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31 de julio de 2018

De la resistencia al germen de la autonomía: los campesinos opositores a la presa La Parota.

Por: César Enrique Pineda / Memoria.

Una marea campesina se arroja sobre la asamblea que les despojará de sus tierras comunales, en un lugar llamado Cacahuatepec. Es 2005 y algunos calculan que son tres mil, otros, incluso, siete mil. Como sea, es una pequeña insurrección en Guerrero, en el municipio de Acapulco, a orillas del río Papagayo que servirá -según los planificadores gubernamentales-como el afluente para uno de los proyectos de represa hidroeléctricos más grandes del planeta.  La multitud campesina lleva machetes, sombreros y una indignación vuelta rabia por la asamblea a la que no fueron convocados y que ese día pretende decidir el destino de las tierras para el megaproyecto. La movilización y lo aguerrido de sus integrantes asombra y asusta a sus contendientes en el conflicto. Muchos policías dejan sus lugares debido a la peligrosa visión de los campesinos enardecidos rodeando por completo el lugar. Algunos de los ejidatarios a favor del proyecto corren despavoridos, tirando las sillas; otros más tratan de saltar los cercos del lugar. Incluso, cuando los cuerpos policiacos apuntan con armas de fuego a la multitud, las mujeres los enfrentan a gritos, sin miedo. Uno de sus líderes, Marco Antonio Suástegui resume bien dicha rebeldía en un foro en la Ciudad de México:
“La tierra no se vende, no se puede comprar algo que no está a la venta (…) no vamos a ceder ni un centímetro cuadrado de nuestra tierra, ahí están enterrados nuestros muertos, ahí nacimos y ahí nos vamos a morir; no queremos morirnos en las grandes ciudades como si fuéramos animales, somos seres humanos. Ellos nos han dicho indios guarachudos que apestan; sí, seguramente somos indios guarachudos y a lo mejor apestamos, pero tenemos algo que se llama dignidad y esa no la van a comprar con su cochino dinero.”
Es México, es Guerrero, son los campesinos rebeldes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, el CECOP.

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PROYECTOS MONSTRUOSOS

A inicios del año 2003, como en numerosos conflictos en toda América Latina, incluyendo México, las máquinas de la construcción entraron a las tierras de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para el asombro de los campesinos, ejidatarios  y habitantes de las comunidades de la región que desconocían en absoluto que sus tierras serían inundadas, sus pueblos desaparecidos o afectados y que sus vidas cambiarían por completo por el proyecto hidroeléctrico “La Parota”.

Durante varias décadas los proyectos de represas, sean para la transformación de la infraestructura de riego, de regulación de los afluentes o bien para la producción energética, han sido símbolos de desarrollo, poder estatal, inversiones gigantescas y abrumadora tecnología ingenieril. Los proyectos hidroeléctricos han sido presentados de manera sistemática como elementos del interés común o del proyecto nacional por políticos, burócratas, técnicos e industriales.  En especial, los proyectos de desarrollo hidráulico a gran escala constituyen uno de los verdaderos dogmas de las políticas económicas porque reúnen varios de los elementos que definen al llamado “desarrollo”: control del orden natural ecosistémico hacia su domesticación, alta tecnología, cambio productivo, creación de empleos, pero en especial, planificación sobre pueblos y territorios para su reordenamiento y resignificación hacia la prosperidad y la bonanza.

La promesa del desarrollo de los proyectos hidráulicos oculta las relaciones asimétricas de poder y el alud de críticas hacia proyectos que poco o nada integraron los costes sociales y ambientales dentro de sus ambiciosos planes de transformación y construcción. Después de innumerables proyectos de represas en prácticamente todo el sur del mundo se pueden sintetizar algunas de sus aristas más riesgosas: despojo de tierras comunales desfondando la base material de las economías de subsistencia, desplazamiento forzado que implica la erosión e incluso destrucción de tejidos comunales, saberes comunitarios, identidades étnicas que a su vez terminan en empobrecimiento o nuevas relaciones de dependencia política y económica para los desplazados. En suma, destrucción de modos de vida y pensamiento.

Por otro lado, el represamiento provoca desertificación de tierras, cambios radicales de los ecosistemas de manera irrecuperable, limitan el suministro de nutrientes río abajo y acumulan sustancias tóxicas como biocidas, detergentes y desechos industriales. Las plagas son comunes  y reducen el tiempo de vida útil del agua estancada. Extinción de especies, deforestación, emisión de gas metano producida por la descomposición de la materia verde inundada; todo reunido, significan verdaderas catástrofes.

Quizá por ello sea entendible la férrea oposición que a lo largo y ancho de América Latina ha surgido de pueblos originarios y comunidades campesinas a la consumación de estos proyectos. Desde el Movimiento de Afectados por las Represas organizado desde 1989 en Brasil, hasta las comunidades y mujeres mapuche en Chile contra la presa Ralco a finales de la década de los noventa, y en los últimos años en ese mismo país el Consejo de defensa de la Patagonia en especial, la resistencia al escandaloso proyecto Hidroaysén, pasando por el Frente Nacional Guatemalteco contra las represas y el Movimiento Nacional Anti-represas de El Salvador por mencionar solo algunos ejemplos.
El Consejo de Ejidos y Comunidades opositores a la presa la Parota se inscribe -entonces- en un movimiento continental antirepresas en particular, y en un enorme movimiento comunal en defensa de la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales en el sur del mundo, multiforme y polifónico frente a proyectos extractivos, agroindustriales, de producción energética, infraestructura e inversión inmobiliaria urbana, los cinco dedos de la mano del capital sobre la naturaleza. El CECOP se enfrenta, en suma, a una de las tendencias estructurales más agresivas de las últimas décadas del capitalismo desarrollista y es una de las experiencias de resistencia no sólo más avanzadas sino también, triunfantes.

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EL RÍO PAPAGAYO: BIENES COMUNES EN DISPUTA

En la Costa Chica desemboca en el Pacífico el río Papagayo, cuyo margen fértil alimenta a miles de campesinos sin necesidad de infraestructura de riego donde se siembra frijol y maíz, pero también jamaica, cocos, mangos, sandías y papayas. El afluente del Papagayo es el más importante de la región porque reúne a los ríos Omitlán, Azul y Petaquillas. Es quizá por ello que la Comisión Federal de Electricidad impulsó desde el año 2003 la construcción de una enorme hidroeléctrica que requeriría de la inundación de 17, 300 hectáreas de tierras de cultivo, ganadería y selváticas. Esa cantidad de hectáreas significa la formación de un vaso de agua de 11.5 veces el tamaño de la Bahía de Acapulco. Con una inversión que requeriría 1200 millones de dólares el conflicto deriva, entonces, de dos lógicas diametralmente distintas: racionalidad de subsistencia contra lógicas de transformación desarrollista, valor de uso contra valor de cambio, fuerza del río hacia la producción energética o afluente acuífero utilizado como forma de vida. El poder estatal y de las inversiones contra la organización y movilización de campesinos y habitantes comunitarios.  El choque ha sido descomunal.

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El CECOP es uno de los tres más grandes e influyentes movimientos sociales en Guerrero junto a la Policía comunitaria (CRAC-PC) y el movimiento magisterial representado en la CETEG. Convertido en actor público a nivel estatal, aparece cotidianamente en las primeras planas de los diarios locales.  Desde 2003 y hasta 2012, el conflicto principal por el uso del río y la necesaria utilización de las tierras comunales para su inundación o afectación detonó uno de los procesos de movilización, resistencia, boicot, defensa jurídica, denuncia nacional e internacional, más emblemáticos del país, y quizá del continente.

En los procesos extractivos o de inversión en infraestructura, si bien las políticas económicas y planeación surgen del Gobierno Federal, lo cierto es que su factibilidad social depende de los gobiernos locales estatales. Por ello, aunque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la responsable promotora del proyecto, le ha seguido el Gobierno de Guerrero en su empuje. Es curioso que la confrontación se desarrolló por casi una década independientemente del cambio en el partido en la gubernatura del estado. Sin lugar a dudas, el príista René Juárez Cisneros primero y el empresario Zeferino Torreblanca gobernador por el Partido de la Revolución Democrática después, fueron quienes más polarizaron el conflicto con los opositores. Este último incluso encabezó marchas para aprobar el proyecto hidroeléctrico y los momentos de crisis, al intentar una y otra vez aprobar el proyecto en las asambleas ejidales necesarias mediante viejos recursos clientelares, corporativos y plagados de irregularidades.

El CECOP se enfrentó así a los gobernadores, a la CFE, a la elite empresarial local que presionó por la aprobación y en no pocas ocasiones a la respuesta represiva. Y sin embargo, resistió y ganó. La estrategia del CECOP fue durante una década una combinación sumamente compleja, anclada en la independencia de los opositores de cualquier otra fuerza política, movimiento o incluso grupos armados. Por supuesto la movilización fue el epicentro de ella. Además de las marchas, generalmente en la ciudad de Acapulco, los campesinos instalaron plantones en varias ocasiones para impedir el paso de las máquinas por sus comunidades, por lo que comenzaron a tomar cierto control territorial comunal embrionario. Otras acciones más firmes fueron el cierre de carreteras e incluso la toma de instalaciones estratégicas. Sin embargo los campesinos, a la par de estas acciones directas, también llamaron una y otra vez al diálogo a todas las instancias gubernamentales, incluido el gobernador. A la par de la iniciativa política del diálogo público, la defensa jurídica ha sido piedra angular de su resistencia y la discusión técnica del proyecto y sus consecuencias sociales y ambientales los volvieron especialistas en el tema, aliados de innumerables organismos civiles y especialistas. Como si no fuera poco, el CECOP empujó junto a sus asesores y organizaciones aliadas, la denuncia internacional que los llevó a importantes foros de la ONU o bien llevaron a los relatores de esa instancia hasta las comunidades a orillas del río Papagayo. El CECOP se convirtió finalmente en el principal impulsor de redes nacionales e internacionales de resistencia y defensa del territorio. Después de casi una década de lucha, el gobernador Ángel Rivera Aguirre tuvo que aceptar a regañadientes un acuerdo impulsado por el CECOP de no seguir impulsando el proyecto hidroeléctrico. Un par de años antes la propia CFE tuvo que renunciar al proyecto. El CECOP había detenido un proyecto monstruoso enfrentando a una buena parte de la clase gobernante.
 
Sin embargo, el río Papagayo y sus riquezas siguen siendo codiciadas, ya que al menos cuatro empresas gravilleras de extracción de material pétreo explotan el río Papagayo. A principios de 2014, decidieron expulsarlas.  Mediante la explotación, las gravilleras no solo no dejaban beneficios comunitarios sino que provocaban numerosos accidentes y hasta varias muertes por las enormes pozas en el río por la indiscriminada draga de material. En asamblea, los representantes de las empresas fueron citados. Se les escuchó y los representantes comunitarios votaron a mano alzada la continuidad de su funcionamiento. “Quedan expulsado de Cacahuatepec” se les informó a los empresarios presentes en medio de gritos de “¡Fuera!, “¡Fuera! Consignaba un diario local. La imagen puede representar algo muy extraño: campesinos que deliberan para regular el funcionamiento y control de sus propias tierras y territorios, oponiéndose a la lógica de la máxima ganancia y expulsándola. Los gravilleros, sin embargo, no se quedaron con las manos cruzadas y empujaron demandas contra algunos de sus líderes, uno de ellos hoy en la cárcel. La represa primero y las gravilleras hoy, representan la disputa por el río Papagayo y la defensa  del territorio material y simbólico del CECOP, por su propia forma de vida y reproducción social en una batalla permanente contra la clase política y las empresas paraestatales y privadas.

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EL GERMEN DE LA AUTONOMÍA

Cuando los subalternos rompen el silencio comienzan a ponerse en pie. El CECOP tuvo que desconocer a sus propias autoridades ejidales que al principio habían dado su anuencia al proyecto hidroeléctrico, por lo que tuvieron que formar su propia estructura representativa de las 40 comunidades (aproximádamete) que integran el Consejo, que funciona a manera asamblearia desde su conformación en agosto de 2004. Tuvieron además que forzar la democratización de las viejas estructuras campesinas, erosionando primero y haciendo estallar en pedazos los mecanismos de control local de la Confederación Nacional Campesina (CNC), conformando su “comisariado legítimo y autónomo”. Sin embargo, una vez ganada la batalla contra la presa, al menos momentáneamente, el CECOP comenzó a orientarse hacia la autoorganización y enfocar su energía en sus propios pueblos. Llegaron entonces a la decisión de conformar su propia “Policía Comunitaria”, integrándose, poco a poco, al sistema de justicia y seguridad de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Guerrero.

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Esta decisión tomada en 2013 y anunciada este año implica un intenso proceso organizativo de comités comunitarios, capacitación y discusión. Marco Antonio Suástegui, en acto asambleario junto a representantes de la CRAC-PC, y después de la terrible tormenta tropical que dejó damnificados a miles de campesinos del río Papagayo, habló sobre la decisión de integrar “un nuevo municipio”. El discurso de Suástegui incluso hablaba de recuperación de tierras de los caciques locales. Es quizá por ello que en junio pasado Marco Antonio Suastegui fue detenido y encarcelado con numerosos cargos graves junto a otros integrantes del CECOP.

El proceso autoorganizativo ya no de resistencia, sino de constitución de una subjetivad autónoma, basada en la autogestión y en un horizonte autoregulativo comunal ha sido un largo camino de maduración en medio de la resistencia contra la presa y las gravilleras. Las detenciones han desacelerado y obstruido el proceso, debido a que el CECOP se ha visto obligado a enfocar sus energías en la liberación de sus voceros y compañeros.

La larga resistencia de estos campesinos rebeldes en defensa del río es una historia poco visible desde el centralismo y la visión urbana. Esta rebeldía campesina es generalmente entendida como importante pero local, como digna de solidaridad pero sin proyecto político. La izquierda tradicional ha menospreciado esta resistencia. Sin embargo, de la lucha campesina en resistencia por la tierra, el territorio y los bienes comunes naturales ha surgido, lentamente, un sujeto con una potencia autónoma que no sin contradicciones trata de ponerse en pie, contra la decisión que los subalterniza pero también más allá de ella, constituyéndose como un sujeto propio que orienta y decide su propio destino y formas de vida. La radicalidad y potencia de estos campesinos rebeldes, a pesar del tiempo, la represión, la falta de recursos, las contradicciones y divisiones comunitarias está lejos de haber terminado. Esta rebeldía, esta resistencia y germen de la autonomía, están lejos de haber terminado.

10 de enero de 2018

URGENTE :: Detienen e incomunican a más de 30 policías comunitarios de La Concepción, Acapulco, Guerrero, y ejecutan a tres.

En la madrugada del pasado 7 de enero, miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) del poblado de La Concepción, municipio de Acapulco, fueron emboscados por personas desconocidas. Los hechos, según refiere un comunicado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, tuvieron lugar cuando los policías comunitarios pasaban por la Comisaría Municipal de La Concepción como parte de los rondines de seguridad para resguardar un baile que se celebró en el pueblo con motivo de una fiesta local. Esta acción violenta dejó un saldo de dos policías comunitarios asesinados y seis miembros del grupo agresor.

Alrededor de las diez de la mañana, el gobierno del estado de Guerrero montó un operativo de más de 100 elementos de fuerzas de seguridad conformado por policías ministeriales y estatales, así como por el ejército para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las primeras diligencias. En el marco de este operativo, las fuerzas de seguridad se desplegaron en comunidades circunvecinas con el fin de catear las casas de los miembros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), sin ninguna orden legal expedida por autoridad competente.

Más tarde, un helicóptero sobrevoló el lugar de los hechos, un policía del estado accionó su arma, desencadenando un tiroteo que ocasionó la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios. En ese instante se aglomeraron todas las fuerzas policiales con el fin de detener a Marco Antonio Suástegui Muñoz y Vicente Suástegui Muñoz, dirigentes del CECOP, así como a más de 30 policías comunitarios. Alrededor de las 5 de la tarde de ése mismo día, elementos de la policía ministerial trasladaron a Marco Antonio Suástegui fuera de la Fiscalía con sede en Acapulco sin que hasta el momento sus familiares tengan conocimiento de su paradero.

Las autoridades del estado han negado cualquier información sobre la situación jurídica de Marco Antonio Suástegui Muñoz. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero realiza las investigaciones y diligencias en total opacidad manteniendo a los detenidos incomunicados y sin que se garantice un debido proceso. El gran temor de sus familiares es que puedan ser trasladados a penales de máxima seguridad fuera de la entidad, donde su estado de incomunicación aumentaría el riesgo de que sean víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada o ejecución extrajudicial.

Por estos hechos, Tlachinollan ha expresado gran preocupación por que las autoridades ministeriales violen de manera flagrante sus derechos a la vida, a la seguridad personal e integridad física, a la personalidad jurídica, al acceso a la justicia y a un juicio justo y los principios del debido proceso. Se han cometido 30 detenciones arbitrarias y la ejecución extrajudicial de tres policías comunitarios; se ha hecho uso letal de la fuerza como único recurso para dirimir un conflicto de alta intensidad; se han realizado cateos sin una orden de autoridad competente por parte de las diferentes corporaciones policiales en los domicilios de los miembros del CECOP; y se ha incomunicado a los detenidos y se les ha negado una defensa adecuada al impedir que sus abogados puedan entrevistarse con ellos.

Por todo lo anterior, Tlachinollan y demás organizaciones y colectivos que nos sumamos a su llamado, solicitamos enviar comunicaciones a las siguientes autoridades, de modo que se garantice el debido proceso y se proporcione información tanto a sus familiares como a sus abogados sobre el paradero y la situación jurídica de las personas detenidas. En particular, debido al trabajo de Marco Antonio Suástegui Muñoz como defensor comunitario y a la criminalización y ataques de que ha sido objeto anteriormente, solicitamos hacer énfasis en que se garantice en todo momento su integridad física y psicológica. Además, hacemos un llamado para replicar esta acción urgente y realizar pronunciamientos públicos sobre su situación y la de todas las personas detenidas.

a) Gobernador del Estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores
Teléfono: +52 1 747 4719801 ext. 9801
Correo electrónico: gobernador@guerrero.gob.mx, secretariageneral@guerrero.gob.mx, cesar.armenta@guerrero.gob.mx

b) Fiscal General del Estado, Javier Ignacio Olea Peláez
Teléfono: +52 1 494 2999 ext. 1002
Correo electrónico: edgar.vaca@fiscaliaguerrero.gob.mx, aurora.solano@fiscaliaguerrero.gob.mx

c) Secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes
Teléfono: +52 1 747 471973
Correo electrónico: sspypc@guerrero.gob.mx

d) Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto López Celis
Teléfono: +52 1 747 4943200
Correo electrónico: presidencia@tsj-guerrero.gob.mx




COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS DE LA MONTAÑA Y COSTA CHICA DE GUERRERO
COMITÉ EJECUTIVO DE LA POLICÍA COMUNITARIA
COMUNICADO DE PRENSA

San Luis Acatlán, Gro. Territorio Comunitario. Enero 8 de 2018.

A los pueblos y comunidades del Sistema Comunitario de la CRAC PC.
Al pueblo en general.
A los medios de comunicación.
A las organizaciones fraternas.

Una vez más el Estado muestra su efectividad represora contra el pueblo, como no lo hace contra la delincuencia como debiera. Y es precisamente porque el Estado es ahora el protector y parte de la misma delincuencia.

La incursión violenta de las policías estatales y ministeriales, así como del Ejército y la Marina a la comunidad de La Concepción, asesinando a 5 y deteniendo a más de 30 de nuestros compañeros policías comunitarios, consejeros y autoridades, nos confirma que fue para rescatar a Iván Soriano Leal, quien se ostenta como militar retirado y que ha sido agente del gobierno para provocar y generar represión contra nuestro Sistema Comunitario.

Iván Soriano Leal, quien también se presenta con otros nombres, fue detenido en días recientes en La Concepción, por policías comunitarios de ese Comité de Enlace, acusado de ser parte de un grupo armado contratado para asesinar al compañero Marco Antonio Suastegui, vocero del CECOP y a algunos compañeros de la policía comunitaria. Es el mismo personaje con quien se alió en 2013 el nefasto Eliseo Villar Castillo, ex coordinador de la CRAC en San Luis Acatlán, para cometer un fraude a la organización y que derivó en una grave crisis interna en la CRAC, al inmiscuirse el gobierno de Angel Aguirre Rivero a favor de Eliseo Villar y sus cómplices.

Precisamente el día que se da la incursión policiaca a La Concepción, se había previsto el traslado de dicho delincuente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán; sin embargo, el gobierno valiéndose de sus policías lograron liberarlo.

Las declaraciones oficiales del vocero de seguridad Álvarez Heredia, así como las del Gobernador Héctor Astudillo, con las que pretenden justificar este acto de barbarie genocida, son totalmente falsas, cínicas y demuestran su total ausencia de escrúpulos y de moral para ordenar la muerte y el encarcelamiento de gente inocente. Qué armas de alto poder porta nuestra policía comunitaria? Quieren engañar a la población con su viejo truco de sembrar droga en los detenidos?

Esto que ocurre nos confirma el modo en que comienzan a operar las fuerzas policíacas y militares con la anuencia de todos los poderes públicos que han llevado a efecto, la inconstitucional y fascista Ley de Seguridad Interior, para brindar total impunidad a los asesinos que se encubren como servidores públicos.

Lejos de avanzar en la armonización de los sistemas jurisdiccionales oficial y comunitario, tal como lo propusimos en nuestra Iniciativa de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado en materia de derechos indígenas, congelando nuestra iniciativa en el Congreso Local por la mayoría de diputados priistas, el gobierno del estado muestra su verdadero rostro y su intención, asesinando y encarcelando a nuestras autoridades y policías comunitarios.

Hoy queda más claro que nunca, la distinción que el gobierno hace de nuestro Sistema Comunitario. Hoy que arremete con exceso de fuerza contra nuestros compañeros comunitarios, acusándonos falsamente de portar armas de alto poder y de posesión de drogas, asesinando y encarcelando, por rescatar a un agente paramilitar a su servicio; nos preguntamos, ¿porque no actúo el gobierno con tal firmeza cuando se asesinó a toda una familia de inocentes en San Pedro Cacahuatepec, teniendo tantas evidencias para hacerlo? ¿A cambio de que se dejó libres a esos asesinos?

La agresión a nuestro Sistema Comunitario, tiene responsables: el General Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública; Javier Olea Peláez, fiscal general del estado y Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado, son los autores intelectuales y autoridades que dieron la orden a sus subordinados para cometer tal acto de salvajismo y lesa humanidad. Por ello, exigimos su renuncia y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales, a los estudiantes, maestros, etc., a unificarnos en esta exigencia y defendernos de esta clase política asesina.

Estos lamentables hechos deben servir al pueblo para hacer análisis y reflexionar, precisamente en este año electoral, si queremos mantener en el poder a un gobierno que asesina, que encarcela, que defiende y es parte de la delincuencia, que crea leyes en perjuicio del pueblo, que niega toda oportunidad de desarrollo a la gente.

Llamamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a acompañarnos e intervenir para la documentación y denuncia a nivel internacional de estos hechos que lastiman, no solo a nuestro sistema comunitario, sino al pueblo de Guerrero y de México.

Pedimos la intervención de la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, para integrar las investigaciones correspondientes por las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros, por la violación flagrante a los derechos colectivos de los pueblos organizados en el sistema comunitario, por la violación flagrante a la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.

Exigimos la intervención del Congreso del Estado a través de las comisiones de asuntos indígenas, de seguridad, de justicia y de derechos humanos, para documentar la actuación de los agentes policiacos y sus jefes que dieron la orden de asesinar y detener a servidores comunitarios que estaban cumpliendo cabalmente con sus funciones de seguridad y justicia en favor de sus comunidades.

Exigimos la libertad inmediata de todos nuestros compañeros detenidos. Exigimos el castigo a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de nuestros compañeros policías comunitarios. Exigimos la salida del ejército y la marina, así como de las policías estatal y ministerial del territorio comunitario. Exigimos la renuncia inmediata de Pedro Almazán Cervantes, Javier Olea Peláez y Héctor Astudillo Flores, culpables y responsables de tanta muerte e injusticia en nuestro estado de Guerrero.

 “EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS, SERA JUSTICIA”

Coordinadores, Consejeros y Comandantes Regionales
del Sistema Comunitario de la CRAC PC.

Casas de Justicia: Matriz de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec, El Paraíso.
Comités de Enlace: Tecoanapa, Tixtla, Cacahuatepec, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca, Dos Ríos, Comunidades de la Región Amuzga.
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