¿QUIÉN LE HACE EL JUEGO A LA DERECHA?: De la R a la T.

Enrique Pineda
cebrion1@gmail.com

Rául Ojeda Zubieta. Expriísta. Hotelero. Favorecido por Andrés Manuel López Obrador para tres candidaturas consecutivas a la gubernatura de Tabasco. Recibió apoyos de Carlos Ahumada para sus campañas. Frente al escándalo declaró sobre los recursos que: “con toda honestidad yo no sabía que eran irregulares”[1]. Ahumada en su video lo llama “pelón consentido” al platicar con Gabino Cué. Es uno de los 15 senadores perredistas que en 2001 aprobaron la ley indígena que no reconocía los Acuerdos de San Andrés, y que es considerada por el EZLN como una traición legislativa. Fue apoyado incisivamente por López Obrador en su campaña 2006.

Siderurgia Lázaro Cárdenas (Michoacán). Mineros sindicalizados en paro, en conflicto interno mantienen en 2006 un paro por 18 días. El Gobierno Federal declara ilegal dicho paro. Un impresionante operativo de más de 2 mil policías que incluyen a la policía estatal irrumpen en la siderurgia abriendo fuego contra los trabajadores. El operativo de desalojo es una combinación de judiciales federales y estatales con el Grupo de Operaciones Especiales (unidad de élite especializada en operativos contra secuestradores). Lázaro Cárdenas Batel, gobernador perredista por Michoacán, guarda silencio. Sin embargo un video, en el que se puede ver a las policías, incluyendo las policías bajo su mando, disparando por tierra y aire contra los trabajadores desarmados, abre un escándalo nacional. El saldo es de 2 mineros muertos y 41 heridos, varios de ellos de gravedad. La comunidad de Cheranatzcurin denuncia al gobernador Cárdenas Batel por su complicidad con los talamontes de la región[2]. La organización Campesina, Indígena y Popular Ricardo Flores Magón denuncia al gobierno perredista de responder a sus demandas con “amenazas, desalojos, agresiones, órdenes de aprehensión, presos políticos y asesinato”[3]. Integrantes de la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (UCEZ) pertenecientes a la Otra Campaña, son detenidos en marzo de 2007. Denuncian a la empresa desarrolladora y comercializadora SA de CV perteneciente a la Corporación Ramírez, uno de los grupos económicos más fuertes del estado, “amparados por las políticas de inversión y desarrollo del gobernador Lázaro Cárdenas Batel”[4].

Tlaxcala. Son trabajadoras sexuales organizadas. Se han integrado a la Otra Campaña. A partir de la visita del subcomandante Marcos, organizaciones sociales y colectivos se han acercado a ellas para solidarizarse con su lucha. Se oponen al trabajo sexual de menores, a los padrotes, al robo[5]. Promueven el uso del condón. Desde que se sumaron a la Otra Campaña, dicen, “saben que tienen derechos”[6]. El presidente municipal cierra dos lugares de las trabajadoras sexuales. A finales de agosto de 2007, se realiza un operativo represivo: “Fueron detenidas, desnudadas en vía pública, les tomaron un video adentro de la cárcel de cómo las estaban tratando los policías, les quitaron su dinero”; 9 de ellas son detenidas. El presidente municipal trata de impulsar una “zona de tolerancia” con una inversión privada de 50 millones de pesos[7]. Las trabajadoras sexuales se oponen a dicho proyecto. El presidente municipal pertenece al Partido del Trabajo, organización política integrante del Frente Amplio Progresista.

En ese mismo estado es de recordarse que el PRD ganó la gubernatura en 1998 (con una alianza de partidos con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Partido del Centro Democrático), una vez más a través de un expriísta: Alfonso Sánchez Anaya. Su esposa Maricarmen Ramírez García, exsenadora, casi al finalizar el periodo de su esposo, decidió que deseaba contender para gobernadora a través del PRD. El matrimonio de expriístas lanzó una ofensiva para aprobar la candidatura de Ramírez García. La intención se convirtió en un escándalo nacional de nepotismo y en una disputa entre corrientes y entre la dirección nacional y la pareja tlaxcalteca. El gobernador fue acusado de usar el aparato estatal para impulsar la candidatura de su esposa: “derroche de recursos en la precampaña, utilización del aparato gubernamental, despido de al menos 100 empleados gubernamentales que no se sumaron a la campaña de Ramírez García, así como el respaldo de agrupaciones civiles afines al proyecto de la pareja Anaya-Ramírez, cobijado en la Ley de Organizaciones No Gubernamentales”[8]. Para el líder del Congreso local, Sergio González del PRD, la experiencia de Tlaxcala demuestra que desde que Sánchez Anaya llegó al poder en 1998 e impulsó a su esposa al Senado, “su objetivo era consolidar su proyecto familiar, y para ello debilitó instituciones y al mismo PRD, al que se le montó, primero para ponerla como senadora y ahora como candidata a sucederlo, pero hay que admitir que eso no hubiera sido posible si no hubiera controlado a las fracciones del PRD a través de prebendas y canonjías”

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[1] El Universal. 11 de noviembre de 2005.

[2] 13/11/2006 CHERANATZICURINI MICH./OCIP-RFM/FNLS

[3] Organización Campesina, Indígena y Popular Ricardo Flores Magón”. Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.. Septiembre de 2006.

[4] Denuncia de Purépecha Ireta. Miembro del Congreso Nacional Indígena. Marzo de 2007.

[5] Liberan a las compañeras sexuales de Tlaxcala. Escrito por la rabiosa radio.

[6] Entrevista a las trabajadoras sexuales por CIMAC noticias. Agosto 7 de 2007.

[7] Muñoz Gloria. Los de abajo. La jornada. Septiembre 15.

[8] Días Leticia. El PRD entrampado en la novela tlaxcalteca. Proceso.