Las violaciones de derechos humanos continuaron siendo generalizadas y, en algunos estados, sistemáticas. La mayor parte de los responsables seguía eludiendo la justicia. En diversas ocasiones, la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar a manifestantes e hirió a algunos de ellos. Según los informes, en el estado de Oaxaca continuaban los abusos contra los derechos humanos. Militares que realizaban funciones policiales mataron a varias personas y cometieron otras graves violaciones de derechos humanos. Tampoco se produjeron avances en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno con respecto al procesamiento de los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en décadas anteriores.
Periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio y amenazas. Según los informes, las autoridades de diversos estados hicieron un uso indebido del sistema judicial para que activistas políticos y sociales fueran objeto de procesos injustos.
Las comunidades indígenas y otros grupos desfavorecidos, como los migrantes, continuaban sufriendo discriminación. La falta de acceso a servicios básicos y la inexistencia de una consulta legítima sobre los proyectos de desarrollo agravaron las desigualdades y dieron lugar a conflictos. A las comunidades afectadas se les negaba a menudo el acceso efectivo a la justicia.
A pesar de las reformas legales positivas, la violencia contra las mujeres continuó siendo generalizada y a la mayoría de las sobrevivientes se les negaba el acceso efectivo a la justicia.
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