El 12 de junio de 2000 fueron asesinados seis policías estatales y uno municipal en una emboscada, en la que también resultó herido el hijo del presidente municipal de El Bosque, en la comunidad de Las Limas, cercana al municipio autónomo zapatista de San Juan de la Libertad, Chiapas.
Sobrevivieron Manuel Gómez Ruiz de 14 años, quien permaneció varios días hospitalizado y un policía estatal.
La matanza se adjudicó a dos personas: Salvador López González, un combatiente zapatista que salió libre en la primera instancia y Alberto Patishtán Gómez, un profesor indígena tzotzil reconocido por sus constantes denuncias del mal uso de los recursos públicos por parte de la autoridad priista y las peticiones de destitución del presidente municipal.
Este último fue condenado a 60 años de cárcel en la primera instancia por homicidio y lesiones calificadas, robo y daño a propiedad y uso de armas de fuego exclusivas del ejército; fallo ratificado en la apelación y el amparo.
Las pruebas que sirvieron de sustento para sentenciar al profesor de primaria fueron las declaraciones de tres testigos, dos de ellos presenciales.
El primero, el policía estatal, rindió su declaración ministerial a la misma hora y el mismo día ante el ministerio público federal y el de fuero local, es decir, el estatal. Lo que quiere decir que estuvo en dos lugares al mismo tiempo.
El segundo fue el alcalde Municipal y el tercero, el no presencial, un trabajador de una construcción cercana al lugar donde fue la emboscada. Éste declaró que iba en su auto cuando vio pasar una camioneta con varias personas son rasgos físicos de los pobladores de la zona. Negó poder reconocer a Patishtán como alguno de los que viajaban a bordo del mencionado vehículo, lo único que confirmó fue que el profesor tenía rasgos físicos de los pobladores de la zona.
Cabe resaltar que como parte de la averiguación se le aplicó al acusado una prueba rodizonato de sodio, un dictamen químico para saber si disparó recientemente un arma de fuego, que salió negativo.
Este año fue el décimo tercero que Alberto Patishtán pasó tras las rejas, donde ha sufrido severas afectaciones de salud, como un tumor cerebral, y desde donde vio crecer a sus hijos.
“La familia ha sufrido mucho durante estos trece años de encarcelamiento. Gracias a Dios yo y mi hermana mayor que se llama Gabriela hemos salido adelante. Después de que se llevaron preso a mi papá cuando yo tenía 4 años hubo un golpe muy duro para la familia, luego de 3 años mi mamá nos abandonó y desde los 8 años hemos salido solos gracias a la ayuda de mis tíos, abuelos, organizaciones y las personas que nos han apoyado mucho”, cuenta Héctor Patishtán, de 17 años.
El joven no ha parado de tocar puertas para demostrar la inocencia de su padre. “Lo inculparon, estoy seguro que fue una venganza política por denunciar a un alcalde municipal”, asegura.
A pesar de haber sufrido humillaciones y discriminación por parte de las autoridades, Héctor no paró hasta dar con quienes hoy luchan junto a él por ganar el último recurso legal en sede nacional: los integrantes del Comité por la Liberación de Alberto Patishtán y el abogado Sandino Rivero.
“Nos decían que si habíamos estudiado el caso, que si éramos licenciados o abogados para discutirlo. Para nosotros como indígenas fue un golpe muy duro”, recuerda Héctor, “ésta es la última instancia que tenemos jurídicamente“, agrega.
Se refiere a un recurso excepcional en procesos penales denominado Incidente de Reconocimiento de Inocencia, que fue presentado en octubre del año pasado por el abogado Sandino Rivero, de la asociación civil Defensa Estratégica en Derechos Humanos con sede en el Centro Histórico del Distrito Federal, quien está a cargo del caso desde junio de 2012.
El medio de impugnación “procede bajo supuestos muy estrictos como es el de Patishtán, que es cuando después de la última sentencia aparecen documentos públicos nuevos que invalidan las pruebas que sirvieron de sustento para sentenciar a la persona”, puntualiza Rivero.
A través de él buscará la nulidad de dichas pruebas, bajo la demostración de que fueron obtenidas a partir de la violación de derechos fundamentales, como serían el debido proceso y la presunción de inocencia. “Invocando varias tesis de jurisprudencia y aisladas emitidas por el Poder Judicial de la Federación publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta”.
Bajo estas tesis, la declaración del testigo que rindió ante dos ministerios al mismo tiempo sería inválida “porque no se sabe cuál sí existió”.
Esto lleva al segundo argumento utilizado por el abogado: “al quedar nula la primera prueba, sólo queda validez de un testigo y una de las tesis dice que si hay un testigo singular es insuficiente para sostener una imputación en contra de una persona”.
Respecto a la declaración del testigo no presencial “le pone (el fiscal) a la vista una foto y le pide que lo reconozca como una de las personas, dice que no lo reconoce, pero que sí tiene características de la gente de la zona: es una prueba nula porque la forma en que fue obtenida la foto fue por los judiciales que llevaban la investigación porque el presidente municipal se las da directamente. Esto es ilícito. Alberto no tenía la calidad de probable responsable cuando la autoridad les dio la foto. Ninguna autoridad puede dar fotos sin orden judicial”, insiste. Cuando el acto es ilícito, todo lo que deriva del mismo lo es también.
En cuanto a saber si disparó un arma, “cuando el profesor iba a declarar ante el MP, antes de que le dieran a conocer sus derechos se le hizo la prueba, es ilegal hacerla antes de que se le dijera de qué estaba acusado. Se presumía su culpabilidad, viola la presunción de inocencia”, explica Sandino Rivero.
La instancia fue interpuesta en octubre, pero no fue asignada a ningún magistrado hasta que el viernes 30 de agosto, distintas organizaciones civiles y luchadores sociales organizaron una caravana que partió del Distrito Federal hasta el Primer Tribunal Colegiado con sede en Chiapas, lugar donde se encuentra el expediente de Patishtán, y presionó al magistrado presidente a designar un encargado de revisarla.
Los responsables, que a partir del Martes 3 de septiembre tienen 10 días hábiles para ratificar o anular la sentencia del profesor, son el magistrado presidente del mencionado tribunal, Freddy Gabriel Celis Fuentes y los magistrados Manuel de Jesús Rosales Suárez y Arturo Eduardo Zenteno Garduño.
Los tres tendrán que tomar una decisión a más tardar el martes 17 de este mes.
La Caravana, integrada por Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, el Comité por la libertad de Alberto Patishtán, el Movimiento por la Paz por Justicia y Dignidad, Serapaz, el #YoSoy132 y la CNTE entre muchos otros, también visitó al profesor en el Cereso número 5 ubicado en la zona rural de San Cristóbal de las Casas.
Los recibió con un abrazo y una sonrisa, a pesar de llevar 11 días en huelga de hambre.
“Yo mismo lo he dicho, hay que matar o vender droga para que nos liberen como a los paramilitares, ser luchador social significa encarcelamiento, pero es más fuerte lo que nosotros tenemos: el amor al prójimo”, manifestó Alberto Patishtán.
La cárcel ha visto su cuerpo envejecer, pero no su ánimo “es la lucha contra la discriminación por ser pobre e indígena y contra la injusticia es lo que me mantiene motivado”, asegura.
“No puedo estar sordo a los reclamos de los de aquí dentro, no puedo quedarme pensando cuando puedo actuar”, dice sonriendo en el patio junto al área de visitas conyugales del Cereso.
Según el maestro de primaria, las personas deben vivir “para que cuente”, siendo el ejemplo que predican “a veces tengo que ser un poco de médico, de psicólogo, de sacerdote”.
Reunido con su hijo, custodiado por decenas de uniformados, afirma que ha visto luchadores en silla de ruedas y recordado que en realidad lo tiene todo. Algunas de las técnicas que ha usado para sobrellevar el tiempo encerrado han sido adoptar un grillo y escribir.
Cuenta que una vez les pusieron la película Náufrago, y se le ocurrió adoptar la idea para contrarrestar la soledad. Todos los días buscaba en su cuarto al grillo que se volvió su amigo imaginario. También narra que cuando estuvo en la Penal Federal Guasave y estaba deprimido se escribía cartas a sí mismo de apoyo y las guardaba por un tiempo, después las leía como si alguien más se la hubiera mandado y eso le daba ánimo “para seguir otro rato”. Asegura que la clave es “sacar fuerzas de lo imposible” y “no estar tranquilo con lo que sucede”.
Según América Del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco e hija de los luchadores sociales Ignacio Del Valle y Trinidad Ramírez, Alberto Patishtán “es culpable de abrir muchos ojos; estar de pie a pesar de los 13 años de encierro, de negarle a sus hijos y tantas cosas que le han arrancado. Es culpable de enseñarle a otros hermanos a defenderse”.
La entrevista fue realizada por Rodoldo Ambriz
"Sus delitos que no se dicen es que es indígena, que es pobre y padece de la discriminación que miles, millones de indígenas en nuestro país han soportado y resistido a lo largo de los siglos”.
La activista asegura que la libertad para Alberto Patishtán sería a penas una muestra de justicia que se le debe al pueblo “tenemos gobiernos que se jactan de ser democráticos, plurales, respetuosos de los derechos humanos. Esto aplica para todos no sólo para los mestizos, los blancos y los morenos, tendría que aplicar para todos, incluidos los indígenas de nuestro país tan olvidados”.
Para América, en él está la defensa de la solidaridad, “de la esperanza que tanto hace falta en México y en él está la defensa de la educación, de los maestros que le hacen tanta falta a nuestro país y hoy vemos amenazas en puerta por reprimirlos. En la lucha por la libertad de Patishtán va la lucha por la defensa de nuestros maestros mexicanos”.
Su hijo Héctor, quien ha pospuesto sus estudios hasta que su padre duerma bajo su mismo techo, adelanta que “va a ser muy raro estar con mi papá, desde que yo he tenido memoria lo he visto siempre tras las rejas”, todavía no sabe si va a estudiar derecho en la UNAM o la Universidad de Chiapas. “El tiempo va a decir lo que uno tiene que hacer, pero separarme de él ya no”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario