Alarma por la respuesta del gobierno de México al juez Grande-Marlaska.

Alarma por la respuesta del gobierno de México al juez Grande-Marlaska en relación con la querella por tortura, presentada por la ciudadana española Cristina Valls.

La organización internacional Women’s Link Worldwide explicó en Rueda de Prensa su profunda preocupación por el contenido de la respuesta que el gobierno de México ha hecho llegar al magistrado Fernando Grande-Marlaska, quien debe decidir sobre la admisión de la querella por torturas, abusos sexuales y violación que sufrió la ciudadana española CRISTINA VALLS, durante el llamado "caso Atenco", un gravísimo episodio de atropello a los derechos humanos ocurrido en mayo de 2006. Se trata de un escrito plagado de inexactitudes con el que se pretende ocultar la responsabilidad de algunos de los acusados, quienes en la actualidad ocupan cargos de relevancia en el gobierno mexicano: EDUARDO MEDINA MORA, Procurador General de la República; GENARO GARCÍA LUNA, al frente de la Secretaría de Seguridad Pública o ENRIQUE PEÑA NIETO, gobernador del Estado de México, en cuya jurisdicción y bajo cuya responsabilidad se produjo el llamado "caso Atenco".

Como querellantes en este proceso, Women’s Link Worldwide entregará hoy al juez Fernando Grande-Marlaska, un escrito en el que denuncia la argumentación del gobierno mexicano y sus intentos de obstaculizar la acción de la justicia, tanto en México y ahora en España. Explicarán, por ejemplo, que:

1) La respuesta del gobierno mexicano ha sido elaborada por la Procuraduría General de la República cuyo titular, EDUARDO MEDINA MORA, es uno de los principales acusados en esta querella puesto que en el momento de producirse el "caso Atenco" era el Secretario de Seguridad Pública y, por lo tanto, responsable de las fuerzas federales que cometieron los atropellos y delitos.

2) La respuesta mexicana señala que desde abril de 2007, habría sido suprimida la prohibición de regresar a México que pesaba sobre CRISTINA VALLS desde su expulsión, sin el debido proceso, en mayo del 2006, impidiéndole denunciar la tortura, los abusos y la violación de que había sido objeto. Curiosamente, ni la interesada ni su abogada mexicana, Elba Coria de la ONG Sin Fronteras, fueron notificadas de este cambio.

3) El escrito mexicano ignora que, en representación de 11 de las mujeres violadas y torturadas en Atenco, dos prestigiosas organizaciones de derechos humanos – Centro Pro Derechos Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez y CEJIL -- han pedido, en abril de este año, la intervención en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por entender que el gobierno mexicano practica una política de entorpecimiento de las investigaciones y obstaculiza el acceso a la justicia.

4) La impunidad que existe actualmente en México por las violaciones de derechos humanos en el caso Atenco en general y sobre la violación como tortura en particular, ha sido denunciado tanto por las mujeres mexicanas que sufrieron violaciones durante el llamado "caso Atenco" como por varias organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y 96 congresistas estadounidense que dirigieron una carta el mes pasado al gobierno mexicano en protesta por la impunidad que ha rodeado estos hechos.

Teniendo en cuenta la relevancia de los acusados y los antecedentes que denuncian AI y los congresistas, en México no se dan las mínimas condiciones para un proceso independiente. Las querellantes destacan que el gobierno de Felipe Calderón se ha sentido especialmente apoyado durante su reciente visita oficial a España y esperan que esto no impida cualquier tipo de colaboración con la querella sobre la que debe decidir el juez Grande-Marlaska.

Para ampliar información: Teléf. 609141980 y 666120127.