Sistema de justicia: detención arbitraria y juicios injustos
En algunos estados continuó utilizándose el sistema de justicia penal para procesar a activistas y opositores políticos, que eran detenidos arbitrariamente durante periodos prolongados y sometidos a procesos legales injustos. A pesar de que en muchas ocasiones se ganaban los recursos presentados ante los tribunales federales, era frecuente que los tribunales estatales no enmendasen las injusticias. Ningún funcionario se vio obligado a rendir cuentas por infringir las normas sobre juicios justos.
- En noviembre, la presa de conciencia Magdalena García Durán, indígena detenida durante las protestas de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, quedó en libertad por falta de pruebas cuando un juez local dio finalmente cumplimiento a la resolución dictada por un tribunal federal en un segundo recurso. Sin embargo, más de 20 personas detenidas al mismo tiempo en San Salvador Atenco estaban siendo juzgadas al concluir el año, en procesos caracterizados por actuaciones injustas similares.
- Diego Arcos, dirigente comunitario de Nuevo Tila, en el estado de Chiapas, quedó en libertad en diciembre de 2007 tras pasar un año bajo custodia acusado de cuatro asesinatos cometidos durante un ataque contra la comunidad de Viejo Velasco en noviembre de 2006. A pesar de haber ganado un recurso federal en agosto, no quedó en libertad hasta que el ministro de Justicia del estado revisó el caso y retiró los cargos.
- Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa, dirigentes de un movimiento local de protesta de San Salvador Atenco, estado de México, fueron condenados en mayo a 67 años de prisión cada uno tras ser hallados culpables de secuestrar a funcionarios públicos durante las disputas locales que se produjeron en 2006. Hubo honda preocupación en relación con la imparcialidad del juicio y la condena.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron siendo objeto de ataques, amenazas, hostigamiento y cargos penales infundados en muchos estados, en lo que parecían ser represalias por su labor.
- En mayo, Aldo Zamora, miembro de una familia de ecologistas que hacían campaña contra la tala ilegal de árboles en el municipio de Ocuilán, estado de México, murió abatido por disparos. Su padre había presentado reiteradas denuncias a las autoridades sobre las amenazas de muerte que recibía la familia, pero no se habían tomado medidas. En agosto fueron detenidos dos sospechosos; otros dos continuaban en libertad al finalizar el año.
- En abril, el defensor de los derechos de los migrantes Santiago Rafael Cruz fue golpeado hasta morir en la oficina del Foro Laboral del Obrero Campesino, en Monterrey, estado de Nuevo León. Las autoridades del estado negaron que el homicidio estuviese relacionado con su trabajo en favor de los derechos humanos, pero organizaciones locales de derechos humanos expresaron preocupación con respecto al rigor con que se había llevado a cabo la investigación sobre su muerte. Un hombre fue acusado del asesinato y detenido, y al finalizar el año se encontraba en espera de juicio.
- La defensora de los derechos humanos Aline Castellanos se vio obligada a abandonar el estado de Oaxaca tras dictarse en su contra una orden de detención basada en pruebas falsificadas que la acusaban de participar en la ocupación de un edificio público.
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