Mientras que miles de maestros protestaban en las calles de diferentes ciudades del país, el Senado de la República aprobó la Ley General del Servicio Profesional Docente. Peña Nieto se apunta, así, un triunfo político en su estrategia de implementación de reformas estructurales. Solamente 22 votos en contra recibió esta iniciativa. Con esta ley se pretende regular la evaluación, promoción y permanencia de los docentes frente a grupo. Los funcionarios de gobierno ponen acento en la evaluación. Dicen que con ella se evitará la venta y herencia de plazas en las escuelas. Pero, ¿qué limitaciones tiene esta medida de evaluación del magisterio?
Un gobierno que realmente está preocupado por mejorar la educación no sólo se interesa en evaluar a los maestros. También se preocupa en generar las propuestas teórico-pedagógicas que ayuden a diseñar y poner en práctica nuevos modelos curriculares que permitan realmente colocar a los alumnos en el centro del proceso educativo y a los docentes como facilitadores de los aprendizajes de saberes teóricos, prácticos y valorales reflexivos y críticos. Todos ellos contextualizados en los entornos actuales de globalización, lógica de mercado, multiculturalidad, y sociedad de red y conocimiento. Bajo esta lógica, una evaluación a los maestros no traerá ninguna mejora en la formación de los niños si no se cambia el modelo educativo dominante, que se caracteriza por su verticalismo, autoritarismo e instrumentalismo que prevalece. En este modelo lo que interesa es que los niños repitan, memoricen, obedezcan y se disciplinen. Se trata de preparar a los pequeños bajo la óptica de una educación para el hacer en el trabajo. Lo que interesa en esta visión educativa es que los niños aprendan el saber-hacer, y no el saber-saber para saber-hacer, y así mejorar el saber-saber. Lo que no se toma en cuenta es que en una sociedad del conocimiento lo que se requiere son niños que desde la primaria vayan aprendiendo a producir conocimiento y no solamente utilizarlo para generar artefactos.
Esta evaluación no traerá avances de la educación si, al mismo tiempo, no se destina presupuesto para reforzar la formación de los maestros evaluados. Esta política de evaluación magisterial debe acompañarse de mejoras en las modelos curriculares, que están en la base de la formación de los normalistas en tanto futuros maestros. Debe ser respaldada con recursos económicos y materiales que mejoren los escenarios educativos de aprendizaje de los normalistas. Esta evaluación recién aprobada, se justificaría si las condiciones de formación de los maestros fueran realmente favorables. Que un maestro apruebe o repruebe una evaluación no es un asunto personal, también es político y social. El gobierno busca personalizar en cada maestro la responsabilidad de su formación y los resultados de su evaluación. No todo tiene que ver con el maestro. También interviene la política educativa delineada que ha mostrado su ineficacia.
Esta evaluación a los docentes debería considerar la diversidad de escenarios y condiciones en las que estos se desenvuelven. No es lo mismo dar clases en una escuela que cuenta con las condiciones de ubicación, salón de clases, mobiliario, cantidad de alumnos por grupo y material didáctico de apoyo, que dar clases en una escuela donde el maestro debe hacer un largo recorrido, tener aulas improvisadas, con bancas rotas, grupos de hasta 45 niños, y donde él tiene que llevar sus propios gises y borrador.
El gobierno está haciendo de la evaluación un fin en sí mismo. Ésta no se puede entender y atender más que considerándola como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje global. La evaluación es sólo un momento del conjunto del proceso educativo. Una real evaluación debe partir de definir qué es lo que se quería lograr educativamente en el proceso de enseñanza aprendizaje para, de esta forma, evaluar la dimensión en que esto se ha conseguido. En este caso ¿cómo se puede evaluar si ni siquiera se tiene claro como materia de evaluación? A esto se puede agregar que la evaluación de los maestros debe estar antecedida de otros exámenes que median en los resultados de la valoración que ellos obtengan. Por ejemplo, antes que a los maestros, se debería evaluar al gobierno y sus políticas educativas y a los directivos normalistas y su gestión institucional.
Por otro lado, si se va a evaluar a los maestros, se les debería dejar claro desde ahora sobre qué aspectos se va a hacer esto, además de dotarles de las condiciones materiales y educativas para favorecer su aprobación, no su reprobación. La verdadera evaluación de los maestros debe tener indicadores claros. Estos deben definirse desde un marco curricular y una política educativa lo suficientemente nítida. Así, esta evaluación no debe resultar de creencias ni juicios propios de funcionarios. Para que los docentes puedan confiar en la evaluación deben creer en sus evaluadores. Esto no sucede así en las actuales circunstancias. Para que estas evaluaciones a los docentes sean creíbles, deben ser transparentes. Habría que ver si el gobierno estaría en condiciones de contar con la legitimidad suficiente para hacer creíbles los resultados de las evaluaciones que realice. La evaluación docente que el gobierno pretende realizar no puede ser completamente objetiva, como no lo es ninguna evaluación, educativa. Aunque lo que sí debería garantizar es que resulte de juicios especializados y fundamentados, no contaminados política ni sindicalmente. Además de que los criterios de evaluación deben ser claros, fundamentados y de dominio público. Se requiere una evaluación donde no se parta del principio de sospecha de la incapacidad de un maestro, sino de la confianza en su capacidad. Décadas de alianza entre gobierno y sindicato oficial de maestros, de alimentación de una burocracia sindical enorme, y de presencia de corrupción en todos los ámbitos de la esfera institucional educativa, no va a resolverse con una evaluación de maestros. Se necesita una política de limpieza en todos los ámbitos de gobierno: los evaluadores también deberían ser evaluados.
