Una investigación hecha por cuatro medios latinoamericanos, entre ellos Animal Político, de cómo el narco hace que personas con distintos perfiles, desde niños hasta adultos, y profesionales, trabajen para ellos a la fuerza.
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Es julio e Irwin acaba de cumplir 20 años hace unos días. Lo celebró cruzando de Guatemala a México. Irwin es hondureño, taekwondoín desde la adolescencia y cursó los primeros meses de la carrera de administración, hasta que la imposibilidad de hallar un empleo lo orilló a dejar los estudios; decidió entonces partir hacia Estados Unidos.
Irwin camina hacia la central camionera de Tenosique, Tabasco, que es, junto con Chiapas, la puerta de entrada de los centroamericanos indocumentados a la geografía mexicana. Explora la posibilidad de burlar los retenes de Migración, tomando rutas de transporte local, pero lo persuade la presencia de un puesto de la Migra a unos metros de la salida carretera. Observa de lejos la línea de asfalto y enciende un cigarro.
Ésta es la segunda ocasión que toma el camino, luego de que fue deportado de Estados Unidos a finales de 2011, tras permanecer poco más de un año en Nueva Orleans. Como aquella primera vez, Irwin viene con las bolsas vacías, pero ahora le preocupa reunir dinero y estar, así, en condiciones de pagar su “cruce” a los grupos criminales que controlan la frontera norte y de los que ya fue víctima en su primer intento.
“Cuando uno no tiene para pagar –advierte–, vienen los de los cárteles, Los Zetas o El Golfo, o cualquier otro, y le dicen a uno: ‘Ah, ¿no tienes dinero para que te dejemos pasar? Entonces tienes que llevar 20 kilos de mota, o 10 de coca, desde la frontera hasta Huston’ o a la ciudad de Estados Unidos que ellos digan…”
Irwin fue usado como morralero, “así le dicen cuando te obligan a cruzar la droga por la frontera.”
–¿Y si te niegas?
Irwin suelta una carcajada.
–¡Pues te secuestran o te matan! –responde– Y yo lo que hice fue aceptar, si no, ¿pa’ dónde se hace uno? Si no aceptas, igual te va a ir mal. Y entonces uno se va a Estados Unidos arriesgándose a que lo agarren con la droga, y que lo manden a uno preso cinco, diez años, pero uno se arriesga… El que no arriesga no gana… –remata, sin triunfalismos– Entregué la droga donde me dijeron y me les fui a la chingada, me les escapé…
Irwin aplasta la colilla contra el asfalto de la carretera. En diez días ha cruzado de Honduras a Guatemala y, estando ya en territorio mexicano, es consciente de que lo peor del camino apenas empieza. Sabe que caer presa de “La Maña”, como él y otros nombran al conjunto de mafias que operan en el país, implica no ser más dueño de ti, de tu destino.
Más que secuestros
“La esclavitud ya no es como en el siglo XVIII”, explica la hermana Leticia Gutiérrez, directora de la Pastoral de la Movilidad Humana, la más amplia red de atención a migrantes en México, compuesta por 54 albergues y comedores que la Iglesia católica tiene repartidos a lo largo del país, y que intentan brindar, en la medida de sus capacidades, atención humanitaria a los 150 mil centroamericanos que cada año se internan en territorio nacional, con miras a llegar a Estados Unidos.
Se trata de una mujer joven y sonriente, en cuyo pecho pende una pequeña cruz cóncava, bella por la sencillez con la que fue tallada sobre un trozo de madera.
“Me parece –abunda– que la realidad mexicana y el contexto social mundial dan mucha tela de dónde cortar para hablar en este momento de esclavitud. Por ejemplo, en el caso de los migrantes secuestrados por el crimen organizado (entre 30 y 60 mil en los últimos tres años, según cálculos de grupos civiles), hay un control agresivo, violento, psicológico, físico y territorial en contra de la víctima. Y ese sometimiento va más allá de mantenerlos retenidos o ponerles grilletes mientras pagan por ellos.”
Además de ser privados de la libertad y torturados, destaca la religiosa, “una de las denuncias que encontramos recurrentemente, al hablar con migrantes que han sido raptados por las mafias, y sobrevivido, es que durante su cautiverio se les da un uso. Por ejemplo, los llevan a casas en donde hay entre 200 y 400 personas cautivas; fincas, quintas, haciendas, espacios grandes donde los ponen a trabajar para construir o reconstruir la casa, a realizar labores de albañilería o remodelación, siempre vigilados; además, a las mujeres las obligan preparar la comida para el grupo, así como a acostarse con los captores.”
Y en otros casos, añade, los migrantes cautivos son empleados directamente en la comisión de delitos. “Algunos son obligados a cruzar droga a Estados Unidos, o a involucrarse en otras actividades criminales mediante amenaza, mediante coacción.”
Estas prácticas, concluye, no deben verse como secuestros típicos, ya que “estos son abusos que conforman otras violencias dentro del delito de secuestro, que luego de una ardua lucha y denuncia han logrado, incluso, tipificarse penalmente, como ocurre con el trabajo forzado y la trata de personas con fines de explotación, que son términos que deben citarse explícitamente, y que nos hablan de esclavitud”.
Sicarios
El involucramiento por coacción en el trasiego fronterizo de drogas, señala Alfredo Díaz Barrera, cónsul general de El Salvador en México, es una práctica común a la que se ven sometidos los migrantes y, como muestra, narra el caso más reciente que ha llegado hasta su oficina. “Me llegó el testimonio de una persona salvadoreña, que fue capturada junto con un grupo mayor de centroamericanos poco antes de llegar a la frontera norte. A ellos se les acercaron los delincuentes y les dijeron: ‘Nosotros les ofrecemos trabajo, y va a consistir en cargar durante cierto tramo algo que les vamos a dar; el que no quiera sólo tiene que dar un paso al frente’. Dos personas –continúa el cónsul– dan el paso al frente y en ese instante las ejecutan, para luego preguntar al resto: ‘¿Alguien más no quiere trabajar para nosotros?”.
Y esto es así, expone, porque las rutas de los migrantes centroamericanos están sobrepuestas a las del narcotráfico y el contrabando, y es ahí, subraya, “donde se han desarrollado las formas más abyectas de esclavitud, las formas más bestiales de servidumbre y explotación, laboral y sexual, cometidas contra personas cuya vulnerabilidad es casi absoluta y llevadas a cabo con una impunidad increíble”.
Lamentablemente, señala el diplomático, es imposible cuantificar con precisión el número de víctimas, ya que la mayor parte de los casos no son denunciados, por el temor de los afectados a que las autoridades mexicanas terminen deportándolos.
Pero el trabajo de morraleros no es el único destino para aquellos migrantes cooptados por el hampa, explica, por su parte, el padre Pedro Pantoja, asesor episcopal en materia de migración y pionero en la defensa de los centroamericanos indocumentados en México, asentado actualmente en Coahuila, punto donde la vía que viene del sur se trifurca hacia los estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, y en el que fundó la Posada del Migrante Belén.
Pantoja es un hombre alto, de gesto duro y voz suave, en cuyas arrugas faciales bien encajan lo mismo la alegría que la ira. Habla sin perder la cordialidad, aunque tampoco oculta la desesperación. “Son muchas las formas que emplean los delincuentes para trabajar la carne, la mercancía del migrante… aquí, en Coahuila, hemos visto que una de las formas en que los aprovechan, por ejemplo, es promoviéndolos como sicarios… tenemos testimonios de migrantes jóvenes que han sido forzados a trabajar como sicarios.”
Es la historia de C.M., quien aguarda al borde de los rieles, en la estación Lechería, a un costado de la Ciudad de México, punto nodal de la ruta ferroviaria donde se cruzan las vías que vienen de los cuatro puntos cardinales del país. Es un nicaragüense sonriente, cuyo brazo derecho apenas se recupera del tirón sufrido al intentar asirse de un vagón en movimiento.
C.M. ha sido deportado cinco veces de Estados Unidos, ésta será, “con suerte”, la sexta y última vez que llegue, “y ojalá que no me vuelvan a sacar”. En su primer viaje, fue raptado en la estación Orizaba, de Veracruz y, al no tener dinero ni familiares que pudieran pagar su rescate, narra, “fui reclutado”.
“Estuve como un mes y 15 días en un lugar grande, cerrado –narra, en la veloz dicción de los nicaragüenses–, al día me daban de comer tres tortillas, una cucharada de arroz, o de frijoles, o de huevo, y un vasito de agua, nada más, era sólo como para que no nos muriéramos de hambre.”
En ese lugar, recuerda, permaneció cautivo con 38 jóvenes más. “Había dos o tres mexicanos, pero la mayoría eran centroamericanos, como secuestrados… Así estuve, recibiendo cátedras, para aprender a desarmar un rifle EG-3, un R-15, un cuerno de chivo.”
Y en ese mes y medio, reconoce C.M., su único compañero fue el miedo. “Yo era el nuevo, y los otros (secuestrados) ya se tenían confianza, así que conmigo jodían, me molestaban, decían que me iba a escapar, ‘tú eres un contra’, me decían, un contrario, así siempre era conmigo, pero siempre estábamos todos con un temor: que llegara El Coma, el Comandante, y nos matara a todos… siempre con un temor, pero llegó el día en que pude salir de ahí, y me fui sin saber nunca para quién trabajaba, no supe en realidad el grupo ni a quién chingados servía eso”.
Las esclavas
En el caso particular de las mujeres migrantes que son raptadas en su camino al norte, señala la titular de la Pastoral de la Movilidad Humana en México, éstas son obligadas a preparar la comida para el grupo de cautivos, así como a ser esclavas sexuales de los delincuentes que las retienen, “y ésos son abusos que las víctimas describen de manera reiterada, que conforman otras violencias dentro del delito de secuestro, y que luego de una ardua lucha y denuncia han logrado ser tipificadas penalmente, como ocurre con el trabajo forzado y la trata de personas con fines de explotación”.
Esa es la experiencia sufrida por Ilse, hondureña de 23 años que se internó en México en mayo pasado, acompañada por dos primos. Junto a ellos, Ilse creía estar segura, sin embargo, cuando en Tabasco fue atacado el tren en que viajaban de polizones, sus dos familiares varones salieron huyendo despavoridos y abandonaron a su suerte a esta joven de piel morena, enormes pestañas recargadas de rímel y párpados manchados de azul.
“Vinieron unos muchachos e hicieron disparos al aire –narra, con voz enronquecida, una semana después de su liberación–; todos los que veníamos en el tren nos bajamos y ellos nos agarraron. Eran seis muchachos que nos llevaron a un rancho, en el poblado de Independencia; eran cinco mexicanos y un hondureño… me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron que si no les daba un número de teléfono (para exigir el rescate) me iban a matar.”
Ésta se trata de la segunda vez que Ilse es raptada por una banda del crimen organizado en su intento por reunirse con su familia en Estados Unidos y, en su primer cautiverio, fue agredida sexualmente por sus captores, revela el pasante de abogado que realiza sus prácticas profesionales en la Casa-Refugio para Migrantes La 72, de Tabasco, quien registró su testimonio.
En esta segunda ocasión, abunda el pasante, Ilse fue insultada, amenazada, pateada, golpeada con la cacha de una pistola y obligada a beber agua de un charco, además de que su familia debió enviar a los plagiarios 10 mil dólares, a cambio de su vida.
Al ser cuestionada si, además de golpes, durante este segundo secuestro hubo otro tipo de abusos que quisiera denunciar, Ilse mira fijamente a su interlocutor, con frialdad, medita una respuesta por unos segundos y, cuando está a punto de iniciar, desiste. “No –murmura, con desconfianza–, así está bien…”.
Y a las labores domésticas y el sometimiento sexual, abunda la hermana Leticia Gutiérrez, se suma la participación en delitos. “Hay víctimas varones que fueron enganchados por mujeres que los abordaron en centrales de autobuses, y que con engaños los llevaron a casas de seguridad, donde fueron retenidos… y los mismos secuestrados dicen que para ellas no había opción, porque tenían amenazadas a sus familias, los delincuentes sabían cuáles eran los pueblos de origen de estas mujeres y, dado que estas redes criminales son trasnacionales y mantienen un diálogo entre sus distintas plazas, ellas saben bien que una amenaza formulada en Tijuana puede ser cumplida en El Salvador al día siguiente”.
La espiral de violencia en que las víctimas capturadas por el crimen organizado se ven envueltas, se prolonga a extremos inhumanos, añade el padre Pantoja. “Tenemos testimonios de mujeres jóvenes que han sido forzadas a trabajar hasta como verdugos –explica el religioso–; es común que las mujeres que sobreviven al cautiverio narren cómo fueron otras mujeres, también centroamericanas, las que las golpeaban para que dieran información, y que al preguntarles ellas por qué lo hacían, la respuesta era: ‘si no lo hago, me matan a mí’…”
La negación
Cuando se captura a una persona y se dispone de su destino, para que de ella sea lo que el sojuzgador guste, como convertirla en sirviente, someterla a trabajos forzosos, e incluso venderla, cederla, desecharla, maltratarla o matarla, se configura un caso de esclavitud, según la definición vigente de la ONU, a la que México se adhirió desde 1934.
Con esta definición como base, explica Alberto Xicoténcatl, director de la asociación civil Frontera con Justicia, la captura, sistemática y continuada, de miles de centroamericanos en trayecto a Estados Unidos, es el primer rasgo que permite reconocer a ésta como una situación de “esclavismo”.
“El crimen organizado –explica el defensor de derechos humanos– ha asumido a esta población como presas de caza; para ellos, los migrantes se convierten en una mercancía por la que obtendrán una ganancia”, independientemente de las formas de explotación física de las que son sujetos, y el valor en el que tasan la vida de cada uno, afirma, “actualmente es de 3 mil dólares, por lo menos”, logrando así, al cabo de un trienio, ganancias superiores a los 50 millones de dólares.
“El secuestro de migrantes por parte del crimen organizado adquirió ya proporciones de tragedia humanitaria –subraya–, se trata de una práctica delictiva sistemática y continuada, que las autoridades no quisieron reconocer sino hasta que la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (agosto de 2010), volvió imposible que continuaran negando la existencia de este problema.”
El reconocimiento de esta práctica generalizada, sin embargo, va de más a menos: mientras las agrupaciones civiles dedicadas a la atención de migrantes han registrado alrededor de 60 mil secuestros en el último trienio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos logró documentar 21 mil casos. El gobierno mexicano, por su parte, niega la veracidad de tales datos y afirma que entre enero de 2008 y abril de 2010 sólo hubo 393 migrantes víctimas de secuestro.
No obstante, el mismo informe, sin embargo, presenta datos que se contradicen, pues asegura que en los últimos cuatro meses del periodo analizado, el Ejército liberó a 515 centroamericanos privados de la libertad por el crimen organizado, es decir, 122 más de las que el gobierno presentó como cifra total de víctimas.
Complicidad oficial
Poco después de la masacre de migrantes raptados en San Fernando, fray Tomás González llegó a Tenosique, Tabasco, donde además de encabezar las labores pastorales, fundó el Hogar-Refugio La 72, nombrado así en homenaje a las víctimas de aquella matanza.
“Nosotros no hemos tenido mucho tiempo para analizar la evolución de las estrategias de crimen –platica el franciscano, teniendo de fondo un óleo que muestra a Jesús, con características fisonómicas mayas, clavado a una cruz de grecas–, nosotros teníamos un río de sangre al cual era urgente poner un dique, llegaban los migrantes a denunciar secuestros, asaltos, violaciones sexuales, y también extorsiones de los distintos cuerpos de seguridad, desde la Policía Municipal, hasta el Ejército Mexicano, pasando por la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración (INM)…. Y ese dique era la denuncia pública y ante las autoridades, aún estando infiltradas”.
–¿Cuál es el grado de complicidad entre funcionarios y crimen organizado, en materia migratoria? –se le pregunta.
–Es tanta que, por ejemplo, el año pasado nosotros detectamos una red de trata de mujeres centroamericanas, que era dirigida ni más ni menos que por el entonces delegado regional de Migración, Jorge Luis Mendoza Cruz, quien sometía a explotación sexual a jovencitas que enganchaba con la promesa de expedirles permisos de internamiento en el país.
Actualmente, este ex funcionario enfrenta proceso en prisión por la violación de una hondureña de 14 años, a la que sus cómplices extrajeron del mismo refugio de Fray Tomás y, destaca el fraile, antes de que el Mendoza Cruz fuera aprehendido, “en el Instituto Nacional de Migración hicieron de todo para encubrirlo, incluso lo movieron de Tenosique y lo pusieron al frente del órgano de control en Tabasco, para que él fuera su propio juez… hoy está preso”.
Por ello, admite, con frialdad: “No somos ingenuos, esto no hay quien lo pare. Parece una maldición el ser centroamericano, una maldición ser pobre, pues te conviertes en la mejor mercancía para el crimen organizado.”
Sin embargo, destaca este hombre moreno, vigoroso, así como ha florecido la estrategia de la delincuencia en contra de los migrantes, también han florecido en todo el país los refugios para protegerlos; y son albergues donde no sólo reciben agua, comida y hospedaje, sino donde se defienden sus derechos humanos, donde se pelea por una migración sin violencia.
“Nosotros no queremos que deje de haber migrantes –concluye–, nuestra meta final no es detener el flujo migratorio; de hecho, nuestra meta final es que deje de haber refugios para ellos, que desaparezcan todos los refugios, en el entendido de que vamos a llegar a una migración libre, no forzada, en donde las personas que van en el camino nos sean presa de nadie… sé que esto es una utopía, más en las circunstancias en las que está México, pero esa es la apuesta”.
