En Yucatán, el PRI-Gobierno cierra con feminicidios y simulación discursiva.

1. El pasado 18 de agosto, la página en Facebook de Yucatán Feminicida publicaba un apunte (post) en el que informaban que «el pasado 9 de agosto la Secretaría de Gobernación determinó que no se decretaría la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado, debido a que el Gobierno del Estado de Yucatán, concluyó, ha realizado "acciones relevantes para la implementación de las propuestas realizadas por el grupo de trabajo, lo cual contribuye a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad."»

2. Unos días antes, el 13 de agosto, una nota en el sitio web del gobierno estatal destacaba el encuentro del mismo gobernador, acompañado por sus colaboradoras, las titulares de la Secretaría General de Gobierno y del Instituto para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con mujeres académicas, empresarias, defensoras de derechos humanos y activistas de organizaciones sociales: «las participantes en este encuentro destacaron los esfuerzos y la actitud de apertura del Gobierno del Estado ante la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en cuya resolución emitida recientemente por la Secretaría de Gobernación (Segob) se dio a conocer que se carece de elementos y objetivos suficientes para declararla procedente.»

3. Dos días después de la publicación de Yucatán Feminicida, el 20 de agosto, y a tan sólo una semana del espaldarazo a la política gubernamental en materia de derechos de las mujeres, fue encontrado dentro de un pozo el cuerpo de la niña Ana Cristina Gutiérrez Castillo, desaparecida días antes en el municipio de Tahdziú, y, tres días más tarde, medios locales reportaban que una mujer no identificada había sido encontrada sin vida en el municipio de Kanasín. El cuerpo de Ana Cristina, de apenas 6 años de edad, presentaba pruebas de tortura, abuso sexual y asfixia mecánica por estrangulamiento.

4. Según nota de Rosa Santana para Proceso (22/08/2018), la Fiscalía General del Estado informó que la activación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio, para el caso de Ana Cristina, y una semana más tarde, el viernes 31 de agosto se instaló la Comisión de Seguimiento para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género en la entidad; el rostro sonriente de oreja a oreja de la secretaria de Gobierno, Martha Góngora Sánchez, al anunciarse la improcedencia de la AVGM el 9 de agosto, contrasta con las cifras que un mes más tarde ella misma revelaría respecto a que en el estado de Yucatán, durante 2017, hubo 46 homicidios y en lo que va del 2018 la cifra alcanza ya los 42 crímenes contra mujeres: las yucatecas, dijo, "están más seguras en la calle, que en sus casas".

5. Según nota de Por Esto! recogida por Grieta, unos días antes, el 27 de agosto, la comunidad de Tahdziú había llevado a cabo una marcha en principio pacífica para exigir justicia por el atroz asesinato de Ana Cristina, pedir que la familia del responsable no regresase al pueblo y que todo el peso de la ley se aplicara a C. F. V. Y., vinculado a proceso por feminicidio; no obstante, un grupo de padres de familia con hijos menores acudieron al predio de los presuntos responsables, le prendieron fuego a una parte de paja y destrozaron sus pertenencias. La gente, como medida de autoprotección, esperó a que se fuera toda la prensa para realizar esta acción. Al término de la protesta, autoridades y vecinos acordaron exiliar de forma definitiva a la familia de C. F. V. Y. y expropiar su predio para la construcción de una escuela en memoria de la víctima de 6 años de edad.
 5. La Comisión, a decir de la nota de Rosa Santana para Proceso (31/08/2018), tendrá una vigencia de tres años y el  (o la) titular de la Secretaría General de Gobierno la encabezará, mientras que la directora del Ipiemh fungirá como secretaria. El nuevo organismo quedó conformado por la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Mérida, el Centro de Investigaciones Regionales “Doctor Hideyo Noguchi”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Museo Regional de Antropología de Yucatán “Palacio Cantón” y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados Delegación Yucatán. También participan las asociaciones civiles: “Ni una más”, Kóokay - Ciencia Social Alternativa, Observatorio de Violencia, Asociación Mexicana de Esclerosis Tuberculosa, Fundación para la Equidad-APIS Sureste y los Centros de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio, y de Atención Psicológica y Sexológica Integral (Capsi).

6. Un año antes, el portal digital Libertad de Expresión Yucatán denunciaba el Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres de Yucatán sólo era un espacio que servía como cuota de pago o consolación, de carácter político partidista, ya que las acciones que se llevan a cabo para erradicar los abusos hacia las mujeres en el estado permanecían en la secrecía y su titular, Alaine López Briceño, carecía de compromiso para contribuir al cambio de paradigmas de la relación que se establece entre hombres y mujeres. Más aún, se lee en la nota, López Briceño, "ignora la problemática de género, debido a su escasa o nula formación al respecto, pues es claro que se le encargó esa responsabilidad por su cercanía y utilidad para la elite política priísta, no por su trayectoria, experiencia o aportaciones al tema de la equidad de género".

7. La nota misma de Libertad de Expresión Yucatán recoge las opiniones de Movimiento Ciudadano Yucatán, quienes aseveran que "no se le presta la debida atención institucional, ni social o comunitaria, a la violencia y amenazas contra la integridad física de las mujeres, lo cual contribuye a que se presenten hechos de carácter extremo (...) en los que no únicamente se priva de la vida a una persona, sino que además (se) hunde en la pesadumbre y el dolor a los familiares de las víctimas, (por lo que) consideramos imprescindible que las autoridades gubernamentales de la entidad abandonen la simulación discursiva y se pongan a trabajar en estrategias integrales que contrarresten la violencia hacia las mujeres, cada vez más arraigada en Yucatán".

8. En un reportaje para El Diario, los periodistas Sergio Rincón y Saúl Hernández escribían el 24 de julio de 2018 que "en un país donde la violencia de género se encuentra triste y fuertemente arraigada (...) el feminicidio de menores de edad (de cero a 17 años) ha crecido en los últimos años." En diciembre de 2017, abunda el reportaje, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública había comenzado a recabar cifras sobre el perfil de las víctimas de este crimen en cada estado y logró crear un historial de los últimos tres años: en 2015 se registraron 50 víctimas; un año después, la cifra creció a 53; para 2017, ya sumaban 61, y en los primeros cinco meses de 2018, ya se habían contabilizado 30 casos. "En total, estamos hablando de 194 feminicidios registrados de niñas y adolescentes en este periodo."

9. Rincón y Hernández aceptan que "esto dicen las cifras oficiales, pero es probable que el fenómeno sea mayor: de acuerdo con datos de la activista María Salguero, quien lleva un seguimiento detallado del fenómeno, la cifra de feminicidios de este año ya sumaba 43 casos, contando los ocurridos en la tercera semana de julio. Estos crímenes, según coinciden especialistas, ocurren en medio de un caos de marcos legales donde cada estado decide cómo atender e investigar sus casos. Y a esto, añaden expertos, se suman instituciones donde aún prevalece una cultura machista y misógina: la Red por los Derechos de la Infancia en México, evidenció en 2017 que las autoridades judiciales se niegan a trabajar con perspectiva de género para brindar acceso a la justicia a niñas, niños y mujeres víctimas de violencia.

La ola feminicida contra niñas en México ha sido tan preocupante que desde 2015 la ONU pidió a las autoridades mexicanas  implementar medidas concretas para frenar estos casos. El Comité de los Derechos del Niño expresó su “profunda consternación” acerca de las persistentes actitudes patriarcales y estereotipos de género que discriminan a las niñas y a las mujeres, “y que resultan en una extremada violencia contra ellas”. Por ello llamó al Estado a implementar acciones para erradicar estas actitudes.

También recomendó al país "velar por que se penalice el feminicidio (asesinato de una mujer por razón de su género) en todos los códigos penales de los estados, con objetivos que permitan su adecuada implementación de acuerdo con los estándares internacionales y estandarizar los protocolos de investigación policial para el feminicidio en todo el país. El Estado deberá garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones que penalizan el feminicidio en los códigos penales federales y estatales”, fueron las recomendaciones que hizo la ONU.

Para Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el aumento de feminicidios de niñas y adolescentes se ha dado, entre otras razones, por la ausencia de un mandato federal que ha provocado que haya estados donde casi no se destinan recursos para prevenir y castigar estos delitos, lo que hace que sea más fácil cometerlos.

Además, señala el funcionario federal, las instituciones locales tienen marcos legales desiguales, es decir, cada estado investiga de manera distinta el feminicidio. A esto se suma que algunos casos de violencia de género contra menores son atendidos por las procuradurías (órganos que se encargan de investigar los delitos de orden estatal en México) y otros por institutos de mujeres e incluso por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“Las acciones contra la inseguridad pública están adoleciendo de una perspectiva de género, pero también claramente no estamos haciendo el trabajo de cambio cultural. México ha avanzado muchísimo en el cambio legal a favor de la igualdad y ha avanzado en la creación de instituciones, pero no hay acciones para el cambio cultural. Esto nos deja en una situación donde la violencia de género no solo no puede disminuir, sino que aumenta”, agrega Bucio.

El titular del SIPINNA señala que existen más de 3 mil instituciones a nivel nacional para garantizar la seguridad de los menores, pero en muchas de ellas se minimizan los distintos tipos de violencias contra los niños, niñas y adolescentes. Ricardo Bucio detalla que existe un compromiso por parte de gobernadores para mejorar sus instituciones con el fin de garantizar el bienestar de los menores, sin embargo, “no todos lo están haciendo”.

A finales de año, añade el secretario, todos los gobiernos locales tienen que asumir un marco legal contra el castigo corporal, “que es la puerta de entrada a las violencias expresas, que puede terminar en el peor de los casos en feminicidio”. Las procuradurías de atención a niños, niñas y adolescentes, asegura Bucio, ya cuentan con un mandato legal para tener mecanismos de atención diferenciada y evitar que casos como el de Ana o Marlene se multipliquen por todo el país.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dice que dentro de la cifra de homicidios puede haber feminicidios que no fueron clasificados de forma adecuada. Esto lo sabe porque ha estudiado en profundidad los informes de autoridades federales que se han realizado para generar alertas de género en algunos estados.

Ella explica que las bases de datos disponibles no contienen detalles por separado de cada muerte de una menor. Esto ha dificultado demostrar cuántos feminicidios están dentro de la cifra de homicidios, y muchos de éstos últimos pueden ser potenciales feminicidios.

“Las autoridades no está clasificando los casos de niñas como feminicidios. Muchas veces en el imaginario de los operadores de justicia piensan que solamente se agrede, se discrimina a mujeres adultas y no ven el feminicidio en niñas. No cabe en la mente de la autoridad y lo invisibiliza”, opina Luz Estrada.

“Cuando ves que la autoridad oculta datos, puede ser que esté involucrada, ¿Por qué no podemos saber la verdad? ¿Por qué la autoridad no investiga? (...) No solamente se trata de discriminación, machismo, sino que debemos saber si existe corrupción o involucramiento de autoridades con la delincuencia”, agrega la integrante del OCNF.

El propio Ricardo Bucio Mújica, desde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), lo acepta: “Sí puede haber (feminicidios que se investiguen como homicidios). Eso depende de la fiscalía e incluso de la decisión que tome el propio juzgador, y si no hay claridad de lo que implica la perspectiva de género y si no hay un marco legal adecuado acerca del feminicidio, esto podría estar ocurriendo claramente”.

 

Para la activista Verónica Villalvazo, mejor conocida como Frida Guerrera, quien ha generado su propia base de datos de feminicidios, existen más feminicidios infantiles, pero las autoridades no lo reportan por “corrupción, omisión o falta de preparación”.

En lo que va de 2018, ella ha documentado 46 feminicidios de menores de edad, mientras que la cifra oficial –con corte a mayo— es de 30 casos reportados. Para Frida, esto manda un mensaje de impunidad, y con ello “es más fácil" asesinar a una niña: “Hay un mensaje que mandan: ‘son niñas, no me importan, nadie las va a reclamar’”.

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, coincide en que hay “una alta probabilidad” de que la visión y cultura machista en el marco jurídico y en los funcionarios que atienden los casos imposibilite una clasificación apropiada de estos delitos violentos. El problema puede estar desde cómo las procuradurías conceptualizan el tipo penal hasta las evidencias que presentan para sustentar el caso y los elementos que el juez toma en cuenta al momento de emitir su sentencia.

Con todo, el especialista no puede afirmar que se trate de una práctica generalizada y particularmente intencional. Para ello, señala, se tendría que hacer una revisión caso por caso de todos los homicidios de niñas y adolescentes que no fueron investigados como feminicidios.

Si la ausencia de un marco con perspectiva de género ya es un problema al momento de investigar un feminicidio, las niñas y adolescentes quedan en mayor desventaja cuando además tenemos un sistema adultocéntrico que normaliza la violencia contra los menores. De acuerdo con el director ejecutivo de REDIM, el 80% del marco legal mexicano discrimina los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, esto en un país donde ocho de cada diez hechos de violencia sexual contra menores de edad son cometidos por alguien que tiene una relación directa y casi siempre de poder sobre ellos. Este trato desigual en la legislación –que ve a los niños como propiedad familiar– contribuye a que haya más casos de feminicidios contra mujeres menores de 18 años que además no son tipificados como tal.

10. El sexenio de Rolando Zapata Bello ha llegado a su final; lo hacía con la estrellita de bien portado en materia de derechos de las mujeres que el gobierno federal de su correligionario, el priista Enrique Peña Nieto (gobernador del Estado de México cuando sus fuerzas policiales torturaron mediante violencia sexual a más de una treintena de mujeres detenidas por la defensa de la tierra y el territorio en San Salvador Atenco) le entregó, con el espaldarazo de mujeres de los sectores académico, social y empresarial del estado; así, las cosas arriba, en los terrenos del poder de arriba; abajo, la gente comienza a organizarse y, por lo pronto, agota las vías legales para cambiar a sus gobiernos: una amplia participación ciudadana que acudió a las urnas el pasado proceso electoral, decidió no renovar al PRI en el gobierno estatal, con todo y su "Escudo Yucatán" o, como en Tahdziú, echa mano de sus usos y costumbres para hacerse justicia por su propia mano y obligar a las autoridades locales a acceder a sus demandas.