Publicado en La Jornada Morelos el 30 de octubre de 2012.
Por José Martínez Cruz y Roberto Mendoza Delgado.
El agua de Tehuacán y los ojos tapados, los cables de luz y la obscuridad de los subterráneos. Instrumentos de la tortura y el horror. Se aplican de manera científica, no por improvisados. Responde a la lógica del terror, no a la búsqueda de justicia. Han recibido cursos de entrenamiento. No se sabe si forman parte de los exámenes de confianza para permanecer en la policía o el ejército. Pero utilizan estas técnicas sacadas de manuales de entrenamiento del Ejército norteamericano, de las policías secretas y de los comandos del exterminio, que proliferan por los anchos caminos de la impunidad.
Resulta sumamente difícil determinar la verdadera magnitud y extensión de la tortura y otros malos tratos en México. El endeble sistema de denuncia e investigación, que casi nunca hacer rendir cuentas a los responsables deja a las víctimas y testigos expuestos a sufrir represalias, como consecuencia de lo cual se denuncian pocos casos de los que realmente se producen.
De las 110 denuncias de tortura, 31 han dado lugar a recomendaciones de la CNDH, mientras que 57 siguen siendo objeto de examen. De las 4.731 denuncias de malos tratos, 83 han dado lugar a recomendaciones.
La información ofrecida por la CNDH es la más exhaustiva de que se dispone, pero sigue distando mucho de representar el verdadero número de denuncias de tortura de todo el país. La CNDH sólo está encargada de intervenir cuando hay funcionarios federales implicados, las denuncias de tortura y otros malos tratos cometidos por funcionarios estatales o municipales no es atendida. No existe ningún mecanismo sistemático de captación de todas las denuncias presentadas ante las 32 comisiones estatales de derechos humanos.
El gobierno federal reconoce que el 90 por ciento de los delitos se cometen en las 32 jurisdicciones de los estados y el Distrito Federal, y sólo el 10 por ciento en la jurisdicción federal. De los más de 400.000 agentes de policía del país, sólo 30.000 son de la Policía Federal (aunque hay desplegados además 50.000 militares que desempeñan también funciones policiales). La mayor parte de la policía actúa bajo jurisdicción estatal, en la mayoría de los casos de tortura y malos tratos haya agentes estatales o municipales implicados. Asimismo, las graves deficiencias de la legislación estatal aumentan las probabilidades de que los abusos se clasifiquen como delitos leves, en vez de como tortura, lo cual va en contra de las obligaciones de México en materia de derechos humanos.
La información de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre querellas, actas de acusación formal y procesamientos por tortura y otros malos tratos se refiere sólo a los casos en que los cargos se formulan bajo la jurisdicción federal. La información que proporciona la Judicatura federal sobre condenas es igualmente limitada. Señala que en 2008 y 2011 se abrieron 58 investigaciones preliminares por tortura, que dieron lugar a 4 actas de acusación formal. Según la Judicatura federal, durante el mismo periodo hubo 12 procesamientos por tortura, que dieron lugar a 5 sentencias condenatorias. Por su parte El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) recoge y publica datos nacionales, entre 2006 y 2010, en la jurisdicción o fuero federal hubo un procesamiento y ninguna sentencia condenatoria por tortura. En el mismo periodo, en el fuero común (las jurisdicciones de los 31 estados y el Distrito Federal) hubo 37 procesamientos y 18 sentencias condenatorias por tortura.
La falta de actas de acusación, juicios y sentencias condenatorias por tortura y otros malos tratos es reflejo de la incapacidad o falta de voluntad de las autoridades para garantizar la investigación y el enjuiciamiento efectivos e imparciales de los casos.
Amnistía Internacional ha documentado en los últimos años varios casos notorios en los que se han entablado acciones penales. Sin embargo, ni siquiera en estos casos se ha llevado a los responsables de tortura y otros malos tratos ante la justicia ni tampoco los sobrevivientes han recibido reparaciones.
Las impunidad de los delitos de tortura y otros malos tratos es constante desde la “guerra sucia” (de 1964 a 1982). Se cometieron de manera sistemática y generalizada graves violaciones de derechos humanos contra manifestantes y presuntos miembros de movimientos políticos de oposición, incluidos grupos armados. La antigua Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) y su informe histórico de la verdad, cuya difusión se reprimió posteriormente, documentaron claramente muchas de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, entre las que figuraban tortura, ejecuciones. ¿La tortura es cosa del pasado? Desafortunadamente, está presente de manera cotidiana, y no hay que cerrar los ojos ante el horror.
cidhmorelos@gmail.com
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