Gracias a una nota de Sergio Ocampo, periodista de La Jornada Guerrero, nos hemos enterado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el pasado 4 de septiembre al gobierno de facto que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Inés Fernández Ortega (indígena violada por soldados en 2002) y la de su esposo Fortunato Prisciliano Sierra, así como para sus hijos.
El indígena me´phaa Fortunato Prisciliano Sierra ha sido golpeado y hostigado por personas al servicio del 48 Batallón del Ejército. Las agresiones son consecuencia de que Fortunato se presentará en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar la violación sexual que cometieron militares en contra de su esposa Inés Fernández Ortega, en marzo de 2002, en Barranca Tecoani, Ayutla de los Libres, Guerrero.
Con estas acciones, existe la presunción de que el Ejército y el gobierno mexicano pretenden intimidar a Fortunato Prisciliano para impedir o inhibir la presentación de la denuncia ante la CIDH, organismo dependiente de la OEA con sede en Washington DC, al cual acudió Inés Fernández debido a que las autoridades mexicanas nunca mostraron disposición para castigar a los responsables de la violación y como en otros casos, encubrió al Ejército Mexicano en la impunidad. El 21 de octubre del 2006 la CIDH admitió formalmente la denuncia de Inés Fernández bajo el número de expediente 504-04.
Ante las amenazas, el lunes 27 de agosto, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y la Organización del Pueblo Indigena Me’Phaa, solicitaron por escrito medidas de protección a la CIDH para garantizar la vida e integridad de Fortunato Prisciliano, Inés Fernández y el resto de su familia, pues resulta claro el riesgo fundado e inminente que implican las agresiones y amenazas que ha recibido.
La solicitud de las medidas cautelares formuladas ante la CIDH, tiene la finalidad de que una vez resultas, el Estado mexicano tendrá la obligación de garantizar la seguridad, integridad y vida de Fortunato Prisciliano Sierra, Inés Fernández Ortega y su familia.
El hostigamiento del que es víctima Fortunato Prisciliano es consecuencia de su lucha por acceder a la justicia para que los agravios perpetrados por los militares, como los responsables de la violación sexual de Inés Fernández, no permanezcan en la impunidad.
La cadena de agresiones contra Fortunato Prisciliano comenzó desde el 30 de junio, cuando Hilario y Alfonso Morales Silvino, armados se le acercaron, lo golpearon y luego le hicieron la siguiente amenaza:
"lo que estás denunciando con tu esposa Inés en contra de los guachos es mentira, y ya sabemos que hasta a Estados Unidos van a ir, pero no te va a servir de nada porque es mentira lo que estás diciendo".
El 27 de julio, Eugenio Pacheco Morales, tío de los hermanos Hilario y Alfonso, interceptó a Fortunato Prisciliano en la camino a Barranca Tecoani y lo amenazó:
"¡Hijo de tu chingada madre, ya deja de decir que a tu esposa la violaron los guachos! ¡Ya te dije que te vamos a partir tu madre!"
El 7 de agosto, a Fortunato e Inés tres hombres a bordo de una camioneta los acecharon durante algunas horas cuando se dirigían, a pie, al poblado de Barranca Tecoani, en Ayutla de los Libres.
Tlachinollan y la Organización Me'Phaa manifiestan su preocupación pues a la fecha, las personas que amenazan a Fortunato no han cesado en su actuación, sin que por el contrario, la han mantenido y a pesar de que Fortunato e Inés han acudido ante el Ministerio Público con residencia en Ayutla de los Libres, no han obtenido la respuesta adecuada pues no se han establecido las medidas de seguridad y auxilio en beneficio de las víctimas del delito, y tampoco se ha evacuado una investigación a fondo de los hechos denunciados.
El Ejército mexicano ha sido una de las autoridades violadoras de los derechos humanos que más impunidad ha gozado en nuestro país. Los casos de las violaciones sexuales sufridas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, son un ejemplo claro, no sólo de la participación de elementos castrenses en la comisión de delitos, sino que también ha existido una estrategia de encubrimiento de dichos elementos militares, quienes no han sido investigados en todos estos años, lo cual ha obligado a las indígenas tlapanecas a acudir a organismos internacionales independientes e imparciales a solicitar justicia.
Resulta crítico que las y los indígenas que alzan su voz y luchan contra la impunidad de militares denunciando violaciones a los derechos humanos en organismos internacionales como la CIDH, sufran amenazas de muerte y agresiones físicas, por lo que es imperativo que el gobierno de Guerrero y el federal, garanticen la seguridad de todos y todas las indígenas que pugnan por que se haga justicia en sus casos.
Tlachinollan y la Organización del Pueblo indígena Me'Phaa reiteran un enérgico llamado a las autoridades responsables para que aclaren a fondo estas denuncias en contra del Ejército Mexicano, pues es claro que las amenazas contra Fortunato Prisciliano, tienen que ver con la presencia ilegal de los militares en territorio indígena y la sistemática violación a los derechos humanos.
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