13 de enero de 2007

¿Comandante Supremo o soldadito de chocolate? / 2

Retomemos. El pasado 3 de enero, Felipe Franco Pinochet se presentó públicamente con el uniforme de faena del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, en un hecho insólito para un mandatario mexicano que encaja más bien con una cierta estrategia mediática que tiene como otros rostros al mismo personaje vistiendo, por ejemplo, la playera de las Chivas.

Sin embargo, para algunas miradas, que el presidente de facto apareciera con vestimenta militar como el más reciente de los signos de un gobierno duro (pero no por ello fuerte) viene a dar cuenta de cómo el jefe del poder ejecutivo federal está secuestrado; la cuestión aquí es ¿de quién?

Éstas mismas miradas sugieren que son precisamente las Fuerzas Armadas quienes tienen como rehén al “presidente general” (dixit Julio Hernández López); nosotros, sin asegurar tampoco nada, preguntamos a nuestra vez: ¿no será que tanto las FFAA como su Comandante Supremo están raptadas por otros poderes? Y, para ir respondiéndonoslo, decimos que este ejercicio requerirá de nosotras y nosotros algo más serio que decirle al sucesor de Fox Felipe Franco Pinochet; aunque lo seguiremos haciendo, pues al fin y al cabo, si a quien se autonombra presidente legítimo las formas le parecen poco importantes y dice de su contrario que es apenas un “soldadito de chocolate”, nosotros bien podemos seguir sosteniendo nuestra tesis del nuevo-viejo carácter oculto en la forma de (mal) gobernar del nuevo inquilino de Los Pinos.

Permítasenos, pues, invitarles a hacer un breve recorrido a través de la mirada de un simple objetor de conciencia que seguramente pronto estará en las listas de Hacienda (y quizás también preso) porque no piensa pagar un solo centavo partido por la mitad a esta suerte de Juan sin tierra que exige impuestos de la plebeyada para alimentar a su guardia real, cada vez más mimada. Pero no nos desviemos, que el camino, aunque resumido, será largo.

Debido a su propia configuración como herederas de una guerra civil que la costumbre nos ha dado en llamar la Revolución Mexicana, y marcadas por guerras de intervención extranjeras con Estados Unidos y Francia, las FFAA en México no tienen el estilo pretoriano que comparten sus pares en América del Sur. En lugar de contar con un lugar privilegiado como grupo de poder, las castas militares mexicanas, integradas en su mayoría por hombres y cada vez más mujeres que provienen de clases sociales económicamente desprotegidas por el Estado, han permanecido confinadas a jugar el papel de los cuerpos represivos que garanticen la permanencia del sistema político actual. Pero, precisamente la composición social del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, junto con el pacto político-militar que significara la fundación del PMR (luego PRI), en el cual las FFAA se comprometían a respetar a capa y espada el poder civil con la correspondencia de éste, ha sido la garantía para que sobre nuestra suave patria no se expandiera la noche que cubrió al Cono Sur del continente con dictaduras militares.

Por ello no sorprende que algunos estudiosos en la materia enfatizaran que todavía hacia la década de los setenta y ochenta había muy poca participación política de las esferas castrenses. Sin embargo, un nuevo ingrediente se iría agregando e investigadores como José Luis Piñeiro comenzarán a observar que existe una correlación directamente proporcional entre la mayor participación de las FFAA en el escenario político y en tareas de contención social y el aumento de una asistencia militar estadounidense que ha estado presente de muchas formas por lo menos desde los años cincuenta.

1968, año axial, será el parteaguas para que las FFAA comiencen a incrementar su papel protagónico en la vida política nacional, participando más decididamente en una ecuación de seguridad nacional dictada desde los centros mundiales del poder político, económico y militar

Será durante los sexenios de José López Portillo y Miguel De la Madrid, período que sirvió de puente para la implementación del neoliberalismo en México, cuando se trastocaría la función que dentro del sistema habían asumido las FFAA, agregando a sus labores de contención para con las protestas sociales el trabajo de eliminar la crítica y legalizar la exclusión de la representación política de una parte de la ciudadanía.

Ya en el salinismo, los juristas al servicio del Estado neoliberal –valga de nuevo el oxímoron- se encargarían de volver sinónimos conceptos como Seguridad Nacional y Seguridad Pública o Interior, de modo que la presencia del Ejército afuera de sus cuarteles pudiera legalizarse o, más aún, irse legitimando. El primer paso consistiría en modificar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para establecer que entre sus misiones estuviera la de “garantizar la seguridad interior, misión que podrán realizar por sí o en forma conjunta con la Armada y otras dependencias de los Gobiernos Federal, Estatales o Municipales, conforme lo ordene o lo apruebe el Presidente de la República”.

A Ernesto Zedillo le tocaría impulsar las reformas constitucionales a los artículos 21º y 73º, fracción XXIII, que serían la piedra angular para que en octubre de 1995 el Senado aprobara la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrado por las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Comunicaciones y Transportes; lo mismo que por los gobiernos de los 31 estados y del Distrito Federal y la Procuraduría General de la República. Y de ahí seguirían todavía las modificaciones al Código Penal, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la aprobación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; con sus correspondientes remiendos legaloides a los artículos 16º, 20º, 21º, 22º, 23º y 73º de la Carta Magna.

Al mismo tiempo, Zedillo también dispondría de más recursos para modernizar a las FFAA: mientras en 1995 el presupuesto militar significaba 10 mil 352 millones de pesos del total de egresos de ese año, en 1999 alcanzaría los 23 mil 200.5 millones, y para el año 2000, por propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las secretarías de Marina y Defensa Nacional estarían ejerciendo hasta antes del 1 de marzo un gasto directo de 28 mil 372.5 millones de pesos que con el recorte presupuestal de febrero quedaría en 28 mil 334. 5 millones; es decir, una reducción de sólo 38 millones frente a la de mil 200, 230 y 100 millones de pesos que sufrieron los programas para la educación, el campo y la salud, respectivamente; ¿le suena parecido a algo?


No hay comentarios.:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...