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29 de octubre de 2016

El narcotráfico mexicano cuenta con policías entrenados en Irak con financiamiento de EEUU.

Otro norte es posible
Foros de reflexión en NY por el décimo aniversario del asesinato de Brad Will.

El narcotráfico mexicano cuenta con policías entrenados en Irak con financiamiento de EEUU
Por Malú Huacuja del Toro.
  • “¿Desde el norte con amor?” Más bien parece odio hacia el pueblo de México.
  • Entre los “regalitos” del Plan Mérida diseñado por Bush se incluye el entrenamiento de oficiales en Irak que después desertan y se meten al narcotráfico

“Brad Will era un poeta y músico de folk. Era divertido y formaba parte del grupo de Poesía de St Marks”, dice el artista Mark Reade acerca de quien fuera su amigo y compañero de lucha, el periodista Bradley Roland Will, en el décimo aniversario de su asesinato ocurrido en Oaxaca mientras estaba videograbando y reporteando la insurrección de la APPO. En uno de los varios eventos que se realizaron en Nueva York esta semana en honor del visionario Brad Will (fundador de la página de IndyMedia, precursor de los blogs y medios alternativos tal como los conocemos, en tiempos en que no estaba popularizado el uso de teléfonos con cámaras digitales), el nutrido público en la Universidad de Nueva York (NYU) aguanta la respiración cuando Reade muestra la fotografía del pistolero paramilitar que asesinó a Brad Will, quien grabó su propia muerte. Hay más estremecimientos cuando explica que el hombre que disparó no ha sido castigado.

Brad Will en Oaxaca
     Precisamente de impunidad se habló en este coloquio con la participación de Italia Méndez, sobreviviente de la tortura sexual de la policía federal en Atenco en 2006, y Laura Carlsen, quien en mi opinión es la periodista y analista norteamericana más informada que hay reporteando en nuestro país sobre las consecuencias de la impunidad del narcogobierno mexicano y las formas de complicidad militar y de inteligencia del gobierno de Estados Unidos en el crimen organizado. “No es una cuestión de unas manzanas podridas en un árbol sano”, explicó la periodista a los universitarios estadounidenses. “¿A quién apelar cuando se sabe que de hecho hay gente que ha ido a las oficinas en busca de sus desaparecidos o a reportar una violación a los derechos humanos y se encuentran cara a cara con individuos que saben que han estado trabajando en el crimen organizado y que efectivamente fueron responsables del crimen que están denunciando? Esto pone al pueblo en una situación extremadamente peligrosa”.

Laura Carlsen e Italia Méndez en la Universidad de Nueva York 
     Tras hacer el apabullante recuento de las masacres y asesinatos impunemente acometidos por el Estado mexicano en las dos últimas décadas, la periodista preguntó: “¿Y cuál es el papel de Estados Unidos en esto? Es tan importante que justo en este preciso momento, este mes, hay por lo menos cuatro caravanas comunitarias de víctimas recorriendo los Estados Unidos para hablar de estas impunidades”.

     Carlsen explicó que se está desarrollando un “gran esfuerzo financiero” autónomo de las comunidades mexicanas en la Unión Americana para traer a las víctimas a difundir su historia, y que “esto sucede por una razón; la razón es que Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme en toda la impunidad y los continuos crímenes contra la sociedad de México. El pueblo de México, las organizaciones de las víctimas, han reconocido esto y por eso están poniéndose en contacto con ustedes, están buscando hablar con la gente de las poblaciones de todo Estados Unidos para trata de crear una causa común, pues saben que el gobierno de Estados Unidos es quien tiene la última palabra en tantos niveles distintos para el gobierno de México y es tal la dependencia económica y militar, que siempre que el gobierno mexicano cuente con nuestro apoyo incondicional para implantar estas políticas de represión sin que el pueblo norteamericano proteste, va a ser muy, pero muy difícil para la gente de México quebrar al tirano.  Lo que en cambio va a pasar es lo que ya estamos viendo, que la respuesta represiva del gobierno de México contra los gobiernos populares en defensa de sus derechos y sus recursos va a ser cada vez peor”.

     Al referirse a la forma como Estados Unidos apoya concretamente las políticas de represión y la impunidad en México, Carlsen indicó que el principal vehículo para hacer esto es la Iniciativa Mérida. “El Plan Mérida comenzó en 2007 fue diseñado por George Bush y ha pasado por una serie de evoluciones —informó—. Y hay un punto al respecto que yo en particular quiero abordar, porque hay muchas ONGs y congresistas norteamericanos a los que puedes ir a preguntarles sobre el Plan Mérida y te responden que no, que no es lo que era, que está mucho mejor ahora, que la primera parte era más suministro de equipo militar pero que ahora de lo que se trata es de dar entrenamiento militar y jurídico”.

     Sin embargo, la periodista insiste: “Tenemos que preguntarnos: ¿es verdaderamente cierto que el Plan Mérida se ha vuelto más benigno? Y la respuesta es no. En primer lugar sabemos que no, porque miramos sus orígenes y sus principios. Cuando George Bush diseñó la iniciativa tenía tres partes: contranarcóticos, contraterrorismo y seguridad fronteriza. La parte contranarcóticos es lo que conocemos como ‘guerra contra las drogas’. No hay un consenso general de que un modelo represor para tratar los problemas de drogadicción funcione. Hay un movimiento en cuatro o cinco estados votando por la legalización de la marihuana, así que ha fallado completamente. Y hay muchos análisis que demuestran que la guerra contra las drogas nunca fue una guerra contra las drogas: fue una guerra contra la gente. Fue siempre un mecanismo de control social”.

     La analista añade que, en lo que se refiere a exportación de la guerra contra las drogas, el fracaso del caso de México es “especialmente obvio”, ya que sus objetivos eran “reducir el flujo de substancias prohibidas a los Estados Unidos y desmantelar los cárteles de drogas”, pero en cambio, lo que sucedió fue “la militarización masiva de México y la represión de movimientos sociales, con enormes violaciones a los derechos humanos”. En el caso de los cárteles, “cuando arrestas a un líder de un cártel de drogas en cualquier parte del país, lo que pasa bajo esta estrategia es que hay inmediatamente una guerra por la sucesión, puede ser interna, de quién sigue en el poder en ese mismo cartel, o bien la misma mafia se puede romper en varias fracciones, o bien externa, porque otro cártel puede intervenir e iniciar una guerra territorial, ya sea por el tráfico o por la producción de droga. El número básico de homicidios por la guerra contra las drogas se incrementó de un promedio de 2 mil a 12 mil al año en sólo dos años tan pronto se inició la guerra contra las drogas”.

     “Después de la primera parte de financiamiento militar —prosiguió—, el Plan Mérida avanza hacia lo que llaman reforma jurídica y policíaca. Tenemos que preguntarnos: ¿qué estamos nosotros [el gobierno de Estados Unidos] realmente haciendo ahí? Es ilegal en México que el Ejército Mexicano transite sin órdenes las calles y campos. Eso está establecido en su Constitución. Pero entonces, en lugar de eso, tenemos una enorme cantidad de agentes de la DEA, del FBI y de la CIA. El gobierno de Estados Unidos jamás había tenido este nivel de penetración en México. Eso significa que la estrategia incorpora los orígenes del Plan Mérida, que eran empujar las fronteras fuera de los Estados Unidos; anexar a México dentro del aparato de seguridad de Estados Unidos. Es la estrategia que comenzó con el TLC y que fue después intensificada tras los ataques a las Torres Gemelas. Básicamente, es lo mismo que el gobierno de Estados Unidos decidió con la doctrina Bush, una teoría que sostiene que si controlamos al mundo estaremos más seguros. Con el TLC, México y Canadá iban a ser parte de eso. Con el Plan Mérida, esta penetración la vemos a través de la presencia de las mencionadas agencias de espionaje y antinarcóticos estadounidenses, similar a la Ley Patriótica que ocurre en Estados Unidos, si no es que peor, pues implica una gran expansión de cooperación militar que incluye llevar a oficiales militares de México a Irak y crear una fuerza especial de comando en Colorado Spring. Esto significa que están de hecho aplicándole a México las mismas tácticas de la ocupación territorial que se desarrollaron para Irak, bajo el pretexto de la guerra contra las drogas.

     “También significa que están haciendo entrenamiento policíaco y jurídico. ¿Con qué autoridad moral está Estados Unidos aplicando este entrenamiento, ahora que enfrenta una crisis de brutalidad policíaca y discriminación en sus fuerzas policíacas? Ésa es una pregunta. La otra es que en México el nivel de corrupción es tan estructural, tan sistémico, que cuando los programas se aplican al entrenamiento de oficiales de policía y de las fuerzas armadas, inmediatamente después  hay un alto índice de deserción. Esto significa que la mayor parte del entrenamiento proveniente de los Estados Unidos pasa al crimen organizado. En muchos lados, ni siquiera hay una línea divisoria entre las fuerzas policíacas que deben ser entrenadas por Estados Unidos y el propio narcotráfico.

     “En términos del equipo suministrado en sí también hay una gran variedad de armas que pasan a manos del narcotráfico. Pero esto no parece ser una gran preocupación para los Estados Unidos. Y hay una simple razón por la que no es una gran preocupación. Es fácil preguntarnos: si después de diez años sabemos que con esta estrategia la violencia es diez veces mayor y que los cárteles no fueron desmantelados, sino que están más fuertes que nunca, por qué continuamos con esta política?

     “Quizás tenemos que revisar hacia dónde se están yendo esos contratos. Estos contratos militares no se están destinando a México, pues hay de hecho una regla que estipula que nada de dinero puede ser enviado a México. Eso quiere decir que ese dinero se está gastando en los Estados Unidos, para las empresas y las agencias que están haciendo el dinero en México. Eso significa que 3 mil millones de dólares del Plan Mérida van a los bolsillos de helicópteros, aviones, y no sabemos realmente qué más porque no nos dan ninguna información. Estos cabilderos de la industria del armamento son muy poderosos en el Congreso. Ellos van a ver a sus diputados todos los días o cada semana, para decirles: ‘Queremos que continúe la guerra contra las drogas’. No solamente ellos sino la industria de las prisiones. Acabamos de saber que hubo una reunión recientemente para hablar de la construcción de campamentos de detención en la frontera sur de México [contra Guatemala]”.

     “Con las instituciones completamente destartaladas —concluyó la periodista norteamericana aliada del pueblo mexicano— la gente se organiza de manera autónoma, a nivel horizontal. Eso es lo que está creando un nuevo futuro, que tiene que construirse de abajo hacia arriba. Pero nos necesitan. Ellos nos necesitan aquí en los Estados Unidos. Necesitan que impidamos el financiamiento de los gobiernos que generan todos estos crímenes, porque no solamente les estamos dando a los gobiernos recursos sino que les estamos dando el mensaje político todos y cada día de que no importa lo que hagan, el país más poderoso del mundo siempre estará con ellos, y que no importa cuánta impunidad haya entre ellos, no importa cuántos asesinatos de inocentes, no importa cuántos ataques a ciudadanos mexicanos, siempre y cuando ellos sean gobierno nosotros estaremos con ellos y miraremos para otro lado disimuladamente cuando estas cosas ocurran. Siempre y cuando enviemos ese mensaje, va a ser muy difícil para el pueblo de México abrirse camino y encontrar justicia”.

Antonio Tizapa, padre de normalista desaparecido.
En este foro tuve el honor de leer una carta en representación del señor Antonio Tizapa, padre del normalista de Ayotzinapa desaparecido Jorge Antonio Tizapa Legideño, quien les aseguró a los estudiantes “que si la policía los desapareciera, sus padres harían todo lo posible hasta encontrarlos” como él está haciendo. Escuchamos asimismo las palabras de Italia Méndez, quien explicó que el aparato represor gubernamental “está usando los cuerpos de las mujeres para mandar mensajes aterradores a la población”.


31 de octubre de 2012

Preaudiencia “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México.



La preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”, de la mesa Devastación ambiental del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, se realizará en Temacapulín, Jalisco, los días 5 y 6 de noviembre del presente año. El 8 de noviembre se presentará en Guadalajara un extracto del fallo del jurado interdisciplinario e internacional, relativo a los proyectos que están desarrollándose en ese estado. El día 9, el fallo completo será presentado en la ciudad de México y entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La sede de la preaudiencia es un pueblo en resistencia que actualmente enfrenta la embestida más fuerte, ya que la presa El Zapotillo tiene un avance de construcción del 40 por ciento. Junto a ese caso, el jurado conocerá otros siete, así como testimonios de afectaciones por la construcción de presas en varios estados de la república.
El TPP Capítulo México se enfoca en “Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos”, recuperando la experiencia del Capítulo Colombia (2005- 2008).  En nuestro país, las actividades iniciaron con el lanzamiento del TPP Capítulo México en octubre de 2011, en la UNAM. Concluirán en 2014 con una audiencia y veredicto finales. En esa audiencia se retomarán los fallos de las preaudiencias que se realizarán durante tres años, en torno a siete ejes: guerra sucia y derechos humanos, feminicidios, migrantes, derechos de los trabajadores, maíz y vida campesina, devastación ambiental y medios de comunicación. Mayor información sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México: www.PPTmexico.org/?page_id=98
Desde el derecho internacional en derechos humanos hay una serie de obligaciones que el Estado mexicano debe cumplir antes, durante y después de la construcción de una obra, si ésta implica desplazamiento y desalojo de poblaciones. Entre otros instrumentos jurídicos están el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generados por el Desarrollo, de la Relatoría de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada.
En México normalmente estas obligaciones quedan en letra muerta, con la consecuente violación de derechos humanos como el derecho a la información, a la consulta, al consentimiento libre, previo e informado y a la autodeterminación de los pueblos. A la violación de derechos económicos, sociales y culturales, se suman las amenazas a los opositores a este tipo de megaproyectos. Es frente a este patrón de violaciones que no encuentran respuesta a nivel nacional que el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) ha organizado la preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”. Sobre la preudiencia Presas, derechos de los pueblos e impunidad, información en la página del MAPDER: www.mapder.lunasexta.org/
En el programa de actividades, después de un momento introductorio, se presentarán una reflexión de la problemática relacionándola con los tratados de libre comercio y un video que recopila voces de la mayoría de las comunidades afectadas en el país. Se trata de reflexionar en cómo los tratados de libre comercio que ha firmado México operan mediante planes de infraestructura como el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla- Panamá) en los cuales algunas de estas obras se inscriben. El programa de la preaudiencia está disponible en: www.mapder.lunasexta.org/?p=2069
Los ocho casos que serán conocidos y juzgados en esta preaudiencia son las presas de Arcediano y El Zapotillo (Jalisco), La Yesca y Las Cruces (Nayarit), Cerro de Oro y Paso de la Reina (Oaxaca) y La Parota (Guerrero). En otra actividad se presentarán otros  casos como testimonios: las presas de Zongolica (Veracruz), Aguamilpa (Nayarit), Picachos (Sinaloa), además de vecinos de la presa Cerro de Oro afectados por un nuevo proyecto relacionado con la cortina ya construida.
El jurado es interdiscipinario, para comprender la complejidad de los casos, no sólo en lo jurídico, sino en aspectos económicos y sociales. Está integrado por personas con reconocimiento internacional: Miloon Kothari, de la India, ex relator de la ONU sobre derecho a una vivienda adecuada y experto en presas. Maude Barlow, experta en derecho al agua, quien trabajó con Kofi Annan en la ONU, es presidenta de Council of Canadians, organización especializada en defensa del derecho al agua frente a la privatización. Monti Aguirre, coordinadora para América Latina de International Rivers y experta en represas, quien participó en el informe de la Comisión Mundial de Represas. Patricia Ávila, premio nacional de ciencias 2003, investigadora de la UNAM en ecología y sociedad. Francisco López Bárcenas, abogado mexicano experto en derecho indígena y cuestiones agrarias. Luis Daniel Vázquez, ex coordinador de la maestría en derechos humanos y actual coordinador del doctorado en ciencias sociales en FLACSO. Carlos Vainer, de la Universidad Federal de Río de Janeiro y asesor del Movimiento Anti Represas de Brasil.
En México hay pocos casos de derechos sociales frente a los tribunales mexicanos y hay además una serie de obstáculos para que los pueblos accedan a la justicia; y cuando, remontándolos, obtienen una sentencia favorable, no hay posibilidades de hacerla efectiva. De ahí la importancia de este tribunal ético internacional de justicia para los pueblos.
El TPP es un tribunal de opinión cuya finalidad es hacer públicos los casos de violación sistemática de los derechos humanos, en particular aquellos en los cuales la legislación nacional e internacional no defienden el derecho de los pueblos. Se justifica especialmente en los países donde la justicia está cerrada a las demandas de los pueblos. En 30 años de vida el TPP ha acompañado, anticipado y apoyado las luchas de los pueblos en contra de las violaciones de sus derechos fundamentales como la negación de su derecho a la autodeterminación, las invasiones extranjeras, la destrucción ambiental y casos de nuevas formas de dictadura económica y esclavitud. El TPP se basa en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos y está dirigido a un análisis de la realidad y un estudio de las causas históricas, políticas y económicas que llevan a las violaciones del derecho de los pueblos, con la finalidad de emitir fallos que tengan un impacto sobre los responsables de las violaciones.
Para mayor información:
Facebook: TPP Presas
Twitter: presas_tpp_mx
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Más información sobre el  Tribunal Permanente de los Pueblos Capítulo México

24 de octubre de 2012

Acabar con la tortura y la impunidad.

Por José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca/La Jornada Morelos.

Erradicar la tortura no es una tarea imposible. Sí, es necesario superar esa ideología dominante de “vigilar y castigar”, que justifica las peores atrocidades. Cuando la tortura se generaliza como método de investigación o de castigo socialmente aceptado, estamos llegando al límite de la barbarie. ¿Por qué la gente acepta explicaciones fáciles y justifica que se torture a una persona? Más allá de una psicología de masas, que nos explicó lúcidamente Wilhelm Reich analizando el genocidio fascista, debemos actualizar un pensamiento crítico ante la descomposición social que implica aceptar la tortura generalizada en medio de una crisis social, económica y política del capitalismo actual.

Ejemplos hay varios: 1) Alrededor de 176 estudiantes de la Vasco de Quiroga fueron golpeados salvajemente y detenidos, 27 mujeres fueron amenazadas de ser violadas en Atenco. 2)Valentina Rosendo lleva más de 10 años esperando que se castigue a los militares que la golpearon y violaron frente a su hija, que entonces tenía dos meses de nacida. Dice que cada vez que ve a un uniformado de verde, en su mente se repiten las escenas de lo sucedido el 16 de febrero de 2002. Vale –como le llaman de cariño–, tenía 17 años cuando un grupo de ocho militares se acercaron para interrogarla sobre unos “encapuchados” mientras lavaba ropa en un río. Le enseñaron una foto y le leyeron una lista con 11 nombres que ella no había escuchado hasta ese día. Ni siquiera entendía bien el español. Luego, la golpearon y abusaron de ella sexualmente. 3) En Morelos, sorprendió el hallazgo de tres mujeres torturadas, encontradas el sábado 19 de agosto de 2012 a pocos metros de la glorieta de la Paloma de la Paz. 4) En la carretera Cuernavaca-Cuautla, dos hombres aparecieron atados de pies y manos, así como con una venda en el rostro, los cuales fueron torturados y asesinados con disparos. Ambos tenían marcada en la espalda una letra, la cual plasmaron con una navaja. 5) En Morelos vemos con estupor como la tortura se aplica de manera cotidiana, no sólo como método de investigación, sino también aplicado por grupos criminales que permanecen en la impunidad. Jethro Ramsés fue torturado en las instalaciones de la 24 Zona Militar. La narración que hacen los militares en su declaración ministerial es pavorosa: tratan de justificar que lo intentaban reanimar con unos cables de luz, tortura que lo llevó a la muerte y a la desaparición del cuerpo.

Recientemente Amnistía Internacional ha presentado un amplio informe sobre la tortura en México. Recoge testimonios como el siguiente:
“Escuché muchos gritos de una persona de sexo masculino, a lo cual le preguntaban ‘donde están las armas y donde está la droga’, rato después se escucha ‘llévatelo y tráeme al que sigue’, escucho que abren la puerta... me pusieron un trapo mojado en la cara, cuando respiré, sentía la mojada que estaba, se me complicaba respirar, después sentía un chorro de agua sobre mi nariz, trato de incorporarme, pero no podía levantarme porque me sujetaban de los hombros, piernas y ... alguien oprimía mi estomago, eso lo hicieron en repetidas ocasiones, mientras me preguntaban lo mismo”. (Miriam Isaura López, detenida por militares en febrero de 2011).
La tortura y otros malos tratos en México han aumentado considerablemente en el sexenio de Calderón. Llevamos años denunciando tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por personal militar o por la policía a escala federal, estatal y municipal. Las denuncias son generalizadas, y los responsables disfrutan de casi total impunidad. El gobierno ha reiterado con frecuencia su compromiso de garantizar que el enfoque militarizado que aplica a la lucha contra los cárteles de la droga respeta plenamente los derechos humanos. Sin embargo, se ha documentado un acusado aumento de las violaciones graves de derechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y tortura, cometidas por funcionarios públicos federales, estatales y municipales. El despliegue de 50 mil efectivos del ejército y la marina para desempeñar funciones policiales ha contribuido a este acusado aumento de los informes de tortura y otros malos tratos a manos de militares.

En Morelos, el nombramiento de un general como subsecretario de Seguridad Publica, para acotar el mando de la primera mujer al frente de esta Secretaría, mantiene este esquema fallido de militarizar la seguridad pública. El gobierno federal sostiene que no hay indicios de la implicación directa de funcionarios del estado en graves violaciones de derechos humanos, como tortura, y que las violaciones de derechos humanos que se cometen, aunque condenables, son hechos aislados y se investigan siempre. El gobierno ha manifestado que, puesto que tales violaciones no son sistemáticas ni forman parte de una política oficial, no se le puede responsabilizar de ellas. Sin embargo, esta postura es insostenible y contraria a las obligaciones internacionales contraídas por México en materia de derechos humanos, entre las que figura la aplicación plena y genuina de medidas eficaces para impedir y castigar la tortura y otros malos tratos. Las y los ciudadanos en Morelos no merecen ser tratados de manera infamante por quienes aplican la tortura de diversas maneras. Si se puede erradicar esta nefasta práctica. Hay que redoblar la lucha por el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos.

cidhmorelos@gmail.com
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