Por: Tlachinollan.
En los últimos
tres años el Estado se ha mantenido en los primeros lugares en cuanto al
índice de feminicidios perpetrados en las diferentes regiones de la
entidad. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) y la ONU-MUJERES[1], ubican a Guerrero en el tercer lugar.
Ante
este incremento escandaloso de la violencia letal hacía las mujeres, el
año pasado la asociación guerrerense contra la violencia hacia las
mujeres, solicitó que se declarara una alerta de género en el Estado.
Las autoridades por su parte evadieron este planteamiento y propusieron
acciones que no van al fondo del problema. No obstante la
discriminación, la recriminación y criminalización del sistema de
justicia hacía las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia sigue
vigente, sobre todo en quienes tienen la responsabilidad de combatirla.
Nuestro
estado es un referente nacional de la violencia institucional castrense
por los casos emblemáticos de Valentina Rosendo e Inés Fernández que
tuvieron como resultado dos sentencias contra el estado mexicano ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son resoluciones
paradigmáticas y obligatorias que todas las autoridades tienen que
atender y dar cumplimiento. A siete años de la emisión de las dos
sentencias, en Guerrero los jueces y juezas, no solo carecen de
sensibilidad para tratar adecuadamente los casos de violencia contra las
mujeres, sino que arrastran graves rezagos en cuanto al conocimiento y
manejo de los estándares más altos a nivel internacional para brindar
protección a los derechos de las mujeres. Estas conquistas logradas a
pulso por las mismas mujeres indígenas siguen siendo letra muerta en su
práctica jurídica, porque a la hora de juzgar estos casos de violencia
las atacan, las denigran, las revictimizan y lo que es peor se colocan
del lado de los agresores.
Juana
Ramírez Marcos y Elvia Méndez Castillo, dos mujeres indígenas nauas,
víctimas de violencia psicológica, física, económica, patrimonial y
sexual por parte de sus parejas, enfrentan procesos legales en su
contra por actos de legítima defensa. No solo enfrentaron a sus
agresores que tuvieron la intención de causarles graves daños, sino que
tuvieron que enfrentar un proceso penal viciado que las colocó como
responsables de lesiones agravadas que supuestamente padecieron sus
parejas. Fuera de toda proporción y sin considerar el contexto de
violencia y discriminación que enfrentan como mujeres pertenecientes a
un pueblo indígena, la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia
Penal del Distrito Judicial de Morelos las condenó a más de un año de
prisión y a la reparación del daño. Desde el mes de diciembre de 2016
Juana y Elvia padecen el calvario de la justicia misógina que en lugar
de protegerlas las confina a pagar a un alto costo un delito que no
cometieron y a vivir con el estigma de mujeres violentas como las
calificó la misma jueza.
Estos casos
demuestran cómo varios jueces y juezas siguen resolviendo de manera
rudimentaria y sin perspectiva de género casos de violencia contra las
mujeres, independientemente que haya avances en las leyes y existan
protocolos para la adecuada atención de la violencia de género. Por
acciones espectaculares no paramos, en marzo de 2015, el presidente de
la republica Enrique Peña Nieto, inauguró en Tlapa de Comonfort la
primera Ciudad Mujer en el país con el objetivo de brindar una atención
integral, rápida y eficiente a las mujeres de la Montaña, respetando sus
derechos humanos y su cultura. Lamentablemente para Juana y Elvia esta
instancia protectora desconoce su situación como víctimas de la
violencia y no encontraron ese apoyo rápido y eficiente.
En
plena víspera del día Internacional de la mujer, no podemos permanecer
impasibles ante tanta impunidad contra los perpetradores, ni dejar que
las autoridades sigan siendo cómplices e indolentes ante este clima
adverso que alienta el odio y la violencia contra las mujeres. En este
día de memoria y combatividad, se enluta nuevamente la Montaña con el
asesinato de Isabel Roque Cortés, madre de familia de 35 años de edad
de la comunidad me’ phaa de la Taberna, anexo de Tapayoltepec, municipio
de Malinaltepec, quien fue asesinada por su pareja Juminiano Galindo el
día de ayer.
- Como Centro de derechos humanos de la Montaña exigimos a las autoridades de los tres niveles:
- Que pare la violencia institucionalizada hacía las mujeres y el pleno respeto a sus derechos en total igualdad.
- Se atiendan los tratados y recomendaciones internacionales a fin de erradicar la violencia de género y las fallas estructurales que la generan.
- El cese de la recriminación y criminalización en casos de legítima defensa hacía una situación de violencia que no han sabido atender las instancias gubernamentales.
- Que ante el grave incremento de feminicidios en el Estado, se declare de manera inmediata la alerta de género.
[1] Cfr: Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/violencia0.pdf.
La
Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014,
publicación realizada por la Secretaria de Gobernación, Instituto
Nacional de las Mujeres y Entidad de las Naciones Unidas para la
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-MUJERES).
Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/84740/La_Vilencia_Feminicida_en_M_xico__aproximaciones_y_tendencias_1985_-2014.pdf
