: el caso de las y los trabajadores sexuales producido por la CNDH.

Un avance legislativo importante es el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo no asalariado en el estado de Coahuila.

Un avance que quedó pendiente fue la propuesta de reforma de la ley general de trata de personas, elaborada por el Senado de la república en una minuta del año 2016, que el PRI e integrantes de la Casa sobre la Roca, enviaron a la congeladora legislativa.


Retomar dicha minuta del Senado, es menester en este momento para la nueva legislatura.

El control sanitario del VIH e ITS en el trabajo sexual

El control sanitario del VIH e ITS, es uno de los pilares sobre los cuáles se sostienen muchos abusos laborales como la explotación sexual y la trata de personas, así como prácticas policiacas y sanitarias de extorsión como las denunciadas por trabajadoras sexuales en la zona galáctica de Tuxtla Gutiérrez y Huixtla, Chiapas en el año 2017, donde han estado involucrados médicos encargados de la revisión periódica de las trabajadoras sexuales.

Las autoridades sanitarias de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Zacatecas, Guanajuato, cuentan con leyes estatales que permiten el control obligatorio del VIH contraviniendo las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993.

Así mismo, autoridades de varios municipios de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Morelos y Quintana Roo, han impuesto el control sanitario recaudatorio con reglamentos municipales.

Finalmente, al menos veinte estados de la república; mantienes dichas práctica en leyes estatales de salud y reglamentos municipales, que sirven de soporte legal a padrotes, tratantes y personas dedicadas a la explotación sexual de trabajadoras sexuales.

Llamado a las nuevas autoridades

En general, el nuevo gobierno federal encabezado por AMLO y el gobierno de la CDMX por Claudia Sheinbaum Pardo, ambos militantes de MORENA, deberían tomar en consideración las Recomendaciones formuladas por el Informe México 2018 de la GAATW:
* Intensificar la prevención de la trata de personas, especialmente en lugares donde desaparecen muchas mujeres jóvenes e indígenas, y donde hay una alta tasa de feminicidios o donde laboran las trabajadoras sexuales.
* Utilizar los indicadores de trata de personas desarrollados por Brigada Callejera y la Red Mexicana de Trabajo Sexual para crear conciencia sobre la trata de personas en diferentes ciudades, complejos habitacionales, escuelas y empresas.
* Mejorar la protección de las posibles víctimas de la trata, como los hijos e hijas de trabajadoras y trabajadores sexuales, que son especialmente vulnerables al secuestro y abuso por parte de los cárteles de la droga.
* Incluir a las trabajadoras sexuales como un grupo especial que necesita protección en la alerta de violencia de género contra las mujeres.
* Derogar la disposición de los Códigos Civiles y de Familia, que permite a los tribunales despojar a las trabajadores sexuales de patria potestad de sus hijos e hijas menores de 12 años, ya que los utilizan diferentes actores (incluidos los miembros de las familias de las trabajadoras del sexo) para explotarlas y extorsionarles, amenazándolas con denunciarlas ante las autoridades del DIF, que es la institución encargada de implementar dichas disposiciones sobre el cuidado de los hijos.
* Rechazar las propuestas legislativas que pretenden criminalizar el uso de los servicios de las víctimas de la trata de personas (incluso sin saber que son víctimas), ya que esto en la práctica criminalizaría a los clientes de todas las trabajadoras sexuales.

Corolario:

No nos queda más que refrendar nuestro compromiso con defender las fuentes laborales de la vía pública de las trabajadoras sexuales cis y transgénero; defender las conquistas laborales obtenidas como el reconocimiento como trabajadoras no asalariadas; y luchar por mejores condiciones laborales.

Sólo la organización horizontal, la movilización comunitaria y los actos de resistencia civil y pacífica, van a garantizar el respeto de las trabajadoras sexuales y de las organizaciones que defienden sus derechos.

Liga con propuesta de gremios de trabajadores no asalariados para el candidato de Morena a alcalde de Cuauhtémoc, CDMX, hoy alcalde electo: http://brigadaac.mayfirst.org/Propuesta-de-gremios-de-trabajadores-no-as...

8 de noviembre de 2014

¿Fue el Estado?

Por: Sebastián Liera.

 “¡Muy señoras y muy señores míos!... Habiendo sido invitado a dar una conferencia […] sobre un tema popular..., he de decirles que, por lo que a mí respecta, el asunto de ésta me es indiferente...” Con estas palabras, escritas por Anton Chejov para dar voz a Niujin, su personaje de Sobre el daño que hace el tabaco, comienza un chorema mío que disfrazado de ponencia leí (sólo algunas partes) a una semana de que se cumpliera el primer mes de haber sucedido la tragedia que hoy nos tiene aquí convocados… corrijo: la tragedia que nos tiene aquí convocadas, convocados, no había sucedido casi un mes antes, viene sucediendo de mucho tiempo atrás.

Hace unos días, el último de ese mes que, dicen, tiene la luna más hermosa, traía a colación en esta misma plaza un artículo en el que José Woldenberg dice que “el país transita por una situación crítica y no ayuda a la comprensión de lo que estamos viviendo hacer referencia en bloque a una entidad tan abarcadora y compleja como lo es el Estado”; sí: el Estado, esa “constelación de instituciones” que el ex consejero del otrora IFE reconoce “jerárquicas, especializadas y –apunta- con diferentes grados de responsabilidad”.

Y, resulta, que hoy estamos aquí en esta plaza abrigando un mismo lema como bandera: “¡Fue el Estado!”; ese, dijera Woldenberg, “laberinto institucional complicado y rebuscado” en el que, nos dicta el autor, debemos “detectar con claridad –no de manera especulativa o retórica o a través de derivaciones ‘lógicas’- a los responsables directos e indirectos, a los culpables por acción y por omisión de los cruentos e incalificables sucesos que han sacudido a la nación” o, de lo contrario, caeríamos en reduccionismos y simplezas.

Sin embargo, la cátedra de cultura política no termina allí y, después de insistir en que el Estado “ya no es lo que era o lo que imaginábamos que era: una entidad todopoderosa capaz de imponer el orden en el momento en que lo quisiera”, exculpa: “No se trata de entidades que pueden y no quieren, sino que quieren y no pueden” y, para rematar, adoctrina: “debemos tener claro que la única justicia hoy por hoy es la que las propias instituciones del Estado, diseñadas para ello, pueden ofrecer”. ¿Quién es quien cae en reducciones y simplezas?

¿Por qué quienes hoy hemos sumado nuestras voces y nuestros pasos a esta jornada de acción global por Ayotzinapa convocada por las escuelas superiores, universidades y tecnológicos del país insistimos en la “simpleza” de decir: “¡Fue el Estado!”? ¿Tenemos acaso plena noción de lo que ese concepto político significa, definido por Marx no como “el reino de la razón, sino de la fuerza”, no como “el reino del bien común, sino del interés parcial [que] no tiene como fin el bienestar de todos, sino de los que detentan el poder”? Quizás no; pero, tampoco, estamos dispuestos a que los profesionales de la política nos vengan a decir que nuestras voces o son simplezas o son, como dice Juan Villoro citando a su tocayo Rulfo, “rencor vivo”.

Fueron ellos, los profesionales de la política, y las damas que en el danzón de la corrupción y la impunidad les acompañan, quienes hicieron de lo que debería ser el arte de ponernos de acuerdo cuando pensamos diferente en bien de la cosa pública un circo de prebendas y traiciones de principios donde los saltimbanquis de siglas y colores han hecho su agosto. Si la política es, como dice Villoro, “campo de la opinión airada, la falta de sentido de las obligaciones, la intolerancia, la búsqueda de fines sin reparar en los medios”, es porque sus profesionales y sus coreutas la han reducido a eso.

José Ramón Enríquez escribe que desde la perspectiva de un Estado cuyos órdenes están plagados de narcopolíticos sí ve lo de Ayotzinapa como un crimen de Estado. Se apura a aclarar, que el terrorismo de este Estado no es el de López Mateos contra Genaro Vázquez o el de Echeverría contra Lucio Cabañas y pone la mira en la venta de drogas, el lavado de dinero, la corrupción misma del Estado y, sobre todo, la ampliación de los mercados de armas; en otras palabras, en los negocios del crimen organizado.

Es aquí donde radica la razón de que hoy digamos sin titubeos: “¡Fue el Estado!” En su tratarnos como niños chiquitos, quienes detentan el poder en eso que llamamos el Estado se resisten a regular el consumo, la venta y la producción de estupefacientes; esa falta de regulación hace que el negocio del narcotráfico produzca ganancias exorbitantes de las cuales, a diferencia del erario público, nadie tiene porqué dar cuentas. No es el narcotráfico, que es sólo uno de los muchos negocios del crimen organizado, el que ha infiltrado a la clase política y sus partidos; es la clase política, son sus partidos, los que han entrado a los negocios de sangre y muerte, no sólo al narcotráfico, insisto, del crimen organizado. Y, hoy por hoy, esas instituciones de las que Woldenberg quiere que esperemos justicia no son sino agencias del crimen organizado.

“¡Fue el Estado!”, dijimos, cuando los criminales en el Estado quisieron vernos la cara y dirigieron los reflectores de sus televisoras y medios de (des)información a una pareja que hoy llaman “imperial”, en el modus operandi de lo que el infame personaje de la también infame película de Luis Estrada, La dictadura perfecta, llama “la caja china”. “¡Fue el Estado!”, dijimos, cuando los criminales en el Estado quisieron reducir las responsabilidades de lo ocurrido en Ayotzinapa en un cártel con nombre de programa electorero del PRI cuyo supuesto líder se dizque suicidó en Morelos. “¡Fue el Estado!”, decimos hoy, tras el montaje de la captura del ex alcalde de Iguala y su esposa incómoda; porque hoy, decir crimen organizado y decir Estado, es decir lo mismo.

Estamos en medio de lo que la nariz tras el pasamontañas llamaba desde 1997 la IV Guerra Mundial, una guerra que se realiza entre “los grandes centros financieros, con escenarios totales y con una intensidad aguda y constante […] La ‘mundialización’ de la guerra [que] no es más que la mundialización de las lógicas de los mercados financieros” han hecho del Estado y sus gobernantes, otrora rectores de la economía, en “regidos, más bien, teledirigidos, por el fundamento del poder financiero: el libre cambio comercial”. Así, “el capitalismo mundial sacrifica sin misericordia alguna a quien le dio futuro y proyecto histórico: el capitalismo nacional” y las empresas y los estados se han venido derrumbando en minutos. Eso representa Ayotzinapa: la descomposición más atroz del Estado, y, de paso, de “todas las falacias discursivas de la ideología capitalista: en el nuevo orden mundial no hay ni democracia, ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad”.

En mayo de 2011, Javier Sicilia pasaba revista a una serie de casos que ponían en evidencia que en todos los partidos políticos “hay vínculos con el crimen y sus mafias a lo largo y ancho de la nación”, de suerte que las y los ciudadanos terminaremos preguntándonos: “¿por qué cártel y por qué poder fáctico tendremos que votar?” No hay duda, como dijera Sayak Valencia, sobrevivimos en medio de un capitalismo gore, basado “en la violencia, el (narco) tráfico y el necropoder” que muestra “algunas de las distopías de la globalización y su imposición”… por el mismo Estado… pero, como dijera Chejov por la voz de Niujin, “el tiempo fijado para esta conferencia ha expirado ya”.

Habiendo dicho todo lo anterior, quisiera traer por un segundo el pixan, el alma de Ignacio Ramírez “El Nigromante” y decir, no obstante, que no, no FUE el Estado: ¡ES el Estado! Ayotzinapa no pasó sólo el 26 de septiembre; Ayotzinapa es la Guardería de ABC, Atenco y el #1Dmx que terminaría costándole la vida a Juan Francisco Kuykendall y desapareciendo a Teodulfo Torres Soriano; es el feminicidio vuelto deporte nacional; es la persecución, encarcelamiento y/o asesinato de defensores de derechos humanos y ambientales; es la criminalización de la protesta y es la tibieza pusilánime que dice que no tomar partido es ser radical. ¡No fue el Estado! ¡Es el Estado reducido a guardia privada de la plaza comercial tipo mall en que el capitalismo ha convertido al planeta! Ayotzinapa no fue, Ayotzinapa es, y, si no hacemos nada, Ayotzinapa será.

11 de octubre de 2012

¿Por qué insistir en estrategias fallidas?

Publicado en La Jornada Morelos, el 8 de octubre de 2012.


Por José Martínez Cruz y Roberto Mendoza Delgado.

Durante la primera sesión del Gabinete de Seguridad del gobierno de Morelos, encabezado por Graco Ramírez, se ratificaron las estrategias de seguridad que se implementaron durante el gobierno de Marco Adame. Un día después, en la comunidad de Tehuixtla, murieron asesinados doña Juana Lara y su nieto César Beltrán en un hecho que según diversas declaraciones y testimonios recogidos en la comunidad ocurrió luego de que denunciaron al 066 a un grupo de personas armadas en la comunidad, mismos que fueron detenidos en un operativo de las Brigadas de Operación Mixtas, que son el eje central del Plan Morelos Seguro, el cual pone énfasis en el aspecto policíaco-militar y la denuncia anónima, relegando la investigación profesional, el combate a la corrupción institucional y la participación ciudadana.

¿Cuáles son las razones para mantener una estrategia policiaca-militar del Morelos Seguro, que ha demostrado ser un fracaso con terribles consecuencias en el número de personas asesinadas? Los muertos de hoy no pueden esperar a mañana para tener resultados. Un gobierno que es incapaz de garantizar la vida y la seguridad de sus habitantes no es un gobierno que respete los derechos humanos. Así fue durante los seis años del gobierno de Marco Adame. El calendario del gobierno de Graco Ramírez ha empezado a correr y lejos de empezar a modificar estrategias, se insiste en las ya fracasadas. No es cuestión de tiempo, sino de responder a las necesidades cotidianas de la población para establecer una verdadera seguridad ciudadana. Éticamente no se puede utilizar dos raseros, dos medidas, al enviar desplegados con condolencias al dirigente del PRI por el condenable crimen de su hijo y voltear la vista hacia otro lado cuando se pregunta por el doble homicidio en Tehuixtla.

Este doble crimen ocurre en circunstancias que obligan a cuestionar seriamente las políticas públicas que insisten en mantener una estrategia policíaco-militar que, lejos de garantizar la vida y la tranquilidad de los habitantes en Morelos, incrementa los niveles de violencia que terminan afectando a cada a sectores más amplios de la sociedad. Es el caso de Doña Juana ahora, como lo fue el 23 de mayo de 2012 con el caso de Doña Petra Benítez Barrios de 69 años en Jiutepec y con Doña Ignacia Lara García, 72 años de edad, asesinada el 21 de noviembre de 2011 en Tetlama. Todas ellas, mujeres, abuelas. Estos casos de mujeres asesinadas se mantienen en la impunidad.

En el caso de Doña Juana Lara y su nieto, hay que destacar el hecho de que ocurre inmediatamente después de que se llevó a cabo un operativo de las Brigadas de Operación Mixta, donde se detuvo a personas que el gobierno presentó públicamente como integrantes de una banda que ha cometido delitos en la zona. Demandamos una investigación seria sobre este hecho que significó la pérdida de vidas de personas inocentes que han demandado que se les brinde seguridad para vivir, para transitar y para trabajar, como ocurrió cuando Doña Juana y su nieto César se dirigían al campo a trabajar con el ganado de su propiedad, ya que eran productores de leche y quesos en la región.

Existe el antecedente de que fue precisamente en la comunidad de Tehuixtla donde se llevaron a cabo asambleas para exigir que se tomaran medidas para la seguridad de la población ante la ola de secuestros y asesinatos que afectan la región sur del estado de Morelos. Fue de hecho la justificación que tomó el gobierno de Marco Adame para implementar el operativo Morelos Seguro, que alertamos en su oportunidad no vendría sino a exacerbar los niveles de violencia, tal y como, desafortunadamente para la vida de muchas personas, ha sucedido. Ante esta situación, demandamos al gobierno del estado de Morelos la realización de una investigación inmediata, seria, profesional, científica e imparcial, sobre los casos de homicidio de Doña Juana Lara Bustos y su nieto para que no se queden en la impunidad, y que se retomen las investigaciones de los casos de Doña Petra Benítez y Doña Ignacia Lara, para que haya justicia en casos de feminicidios y muertes violentas que han ocurrido en Morelos. De igual manera consideramos necesario modificar las estrategias que permitan una verdadera seguridad ciudadana que preserve la vida y los derechos humanos de la población, cambiando de fondo la concepción policiaca-militar que se encuentra en el diseño de políticas fracasadas como el Morelos Seguro que implementaron los gobiernos panistas y hoy insisten en ratificar gobiernos surgidos de partidos distintos.

No es posible seguir en la lógica del pacto de cooperación firmado entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado en 2007, que no ha logrado entregar resultados para mejorar la seguridad pública en territorio mexicano mientras aumentan las violaciones a derechos humanos. Cinco años después de la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, no se han obtenido mejoras significativas en materia de seguridad pública. En lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas de capos del crimen organizado la ha generalizado. El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida han sido utilizados por el gobierno norteamericano para financiar políticas que utilicen a las fuerzas armadas para que tomen papeles policiales en el supuesto combate al narcotráfico.

Las fuerzas armadas no son una herramienta universal. La estrategia debe apuntar a fortalecer las capacidades civiles -en particular la seguridad pública, la investigación de delitos, y la provisión de servicios básicos- en lugar de crear nuevos roles internos para las fuerzas armadas, como han documentado ampliamente organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Las fuerzas federales mexicanas son objeto de denuncias por violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió cuatro mil 771 denuncias por abusos vinculados a las fuerzas armadas desde diciembre de 2006 y hasta la fecha. Han sido cerca de mil 500 millones de dólares utilizados en esta política que se pretende continuar con el General Naranjo como asesor de Peña Nieto, reconocido por ser un estratega de la militarización de la seguridad pública que viola sistemáticamente los derechos humanos. En Morelos se anuncia la continuidad de políticas que gobiernos panistas llevaron a cabo sin resultados positivos, y que a nivel federal el equipo priísta de Peña Nieto anuncia en el mismo sentido. No consideramos que de esa manera se responda a las expectativas y necesidades reales de la población morelense, harta de violencia y crímenes, de feminicidio y asesinatos de jóvenes. Seguridad Ciudadana y respeto a los derechos humanos, deberían estar en la base de una nueva orientación en esta materia.

cidhmorelos@gmail.com

28 de julio de 2012

Óscar Naranjo, la pieza de la continuidad de la “guerra” contra el narcotráfico.


A 16 días de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto, abanderado del PRI, anunció que en caso de salir triunfador emplearía al colombiano Óscar Naranjo Trujillo, el “mejor policía del mundo” y general de “cuatro estrellas”, como consultor externo en materia de seguridad. Víctimas de violación a derechos humanos y organizaciones no gubernamentales denuncian supuestos nexos del también miembro de la DEA con grupos criminales. Advierten que contribuyó a la consolidación del “terrorismo de Estado” en Colombia y que cuenta con un proceso abierto en Ecuador por el asesinato de 25 personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos. De acuerdo con especialistas, Óscar Naranjo es la pieza de la continuidad de la política de seguridad ejercida por Felipe Calderón, estrategia impulsada desde Washington

 
 
¿Quién es Óscar Naranjo?
Nació en 1956 en Bogotá, Colombia
Hijo del general Francisco José Naranjo, quien también fue director de la Policía Nacional de Colombia
Administrador policial con posgrado en seguridad integral. Ha cursado especialidades en vigilancia, seguridad integral, inteligencia, contraguerrilla, estupefacientes y psicotrópicos. En Estados Unidos asistió a cursos en técnicas antiterroristas y antinarcóticos
Sirvió a la Policía Nacional de Colombia durante 35 años. Trabajó como subteniente en la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, en la Dirección Docente de la Policía Nacional y en la Dirección Central de la Policía Judicial. Como capitán, fue jefe del grupo de contrainteligencia de la división de información en la Dirección de Policía Judicial e Inteligencia, trabajó en el Departamento Administrativo de Seguridad y en la Dirección de Inteligencia de la Policía. Como coronel, asumió la jefatura de la Oficina de Gestión Institucional y la comandancia de la Policía Metropolitana de Cali. De 2007 a 2012 se desempeñó como director General de la Policía de Colombia. A finales de 2010 fue ascendido a General “cuatro estrellas”
Miembro de la DEA
En su paso por la Central de Inteligencia de la Policía de Colombia, que adaptó una sala de grabaciones clandestinas, participó en la elaboración de “los famosos narcocasetes”. A partir de la intervención ilegal de toda clase de teléfonos, los chuzadores de Naranjo chantajeaban y extorsionaban a traficantes, personajes públicos que resultaban involucrados en “comprometedoras conversaciones”
Su hermano, Juan David Naranjo Trujillo, fue detenido el 27 de abril de 2006 en Alemania, cuando pretendía vender 35 kilos de cocaína a dos policías encubiertos. Fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por el delito de tráfico ilícito de drogas y efedrina.
 
El pasado 1 de julio inició formalmente la cuenta regresiva de los gobiernos panistas luego de 12 años de ocupar la Presidencia de la República. No así de la política de seguridad ejercida por Felipe Calderón Hinojosa: la “guerra” contra el narcotráfico.
 
Enrique Peña Nieto –quien según los primeros conteos del Instituto Federal Electoral, y de no prosperar la impugnación hecha por el candidato Andrés Manuel López Obrador, sería el próximo presidente de México– presentó el 14 de junio a Óscar Naranjo Trujillo, exdirector General de la Policía Nacional Colombiana, como su consultor externo en materia de seguridad, en caso de salir triunfador del proceso electoral.
 
La historia del este personaje lo coloca como el policía más vitoreado del mudo: un general de “cuatro estrellas”, de acuerdo con el nombramiento que le confirió Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia. Entre sus hazañas, que le han valido una cuarentena de honores, destacan el desmantelamiento de cárteles del narcotráfico y el combate a la guerrilla.
 
“A partir de esta experiencia, de este éxito y del reconocimiento que hay a su trayectoria profesional, no sólo en su país sino en el ámbito internacional, es que solicité amablemente que aceptara asesorar a un servidor a partir de llegar a la Presidencia y de ganar esta elección”, expresó en aquel momento el abanderado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
 
Paralelo a esta versión, las víctimas, defensores de derechos humanos y académicos críticos aseguran que el expolicía colombiano es pieza clave en la consolidación del “terrorismo de Estado” en en el país suramericano:
 
“Se trata de una política de ‘seguridad’ que data de la década de 1960, pero se fortaleció durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez [presidente de Colombia de 2002 a 2010], y con Óscar Naranjo a cargo de las labores de inteligencia”, explica Clemencia Correa González, profesora del posgrado de derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
 
Señala que sus principales características son la violación sistemática de los derechos humanos, la militarización, el involucramiento de la sociedad civil en tareas militares, el fortalecimiento del paramilitarismo, la aplicación de políticas de terror por parte del Estado o con su aquiescencia y la legitimación de este régimen desde los medios de comunicación.
 
 
A finales de junio pasado, Carlos Fazio dedicó su colaboración en el diario La Jornada a Naranjo Trujillo. En su artículo “Basada en corrupción y mentiras, la historia del colombiano Óscar Naranjo”, el periodista de origen uruguayo recuerda que el exgeneral tiene una orden de arresto por asesinato ante un tribunal de Sucumbíos, Ecuador, y que ha sido incriminado por sus nexos con el excapo Wílber Varela, del cártel del Norte del Valle, en el juicio que se ventila en la corte del distrito del Este de Virginia, en Estados Unidos.
 
Además, destaca su participación, en la década de 1990, en el llamado Bloque de Búsqueda, unidad especializada de la Policía Nacional de Colombia, al que se le atribuye la ejecución del traficante de drogas Pablo Escobar Gaviria, dirigente del cártel de Medellín.
 
La organización a sueldo de las agencias de seguridad estadunidenses, en las que Naranjo fungía como jefe de inteligencia, reeditó viejas tácticas de las guerras sucias de contrainsurgencia y estableció alianzas estratégicas con el cártel de Cali y con el grupo paramilitar Los Pepes. Este último habría sido pionero del narcoparamilitarismo colombiano y responsable de unas 300 ejecuciones.
 
El Bloque sería aplaudido después por el desmantelamiento y la “espectacular” captura de los líderes del cártel de Cali, acción a la que Carlos Fazio se refiere como un mito: “No existió una limpia y exitosa operación policial, sino una entrega negociada”. En 1997, en la corte federal de Miami, Estados Unidos, el excontador de ese grupo criminal, Guillermo Palomari, confesó el acuerdo con Ernesto Samper Pizano, entonces presidente de Colombia: la detención pactada de los hermanos Rodríguez Orejuela.
 
Respecto de la asesoría en materia de seguridad, que el priísta Peña Nieto ha requerido al policía colombiano, el también profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifiesta: “El fichaje de Naranjo por el PRI se produjo después de las presiones de Estados Unidos sobre Peña Nieto ante un eventual cambio de política respecto de los grupos criminales mexicanos”.
 
Quien pensó que al no votar por el PAN pondría fin a la política de seguridad que aplicó Calderón, se equivocó. Para Clemencia Correa, quien desde 2011 es perita en impactos sicosociales para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Óscar Naranjo, actual miembro de la DEA (agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas), es la pieza que marcará la continuidad de tal política.
 
Se trata de una estrategia de inteligencia regional dictada desde Washington que, en el contexto del Plan Colombia, aprobado en 1997, “ha utilizado al país suramericano para exportar conocimiento en materia de seguridad, especialmente a México y Centroamérica”, precisa Carlos Fazio.
 
En enero pasado, por ejemplo, el diario estadunidense Washintong Post reveló que, con el apoyo de Estados Unidos, Colombia ha entrenado ya a más de 7 mil policías mexicanos para, supuestamente, enfrentar a los cárteles de la droga.
 
El objetivo estratégico, además del mantenimiento del estatu quo, es el control territorial y económico de la región. Aunque en ambos países, en México, con la Iniciativa Mérida, y en Colombia, con el Plan Colombia, la “bandera” es el combate al narcotráfico, la sociedad civil ha denunciado y documentado que el verdadero blanco de los ataques es el pueblo.
 
Clemencia Correa recuerda una conferencia en el Centro de Cultura Casa Lamm, en la que participó en 2007. Entonces había personas, incluso investigadores, que aún eran escépticos respecto de la injerencia de Colombia en México. ¿Por qué ahora se hace pública esta relación? La asesora de organizaciones de derechos humanos y de víctimas explica que cuando algo se hace público es porque se sabe que “ya no hay ningún costo político”.
 
Uno de los primeros consejos de Óscar Naranjo a Peña Nieto fue la creación de grupos de choque, conformados por integrantes del Ejército Mexicano, la Armada de México y cuerpos policiales, para combatir narcotraficantes y bandas de sicarios.
 
Especialistas advierten un debate en torno a la posible violación del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que “los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
 

Sucumbíos. Denuncia por asesinato en contra de Naranjo

 
Mes con mes, integrantes y solidarios de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, se manifiestan frente a la embajada de Colombia en México. Claman justicia: el 1 de marzo de 2008, cuatro estudiantes mexicanos fueron asesinados y una más fue herida de gravedad en una operación militar odel gobierno colombiano, en contra de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los responsables no han sido castigados.
 
Al grito de “¡esta embajada de sangre está manchada! ¡Esta embajada es la más odiada!”, inició la protesta 47, que se realizó la tarde del pasado 5 de junio. Una veintena de personas, familiares y amigos de los jóvenes asesinados, manifestaron su repudio a la asesoría de Óscar Naranjo al próximo gobierno mexicano (en caso de confirmarse el triunfo electoral de Peña Nieto).
Acusan al expolicía colombiano de participar en la Operación Fénix, también llamada Bombardeo de Angostura, en la que fueron ejecutadas 25personas que pernoctaban en un campamento provisional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ubicado al Nororiente de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos.
 
Ahí perecieron los estudiantes mexicanos Soren Avilés Ángeles, Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo. Lucía Morett Álvarez, también de nacionalidad mexicana, sobrevivió al ataque.
No eran guerrilleros; eran estudiantes. Tal como lo confirma quien fuera director de la Facultad de Filosofía y Letras, Ambrosio Velasco, se trata de “estudiantes, todos ellos, de la Facultad de Filosofía y Letras que en pleno y legítimo uso de sus derechos básicos como ciudadanos se encontraban en un coloquio y después extendiendo esas actividades académicas en una investigación en el campamento. Y que fueron víctimas de este absolutamente ilegítimo, injusto, ilegal ataque”.
La Operación Fénix fue consumada la madrugada del 1 de marzo de 2008. Participaron elementos de la policía, el ejército y la fuerza aérea colombianos. Una decena de bombas de fragmentación, de 225 kilogramos cada una, lanzadas desde la base estadunidense de Manta, se estrellaron en el corazón del campamento de la guerrilla más longeva del mundo. Quienes aún quedaban con vida fueron rematados después.
 
La cruenta acción derivó en una crisis diplomática, pues violó la soberanía ecuatoriana. También, en la primera demanda de “Estado contra Estado” aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que refiere el asesinato del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla Molina.
 
En el Juzgado Primero de Garantías Penales de Sucumbíos se desahoga una segunda demanda por el “delito contra la vida-asesinato” de al menos 23 personas. Los procesados, además de Óscar Adolfo Naranjo Trujillo, son los exfuncionarios colombianos Freddy Padilla de León, Mario Montoya Uribe, Guillermo Barrera, Jorge Ballesteros y Camilo Ernesto Álvarez Ochoa.
  
“Existen los elementos suficientes que demuestran su participación en este delito por cuanto fueron quienes planificaron, coordinaron, dirigieron y dispusieron con la venia del señor presidente de Colombia, Álvaro Uribe”, se lee en un documento de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Provincial de Sucumbíos.
 
Miriam Delgado, madre de Fernando Franco Delgado, manifiesta, indignada: “Nosotros como padres de los muchachos asesinados en Sucumbíos, Ecuador, no podemos estar conformes, tranquilos, seguros en nuestro propio país, sabiendo que va a venir aquí a asesorarnos la mano asesina de nuestros hijos, junto con otros seis que están ya indiciados en otro país”.
 
 
Para la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, el anuncio que realizó Peña Nieto les resulta “totalmente ofensivo”, pero también “significa una grave afrenta a la verdad y la justicia”.
 
Jorge Luis Morett, padre de Lucía Morett, una de las tres mujeres que sobrevivió a la Operación Fénix, comenta que “desafortunadamente”, a cuatro años y cuatro meses de la masacre, los culpables no han sido castigados y, peor aún, que su hija “a pesar de ser víctima, es criminalizada”. Enfrenta cuatro procesos judiciales –dos en México, uno en Colombia y uno en Ecuador– por delitos como terrorismo, terrorismo internacional, asociación delictuosa y financiamiento al terrorismo.
 
El profesor de Chapingo, quien siempre carga en su cartera la imagen de los cinco estudiantes mexicanos víctimas del ataque militar colombiano, explica que ligado al juicio de Colombia, el juzgado 32 de Bogotá pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal la detención internacional de su hija. Por eso, Lucía Morett, además de lidiar con las secuelas emocionales y físicas (tiene esquirlas en su cuerpo) del ataque mismo, ha renunciado a su vida pública.
 
“Es muy triste que una joven haya en parte desperdiciado cuatro años de su vida en una situación de angustia, sin poder actuar para denunciar lo que vivieron sus compañeros. A ella la persiguen por ser testigo de cargo”.
 
Un automóvil que circula sobre la Avenida Paseo de la Reforma, justo a la altura de la Embajada colombiana, se detiene por unos segundos. El conductor del vehículo acciona el claxon en apoyo a los manifestantes, quienes hacen más visibles las pancartas que sostienen: “¡Óscar Naranjo y Peña Nieto, asesinos de estudiantes!”, se lee en una de ellas. Alude a la matanza de Soren, Verónica, Fernando y Juan; también al asesinato de Alexis Benhumea . Este último, alumno de la Facultad de Economía de la UNAM, mortalmente herido con un proyectil de gas lacrimógeno durante el operativo policiaco del 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México.
 
Contralínea solicitó entrevista con el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, para conocer su estrategia de combate al trasiego de drogas y su opinión ante las críticas realizadas a su asesor. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

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