Álvaro Sebastián, preso político loxicha, siempre estuvo consciente de la posibilidad de la represión, y también de que solamente por la organización pueden salir libres.
Santiago Navarro, La Voz de los Xichés, Centro de Medios Libres, Agencia Subversiones y Veredas Autónomas
Foto: Eugènie Laclasse y Santiago Navarro
“Nuestro delito es reclamar nuestros derechos, nuestra lengua, nuestra autonomía. Estamos presos por reclamar que las empresas extranjeras dejen de llevarse nuestros recursos naturales”.
Voz de uno de los presos políticos de Oaxaca en 2006, durante la visita del Delegado Zero.
México. No se puede hablar del caso Álvaro Sebastián y de los presos políticos loxicha sin antes hablar del contexto económico, político y social de Oaxaca, pues es uno de los referentes más importantes del descontento social de esta ultima década. Se trata de un descontento que se expresó en la movilización de más de dos millones de personas en las calles y que tuvo como efecto una represión y persecución masiva de los inconformes, que dejó 26 asesinatos, más de 500 detenidos y alrededor de 380 casos de tortura. Esta Oaxaca es al mismo tiempo un referente de la inversión nacional y extranjera para quienes la consideran un espacio geoestratégico para la nueva economía verde.
El Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa, elaborado por la firma global de consultoría A.T. Kearney, señala que México se encuentra dentro de los 10 países más confiables para invertir. La Encuesta de Perspectivas Mundiales de Inversión 2013 – 2015 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), indica que México es el séptimo destino prioritario para la inversión en el mundo.
Dentro de México, Oaxaca ocupa un papel determinante como parte del stock mundial de recursos naturales que sirven para potenciar lo que se conoce como “Economía Verde”, pues es considerado como un espacio estratégico que promete un sorbo de oxígeno a un sistema económico que da patadas de ahogado.
Oaxaca es uno de los tantos lugares donde se desarrollan megaproyectos de gran alcance, como la construcción de un conjunto de parques eólicos -considerado uno de los mas importantes de Latinoamérica-, presas hidroeléctricas, siembra de moncultivos de palma africana, así como el decreto de Áreas Naturales Protegidas y patentes de la biodiversidad, entre otros. Al mismo tiempo que se promueven las energías limpias y la mercantilización de los ecosistemas y comunidades en su conjunto, se promueve la minería a cielo abierto, la industria forestal, la producción de maíz y alimentos transgenicos, la construcción de cárceles privadas y se proyecta infraestructura a gran escala, como la construcción de carreteras para la circulación de mercancías, infraestructura para la administración y flujo de la energía.
Todos estos proyectos están enmarcados dentro del Plan Puebla Panamá (PPP) implementado desde el 2001 y renovado con el nombre de Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica o “Proyecto Mesoamérica”. Varios analistas lo conocen como la segunda fase o la continuidad del PPP, que se pinta de verde a través de, entre otras cosas que se pueden encontrar en su portal oficial, las nuevas líneas de inversión sobre energías limpias o renovables y bioenergéticos.
La gran mayoría de estos proyectos no benefician directamente a las comunidades, como es el caso del proyecto eólico en el Istmo de Tehuantepec, donde la gente resiste para detener este proyecto devastador, como lo dice uno de los miembros de la barricada de la Séptima sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, quien actualmente esta escondido por tener una orden de aprehensión.
Estos proyectos se implementan sin consulta alguna hacia las comunidades indígenas y campesinas, o peor aún, mediante mentiras porque no todos los pueblos entienden y hablan bien el español, o por medio de la compra de autoridades y personalidades con cierto poder. Si estos mecanismos no funcionan, se fragmentan las comunidades y se crean grupos de choque que permiten la intervención de la policía o el ejército para mantener el orden y la paz que requieren los inversionistas para dar continuidad a sus proyectos.
Este es el contrate de un Oaxaca atractivo para las grandes inversiones transnacionales; el otro Oaxaca ocupa el tercer lugar en pobreza y pobreza extrema de las 32 entidades federativas de México. Según el Informe de Pobreza y Evaluación del Estado de Oaxaca 2012 (CONEVAL), más del 70 por ciento de la población oaxaqueña sobrevive con una economía por debajo del salario mínimo. Comunidades enteras se vieron obligadas a migrar a otras entidades o hacia Estados Unidos, principalmente. Algunos de los que se quedan se organizan y luchar por mejorar su situación o para detener el despojo de sus bienes comunes.
Álvaro Sebastián Ramírez, preso injusta e ilegalmente, es reconocido como un luchador social que lucha desde los años setenta, que preocupado por las condiciones de su región, se vio en la necesidad de organizarse para mejorar la situación que ha vivido su gente, señala Erica Sebastián, hija del preso político. La joven también comenta que su padre sabía que su encarcelamiento podría suceder si decidía luchar por una vida más justa y digna. “Yo sabía que por mi lucha en algún momento me meterían preso o me matarían y quizás ningún abogado podría sacarme, porque en este país no hay justicia”, señaló anteriormente el preso.
En el 2006, la Otra Campaña, iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hizo un recorrido por todo México para identificarse con otras luchas. En su paso por Oaxaca visitó a los presos políticos recluidos en el penal de Santa Maria Ixcotel, donde se encontraban los presos políticos loxicha. El Subcomandante Marcos, en ese momento Delegado Zero, dijo que en México había que ponerle nombre a la injusticia, y que ese nombre era el de cada uno de los presos políticos de conciencia porque siempre los que pagan, son la gente humilde y sencilla, como los indígenas que por esa condición llenan las cárceles. En ese mismo sentido se refirió a la democracia y a la libertad en un contexto electoral que vivía México en el 2006. “Ningún país puede llamarse democrático y libre mientras tenga presos y presas por el delito de pensar diferente. Este país reparte órdenes de aprensión como si repartiera despensas para buscar culpables”, acusó el subcomandante.
Álvaro Sebastián Ramírez y los presos Loxicha son parte del contexto histórico del Otro Oaxaca, Ése donde cada organización social tiene presos políticos, perseguidos, exiliados y asesinados. En el año 2006, cuando los profesores de la Sección 22 del sindicato fueron reprimidos, se detonó una movilización masiva de más de dos millones de personas, donde se expresó de diferentes maneras el descontento social y se tomó como primera exigencia la destitución del gobernador Ulises Ruiz. El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y es el pueblo quien tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En ningún momento se respetó la voz y la exigencia de la gente en Oaxaca, por el contrario, se liberaron cientos de órdenes de aprensión y se agudizó la represión y persecución de los inconformes.
A partir del 2006, La Otra Campaña dejó en manos de la Otra Campaña Oaxaca que levantara una iniciativa por la liberación de presos a nivel nacional. Actualmente, el colectivo de la Voz de los Xiches en Prisión, junto con la Red Contra la Represión y por la Solidaridad, mantiene una lucha con los presos políticos de conciencia de México.
Uno de los miembros del colectivo de la Voz de los Xichés, quien acompaña el caso de Álvaro Sebastián, menciona que la lucha con los presos se dio a partir de que ellos mismos asumieron su caso. Aclara que no se trata solamente de lograr la liberación de los presos adherentes a la Sexta Declaración, sino de todos los presos políticos y de conciencia del país. Álvaro Sebastián Ramírez se identificó con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y La Otra Campaña, actualmente “La Sexta”, de la que es adherente y promotor desde dentro de la prisión.
“Álvaro se reconoce en el trabajo que han hecho lo compañeros zapatistas, desde su condición de indígena. Cree firmemente en los principios contenidos en la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y se asume como integrante de Red Contra la Represión y la Solidaridad. Sabe que es luchando como logrará su libertad”, finaliza Eric, de La Voz de los Xichés.
*Tomado de Zapateando.
