Por: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Tomado de: Centro de Medios Libres.
En memoria de doña Euología Ortega Carlos
quien falleció este sábado en Ayutla de los Libres a los 55 años.
Al mismo tiempo que luchó incansablemente contra el cáncer
se unió a sus hermanos Elocadio, Meliton y Hermenegildo
para exigir la presentación de su sobrino Mauricio Ortega Valerio,
uno de los 43 estudiantes desparecidos de Ayotzinapa,
miembro del pueblo me’phaa y originario de Monte Alegre
municipio de Malinaltepec.
El drama que las autoridades no les interesan atender
es la crisis agrícola que enfrenta los productores del campo, que desde
1992 fueron avasallados por el poder presidencial, cuando Carlos
Salinas de Gortari impuso su reforma al artículo 27 de la Constitución
Política.
Esta reforma sentó las bases de la privatización de
los territorios comunitarios. Por decreto se abandonó a los campesinos
pobres y se impulsaron programas orientados a legalizar el despojo y a
debilitar la organización de los núcleos agrarios. De manera arbitraria
se dio por concluido el reparto agrario y se impulsó un modelo de
explotación capitalista fincado en el extractivismo, en lugar de
apostarle a la autosuficiencia alimentaria.
La visión empresarial de los gobiernos neoliberales
hizo más rentable la importación de granos, que incentivar la producción
de los pequeños productores. La reconversión de campo al capital
transnacional fue desmantelando la economía comunitaria. Se crearon
nuevas instituciones para darle prioridad a los mega proyectos que con
el tratado de libre comercio adquirieron un estatus jurídico que les
permitía explotar a gran escala los bienes naturales de los pueblos
originarios.
Lo importante es la apropiación del territorio para
realizar inversiones de largo plazo, lo irrelevante son ahora los
indígenas y campesinos pobres que han cuidado celosamente a la madre
tierra. El gobierno los borró del mapa y los utilizó solo para obtener
la autorización en el cambio del uso del suelo.
La Procuraduría Agraria (PA), está muy lejos de ser
una instancia que defienda los derechos de los pueblos indígenas y del
campesinado. Su diseño institucional esta más bien volcado para
suplantar a las autoridades agrarias a quienes se les da un rol
secundario como simple representantes del núcleo agrario. Poco a poco
esta procuraduría ha ido tomando el control para la realización de las
asambleas, mediatizando las demandas legitimas de los titulares de estos
territorios. La PA es la punta de lanza para convencer a ejidatarios y
comuneros de las bondades que traen los megaproyectos impulsados por
empresas trasnacionales.
El caso de La Parota es un claro ejemplo de cómo la
Comisión Federal de Electricidad, la PA, la SEMARNAT y otras
dependencias del ramo se unieron para imponer la hidroeléctrica en los
Bienes Comunales de Cacahuantepec. Realizaron asambleas espurias,
utilizaron la fuerza pública para impedir que comuneros opositores a la
presa participaran en las asambleas, cometieron una serie de
irregularidades en los procedimientos con el fin de garantizar la
aprobación de la hidroeléctrica y llegaron al extremo de criminalizar a
sus líderes y encarcelarlos, para desmovilizarlos.
Los campesinos opositores se vieron obligados a
conformar el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La
Parota (CECOP), para resistir los embates de los tres niveles de
gobierno. Pelearon en las calles y al interior de sus Bienes Comunales
para impedir el atraco y nulificar las asambleas en los Tribunales
Agrarios. Con la ley en la mano, derrotaron al gobierno federal.
El mismo ex Relator Especial para pueblos indígenas
de la ONU Rodolfo Stavenhagen recomendó al Estado Mexicano que se
respetara la libre decisión de los comuneros de no permitir la
construcción de la presa, por su inviabilidad social, económica y
ambiental.
Han sido quince años de lucha tenaz, de dar la
batalla a brazo partido, de enfrentar a un gobierno represor que se ha
empeñado en doblegar al CECOP criminalizando su lucha y generando
divisiones para desgastarlos internamente alentando la confrontación
entre los grupos. Lo que pasó en la comunidad de la Concepción,
municipio de Acapulco el 7 enero fue el desenlace de un conflicto
anunciado tanto por las autoridades del estado con sus operadores
políticos en la región que trabajan coordinadamente con empresarios que
han promovido la creación de grupos de choque para desafiar al CECOP y a
la Policía Comunitaria que operaba en la Concepción.
Los saldos sangrientos de esta refriega fueron de 6
personas asesinadas del grupo del comisario apoyado por los empresarios
gravilleros y dos elementos de la Policía Comunitaria de la Concepción. Las autoridades del estado en lugar de haber prevenido esta tragedia no
solo permitieron que se consumara, sino que se abalanzaron contra los
miembros del CECOP y en un ostentoso operativo de policías estatales y
ministeriales, llegaron a la comunidad, no para restablecer el orden,
sino para accionar sus armas y cobrar venganza.
En este operativo ejecutaron a 3 miembros de la
Policía Comunitaria, detuvieron y torturaron al líder histórico del
CECOP, Marco Antonio Suasteguí, realizaron detenciones y cateos ilegales
y trasladaron a más de 30 campesinos del CECOP, acusados inicialmente
de delitos contra la salud. Esta acción delincuencial de las policías se
consumó con el encarcelamiento de 25 campesinos quienes, al ganar un
amparo, la Juez ordenó reponer el proceso de la audiencia inicial en
donde fueron liberados dos personas y siete más en la audiencia de
vinculación.
Los vicios reproducidos en estas detenciones salieron
a relucir en el nuevo sistema de justicia penal. Se ha logrado
demostrar que se fabricaron pruebas y testimonios y que se practicó la
tortura, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes en varias de
las detenciones. Lo que se esperaría de las autoridades encargadas de
investigar estos delitos es que sus actuaciones se apegaran al debido
proceso, sin embargo, después de que se logró la liberación de los
compañeros la policía ministerial ha emprendido una ferrea persecución
contra los miembros del CECOP.
Actualmente mantienen un aparatoso operativo en las
principales entradas a los bienes Comunales de Cacahuatepec como Las
Chanecas, San Pedro Cacahuatepec, Las Palmitas, Tasajeras, San Isidro
Gallinero y La Concepción. Con lista en mano revisa de manera ilegal a
todos los campesinos que salen o entran a los Bienes Comunales. Más de
80 elementos recorren la zona.
Recientemente policías ministeriales catearon de
forma ilegal el domicilio de Clemente Cabrera Benítez, destacado miembro
del CECOP en la comunidad de Tasajeras y se lo llevaron detenido. El 4
de septiembre detuvieron en San Isidro Gallinero a Tomás Cruz Valeriano
de la comunidad de Ilamos, los dos cuentan con una orden de aprehensión
por el delito de daños y despojo que derivan de acusaciones infundadas y
pruebas fabricadas.
La Fiscalía ha liberado más de 50 órdenes de
aprehensión contra igual número de comuneros del CECOP, cuyo delito ha
sido defender sus tierras y sus bienes naturales como el Rio Papagayo
que es explotado irracionalmente por los empresarios gravilleros. Desde
hace una semana la policía estatal y ministerial mantiene prácticamente
sitiado los Bienes Comunales de Cacahuatepec con el objetivo de
desmantelar al CECOP y diezmar su lucha histórica.
Las acciones de la Fiscalía General de Guerrero es
una clara expresión de la persistencia del Estado de seguir
criminalizando a los defensores comunitarios del CECOP. Es evidente el
uso faccioso del aparato de justicia para desmantelar la organización y
resistencia de los campesinos en su defensa de su territorio y bienes
naturales.
La perversidad del poder no solo se enfoca en
encarcelar a los campesinos que defienden su tierra, saben perfectamente
que con esta acción causan graves daños a su familia y a las mismas
comunidades. En lugar de dedicarse al trabajo de sus parcelas y huertas
tienen que desgastarse en todos los sentidos para luchar por la libertad
de los detenidos, su dependencia económica se sustenta de lo que
siembran en sus parcelas.
Si la milpa no espiga es porque el gobierno los
encierra para que dejen de amar su tierra. El peor castigo para el
campesino y para sus familias, además de la cárcel es violarles el
derecho a seguir siendo campesinos y a vivir del fruto de su trabajo.
En esta temporada de cosecha,
no espigaran las milpas, ni habrá fiesta en los bienes comunales de
Cacahuantepec porque el gobierno se obstina en darles trato de
delincuentes a los campesinos que se han atrevido a empuñar su acero
para defender sus tierras.
Su consigna de que ¡la tierra no se vende, se ama y
se defiende! les ha costado muy caro. Porque han cancelado durante estos
quince años la presa La Parota descarrilando los planes de los grandes
empresarios, de transformar el rio Papagayo en un jugoso negocio para
amasar fortunas a cambio del desplazamiento forzado de los campesinos y
su confinamiento a las periferias del Acapulco violento.
Demandamos el cese de la persecución contra miembros
del CECOP; el retiro de los retenes ilegales que mantiene la policía
ministerial. Que cesen los cateos ilegales a los domicilios de los
miembros del CECOP. Que se cancelen las órdenes de aprehensión
infundadas y pare el uso faccioso del aparato de justicia contra los
campesinos que defienden el territorio.
¡Libertad inmediata a los presos del CECOP!
