¿Comandante Supremo o soldadito de chocolate? / 3

Con Ernesto Zedillo, el mapa de la militarización se extendería por todo el país originando una reorganización de las instituciones castrenses en 12 regiones, 41 zonas y 23 guarniciones militares a nivel nacional; implicando con ello la creación de cuatro zonas militares más a las que había en 1994. También se crearían escuadrones de fuerzas especiales, tipo rangers y boinas verdes estadounidenses: de un Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (conocido como GAFE) en existencia hacia 1998, el número de GAFES alcanzaría la cifra de 70; además de 36 Grupos Anfibios de Fuerzas Especiales (GANFES), 3 Brigadas de Infantería, 1 Brigada de Policía Militar, 2 Batallones de Infantería, 1 Regimiento de Caballería Motorizado, 8 Regimientos Mecanizados y 24 Compañías de Infantería no encuadradas nuevas.

De igual manera, la PGR pondría en marcha desde noviembre de 1995 un programa que supuestamente mejoraría el trabajo de la dependencia con la participación activa de militares en las delegaciones estatales y regionales, mismo que llegaría a su punto más alto cuando en diciembre de 1996 mil 493 soldados serían comisionados en varios estados de la República para su apoyo.

En el Distrito Federal, capital del país y sede de los Poderes de la Unión, la historia no sería muy diferente. A mediados también de 1995, el general de división Enrique Salgado Cordero se encargaría de la Secretaría de Seguridad Pública metropolitana, llevando consigo un equipo de 20 militares e iniciando un plan de entrenamiento militarizado de las fuerzas policiacas. Finalmente, en marzo de 1997, 2 mil 589 militares terminarían por sustituir a todos los policías de la delegación Iztapalapa y, a partir de entonces, reemplazarían a la policía en varias ciudades y capitales de las más importantes del país (según una investigación de Raúl Benítez Manaut, para 1997 las corporaciones policiacas en 30 estados del país estaban encabezadas por miembros de las Fuerzas Armadas, en activo o retirados), además de que implantaron retenes y puestos de control a lo largo y ancho del país.

Por último, el mes de julio de 1999, 4 mil 988 elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar, apoyados con 65 vehículos militares, 99 perros y mil 862 armas de fuego, serían transferidos a la entonces recién creada Policía Federal Preventiva (PFP), pilar del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que para muchos investigadores vendría a ser la muestra más evidente de militarización del país.

Calificados por el entonces secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, como elementos “altamente especializados”, los nuevos “policías” habían sido los mismos que patrullaron las calles de la delegación Iztapalapa del Distrito Federal, entre 1996 y 1997. Rocío Duque (La vida no vale nada. Convergencia Socialista, 1999) recuerda que cuando los militares se hicieron cargo de la seguridad pública, en la ciudad de México se denunciaban 679 delitos al día, al regresar a sus cuarteles la cifra había aumentado a 701 cada 24 horas.

Lejos de entender el proceso de militarización orquestado por Ernesto Zedillo (o quizás porque lo entendía tanto que lo compartía) Vicente Fox Quesada, el primer presidente mexicano que no salía de las filas del priísmo, repitió la estrategia guerrerista de sus predecesores. Atrás quedó el lema con que abanderó su campaña electoral de significarse como el “gobierno del cambio”, pues, así como puede decirse que Zedillo fue quien legalizó la participación de las FFAA en tareas propias de la autoridad civil, de Fox Quesada se puede asegurar que fue quien en definitiva tendió el puente para que éstas, las FFAA mexicanas, accionaran bajo los dictados del Pentágono y la Casa Blanca: el llamado “tercer vínculo”.

Pero no nos adelantemos, que ello será materia para posteriores entregas. Antes demos cuenta, aunque de una manera bastante grosera, por breve, de las acciones que ordenara o autorizara quien fuera inquilino de Los Pinos entre 2000 y 2006. Comencemos, por ejemplo, con la ocupación militar del penal de alta de seguridad, conocido entonces como La Palma, y el nombramiento del general de brigada Marcial Rafael Macedo De la Concha, como procurador General de la República. Si la designación de un militar al frente de la principal dependencia civil de procuración de justicia era de suyo un craso error, más lo fue que la elección recayera en quien como procurador de Justicia Militar se distinguió por hacer caso omiso de las recomendaciones emitidas por organismos de derechos humanos nacionales y extranjeros que denunciaban violaciones en el ámbito de su quehacer contra civiles y soldados.

Sin embargo, lo que quizás marcaría la pauta en política de seguridad interior (más que pública o nacional) durante el sexenio foxista, fue lo que tuvo como punto de partida el que un grupo de generales le entregaran al presidente el Plan Chiapas 2000; un documento cuyo contenido significó, en términos de la nueva estrategia a seguir frente al conflicto armado iniciado en el sureste mexicano, la guía que el jefe de las FFAA acataría a lo largo de su sexenio; se trastocó así, también por primera vez, la línea de mando: el comandante supremo recibía órdenes, disfrazadas de “sugerencias”, por parte de sus subalternos.

El Chiapas 2000, a diferencia del Plan de Campaña Chiapas 94 que significó el disparo de salida a la creación de las eufemísticamente llamadas “fuerzas de autodefensa”, también conocidas como grupos paramilitares, contiene “recomendaciones” ya no sólo en materia castrense y de contrainsurgencia, sino también en términos de desarrollo social, de comunicación, económicos y políticos más en la idea de lo que conocemos como “guerra de baja intensidad”; y, que si se observa sin tanto detenimiento, señaló el camino que andaría quien aseguró que resolvería “el problema de Chiapas” en 15 minutos.

Pero de ello y de los demás signos de militarización en el “gobierno del cambio” hablaremos en nuestra próxima entrega.