Información general
El presidente Calderón prometió que su gobierno lucharía contra la delincuencia organizada, que durante 2007 fue presuntamente responsable de más de 2.500 homicidios.
En octubre, los gobiernos de México y Estados Unidos anunciaron la Iniciativa Mérida, una iniciativa de cooperación en materia de seguridad regional en virtud de la cual el gobierno estadounidense propuso ofrecer a México y América Central 1.400 millones de dólares en asistencia sobre seguridad y justicia penal a lo largo de tres años. Al finalizar 2007, el Congreso de Estados Unidos continuaba deliberando sobre la propuesta y su posible repercusión en los derechos humanos y la seguridad.
Novedades jurídicas, constitucionales e institucionales
En mayo, las autoridades anunciaron la creación de un Plan Nacional de Desarrollo que incluía compromisos de protección de los derechos humanos. El gobierno también se comprometió a mantener abierta la invitación a los mecanismos internacionales de derechos humanos y a abordar el uso de la tortura.
En agosto se anunció la creación de un nuevo Programa Nacional de Derechos Humanos.
En el Congreso se produjeron avances en las reformas de la Constitución y de los sistemas de seguridad pública y justicia penal. Estas reformas exigían cambios importantes en los procedimientos judiciales y policiales, como el reforzamiento de las competencias de la policía y el Ministerio Público para entrar en los domicilios sin autorización judicial y para recluir en un tipo especial de detención preventiva (el denominado «arraigo») durante un periodo de hasta 80 días a personas sospechosas de pertenecer a la delincuencia organizada.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
En febrero, la Suprema Corte de Justicia falló que el Ejército había violado la prohibición constitucional de la discriminación al destituir a militares por ser seropositivos.
En diciembre, una investigación especial ordenada por la Corte informó sobre sus averiguaciones con respecto al caso de Lydia Cacho. Concluyó que el gobernador del estado de Puebla y otros altos cargos locales eran responsables de utilizar el sistema de justicia de modo indebido, lo que había llevado a que la periodista fuese detenida, sometida a malos tratos y procesada en un juicio injusto por publicar un libro sobre redes de pornografía y abuso de menores. Sin embargo, la mayor parte de los jueces de la Suprema Corte se negaron a refrendar estas conclusiones.
Al concluir el año, aún no se conocían los resultados de otras dos investigaciones especiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre abusos cometidos en San Salvador Atenco y el estado de Oaxaca.
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