Publicado en La Jornada Morelos, el 8 de octubre de 2012.
Por José Martínez Cruz y Roberto Mendoza Delgado.
¿Cuáles son las razones para mantener una estrategia policiaca-militar del Morelos Seguro, que ha demostrado ser un fracaso con terribles consecuencias en el número de personas asesinadas? Los muertos de hoy no pueden esperar a mañana para tener resultados. Un gobierno que es incapaz de garantizar la vida y la seguridad de sus habitantes no es un gobierno que respete los derechos humanos. Así fue durante los seis años del gobierno de Marco Adame. El calendario del gobierno de Graco Ramírez ha empezado a correr y lejos de empezar a modificar estrategias, se insiste en las ya fracasadas. No es cuestión de tiempo, sino de responder a las necesidades cotidianas de la población para establecer una verdadera seguridad ciudadana. Éticamente no se puede utilizar dos raseros, dos medidas, al enviar desplegados con condolencias al dirigente del PRI por el condenable crimen de su hijo y voltear la vista hacia otro lado cuando se pregunta por el doble homicidio en Tehuixtla.
Este doble crimen ocurre en circunstancias que obligan a cuestionar seriamente las políticas públicas que insisten en mantener una estrategia policíaco-militar que, lejos de garantizar la vida y la tranquilidad de los habitantes en Morelos, incrementa los niveles de violencia que terminan afectando a cada a sectores más amplios de la sociedad. Es el caso de Doña Juana ahora, como lo fue el 23 de mayo de 2012 con el caso de Doña Petra Benítez Barrios de 69 años en Jiutepec y con Doña Ignacia Lara García, 72 años de edad, asesinada el 21 de noviembre de 2011 en Tetlama. Todas ellas, mujeres, abuelas. Estos casos de mujeres asesinadas se mantienen en la impunidad.
En el caso de Doña Juana Lara y su nieto, hay que destacar el hecho de que ocurre inmediatamente después de que se llevó a cabo un operativo de las Brigadas de Operación Mixta, donde se detuvo a personas que el gobierno presentó públicamente como integrantes de una banda que ha cometido delitos en la zona. Demandamos una investigación seria sobre este hecho que significó la pérdida de vidas de personas inocentes que han demandado que se les brinde seguridad para vivir, para transitar y para trabajar, como ocurrió cuando Doña Juana y su nieto César se dirigían al campo a trabajar con el ganado de su propiedad, ya que eran productores de leche y quesos en la región.
Existe el antecedente de que fue precisamente en la comunidad de Tehuixtla donde se llevaron a cabo asambleas para exigir que se tomaran medidas para la seguridad de la población ante la ola de secuestros y asesinatos que afectan la región sur del estado de Morelos. Fue de hecho la justificación que tomó el gobierno de Marco Adame para implementar el operativo Morelos Seguro, que alertamos en su oportunidad no vendría sino a exacerbar los niveles de violencia, tal y como, desafortunadamente para la vida de muchas personas, ha sucedido. Ante esta situación, demandamos al gobierno del estado de Morelos la realización de una investigación inmediata, seria, profesional, científica e imparcial, sobre los casos de homicidio de Doña Juana Lara Bustos y su nieto para que no se queden en la impunidad, y que se retomen las investigaciones de los casos de Doña Petra Benítez y Doña Ignacia Lara, para que haya justicia en casos de feminicidios y muertes violentas que han ocurrido en Morelos. De igual manera consideramos necesario modificar las estrategias que permitan una verdadera seguridad ciudadana que preserve la vida y los derechos humanos de la población, cambiando de fondo la concepción policiaca-militar que se encuentra en el diseño de políticas fracasadas como el Morelos Seguro que implementaron los gobiernos panistas y hoy insisten en ratificar gobiernos surgidos de partidos distintos.
No es posible seguir en la lógica del pacto de cooperación firmado entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado en 2007, que no ha logrado entregar resultados para mejorar la seguridad pública en territorio mexicano mientras aumentan las violaciones a derechos humanos. Cinco años después de la puesta en marcha de la Iniciativa Mérida, no se han obtenido mejoras significativas en materia de seguridad pública. En lugar de frenar la violencia, la captura o muerte de docenas de capos del crimen organizado la ha generalizado. El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida han sido utilizados por el gobierno norteamericano para financiar políticas que utilicen a las fuerzas armadas para que tomen papeles policiales en el supuesto combate al narcotráfico.
Las fuerzas armadas no son una herramienta universal. La estrategia debe apuntar a fortalecer las capacidades civiles -en particular la seguridad pública, la investigación de delitos, y la provisión de servicios básicos- en lugar de crear nuevos roles internos para las fuerzas armadas, como han documentado ampliamente organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos. Las fuerzas federales mexicanas son objeto de denuncias por violaciones de derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió cuatro mil 771 denuncias por abusos vinculados a las fuerzas armadas desde diciembre de 2006 y hasta la fecha. Han sido cerca de mil 500 millones de dólares utilizados en esta política que se pretende continuar con el General Naranjo como asesor de Peña Nieto, reconocido por ser un estratega de la militarización de la seguridad pública que viola sistemáticamente los derechos humanos. En Morelos se anuncia la continuidad de políticas que gobiernos panistas llevaron a cabo sin resultados positivos, y que a nivel federal el equipo priísta de Peña Nieto anuncia en el mismo sentido. No consideramos que de esa manera se responda a las expectativas y necesidades reales de la población morelense, harta de violencia y crímenes, de feminicidio y asesinatos de jóvenes. Seguridad Ciudadana y respeto a los derechos humanos, deberían estar en la base de una nueva orientación en esta materia.
cidhmorelos@gmail.com
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