¿Comandante Supremo o soldadito de chocolate? / 4

En nuestra entrega anterior nos habíamos quedado en que lo que había marcado la pauta en política de seguridad interior al antecesor del actual comandante supremo de las FFAA, Felipe Franco Pinochet, fue la entrega por parte de un grupo de generales al entonces presidente del Plan Chiapas 2000, un documento que trastocó por primera vez la línea de mando en las FFAA; pues, al ser seguido a pie juntillas por el hombre que según su propia confesión se despidió diciendo tonterías (al cabo las había dicho desde antes de vivir en Los Pinos), sus “recomendaciones” en términos políticos, económicos y militares señalaron cuál debía ser el tratamiento al entonces problema más importante de insurgencia en el país.

Dichas indicaciones iban desde el bloque de fuentes internacionales de financiamiento (como la cancelación de cuentas a Enlace Civil, A.C. en HSBC y BBVA-Bancomer, donde las comunidades zapatistas recibían apoyo de, entre muchos otros, José Saramago y Pilar Del Río), hasta el repliegue (que no retiro) de tropas militares, incrementando la presencia de las UPI (Unidades Policiacas Interinstitucionales), que bajo el mando del Ministerio Público Federal sustituyeron a las ya muy conocidas Bases de Operaciones Mixtas en por lo menos 41 cruces carreteros y demás puntos estratégicos; como nos lo recuerda Onésimo Hidalgo Domínguez en su artículo Estrategia actual de la contrainsurgencia y la militarización en Chiapas (Adital, 2006).

Recordemos también que hacia junio de 1999 existían en Chiapas 257 puestos de control militares y policiacos de los cuales más de la mitad (161) habían sido instalados por el Ejército mexicano, mientras los demás habían sido establecidos por la Policía de Seguridad Pública del Estado (PSP), Migración, la PGR y la PJE (no entran en la cuenta los retenes dispuestos por los diferentes grupos paramilitares, vinculados con la PSP a través del PRI, armados y entrenados por la Sedena y subvencionados por conducto de créditos a la producción otorgados por secretarías como la de Desarrollo Social).

De los 161 puestos de control militar en Chiapas, el EZLN pidió como señal de voluntad de paz al “gobierno del cambio” el retiro del Ejército de sólo siete de estos. La jugada de la administración foxista fue, en efecto, replegar a su Ejército de aquestos. Sin embargo, los terrenos donde estaban asentados los soldados no fueron devueltos a sus comunidades originarias porque continuaron siendo propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución a quién los vendió la Secretaría de la Reforma Agraria luego de expropiarlos cuando sus habitantes habían sido desplazados por la misma presencia castrense. ¿Cómo es posible tanto absurdo? En esos tiempos el secretario de la SRA era el ex gobernador chiapaneco Eduardo Robledo Rincón.

Aún así, el EZLN saludó la medida y declaró, desde la tribuna del Congreso de la Unión, en voz de la Comandanta Esther, que se había cumplido una de las tres demandas zapatistas para el reinicio del diálogo. Después, pasó lo que pasó, las otras dos señales (liberación de zapatistas presos y cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés bajo la propuesta elaborada por la COCOPA) que pidió el EZLN al gobierno federal no se cumplieron a cabalidad y el diálogo nunca se reinició, sin que por ello se rompiera la tregua formal (los grupos paramilitares y las fuerzas policiacas y castrenses siguieron accionando incluso bajo gobiernos de filiación panista y perredista) iniciada desde el sexenio anterior.

Es en este contexto en el que se implementa el Plan Chiapas 2000, el cual incluyó restricciones, a través del Instituto Nacional de Migración, a la visita de extranjeros en la zona; acuerdos políticos y económicos con grupos paramilitares, por un lado, y, por otro, con ganaderos y caciques organizados, donde la intermediación del gobierno estatal de Pablo Salazar Mendiguchía y la variopinta y pragmática alianza a nivel municipal entre el PRD, el PT, el PAN y el PRI, han sido fundamentales; y, por último, la diplomática solicitud al Vaticano de intervenir (una vez más) en el conflicto, desmantelando la red de catequistas y diáconos que son más que simpatizantes de la opción por los pobres que caracteriza a la Diócesis de San Cristóbal, con don Samuel Ruiz como figura central.

Paralelamente, el fenómeno de la militarización continuó su curso en el resto del territorio nacional de la mano del mejor pretexto que los gobiernos latinoamericanos (por instrucción estadounidense, claro) han esgrimido para justificar la presencia castrense en tareas que no son de su competencia: el combate al narcotráfico. En el caso de foxilandia, el siguiente gran paso en éste sentido fue la creación, en noviembre de 2001, de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), integrada inicialmente con 3 mil 500 agentes de la Dirección General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal, quienes recibieron capacitación de la agencia antidrogas Drug Enforcement Administration (DEA) y la Police Nationale francesa, en técnicas de manejo de explosivos y armas de fuego y combate urbano. El catedrático especialista en fuerzas armadas, José Luis Sierra Guzmán, recordaría años después que estos mismos agentes habían sido sustituidos en poco tiempo por unidades de las Secciones II (inteligencia militar) y VII (operaciones contra el narcotráfico) del Estado Mayor de la Sedena y Grupos GAFES.

Según la experimentada opinión de los entendidos en la materia, tres elementos determinan si se está o no frente a un proceso de militarización; dos de ellos, son: la cada vez más evidente participación de las FFAA en decisiones estratégicas de la política de seguridad pública, interior y nacional (donde el Plan Chiapas 2000 es apenas un botón de muestra), y el incremento de militares (en activo o en retiro) en deberes y espacios que son competencia de las fuerzas civiles de seguridad (aquí el ejemplo lo tenemos en la designación de Macedo De la Concha al frente de la PGR y la creación de la AFI).

En siguientes entregas hablaremos del tercer elemento. Por ahora reflexionaremos un poco entorno al segundo, el aumento de participación castrense en tareas civiles, que durante las vacaciones sexenales de la pareja presidencial Fox-Sahagún encontró como coartada un problema de salud pública (como el narcotráfico) que en lugar de combatirse debiera de atenderse. Sin embargo, esta confusión no es nueva; nos viene de las tácticas dictadas por la doctrina de “guerra de baja intensidad”, que en su tiempo dieron inicio al famoso Plan Cóndor en el Cono Sur de nuestro continente y que luego sería adoptado en México por diez años bajo un nombre similar: Operación Cóndor.

Pero eso será la próxima vez que nos leamos.