Libertad de expresión: periodistas
Los periodistas, especialmente los que informaban sobre narcotráfico y corrupción, fueron objeto de ataques reiterados. Al menos seis periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron asesinados, y otros tres fueron secuestrados. La mayor parte de las investigaciones oficiales sobre estos delitos y sobre ataques a periodistas cometidos en el pasado apenas avanzaron o estaban estancadas.
- En octubre, Mateo Cortés Martínez, Flor Vásquez López y Agustín López Nolasco, trabajadores del periódico ElImparcial del Istmo, de Oaxaca, murieron a consecuencia de los disparos que recibieron mientras repartían periódicos. Inmediatamente después de los homicidios, el director del diario y dos periodistas recibieron amenazas en las que se les advertía de que podría ocurrirles lo mismo.
Los ataques reiterados contra periodistas provocaron un aumento de la autocensura y socavaron la libertad de expresión.
En abril se despenalizó la difamación en la legislación federal, pero en la mayor parte de las jurisdicciones estatales continuó siendo delito común.
Discriminación: comunidades marginadas
Muchas comunidades marginadas continuaban teniendo un acceso limitado a servicios básicos, a pesar del compromiso del gobierno de aumentar el gasto social. Esto generó conflictos, desigualdad y discriminación, que afectaban especialmente a las comunidades indígenas. El hecho de que las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo o inversión no recibiesen información veraz, no fuesen consultadas ni tuviesen la oportunidad de participar en la formulación de los proyectos intensificó las tensiones y limitó el empoderamiento.
- Las comunidades que se oponían a la construcción de la presa hidroeléctrica La Parota, en el estado de Guerrero, ganaron diversos recursos legales preliminares basados en que no se había obtenido legalmente la aprobación de la comunidad. El proyecto continuaba suspendido al concluir el año, en espera de que se resolviesen diversas acciones legales.
Migrantes
Continuaron recibiéndose informes de abusos contra algunos de los miles de migrantes irregulares que cruzaban las fronteras del norte y el sur. Las personas que ofrecían asistencia humanitaria a los migrantes que pasaban por México corrían peligro de ser acusadas de trata de personas.
El gobierno propuso nuevos procedimientos reguladores para los centros de detención de migrantes («estaciones migratorias»). Al concluir el año, la propuesta, que restringiría el acceso de la sociedad civil y aumentaría el control sobre los migrantes, estaba pendiente de aprobación por parte del ejecutivo.
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